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Puerto Rico: El estado
contraataca
Jesús
Dávila
NCM
Con el apoyo estratégico de
la Casa Blanca, el Gobierno de
Puerto Rico ha desatado una
contraofensiva en múltiples
frentes que –de tener éxito-
barrería los focos de
resistencia estudiantil, las
protestas ambientales, sacaría
del panorama al independentismo
y neutralizaría como actores
sociales a los sindicatos y
demás grupos de la llamada
sociedad civil.
Sin embargo, la inestabilidad
política y económica, así como
una dramática tendencia de alza
en la actividad criminal, se
combinan con las bajas
meteóricas en la popularidad del
Gobernador Luis Fortuño para
servir de marco incómodo para el
intento de cambiar las bases de
la vida institucional en esta
nación isleña del noreste del
Caribe, equidistante de
Guantánamo y de Caracas.
Hasta ahora, el foco principal
de las acciones del Estado, que
ha reclutado a su favor una
amalgama de sectores de derecha
e izquierda, es la persecución
policíaca y judicial del
liderato estudiantil insumiso.
El proceso se aprovecha para
sentar las bases de restablecer
como legítimas la vigilancia y
el acecho de ciudadanos que no
han delinquido pero que se
arriesgan a participar en
actividades de protesta.
En uno de los casos más
dramáticos de esa tendencia, una
juez de instancia aprovechó el
momento de condenar a varios
miles de dólares de multa al
conocido activista ambiental
Alberto de Jesús "Tito Kayak"
–imputado de decirle "me cago en
tu madre" al policía que le
perseguía durante una protesta
estudiantil- e indicó que tenía
que advertir que no hay nada de
malo en que los policías sometan
ciudadanos a persecución y
vigilancia sin que medie causa o
sospecha de delito. Casi a la
vez que se producía la expresión
judicial, el jefe de la Policía
nacional, José Figueroa Sancha,
anunciaba que hace un mes se
implantó un reglamento para
grabar con cámaras a los
asistentes a protestas y otras
actividades públicas, videos que
se mantendrán por varios años en
la bóveda de la Superintendencia
Auxiliar de Operaciones
Estratégicas.
La aprobación del reglamento,
primero confidencialmente y
ahora de conocimiento público,
se produjo un día después de un
motín en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad
de Puerto Rico, en el cual se
documentó con fotos la presencia
de policías motorizados y un
oficial uniformado de alta
gradación. De ese disturbio
también han surgido informes de
que agentes encubiertos de
inteligencia policial tomaron
parte en la agresión a guardias
universitarios.
El motín produjo reclamos
públicos airados contra los
estudiantes, pero los informes
sobre participación de la
Policía nacional en el suceso no
han producido denuncias
notables. De igual forma, el
anuncio de la jefatura policial
sobre la vigilancia electrónica
de los ciudadanos tampoco
enfrenta objeciones que hayan
tenido mayor trascendencia
pública.
Tampoco ha motivado mayor
interés público que dos días
después de aquel motín quedaron
sin efecto los contratos
laborales de los trabajadores
del gobierno central, quienes se
han mantenido en ese limbo por
más de cuarenta días. La
Legislatura aprobó extender los
contratos por dos años, pero el
Gobernador Fortuño lo vetó para
que se le hagan enmiendas
técnicas, lo que tendrá el
efecto de que la medida de
gracia esté de nuevo en su
escritorio días antes del
Primero de Mayo, para cuando
está convocada una protesta
masiva contra la construcción de
un gasoducto en la que se supone
tengan una participación
destacada esos mismos
sindicatos.
La Legislatura tiene ante sí
también una medida para abolir
las colegiaciones compulsorias
de actores, electricistas,
ingenieros, arquitectos y otras
similares, como ya se ha hecho
con el Colegio de Abogados, que
lucha por tratar de evitar el
embargo de su edificio y hasta
el momento no ha logrado que la
clase togada aporte los millones
de dólares necesarios para
salvar su sede.
En la otra cara de la moneda,
los estudiantes alzados han
aprovechado el cerco de silencio
que les ha tendido la prensa
nacional para reorganizar sus
fuerzas sin que se conozca
públicamente cómo lo están
haciendo. Además, están sentando
las bases para impugnar
judicialmente el secreto con el
que se maneja el tesoro de la
Universidad de Puerto Rico ante
informes de testigos que alegan
que la institución tiene una
cartera de cientos de
propiedades inmuebles por todo
el país, de la cual dispone sin
escrutinio público y vende
fincas y edificios a precios muy
por debajo del valor de mercado
mientras carga a los estudiantes
con aumentos de pagos por
matrícula que ya han tenido el
efecto de dejar fuera de las
aulas a miles de muchachos
pobres.
El país tuvo dos oportunidades
recientes para constatar que el
alzamiento universitario sigue
bajo cuerdas cuando a principios
de mes los empleados
administrativos lograron la
paralización de los once
recintos del sistema de la UPR y
echaron así por tierra la
pretensión de que aceptaran el
papel de rompehuelgas. La
segunda ocasión fue durante la
visita de un grupo evaluador de
la entidad acreditadora
estadounidense, durante la cual
profesores, empleados
administrativos y estudiantes
lograron una denuncia casi
unánime contra la rectora de la
UPR en Río Piedras, Ana
Guadalupe, que terminó
responsabilizada en el informe
por la falta de gobernanza
democrática en la institución.
Pero de inmediato hay asuntos
más apremiantes en el debate
público, como la explosión de
asesinatos que amenaza con
cerrar el 2011 como el más
violento de toda la historia,
con más de 1.100 muertes
violentas. En el pasado remoto
quedaron, no sólo las primeras
décadas del siglo pasado con
escasas decenas de asesinatos
anuales, sino también
desvanecido el recuerdo de
mediados del siglo XX, cuando el
establecimiento del régimen
autonómico estuvo acompañado de
casi veinte años de baja
relativa en la violencia
homicida.
Ahora, en la continuación de la
tendencia iniciada en 1971 que
ha producido ya más de 26.300
muertos, se ha verificado el
pronóstico hecho en 1996 por la
criminóloga Dora Nevárez, quien
anticipó la nueva espiral de
homicidios tan pronto madurase
la generación hija de "la mano
dura", cuando las fuerzas
militares ocuparon los
vecindarios de vivienda pública
para tratar de controlar el
crimen.
Un aliado para el Gobierno en su
agenda para forzar el nacimiento
de un país nuevo es el informe
de nueva política pública de
Casa Blanca, que respalda las
gestiones sobre la UPR y la
política energética sobre gas
natural, en la que se enmarca la
construcción del polémico
gasoducto. El informe propone
también plebiscitos para lograr
que Puerto Rico vote sobre
desechar la independencia y la
república asociada, lo que
abriría camino para consolidar
el gobierno estadounidense en
esta nación de casi cuatro
millones de habitantes en su
territorio.
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Gentileza:: Salvador Tio
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