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Descargar la crisis sobre los
migrantes
Ricardo
Jiménez
ALAI AMLATINA
El caso de Perú
Italia se convierte en el primer
país del mundo en imponer un
impuesto al envío de remesas por
parte de los inmigrantes a sus
familias y países de origen. Es
parte de su paquete de medidas
anti crisis publicado en agosto
pasado y vigente desde
septiembre. El impuesto impone
un pago de
2% a todos los envíos por parte
de personas que no estén
acreditadas en registros de pago
fiscal o de pensiones, es decir,
castiga a los irregulares o a
quienes por ahorrar no están
registrados. Pero no sólo eso ya
que se trata de un impuesto
"regresivo", o sea, hecho para
castigar a los más pobres dentro
de los ya castigados, poniendo
un mínimo de pago de 3 euros a
los envíos cuyo 2% de pago sea
menor que los
3 euros, elevando de hecho, en
ese caso, el monto del impuesto.
"Descargar la crisis sobre los
migrantes", esta parece ser la
consigna neoliberal de los
Estados que han renunciado
flagrantemente a su obligación
de garantizar derechos a los
excluidos. Estados de
residencia, ricos y del norte,
como los Estados Unidos y
Europa, que vienen incrementando
su deportación,
criminalizándolos,
encarcelándolos y violando sus
derechos humanos. Las cifras de
la última década y todos los
estudios especializados
demuestran que con estas medidas
no se disminuye la inmigración,
sino que aumenta su segmento
irregular y se incrementan las
víctimas de tráfico ilegal y
trata de personas. No puede ser
de otro modo cuando no se quiere
asumir la causa estructural
fundamental de las llamadas
"presiones migratorias", la
desigualdad, concentración y
exclusión económica, social,
cultural y ambiental.
De hecho, no se trata realmente
de no querer inmigrantes, porque
son imprescindibles, razones
demográficas así lo imponen, ya
que vienen a realizar
masivamente trabajos de
servicios y productivos que
precisan trabajadores jóvenes y
no calificados, en países que
por el contrario cuentan con
poblaciones envejecidas y
altamente calificadas que ya no
quieren realizar esos trabajos.
Pero, sobre todo, se trata de
una razón económica, son "más
baratos" que trabajadores
equivalentes de la propia
población, y lo son, justamente
porque tienen menos derechos o
simplemente no tienen derechos.
Así, razones de "competitividad"
y "rentabilidad" mantienen la
esquizofrenia perversa de un
discurso anti inmigrante, pero
con una práctica que de hecho
necesita y cuenta con ellos,
sólo que "abaratados", sin
derechos, des-ciudadanizados.
De un golpe, se borra con el
codo de la real voluntad
política las declaraciones
hechas con la mano de los
discursos de buena crianza, por
los cuales Italia se había
comprometido públicamente a
"proteger y fomentar las
remesas", proponiendo incluso al
G-8, en el 2009, el objetivo
"5X5", para reducir en 5 años un
5% del costo de los envíos, uno
de esos programas de "moda" que
cuentan con el apoyo del Banco
Mundial y deslumbran en boca de
agencias de cooperación y
entidades internacionales, y que
ya vemos donde ha llegado.
¿Y el Perú?
Pero los Estados de salida
también juegan su parte. Muchos
de ellos han hecho de la
"exportación de mano de obra
barata" un indicador
imprescindible, aunque
metódicamente silenciado, de sus
desempeños económicos
"exitosos". Renunciando a su
obligación de garantizar
derechos y asumiendo una visión
mercantilista de estos no
ciudadanos o menos ciudadanos.
El Perú, por ejemplo.
Precisamente, según cifras
oficiales de Italia, Perú está
en el séptimo lugar en la lista
de los 15 que más montos de
remesas reciben desde ese país,
con 191 millones de euros
anuales. El año pasado los
emigrados peruanos enviaron a su
país más de 2.500 millones de
dólares, elevando la calidad de
vida de más de 700 mil hogares y
casi 3 millones de familiares
que viven en Perú, al tiempo que
aportaban no menos de 300
millones de dólares directamente
al fisco por pago de IGV. Sus
remesas equivalen a la mitad de
la Inversión extranjera directa,
y a su totalidad, si se le
descuentan utilidades. Colombia
cuenta con un impuesto de 0.4%
para la recepción de remesas y
el Perú incluye a las remesas en
el pago del ITF que supera al de
Colombia con un 0.7%. Pero no
sólo eso, los emigrados son
también la mitad de los turistas
que recibe el Perú y pagan con
las tarifas de trámites el 56%
de los sueldos y gastos de los
servicios consulares que deben
usar, absolutamente
insuficientes, como lo ha
reconocido el propio Ministerio
de Relaciones Exteriores y todas
las entidades especializadas
públicas y civiles. Y todo eso
sin contar con el aporte que
representa el hecho de al menos
1 millón de empleos y 2 millones
de usuarios de servicios
sociales a los que el Estado
peruano simplemente les negó la
garantía de esos derechos y
debieron buscárselos por sí
mismos en otros países.
Sin embargo, todavía encima de
todo, hay a quienes todo esto
les parece poco. Y además les
quieren hacer cargar con la
responsabilidad por el
"desarrollo" de sus localidades
de origen. Desconociendo o
restando relevancia a sus
aportes, hechos con sacrificios
enormes de sus derechos humanos,
y a los indicadores antes
mencionados, se habla de que sus
remesas "no serían productivas"
y que son "co-responsables" del
empleo y el desarrollo que el
Estado ha sido incapaz de
garantizar en sus localidades de
origen. Es la renuncia explícita
y flagrante a la obligación del
Estado a garantizar derechos.
Sobre este enfoque ideológico,
en los últimos 10 años, la
política del Estado peruano
hacia sus emigrados ha tenido
como pilar una visión
mercantilista en que se concibe
a sí mismo como "mediador" entre
el emigrado y los negocios
privados que, mediante la
obtención de ganancia,
transforman al emigrado en
"cliente" que mediante pago
puede acceder a productos como
"seguros de remesas", "créditos
productivos", "cursos de
capacitación", etc. En Perú
existe un "exitoso" programa en
que entidades de micro finanzas
prestan créditos a los que
reciben remesas con dineros que
a una tasa preferencial les
presta el Banco de la Nación,
para que a su vez estas
entidades presten a los
receptores de remesas, sin
embargo, no existen estudios ni
informes de los sobre costos que
implica que el Banco de la
Nación, en vez de prestar ese
dinero directamente a los
receptores de remesas, financie
a tasas preferenciales las
prestaciones de créditos, a
través de entidades privadas
intermediarias que obtienen una
utilidad adicional que encarece
todo el proceso.
Para el emigrado que no puede
pagar, prácticamente nada, un
"Fondo de Ayuda Humanitaria" con
80 centavos de sol (menos de 1
sol) al año para cada emigrado.
Una Ley de incentivos
migratorios para el retorno que
sólo se otorga a quienes han
sido "exitosos" y pueden a su
regreso montar negocios o ganar
salarios altos aportando al
Estado. En tres años, 2007 a
2009, ha beneficiado a 385
retornados de 76.501. En fin,
baste dejar que este paradigma
ideológico hable por la boca de
un ex congresista y actual
parlamentario andino, con
expresiones que ahorran todo
comentario: "Es importante
motivar el retorno del migrante,
sea momentáneo o permanente,
pues en ambos casos genera
ingresos para el país…" (Tapia,
Hildebrando, 2011, p. 63).
Los Estados de Alabama y Arizona
en Estados Unidos criminalizan
la irregularidad y aumentan las
deportaciones de peruanos,
acelerando la tendencia
sostenida al incremento de las
mismas en los últimos 10 años,
afectando a 12.000 peruanos en
la última década. Y hay quienes
piensan que el Estado peruano,
como respuesta, debe proponerles
una réplica del programa de "co-desarrollo"
"3x1" mexicano, para que ellos,
los que están sufriendo
criminalización, persecución,
encarcelamiento y deportación,
asuman la obligación de poner un
dólar por cada 3 dólares que
ponga el Estado peruano en
proyectos para llevar desarrollo
a sus localidades de origen.
Mientras la realidad de los
sistemas migratorios muestran la
necesidad de co-responsabilidad
de todos los actores
involucrados para encontrar
soluciones sustentables y con
derechos a la crisis migratoria,
los Estados de salida y
residencia nos siguen mostrando
una feroz "co-irresponsabilidad",
una persistente visión
mercantilista y una dolorosa
negación de los derechos humanos
y ciudadanos de los migrantes,
convertidos mágicamente, por el
poder simbólico de la palabra
tecnocrática, de excluidos del
desarrollo y sus derechos, en
"culpables" y "co-responsables"
de los mismos. Es el "crimen
perfecto" neoliberal contra los
migrantes.
¿Será que la hegemonía
ideológica neoliberal ha sido
tan profunda que simplemente ya
no tiene cabida un enfoque de
derechos en la política pública
migratoria peruana? ¿O todavía
no es demasiado tarde para que
el Estado peruano asuma sus
obligaciones, los incluya como
ciudadanos, y garantice sus
legítimos e irrenunciables
derechos?
- Ricardo Jiménez, sociólogo por
la Universidad de Chile,
consultor de
redes internacionales
especializadas en migraciones y
de organizaciones
de migrantes.
Agencia Latinoamericana de
Información
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Gentileza:: Alai-AmLatina
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