TEMARIO
EDITORIALES
*
INSTITUCIONES
Y DESARROLLO
*
SIN LIMITES
*
LA GLOBALIZACIÓN
VISTA POR UN TEÓLOGO
*
FAMILIAS-DESARROLLO
Y PROGRESO SOCIAL
*
EL MISTERIO DE LA
PIEDRA FILOSOFAL
INSTITUCIONES
Y DESARROLLO
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= = =<
3.
El Desarrollo descubre las Instituciones: del cambio de los
supuestos al cambio de las prácticas de desarrollo
"Doctor
yo le entendí: si tomamos uno de aquí y lo comparamos con un
japonés, el nuestro no es peor; pero si tomamos dos de aquí
y los comparamos con dos japoneses, pues ya sabemos por qué
cada país está donde está"
(conversación
con un dirigente indígena tras discursear de instituciones y
desarrollo) It's the Polity, stupid! (The Economist, 29 de
junio de 1996)
Nuestro
indígena había captado que lo que hace la diferencia en el
desarrollo de los pueblos no es la capacidad de sus individuos
sino su capacidad de acción colectiva. Si tomados uno a uno
no somos menos que nadie, vistos como colectividad se
evidencian nuestras carencias. Sin embargo, el caudillismo, el
corporativismo, el patrimonialismo, la clientelización o
hasta el populismo político no tienen nada de congénitamente
latinoamericano; son simplemente la expresión de profundas
debilidades de nuestra organización y acción colectiva, es
decir, de nuestra institucionalidad. Nuestra propensión a
desconfiar de lo colectivo y a refugiarnos en y a proyectarnos
desde la esfera familiar, clientelar o corporativa refleja la
debilidad de nuestro capital social o institucionalidad
informal. Todo ello tiene profundas consecuencias sobre el
desarrollo, pero sólo recientemente hemos comenzado a
comprender cómo y por qué.
A
lo largo de los 90 la comunidad del desarrollo ha descubierto
el huevo de Colón de las instituciones, su relevancia política,
económica y social, y hasta hay quien pretende saber cómo
rediseñarlas o cambiarlas. Ya no hay discurso ni documento
que no contenga lo que peligra ser la "nueva
panacea": "put your institutions right" parecería
ser el nuevo eslogan y hasta el fundamento de las nuevas
"condicionalidades". Pero existe una gran confusión
pues en la práctica cada uno se refiere a cosas diferentes al
hablar de instituciones, cuando sabe de lo que habla. Esto se
debe en parte a que las ciencias sociales manejan diferentes
conceptos de institución y a que el concepto en sí no es
sencillo.
En
el lenguaje corriente las instituciones se confunden con
aquellas organizaciones a las que atribuimos alguna función o
relevancia social. Pero este concepto de institución sería
perfectamente innecesario para la teoría del desarrollo. En
realidad las instituciones sólo tienen relevancia para el
desarrollo cuando se las distingue nítidamente de las
organizaciones. Las instituciones son las reglas del juego
formales e informales que pautan la interacción entre los
individuos y las organizaciones. Las instituciones no son
cosas, su existencia es meramente abstracta, no tienen
objetivos, aunque cumplen importantes funciones sociales. Son
el marco de constricciones e incentivos en el que se produce
la interacción social. Se corresponden con determinadas
correlaciones o equilibrios de poder y viven y se apoyan en
nuestros modelos mentales, valorativos y actitudinales. Por
ello mismo no tienen nada de social o políticamente neutral.
Son formales e informales: las formales se confunden con las
reglas del juego legal o socialmente proclamadas; las
informales con las reglas efectivamente interiorizadas y
vividas. En América Latina casi nada es lo que parece ser
porque, en muchos ámbitos, prevalece claramente la
informalidad institucional en contradicción a veces con la
formal a la que anula y substituye en los hechos. Por eso casi
todo lo importante que en la región acontece toma siempre por
sorpresa a los observadores precipitados. Nuestros actores
individuales y organizados saben desde luego muy bien de qué
va el juego y qué lenguaje hay que utilizar en cada ocasión,
saben en definitiva qué corresponde hacer para sobrevivir y,
si es posible, prosperar. Pretender cambiar la
institucionalidad sin considerar la informalidad -que otros
llaman ahora el capital social- no sólo es un despropósito
teórico en nuestras latitudes sino sencillamente locura o
cinismo.
Tanto
el sentido común como la evidencia empírica y los
desarrollos teóricos más recientes abonan la relevancia de
las instituciones para el desarrollo. El pueblo y los juristas
clásicos captaron desde siempre la importancia de las
instituciones: es obvio que según sea la calidad del juego,
según sean más o menos los admitidos al mismo, según sea el
financimiento de sus costes, según se repartan los premios y
castigos en función del mérito o del rendimiento, según se
permita mayor o menor movilidad en las posiciones de los
jugadores y de los equipos, según las reglas del juego
permanezcan o se respeten más o menos en el tiempo, es obvio
que según sea todo esto se incentivarán o desincentivarán
comportamientos individuales y colectivos más o menos
productivos, innovadores, correctos, y desempeños sociales más
o menos inclusivos, eficientes y equitativos. Los
jurisconsultos romanos sabían esto muy bien, como lo sabía
también nuestro indígena. Todos convendrían fácilmente que
la fortaleza de los pueblos depende de la calidad de sus
instituciones y que la verdadera tarea de los ciudadanos como
tales son la preservación y el mejoramiento permanente del
orden institucional. El legado de Roma a la civilización
occidental ha sido el Derecho entendido como sistema
institucional formal y en él han bebido hasta hoy todos los
pueblos que han querido forjar un destino colectivo
consistente y durable.
Desde
el plano teórico la mejor fundamentación que nos consta de
las relaciones entre instituciones y desarrollo sigue siendo
la aportada por el neoinstitucionalismo histórico de Douglas
C. North, que ha sido construido desde una teoría del
comportamiento humano, combinada con una teoría de los costes
de transacción y una teoría de la producción. Se parte de
la consideración tradicional de las instituciones como una
creación humana para resolver las incertidumbres que surgen
en la interacción como consecuencia de la complejidad de los
problemas a resolver y de las limitaciones de nuestras mentes
para procesar la información existente. Pero se descubre que
económicamente las instituciones son importantes en la medida
en que determinan lo costoso que en una determinada sociedad
resulta hacer transacciones. También porque afectan los
costes de transformación y determinan en gran medida la
estructura productiva de un país. Finalmente, las
instituciones determinan igualmente la cantidad, el tipo y la
forma de los conocimientos y habilidades efectivamente
disponibles en una determinada sociedad (North: 1991).
Hoy
disponemos, además, de evidencias empíricas que abonan una
correlación positiva entre desarrollo institucional y
crecimiento económico. El Banco Mundial ha recogido diversos
estudios que se han ocupado del tema mediante largas series
comparativas de evolución del crecimiento entre un gran número
de países. Tomando como indicadores de desarrollo
institucional la garantía y asignación de los derechos de
propiedad, la garantía de cumplimiento de los contratos, la
existencia y fiabilidad de mecanismos de solución de disputas
incluido el poder judicial, la vigencia efectiva del sistema
de mérito y el grado de corrupción existente, se evidencia
una correlación positiva entre estos indicadores y las
mayores tasas de crecimiento de los países. Esta correlación
positiva se sigue manteniendo cuando los indicadores de
desarrollo institucional se aíslan de otros factores económicos
tales como la inflación, el comercio, el tamaño del sector público,
los términos de intercambio y su volatilidad.
Existen
estudios que muestran correlaciones también positivas entre
desarrollo institucional y mantenimiento de la estabilidad
macroeconómica y financiera, y entre desarrollo institucional
y tendencia a la reducción de la pobreza. Más importante
todavía existen estudios que examinan los efectos de las
reglas informales, principalmente de la confianza, sobre el
desempeño económico y encuentran que la confianza (más que
las instituciones formales) tiende a promover el crecimiento
(Banco Mundial: 1998, 15-17).
¿Dónde
se encuentra América Latina en términos de desarrollo
institucional en relación a otras regiones y a su pasado
reciente? El propio Banco Mundial indica que considerando el
índice compuesto de desarrollo institucional expuesto en el párrafo
anterior América Latina luce detrás de todas las regiones
con la sola excepción del África Subsahariana y a pesar de
los avances registrados desde 1990. Lo mismo sucede al
considerar aisladamente algunos indicadores como el riesgo de
expropiación y de incumplimiento de los contratos. También
es significativo que los indicadores de corrupción y de
calidad del servicio civil no hayan experimentado avances
significativos. Encuestas realizadas al sector privado a nivel
internacional muestran una percepción que sitúa a América
Latina detrás de otros países en desarrollo, especialmente
en lo que se refiere a la inseguridad de la propiedad y de las
personas y a la confiabilidad del poder judicial. Desde luego
las diferencias entre países y entre subregiones -que no
procede exponer aquí- son muy marcadas. Pero ello no impide
que pueda y deba hablarse de una "brecha
institucional" en relación a otras regiones, a pesar de
los progresos recientemente realizados. Mejorar la calidad de
las instituciones parece, pues, un desafío inesquivable para
las políticas de desarrollo en América Latina (Banco
Mundial: 1998, 18-24).
El
desarrollo ya no puede ser pensado sólo como un proceso de
acumulación de capital físico y humano y de adopción de
nuevas tecnologías, por más importantes que estos fenómenos
resulten. Dicha acumulación y adopción depende críticamente
del entorno institucional del país y de los incentivos que el
mismo procura. En otras palabras, el problema crucial reside
no en la escasez de capital sino en la falta de incentivos
para invertir en activos socialmente productivos (pero
vulnerables) y en la falta de incentivos de las empresas
extranjeras para transferir tecnología y habilidades
gerenciales. Los defectos del sistema financiero no proceden
de que los bancos no dispongan de sistemas computarizados sino
de que la gente no confía lo suficiente en los bancos para
depositar en ellos su dinero. El problema no es tanto la falta
de recursos para la educación y la salud como la falta de
estructuras organizadoras y políticas de precios para proveer
estos servicios.
Muchos
países que han seguido las recomendaciones del Consenso de
Washington se encuentran con graves problemas económicos y
sociales. El problema no está en las recomendaciones
realizadas, sino en que se requieren cambios más profundos en
dos sentidos. Primero, el paquete estabilización-liberalización-
privatización necesita encontrar apoyo político dentro del
país, ex ante o ex post, pero la sociedad tiene que llegar a
aceptar las nuevas políticas, que no pueden funcionar sólo
con un cambio en la cumbre. Segundo, las reformas necesitan ir
más allá de los equilibrios macroeconómicos y del sistema
de precios. El marco institucional de una economía de mercado
tiene que ponerse en pie, incluyendo la provisión confiable
de los servicios públicos, el mantenimiento de las
infraestructuras físicas, la garantía de libertad frente a
los excesos del intervencionismo y las regulaciones estatales
así como el establecimiento de arenas para la solución de
los conflictos. Estas reformas requieren cambios drásticos en
las burocracias gubernamentales, en las expectativas de los
empresarios y de los funcionarios sobre cómo se comportarán
los demás actores, en las actitudes sociales hacia los
mercados. El hecho de que este proceso de desarrollo
institucional no sea bien comprendido no hace más fácil la
tarea de los políticos y de los donantes. Pero es obligado
que la comunidad de desarrollo gane una mejor comprensión de
todos estos importantes procesos.
Clague
et al. 1997
Clague
et al. (1999) han elaborado un índice compuesto de desarrollo
institucional partiendo de los indicadores contenidos en la Guía
Internacional de Riesgo País y en la unidad de Inteligencia
de Riesgo Ambiental para las Empresas26. Las variables
consideradas han sido el riesgo de expropiación, el nivel de
estado de derecho, el grado de repudio por el gobierno de sus
contratos. La corrupción gubernamental y la calidad de la
burocracia, las expectativas de cumplimiento de los contratos
en general, la calidad de las infraestructuras, el potencial
de nacionalización y las demoras burocráticas. El índice
compuesto así elaborado resulta fuertemente correlacionado
con:
*
la frecuencia de revoluciones y golpes de estado
*
el índice de libertades civiles y políticas subjetivas
*
el índice de constricciones sobre el ejecutivo
*
con el desarrollo financiero
*
negativamente con la inflación
*
con la tasa de crecimiento económico
*
con el crecimiento del PIB per cápita
*
con la acumulación de capital humano
*
con las tasas de ahorro e inversión
*
con las tasas de reducción de la pobreza.
Clague
et al encuentran que un país no tiene ventajas para crecer más
rápidamente por ser más pobre, pues esto sólo se da a
igualdad de situación institucional. Los países pobres han
crecido en promedio relativamente menos que los ricos
principalmente porque la mayoría de ellos no han sido capaces
de establecer los mecanismos institucionales garantizadores de
los derechos de propiedad, del cumplimiento de los contratos y
del funcionamiento de una burocracia de calidad. La tabla
siguiente (Clague et al.: 1997, 75) sugiere que las
diferencias en desarrollo institucional contribuyen
relevantemente a explicar las diferencias entre los países
relativamente exitosos del Sudeste asiático y los menos de América
Latina y África Subsahariana. El contraste es más marcado
cuando se tiene en cuenta que 6 países de la OCDE -Grecia,
Irlanda, Portugal, Japón, España y Turquía- en el momento
de crearse esta organización tenían menor renta per cápita
que Argentina, Chile, Trinidad, Uruguay y Venezuela.
Estas
y otras evidencias disponibles sugieren, pues, que la calidad
del sistema institucional de un país puede ser el
determinante fundamental de la calidad de sus políticas públicas
y del desarrollo no sólo económico sino finalmente humano
que es capaz de generar. Si esto es así, la reforma
institucional se erige en tema prioritario de la agenda de
desarrollo humano, pero para poder producirla efectivamente
necesitamos una comprensión razonable de cómo cambian las
instituciones, que no son mecanos que podamos modelar a golpe
de talento y voluntad.
"Las
instituciones y las normas que las expresan pueden ser hechas
y alteradas por el hombre, pero no arbitrariamente. El hombre
las hace y las altera por una decisión o convención de
observarlas o modificarlas. Por eso el hombre es el único
responsable moral de las mismas. No quizá de las normas
institucionales cuya vigencia en la sociedad descubre cuando
comienza a reflexionar por primera vez sobre las mismas, sino
de las normas que se siente dispuesto a tolerar después de
haber descubierto que se halla en condiciones de hacer algo
para modificarlas. Decimos que las normas son hechas por el
hombre en el sentido de que no debemos culpar por ellas a
nadie, ni a la naturaleza ni a Dios, sino a nosotros mismos.
Nuestra tarea consiste en mejorarlas al máximo posible, si
descubrimos que son defectuosas. Esta última observación no
significa que al definir las normas como convencionales
queramos expresar que son arbitrarias o que un sistema de
leyes normativas puede reemplazar a cualquier otro con iguales
resultados, sino, más bien, que es posible comparar las
instituciones sociales existentes con algunas otro modelo que,
según hemos decidido, son dignas de llevar a la práctica.
Pero aun estos modelos nos pertenecen en el sentido de que
nuestra decisión en su favor no es de nadie sino nuestra y de
que somos nosotros los únicos sobre quienes debe pesar la
responsabilidad por su adopción. La naturaza no nos
suministra ningún modelo, sino que se compone de una suma de
hechos y uniformidades carentes de cualidades morales o
inmorales. Somos nosotros quienes imponemos nuestros patrones
a la naturaleza y quienes introducimos, de este modo, la moral
en el mundo natural, no obstante el hecho de que formamos
parte del mundo. Si bien somos producto de la naturaleza,
junto con la vida la naturaleza nos ha dado la facultad de
alterar el mundo, de prever y planear el futuro y de tomar
decisiones de largo alcance, de las cuales somos moralmente
responsables." (Popper, 1985, 70-71).
La
referencia a Popper pretende situar el desarrollo humano como
formando parte de la responsabilidad moral por la construcción
positiva de nuestra historia, la cual pasa en gran medida por
el desarrollo de nuestras instituciones, que quiere decir
tanto como la mejora de nuestras capacidades de acción
colectiva. Pero la cita sirve también para recordar que la
reforma institucional no puede producirse sólo desde la
inteligencia y la voluntad. Nunca es una creación exclusiva
de nuestro arbitrio. Por ello los modelos de racionalidad
instrumental y las ideas universalistas de progreso no valen
para producir la reforma institucional, salvo cuando las
instituciones se metaforizan impropiamente como organizaciones
maquinales. La reforma institucional y el desarrollo humano
pueden ser estimulados y apoyados exógenamente, pero no
pueden producirse sosteniblemente sin su endogeneización. En
un momento en que un Neo-Washington Consensus parece emerger,
de acuerdo con el cual todo el mundo habla ya de "ownership",
participación, equidad de género, sostenibilidad
medioambiental, focalización en la pobreza, y hasta de
superación de desigualdades, desarrollo humano y reforma
institucional, no está claro que las mentes, los corazones,
las organizaciones y las capacidades de la ayuda internacional
se desarrollen coherentemente. ¿Qué significa, por ejemplo,
evaluar el desempeño de un proyecto de reforma institucional?
Si la respuesta se hace, como de hecho se pretende tantas
veces, desde la lógica del racionalismo instrumentalista
inspirador que ha inspirado la nueva gestión pública, la
frustración está garantizada. Alguna mayor reflexión sobre
el cambio institucional se hace indispensable.
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Editor
de "Contexto Educativo y Nueva Alejandría Internet
Sin
Límites
Como
nunca antes, la modernidad nos pone de cara a las más
profundas contradicciones del espíritu humano. Bien es sabido
que la naturaleza de nuestra especie no escapa a las reglas de
simetría que permean al universo entero -esa especie de
maniqueísmo cósmico que determina que coexistan la izquierda
y la derecha, la materia y la antimateria, la luz y la
oscuridad, el bien y el mal- de tal modo que en la raíz de
todos nuestros comportamientos podemos encontrar,
inevitablemente, formas diversas de altruísmo y egoísmo sin
que nos sea posible determinar en ellas un valor positivo
absoluto. Un individuo generoso que da la vida para que otro
viva hace un bien al prójimo pero se daña a sí mismo; el
egoísta que roba algo vital, como ser el alimento, perjudica
a sus prójimos, pero se hace un bien a sí mismo y,
eventualmente, a su descendencia.
El
dilema del relativismo moral es inexistente para la evolución
darwiniana, porque allí los conceptos de "bueno" o
"malo" son sustituidos por la lógica ternaria del
favorable-irrelevante-desfavorable para la supervivencia de
los propios genes. Es sólo nuestra permanente tendencia a
humanizar el universo de nuestros comportamientos lo que hace
que pensemos que el cucú es un pájaro "malo"
porque mata a las crías de otra especie para parasitar su
nido, o que el tero es un ave "buena" porque grita y
se expone para atraer a los enemigos que amenazan a su
progenie.
Sin
embargo, transportados a la cultura humana, los conceptos de
altruísmo y egoísmo definen -para la mayoría de las
personas- una moral con muy poco de relativo. Todos
construimos para nosotros mismos una ideología personal
basada en la noción de que hay acciones verdaderamente buenas
o malas, reflejo de aquella platónica suposición que dice
que todas las cosas tienen una esencia superior -real- que es
inmutable y determinista. Los actos buenos se nos aparecen
entonces como instancias menores de "la bondad" o de
"lo positivo", en eterno conflicto con "la
maldad" y "lo negativo". Apreciamos la
libertad, despreciamos la opresión; valoramos a quien
permite, abominamos de quien prohíbe; respetamos a quien
tolera, denigramos a quien censura.
La
sociedad humana, sabiéndose dominada por los atávicos
mandatos de una indiferente etología evolutiva, necesita con
urgencia rescatar para sí reglas claras de juego que le
permitan tanto la supervivencia como el desarrollo de su
potencial cultural, y entonces surgen formas
institucionalizadas de moral -las religiones, los gobiernos-
que con justificaciones varias dan carácter oficial a los
comportamientos tenidos por deseables, y estigmatizan al
resto.
No
obstante, la sensación profunda que todos tenemos sobre la
inmutabilidad y permanencia de nuestras concepciones éticas
-y nuestro ferviente deseo de que así sea- el relativismo
moral existe y goza de buena salud. Es harto evidente que
siempre hay un punto de vista desde donde la moralidad canónica
de cualquier acto puede ser puesta en duda y, de hecho, hasta
las instituciones que hacen las reglas las violan a sabiendas
y repetidamente, convencidas de que en esos casos están
haciendo un bien al hacer mal. Un país en guerra, por
ejemplo, está virtualmente obligado a engañar a su rival y a
mentir sobre su situación bélica porque, de otro modo, sería
fácil presa de los ejércitos enemigos. No se trata aquí de
que "el fin justifique los medios", sino de que los
medios no guardan proporción con el fin, de tal forma que
siempre nos parecerá justificable una pequeña inmoralidad si
a la larga o a la corta produce un enorme beneficio, en
especial cuando éste es objetivamente bueno.
A
pesar de toda la evidencia que indica que lo que llamamos
"moral" es demasiado difuso y muy a menudo
inaplicable, hay personas y grupos que esgrimen una ética de
lo absoluto ciertamente dañina.
Del
cajón de los recortes periodísticos notables surge este artículo,
muy apto para razonar un poco sobre el relativismo moral y los
límites de la libertad en nuestros tiempos.
¿Es
inmoral el pedido de la Capitol News Service? No si nos
atenemos a la Historia, donde la exhibición de los condenados
a muerte y sus ejecuciones públicas son casi una constante.
Pensemos en el Circo Romano, en las hogueras de la Inquisición,
en los cadalsos donde perdían la cabeza los reyes o sus
concubinas, en la guillotina de Robespierre, en los
fusilamientos de espías y traidores, en los linchamientos del
Lejano Oeste, en el garrote vil de la España moderna o en las
lapidaciones de los talibanes, y veremos todas esas formas de
bárbara venganza rodeadas de una nutrida concurrencia,
entusiasta, satisfecha y hasta agradecida por el espectáculo.
¿A qué asombrarse, entonces, de que alguien desee hoy
aprovechar los medios masivos de comunicación para llevar el
último suspiro de los reos floridenses a los cuatro puntos
cardinales, en color y en estéreo?
Sin
embargo, esta solicitud de los medios no se autoinscribe en
una continuidad histórica, y allí es donde pone de
manifiesto su debilidad. Venimos de un siglo en el que las
ejecuciones públicas han sido progresivamente eliminadas de
las carteleras de los países civilizados como "eventos
sociales", y donde se construyó una conciencia bastante
extendida en su contra, llegándose incluso a negar derechos a
la mismísima pena de muerte.
Por
un lado, es natural que así sea. En otros tiempos era común
asistir al final de la vida -de la ajena, claro está- por
culpa de enfermedades, guerras y accidentes. Los antibióticos
y el pacifismo -fenómenos inéditos de la Historia Moderna-
hicieron que la muerte se escondiese en un rincón, y para
olvidarla del todo los humanos la hicimos tan privada e íntima
como nos resultó posible. La muerte hoy es como las ratas:
antiguamente, todas las mujeres citadinas hacían una cuestión
de género su aversión visceral hacia ellas; hoy dicen
temerles... pero es dudoso que hayan visto una, aunque haya
sido de lejos.
Algo
similar sucedió con el sexo hasta los años setenta. Por décadas
de cine y televisión lo único que se permitía era un beso
-sugestivo de avances mayores- al principio invisible detrás
de un paraguas o del ala de un sombrero. Y, al fin y al cabo,
si superamos este prurito del erotismo; si hoy mostramos a
diestra y siniestra el acto sexual sin velos ni discretos
esfumados; si el realismo nos autoriza a divulgar lo más íntimo
de la sexualidad... ¿por qué no aplicar idéntico criterio
con la muerte?
No,
señores, no es así. La Capitol News Service no argumenta en
base a ningún antecedente histórico ni hace suyo el
"progreso" hacia el realismo de las costumbres y de
su representación artística. Dice, en cambio, que "los
actos de gobierno no pueden ser secretos" y que, por lo
tanto, las ejecuciones deben hacerse a la luz del día, con cámaras
tomando en primer plano todo lo que sucede (curioso postulado
en un país que todavía no sabe quién mató a su cuadragésimo
primer presidente porque los documentos más sensibles de la
investigación permanecen bajo cuatro sellos hasta dentro de
varias décadas; hogar del FBI y la CIA, reyes indiscutidos
del recontraespionaje y cunas de los más reservados proyectos
bélicos). ¡Qué más quisiéramos que los EEUU no tuvieran
secretos! Pero... ¿es el último estertor de un condenado el
primero que debemos develar?
Por
supuesto, la lectura correcta es otra y no son suficientes las
ironías para explicarla. Se trata, nada más ni nada menos,
que de una escalada disolutoria que apela a la moral para
difundir y lucrar con lo in-moral. Tenemos derecho a saberlo
todo, ergo debemos verlo todo: esta parece ser la regla para
los medios, y entonces pugnan por convencernos de que nos están
haciendo un favor al luchar contra el sistema en defensa de
nuestras libertades. Triste como suena, muchos les creen.
Clínicamente
estamos volviéndonos víctimas de un fenómeno de
acostumbramiento. Los hacedores de espectáculos se han
sumergido hace rato en una carrera por proveernos de emociones
cada vez más fuertes -el realismo de que hablábamos- sólo
para acercarnos a la butaca del cinematógrafo o para atarnos
a la pantalla del televisor con crudas motivaciones, esto es
para que consumamos sus productos y la publicidad asociada. En
el proceso nos hemos insensibilizado paulatinamente, y es
razonable que busquen ahora entusiasmarnos con nuevos y más
grandiosos efectos especiales y estimulantes sensaciones, a
medida que las viejas pierden "la gracia". La muerte
real, en vivo y en directo, es el próximo objetivo de
Hollywood y de los medios.
No
es novedad que la televisión está tanteando el ambiente para
ver cómo le va en la aventura. Los noticieros, por ejemplo,
en su afán por llegar siempre primeros llegan muchas veces
antes, y se aseguran la primera fila en los tiroteos, los
atentados y los accidentes más espantosos. Cada día que pasa
las cámaras se detienen un segundo más en la sangre, los
teleobjetivos nos aproximan un centímetro más hacia el
miembro mutilado, y el "replay" nos muestra una vez
más de lo necesario esa escena que, narrada, nos habría
quitado el apetito, pero que vista en colores y repetida hasta
el hartazgo acaba por parecernos tan insípida como una
mermelada "light".
La
ley no es insensible a estos escarceos mediáticos con la
muerte o la tragedia; después de todo, existen regulaciones más
o menos universales que limitan lo que puede exhibirse en público
en base a la "moral y las buenas costumbres", y es
aceptado que demasiada sordidez llega a atentar contra ellas.
Pero la ley puede tener un espíritu y los jueces otro, o
ninguno. En nuestro país son muchos los casos de productores
y artistas multados por cruzar alguna de las invisibles
barreras del buen gusto, pero jamás se les ha quitado una
parte sustancial de las ganancias que los programas sometidos
a condena les generaron o se los ha encarcelado por ellos. En
otras palabras, es absolutamente rentable pagar la multa y
seguir haciendo lo que sea, antes que llamarse a recato por
temor a un inocuo castigo simbólico.
No
obstante, este mercantilismo abyecto es todavía poco potable
para servir como explicación general frente a la audiencia.
Entonces, ¿a qué se apela? A los Derechos, a la Libertad,
interpretándolos como valores absolutos cuya fragmentación o
limitación es imposible sin destruir su esencia; esto es, a
una moral dogmática e intransigente donde "todo" es
sinónimo de "bueno". No es buena una libertad
restringida; hace falta tenerla entera; no parece un buen
derecho aquel que tiene un límite; debe ser irrestricto y sin
condiciones para ser un derecho que valga la pena. Esta es la
base del argumento de la Capitol News Service, que exige que
una regla general aplicable al Estado -difundir apropiadamente
sus obras- sea respetada en todas las circunstancias, sin
menoscabo alguno, a rajatabla.
Es
curiosa esta postura, porque pareciera ser que lo que es
obligación del Estado en forma absoluta no alcanza a los
medios que lo reclaman. En efecto: ¿difunden los canales de
televisión las reuniones de directorio donde se diseñan las
programaciones, donde se sientan las bases ideológicas de lo
que se va a producir, donde se concretan millonarios negocios
publicitarios a contrapelo del Arte o del buen gusto, y donde
se contratan equipos de psicólogos y sociólogos para dirigir
la voluntad del público hacia las áreas más lucrativas del
espectáculo? ¿Nos permiten conocer, acaso, los tejes y
manejes de los noticieros, el por qué se difunde una noticia
y no otra, los mil y un intereses creados que tiran de los
hilos informativos?¿Nos dan alguna oportunidad de enterarnos
de los pormenores de las campañas de prensa que destronan políticos
y coronan a sus sucesores a espaldas de la opinión pública,
cuando no del voto popular? ¿Acaso no tiene el pueblo derecho
a un programa "especial" de fin de año, donde se
revele la intimidad de los popes mediáticos y se los vea reírse
y brindar con champaña por haber burlado la inocencia de los
espectadores durante trescientos sesenta y cinco días
ininterrumpidos sin que nadie se haya dado cuenta o les
reclame? ¡Caramba! Si no hay secretos de Estado, menos debería
haberlos corporativos; si la Verdad es un valor absoluto,
también debería alcanzar a la televisión y a quienes la
hacen, ¿o será que sus responsables se consideran más allá
del bien y del mal?
Sí,
es curiosa la contradicción, pero hay una todavía mayor.
Cuando a los productores o periodistas se les pregunta qué es
lo que los mueve a defender estos derechos absolutos -a
informarlo todo, a mostrarlo todo, a no someterse a restricción
alguna- suelen responder con una muletilla sorprendente, y
dicen: "porque el público lo pide". Es entonces
cuando toda la lógica se derrumba. No buscan los medios
mostrar la muerte de un condenado o cualquier otra barbaridad
por ejercer un Derecho, sino como reacción a un (supuesto)
deseo popular. Antes no lo hacían porque nadie lo pedía; no
era esa la costumbre. Ahora lo exigen porque la gente ha
cambiado en sus gustos, porque los antiguos códigos ya no la
satisfacen y se han adoptado unos nuevos, y ellos -respetuosos
de la audiencia- se lanzan contra el Sistema para darle
satisfacción. No indagan sobre quién demonios cambió las
preferencias populares; no preguntan si es bueno lo que el
pueblo quiere ahora: si lo quiere, entonces debe serlo.
Y
así, entre las apelaciones a los valores absolutos y la
pendularidad, llegamos al final de la historia. Los medios
-aunque la abstracción no es conveniente y preferiríamos
decir "las personas que trabajan en ellos"- son una
clara muestra de decadencia ética y un factor más de la
alarmante disolución social de nuestros días, porque, al fin
y al cabo, de tanto ir y venir entre los extremos, terminan
ejerciendo casi como una profesión una ideología intermedia,
ambigua, cínica y destructiva, que no es el relativismo, sino
la hipocresía moral.
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La
globalización, vista por un teólogo
Autor:
Leonardo Boff fuente: IPS/Comunica
EL
nuevo desafío que enfrenta la Teología de la Liberación es
el de contrarrestar el poder y la influencia de la galopante e
intransigente globalización.
El
viraje hacia la globalización comenzó en 1519-22, cuando la
expedición de Fernando de Magallanes circunnavegó el
planeta. Desde entonces, el mundo sufrió un gradual proceso
de occidentalización.
La
cultura occidental logró imponer su enfoque de la naturaleza
a través de la ciencia y la tecnología, su manera de
organizar la sociedad (democracia representativa), su concepto
sobre la persona (los derechos inalienables del ciudadano) y
su modo de entender a Dios (cristianismo).
Este
proceso no se llevó a cabo pacíficamente. El mayor genocidio
de la historia tuvo lugar durante la invasión española de México
y Perú, mientras que Africa fue colonizada y destruida.
Asimismo, el Lejano Oriente fue masivamente afectado por la
potencia militar y económica de Occidente.
Esta
fue la Edad de Hierro de la globalización, en la que se
sentaron las bases de la que sufrimos actualmente y que se
manifiesta en las esferas económica, política y espiritual.
Los
procesos económico y político van de la mano. Occidente prácticamente
ha forzado a los pueblos de la Tierra a organizarse en
naciones Estado. La democracia se ha introducido en la psique
de casi todos los países, ya sea como valor universal para
las relaciones humanas o como una forma de organización del
poder estatal.
Pero
la democracia puede trabajar sólo en una atmósfera de
respeto por los derechos humanos colectivos y de fomento de
los mismos. Los derechos humanos, a su vez, presuponen
entender lo humano como un fin en sí mismo y nunca como un
medio para alcanzar un fin. A la luz de la validez de los
derechos humanos, todo el poder debe ser limitado por una
Constitución y controlado por el pueblo o sus representantes.
Las
grandes guerras mundiales, y en particular la Guerra del Golfo
de 1991, son un ejemplo del efecto negativo de la globalización.
Tres
factores han hecho de la globalización una realidad evidente:
el desarrollo de las comunicaciones, la amenaza de la
destrucción nuclear y la inquietud por la situación del
ambiente en nuestro planeta.
La
alarma ecológica fue hecha sonar por el Club de Roma en 1972,
cuando se aseveró que el tipo de desarrollo industrial
adoptado por la Humanidad supone un ataque sistemático contra
la naturaleza, el agotamiento de los recursos no renovables y
un enorme deterioro de la calidad de la vida de todos los
seres vivos del planeta.
Ahora
tenemos ya pruebas concretas del ecocidio (destrucción del
ecosistema), del biocidio (extinción de las especies
vivientes) y del geocidio (muerte de la Tierra) en curso.
Pero
la globalización se puede también manifestar dentro del
reino de la espiritualidad. Factores económicos, políticos y
sociológicos dan lugar a otra determinante de la globalización:
se despierta una nueva conciencia planetaria de que todos
somos corresponsables de nuestro destino común, del destino
de los seres humanos y de la Tierra.
La
Teología de la Liberación pregunta: ¿dónde encajan los
pobres en el proceso de globalización? Económicamente, la
globalización obedece a las exigencias del capital, que
favorece la apropiación privada de los beneficios y la
potenciación de las ganancias. Como resultado de ello, la
globalización económica conduce a la exclusión de las
masas.
Entre
1965 y 1990, cuando el proceso de globalización comenzó a
acelerarse, la riqueza del planeta aumentó 10 veces, mientras
que su población sólo se duplicó. También en ese periodo,
la porción de riqueza mundial de la que se apropiaron los países
ricos se incrementó del 68% al 78%, en tanto que la
participación de su propia población se redujo del 30% al
23%.
Tal
distorsión pone en claro que este tipo de mercado es
profundamente antisocial pues no produce según las
necesidades humanas sino para satisfacer sus propias
exigencias. Los teólogos de la liberación no nos oponemos al
mercado, que podría ser una institución central de la
sociedad moderna, pero no podemos aceptar un tipo de mercado
que resulta letal para la gran mayoría de la humanidad.
Ante
el aumento del hambre en el mundo será preciso cambiar la
naturaleza de la economía mundial para poder sobrevivir.
También tendremos que aprender a considerar la economía no sólo
en términos de crecimiento económico sino también como un
medio para satisfacer las necesidades de todos los humanos y
de otros seres de la creación.
Políticamente,
la Teología de la Liberación tiene serias reservas con
respecto a la homogeneización de la Humanidad a través de la
generalización de los valores occidentales.
Nuestra
tarea consiste en apoyar a las sociedades multiculturales y
multirreligiosas, respetando sus variadas formas de organización
social y política, basadas en sus respectivas culturas. El
principal desafío es el de conseguir alimentar formas de
coexistencia que no excluyan a nadie.
No
sólo deben ser liberados los oprimidos, sino también todos
los seres humanos. Todos vivimos esclavizados por un sistema
que nos hace enemigos de la naturaleza. No sólo están
gritando los pobres; también la Tierra está gritando contra
nuestros sistemáticos ataques.
La
Teología de la Liberación insta a la recuperación del carácter
sagrado de la Tierra y al respeto de las tradiciones
espirituales de las culturas oprimidas, quienes, en general,
honran a la Tierra como a la Gran Madre.
Esta
actitud puede ayudar a crear límites a la codicia moderna y a
hacer posible una noción de Dios que podría superar el
dualismo del cristianismo occidental entre Dios y el mundo,
alma y cuerpo, lo femenino y lo masculino.
Unicamente
un cristianismo que rompa su alianza con el poder de este
mundo, relativice su identificación con la cultura occidental
y defienda la causa de los desdichados de la Tierra -que son
dos tercios de la Humanidad-- estará en condiciones de
reivindicar la herencia de Jesús.
Hace
falta un cristianismo de liberación que ayude a crear una
forma de globalización que busque la armonía dentro de la
diversidad, no sólo en los aspectos económico, político y
cultural sino también en lo religioso.
Leonardo
Boff es profesor de Etica y Filosofía de la Religión en la
Universidad Estatal de Río de Janeiro y autor de numerosos
libros sobre la Teología de la Liberación.
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"Familias:
agentes y beneficiarias del desarrollo y el progreso
social"
Publicado
en : "El Comercio" de Perú
La
erradicación de la pobreza es una prioridad central para el
desarrollo. La pobreza pasa por todos los aspectos de la vida
social y amenaza la capacidad de las familias de satisfacer
las necesidades de sus miembros. Además la pobreza es la
causa de la marginación social. Hay, por lo tanto, una
necesidad de que los esfuerzos intersectoriales apoyen y
ofrezcan programas de protección a la familia.
Así
lo revela un mensaje de la Organización de las Naciones
Unidas con motivo del Día Internacional de la Familia, que se
celebró el 15 de mayo y que en todo el mundo ha merecido una
serie de homenajes y reflexiones a propósito del papel
fundamental que juega en el desarrollo de las sociedades.
Enfatiza
que es necesario reforzar las instituciones de bienestar
social para asegurar que se adopten las políticas de familia
y las medidas en su apoyo (como subsidios a los cuidados de
los niños, seguridad social, beneficios por incapacidad y
asistencia a las familias que tienen dependientes).
Kofi
Annan, Secretario General de las Naciones Unidas señaló que
la observancia tradicional del 15 de Mayo como Día
Internacional de la Familia se centra en esa unidad
fundamental de cohesión y coexistencia social.
El
tema de este año "Familias: agentes y beneficiarios del
desarrollo y el progreso social" afirmó, pone énfasis
en el rol crucial de las familias en la sociedad.
Subrayó
que una estructura familiar sólida conduce al bienestar de
sus miembros y, en general, de la sociedad. Es dentro de la
familia donde los niños pueden aprender valores positivos que
los guiarán por el resto de sus vidas, y es dentro de la
familia que las personas pueden aprender lecciones claves
sobre igualdad, tolerancia y responsabilidad compartida.
Así
como las familias son motores del desarrollo, son también
beneficiarias del mismo. Donde el desarrollo es lento o no
existe, la capacidad de la familia para satisfacer las
necesidades de sus miembros estará restringida. Y donde el
conflicto socava el desarrollo y la inestabilidad prevalece,
las familias se ven también socavadas, quitando a la sociedad
el pilar esencial para la paz y la prosperidad.
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El
misterio de la piedra filosofal
Una
crítica a El misterio del capital de Hernando De Soto *
Autor: Jorge Gascón
En
el ámbito peruano, y desde hace más de una década, han
surgido estudios centrados en la población emigrante
urbano-marginal de origen rural y andino que evidencian cómo
la denominada economía informal no es necesariamente sinónimo
de pobreza o marginalidad. Y es que como informal designamos a
un heterogéneo sector en el que participa tanto la vendedora
de golosinas que establece su puesto en una esquina de la
calle, como el propietario de un taller que emplea cinco, diez
o más trabajadores. Estos últimos son una minoría, pero
significativa por cuanto que son emigrantes que han logrado
con éxito superar las limitaciones económicas en las que
parecían trabados. Omar de León (1996) calcula que, si bien
la mayoría de las empresas informales urbanas del Perú se
mueven en el umbral de la subsistencia, un 29% son
competitivas y eficaces, generan excedentes y están
compuestas por varios trabajadores.
Para
los distintos investigadores que han trabajado el tema1 dos
son los elementos que explican el éxito empresarial de este
sector de la población. Por un lado, que sabe aprovechar los
recursos socioeconómicos que su cultura le ofrece para
competir en la economía de mercado. El empresario emigrante e
informal utiliza unas reglas de comportamiento transmitidas de
generación en generación. Activa sus redes de parentesco,
paisanaje e incluso religiosas, que le permiten acceder a mano
de obra cuando lo requiere, una mano de obra con la que no sólo
establece una relación de patrón y trabajador, sino de
"algo más". Mantiene también una ética del
trabajo peculiar, que también lo convierte en "algo más"
que una mera actividad económica. Ambos elementos se traducen
en largas horas de jornada y en flexibilidad laboral.
El
otro elemento que destacan es el carácter del mercado
peruano: se trata de un mercado postergado, con restricciones
importantes, y del que el capital se fugó a causa de la
situación de violencia política vivida en el Perú durante década
y media. Este contexto permitió que el empresario informal no
encontrase competidores en muchos sectores de la economía,
sino una amplia demanda desatendida que él era capaz de
cubrir.
Desde
la década de los 80, Hernando De Soto ha visto en este
empresario urbano-marginal exitoso la vía que podía permitir
salir de la pobreza al Perú y, últimamente, al Tercer Mundo.
Ése es el principio de su trabajo y del Instituto Libertad y
Democracia que él creó y dirige, principio ya planteado en
su libro El otro sendero (1986), que en su día se convirtió
en un bestseller.
En
El misterio del capital, el autor descubre cómo estos
emigrantes han roto la frontera de la pobreza a la que parecían
abocados. Pero también observa que, por un lado, no todos los
pobres del Tercer Mundo son capaces de dar ese salto y que,
por otro, este nuevo empresariado tampoco es capaz de
convertirse en el motor económico de sus países. ¿Por qué?
Esa es la pregunta a la que el libro intenta dar respuesta. Más
concretamente, la pregunta, como se explicita en su subtítulo,
es: ¿por qué el capitalismo prospera en una parte del mundo
y en el resto, no?
El
discurso de De Soto se inicia a partir de una primera
respuesta a esta pregunta: "la gran valla que impide al
resto del mundo beneficiarse del capitalismo es la incapacidad
de producir capital" (pp. 31). Hasta ahí, nada nuevo.
Ahora
bien, la originalidad del libro es que asegura que los
"pobres", en contra de la apariencia, sí tienen los
elementos necesarios para su capitalización. Un estudio
comparativo realizado en cinco grandes urbes de cinco países
distintos del Tercer Mundo (El Cairo, Lima, Manila, Ciudad de
México y Puerto Príncipe) descubre al autor que los
"pobres" tienen patrimonios nada desdeñables. Sobre
la base de su investigación, por ejemplo, De Soto afirma que
el metro cuadrado en la avenida que une Lima con su
aeropuerto, y que atraviesa barriadas urbano-marginales, es
tan o más caro que en los selectos distritos de San Isidro o
Miraflores.
El
problema, por tanto, no es la escasez de recursos. El problema
es que los "pobres" no son capaces de convertir
estos recursos en activos reales.
En
las sociedades occidentales, y de ahí su éxito, la propiedad
es un activo. Es decir, que más allá de su valor de uso, la
propiedad sirve para adquirir un capital inicial; permite al
propietario, por ejemplo, solicitar un empréstito. En el
Tercer Mundo, en cambio, esto no es así. La razón es que la
propiedad es precaria. Dejemos que lo explique el mismo De
Soto:
"Las
casas de los pobres están construidas sobre lotes con
derechos de propiedad inadecuadamente definidos, sus empresas
no están constituidas con obligaciones claras y sus
industrias se ocultan donde los financistas e inversionistas
no pueden verlas" (pp. 32)
En
estas circunstancias:
"La
mayoría de ellos no cuenta con los medios de representar su
propiedad y crear capital. Tienen casas pero no títulos,
cosechas pero no certificados de propiedad, negocios pero no
escrituras de constitución ni acciones que permitan a sus
activos llevar una vida paralela en el mundo del capital"
(pp.33)
En
resumidas cuentas: los "pobres" del Tercer Mundo
tienen propiedades (casas, terrenos, empresas), pero no las
pueden convertir en activos reales ya que carecen de títulos
de propiedad, y sin ellos no pueden dirigirse a una entidad
financiera a solicitar un préstamo que les sirva de primer
capital para posibles inversiones productivas.
De
Soto solicita a los gobiernos que comprendan que sus
legislaciones están anquilosadas y que las armonicen con las
circunstancias reales de su sociedad. No es que en los países
del Tercer Mundo no haya leyes, sino que no son las oportunas
para permitir el desarrollo de las capacidades de la población
urbano-marginal. Por una parte, estas legislaciones consideran
a la emigración como un fenómeno problemático que genera
conflictos, colapsa los servicios urbanos, etc., por lo que
establece medidas dirigidas a controlarlo y reducirlo. Por
otra, caen en el error de adoptar disposiciones características
de sociedades ya desarrolladas como, por ejemplo, excesivas
normas impositivas. La perspectiva debe ser distinta: ver a
esta población como agentes de desarrollo y concederles todas
las facilidades para alentarlos. Y esto pasa, como elemento
esencial, por concederles los derechos de propiedad de sus
bienes.
Además,
en un contexto de discrepancia entre norma y realidad social
surge de forma natural la ilegalidad y las mafias. Cuando la
propiedad no está institucionalizada, nadie es responsable de
ninguna obligación, nadie responde ante fraudes y pérdidas.
El
problema de la pobreza es, por tanto, institucional. Y su
solución está en institucionalizar las propiedades de los
pobres. La diferencia entre países ricos y países pobres
consiste en que la propiedad legal está difundida en los
primeros, mientras que sólo una parte de la sociedad tiene
estos derechos en los segundos.
Es,
por tanto, factible el desarrollo de los países pobres. Lo único
que deben hacer es seguir los pasos de los países ricos, que
en su día también fueron "Tercer Mundo". La Europa
de la revolución industrial o los Estados Unidos recién
independizados también se encontraron con migraciones
incontrolables, crecimiento de los sectores extralegales,
pobreza urbana y tensiones sociales. Pero en su momento
supieron reconocer los derechos de propiedad extralegales, y
ese fue el elemento que permitió su prosperidad económica.
Terminado
de leer el libro, al lector le queda la sensación de que la
respuesta es insuficiente. ¿Un fenómeno tan complejo y
extendido como la pobreza es resultado de un sólo factor? ¿Y
este factor es simplemente institucional? ¿La solución es
tan sencilla como cambiar el marco legal de los países del
Tercer Mundo? Uno no puede dejar de creer que De Soto está
introduciendo en la economía ciertos principios del
pensamiento postmoderno: los relacionados con la escuela del
Pensamiento Débil. O de la alquimia del Medievo, en su empeño
por encontrar la piedra filosofal.
A
la hora de estudiar el texto habría que empezar por observar
su ámbito epistemológico.
Es
difícil no estar de acuerdo con la proposición inicial a
partir de la cual el autor empieza a construir su discurso: lo
que impide a la mayor parte de la población de los
denominados países pobres, del Tercer Mundo o del Sur un
desarrollo capitalista semejante a la de los países
occidentales es su incapacidad de producir capital. Lo que ya
parece más criticable es la explicación que ofrece de este
fenómeno.
De
Soto forma parte de aquellos investigadores que no valoran cómo
se acumuló el capital inicial en los países occidentales;
parecería que el factor colonial europeo fue una contingencia
que nada tuvo que ver con su desarrollo económico. También
obvia que, actualmente, buena parte de la economía de los países
del Tercer Mundo se establece según las necesidades de los países
del Primero.
¿Hasta
qué punto entrar en esta discusión no sería repetir una
controversia que lleva décadas produciéndose? La consideración
liberal de que el problema de los países pobres es que no están
desarrollados, y que lo único que deben hacer para salir de
su postergación es imitar los pasos de los países ricos, ha
sido sobradamente contestada desde diversos ámbitos:
inicialmente, por las teorías del Subdesarrollo, y
posteriormente por diversidad de otros autores y escuelas.
Reseñar
todas las críticas que se han planteado a este
posicionamiento sería largo, y hay bibliografía que lo
expone con suficiente claridad. No obstante, por su novedad,
puede valer la pena replicar con un planteamiento procedente
del ámbito de la ecología política: el de la "pisada
ecológica". El objetivo de este planteamiento es
descubrir cuál tendría que ser el territorio de un país
para que su población pudiera vivir de forma sostenible y con
los niveles de vida a los que está acostumbrada. Estos cálculos
comprenden categorías como la cantidad de tierras
agropecuarias necesarias para mantener la dieta existente o
las plantaciones de bosques destinadas a la producción de
madera y papel que se consume. Sorprendentemente, los
resultados muestran situaciones tan desequilibradas como la de
que los países europeos necesitan y "usan" espacios
diez veces más grandes que sus propios territorios (Wackernagel
& Rees 1995).
Si
De Soto asegura que el camino a seguir por los países pobres
es el de los países ricos, que el proceso ha de ser el mismo,
es porque no acepta que existan relaciones económicas
desiguales entre ambos mundos. Pero si los países
occidentales viven tan por encima de sus posibilidades ecológicas,
debe ser porque extraen riqueza de algún otro lado. ¿De dónde?
Dejemos
el ámbito epistemológico del que surge el libro y entremos
en sus tesis.
El
autor explica que un sector urbano-marginal es propietario y
tiene empresas exitosas y/o con posibilidades de crecimiento.
Tras esta constatación, lo lógico sería pensar que se
hubiese interesado en investigar las razones de este fenómeno.
Sin embargo, De Soto lo resuelve achacándolo a la capacidad
de iniciativa del emigrante y a que, en contra de lo que
pudiera parecer, tiene capital, aunque de forma extralegal.
Como
ya hemos dicho al principio de este texto, es cierto que un
sector importante de las poblaciones urbano-marginales del
Tercer Mundo ha roto con las limitaciones económicas en las
que podía parecer atrapado. No obstante, este sector no deja
de ser minoritario. Junto con el exitoso empresario que tiene
ocho o nueve trabajadores a su servicio, nos encontramos con
estos ocho o nueve trabajadores, o con otros
"empresarios" menos afortunados, que viven al límite
de la subsistencia, con bajos ingresos e inseguridad laboral,
sin acceso a ningún sistema de seguridad social, y que deben
realizar largas jornadas de trabajo. Ante esta situación, la
explicación de que "todos" tienen capital o de que
"todos" son emprendedores no es suficiente.
De
Soto toma el todo por la parte: generaliza a partir de lo que
sólo le sucede a una minoría. Además, desconoce que el éxito
de este sector se basa en la explotación de otros,
mayoritarios, y cuyas posibilidades de éxito son más
limitadas.
¿Por
qué unos emigrantes tienen éxito y otros no? Tal vez este
debería haber sido la primera cuestión a la que el autor se
debería haber enfrentado. Posiblemente, entonces, habría
descubierto que no todos los emigrantes emigran en las mismas
condiciones, porque las sociedades rurales de origen tampoco
son igualitarias. Y es que el emigrante no nace al llegar a la
ciudad; por el contrario, aparece con un patrimonio de
relaciones sociales y de posibilidades económicas que incide
decisivamente en su porvenir, y que no son las mismas para
todos.
En
todo caso, dejando a lado la situación de origen al emigrar,
el éxito de un sector de la población emigrante, junto con
el fracaso de la mayoría, sería indicador de que aquellos
momentos en los que se dan procesos de cambio importantes y
surgen nuevos recursos favorecen una mayor movilidad
socio-económica; son contextos en los que aumentan las
posibilidades de promoción o de declive (Pérez Berenguer
& Gascón 1997).
Centrémonos
en el caso peruano: durante la década de los 80, un sector de
la clase media urbana se empobreció a la par que otro,
inmigrante y de origen rural, mejoraba su situación económica.
Se dio un proceso de movilidad social, pero en ningún momento
una disminución de los índices de pobreza.
Este
es otro elemento que De Soto no tiene en cuenta: los
inmigrantes urbano-marginales no forman un sector aislado del
resto de la sociedad. Siguiendo con el caso peruano, ¿por qué
no se plantea la posible existencia de una relación entre la
crisis habida durante la década de los 80 y el surgimiento de
ese sector informal exitoso?
Como
también hemos señalado al principio de este texto, uno de
los factores que permitieron el éxito de los sectores
urbano-marginales fue las dificultades a las que se tuvo que
enfrentar el mercado formal a causa de factores tanto
nacionales (violencia, inestabilidad política, políticas
económicas arriesgadas) como regionales (la crisis
latinoamericana de los 80). Muchas empresas fracasaron, mucho
capital peruano "emigró", y mucho capital
extranjero buscó otros mercados más seguros. En este
contexto, el sector informal se encontró con una amplia
demanda desatendida y sin competidores.
Pero
las medidas liberalizadoras que De Soto propone, en una
situación de estabilidad política y con lineamientos económicos
favorables a la inversión de capital extranjero, puede hacer
resurgir el sector formal. ¿Sería capaz este empresario
urbano-marginal, entonces, de competir? No se trata de un caso
hipotético. La agricultura peruana, sin ir más lejos, ya ha
sufrido en numerosas ocasiones la competencia de alimentos de
importación de bajo precio ante las que no le ha sido posible
rivalizar. En ningún momento De Soto se plantea esta cuestión.
Y
llegamos a la tesis central del libro: la institucionalización
de la propiedad como mecanismo de capitalización de los
sectores pobres del Tercer Mundo; la piedra filosofal.
De
Soto sobrevalúa la "formalidad" de la propiedad en
los países ricos. En España, por ejemplo, los precios
nominales de las viviendas son muy inferiores a los que
realmente tienen en el mercado, con el objetivo de reducir los
impuestos. No obstante, eso no impide a las instituciones
financieras hacer préstamos tomando como garantía esas
viviendas y por su precio real. El problema no parecería,
entonces, que fuera tanto la regularización de la propiedad
como la existencia de un sistema bancario interesado en
otorgar empréstitos al sector urbano-marginal. La verdad es
que se hace difícil pensar que los bancos dejen de participar
o incentivar un negocio factible sólo por una cuestión de
legalismos. En última instancia, ellos mismos podrían haber
presionado a los gobiernos para que se instituyeran los títulos
de propiedad. Habría sido interesante que la investigación
del autor hubiese comprendido algún tipo de entrevista o
encuesta a instituciones financieras. Si lo hizo en algún
momento, no se refleja en el libro.
La
relación de causalidad que De Soto establece entre
informalidad de la propiedad, aparición de mafias y
subdesarrollo económico, tampoco cuadra con determinadas
realidades de los países ricos. El caso italiano es paradigmático.
En Italia, las titulaciones de la propiedad son similares a la
del resto de Europa. No obstante, diversos escándalos han
evidenciado que, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la
Mafia invadió todos los ámbitos sociales, económicos y políticos
de ese país, al punto que dos de sus más carismáticos
presidentes de gobierno han acabado ante los tribunales por
asociación con esa organización. Y sin embargo, esto no
impidió que un país asolado por la guerra acabase formando
parte del grupo de estados más ricos del mundo.
Finalmente,
De Soto no habla de los resultados negativos que podría
conllevar la institucionalización del patrimonio. En el caso
de las tierras agrícolas en el Perú, la inexistencia de un
catastro y de un servicio ágil de registro de la propiedad ha
impedido, por el momento, que el libre mercado de tierras
decretado por la Constitución de 1993 haya prosperado.
Posiblemente el autor considere esto como una traba al
desarrollo, pero ¿es alocado pensar que ese libre mercado
puede poner en peligro la propiedad del pequeño campesino?
Mientras la propiedad siga siendo "extralegal", por
seguir utilizando un término usado por De Soto, el campesino
se verá salvaguardado de perderla en caso, por ejemplo, de
morosidad, si la utiliza para acceder a créditos (Gonzales de
Olarte 1996, Montoya 1996).
Y
aquí volvemos otra vez al tema de la competencia a la que
antes nos hemos referido. De Soto aboga porque los empresarios
informales legalicen sus propiedades como un mecanismo para
acceder a créditos. Pero ¿cuál es la viabilidad de sus
posibles negocios, establecidos con esos créditos, ante la
posible aparición de competidores con mayores ventajas tecnológicas?
En el Tercer Mundo y en una situación de libremercado, el
acceso a créditos para la inversión se convierte en un juego
de riesgo: mientras el sector del mercado en el que el pequeño
empresario quiere invertir no esté cubierto por capital
extranjero, el negocio puede marchar bien, pero en el momento
en que ese sector sea "descubierto" por ese capital,
las posibilidades de éxito del negocio se reducirán drásticamente.
La solución sería establecer medidas económicas
proteccionistas, pero curiosamente, De Soto y su Instituto
Libertad y Democracia no parecen dispuestos a apoyar este tipo
de políticas.
El
autor cree en la bondad del capitalismo y en que los problemas
que conlleva son resultado de una excesiva intromisión del
estado. Porque, para él, la informalidad de la propiedad no
es resultado de la ausencia de las instituciones, sino todo lo
contrario: si la titulación de la propiedad es tan escasa es
porque los trámites burocráticos son complicados y onerosos.
La excesiva presencia del estado, en forma de leyes, dificulta
el libre albedrío y la ambición del pequeño empresario. El
posicionamiento de De Soto, por tanto, es neoliberal.
Pero
no hacía falta tanta disquisición para llegar a este
descubrimiento. Se podría haber adivinado sólo viendo de quiénes
proceden los halagadores comentarios con el que inicia el
libro y se forra su contraportada: economistas como Milton
Friedman o Ronald Coase, políticos como Margaret Thatcher o
periodistas como Andrés Oppenheimer.
Lo
que estos apologistas designan, en forma encomiosa, como
"teoría asombrosamente simple" (Sarah Brealey dixit),
uno no puede dejar de considerarlo un discurso simplón. Y es
que cuesta creer que problemas complejos, como es la
desigualdad de la riqueza a nivel mundial, puedan tener
soluciones sencillas y únicas como la que pretende De Soto.
(*)
De Soto, Hernando de (2000) El misterio del capital: Por qué
el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del
mundo. Lima: El Comercio. Pp.: 287. Original: The Mystery of
Capital, Bantam Press & Random House, 2000. Traducción de
Mirko Lauer y Jessica Mc Lauchlan.
1
Entre otros, cabe destacar a Adams & Valdivia (1991),
Golte (1995) y Huber (1997).
Bibliografía
*
Adams, N. & Valdivia, N. (1991) Los otros empresarios: Ética
de migrantes y formación de empresas en Lima. Lima: IEP.
*
Golte, J. (1995) "Nuevos actores y culturas
antiguas" enJ. Cotler (ed.) Perú, 1964-1994: Economía,
Sociedad y Política. Lima: IEP. Pp: 135-148.
*
Gonzales De Olarte, E. (1996) El Ajuste Estructural y los
Campesinos. Lima. IEP.
*
Huber, L. (1997) Etnicidad y Economía en el Perú. Lima: IEP.
*
León, O. de (1996) Economía informal y desarrollo: Teorías
y análisis del caso peruano. Madrid: IUDC & Los libros de
la Catarata.
*
Montoya, R. (1996) "Las comunidades peruanas y la
constitución de 1993", en M. N. Chamoux & J.
Contreras (ed.) La gestión comunal de recursos. Barcelona:
Icaria & ICA. Pp: 337-349.
*
Pérez Berenguer, E. & Gascón, J. (1997) "El impacto
del turismo y de los proyectos de desarrollo de ONG's en la
estructura social y económica de dos comunidades
andinas", Agricultura y Sociedad,nº84: 225-252.
*
De Soto, H. de (1986) El otro sendero. Lima: El barranco.
*
Wackernagel, M. & Rees, W. (1995) Our ecological footprint.
Philadelphia: New Society Publishers.
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