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Daniel Ortega va por la
reelección y no cede ante la
presión de Washington
por Carlos
Aznárez
Resumen Latinoamericano
Aprovechando los festejos
del 32 aniversario del triunfo
contra la dictadura somocista,
el presidente nicaragüense
Daniel Ortega advirtió a los
Estados Unidos de que pondrá en
marcha todos los mecanismos para
lograr que Washington pague una
indemnización, que ya en 1986
ascendía a la suma de 17.000
millones de dólares,
-con los intereses la cifra
treparía a 56.000 millones-, por
haber sostenido "el accionar
terrorista" de la contra desde
el territorio hondureño. El dato
no es menor ya que el anuncio
obedece a un reclamo sostenido
de las bases rojinegras y se
hace en un año donde el líder
del FSLN marcha a toda máquina
por su reelección.
Daniel Ortega Ortega señaló ante
cientos de miles de sus
seguidores que gritaban
consignas anti-norteamericanas,
que para llevar adelante esta
iniciativa reparadora convocará
a un referendum popular, y si el
mismo logra apoyo, hará la
presentación ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ),
en La Haya. Este es el mismo
tribunal que en los años 80 ya
había fallado a favor de
Nicaragua, ordenando pagar a los
EEUU una suma indemnizatoria.
Como es de imaginar, el gobierno
estadounidense siempre desechó
la intimación, y hace pocos
días, el saliente embajador de
Washington en Managua, Robert
Callahan, expresó que "el
presidente Ortega sueña", ya que
no podrá haber ningún tipo de
pago, puesto que la ex
presidenta Violeta Chamorro
procedió, durante su mandato, a
renunciar a ese reclamo.
Vale recordar que en junio de
1986 fue esa misma Corte la que
condenó la agresión de la contra
nicaragüense, financiada,
entrenada y equipada por los
EEUU, y que atacaban
sistemáticamente desde sus
campamentos en Honduras,
destruyendo con explosivos
diversas instalaciones del
gobierno revolucionario. También
asesinaron jóvenes
alfabetizadores, incendiaron
plantaciones y sembradíos de los
campesinos, secuestraron a
varias personas y generaron
durante un largo período un
clima de terror y violencia.
Para la militancia sandinista,
el reclamo que hoy hace Ortega
es muy sensible, puesto que la
presión norteamericana contra la
actual administración se sigue
dando de mil formas diferentes.
De hecho, hace muy pocas horas
se conoció una decisión del
Comité de Relaciones Exteriores
del Congreso estadounidense por
la que se propone eliminar gran
parte de la ayuda exterior a
varios países latinoamericanos
(entre ellos, Nicaragua,
Venezuela, Argentina, Ecuador y
Bolivia) que "no apoyan los
ideales de la libertad". Esta
embestida es similar a la
llevada a cabo por EEUU hace dos
años cuando puso en marcha un
programa por el cual canceló
parte de la ayuda económica que
otorgaba al país, como castigo
"ejemplarizador" por lo que
Washington consideraba "grandes
irregularidades" en las
elecciones municipales de 2008,
ganadas ampliamente por el
sandinismo.
Indudablemente, para los
asesores del Presidente Obama,
el gobierno de Daniel Ortega es
un objetivo a desestabilizar de
cara a las elecciones
presidenciales de noviembre. No
se le perdonan logros
fundamentales en política
interior, como ser recuperar
paulatinamente la función del
Estado como rector de las
políticas económicas, o los
estandartes del Gobierno, como
la gratuidad de la educación, la
victoria contra el
analfabetismo, el mejoramiento
sostenido de los planes de salud
comunitaria y un notorio
crecimiento de los programas
sociales, con los que ha
duplicado el apoyo de las capas
más humildes y de la clase media
y media-baja de la población.
Tampoco fueron del gusto de EEUU,
las actitudes desafiantes
llevada a cabo por Ortega en
temas de política exterior, como
es el constante fogonear, junto
a Venezuela y Cuba, de la
propuesta del ALBA, el apoyo
explícito al líder libio Gadafi
o el haber sido uno de los pocos
países de la región que se
ofreció para otorgar refugio
politico a las sobrevivientes
del bombardeo del campamento del
guerrillero colombiano Raúl
Reyes. En ese momento, Ortega
condenó los hechos, acusó al
gobierno de Alvaro Uribe de
"terrorista de Estado" y dio
protección a las colombianas
Martha Pérez Gutiérrez y Doris
Bohórquez, y luego recibió con
todos los honores a la mexicana
Lucía Moret, que resultó herida
en el ataque aéreo. Para
Washington esa definición
significó darle oxigeno a las
FARC, y de allí a pedir la
cabeza del líder sandinista (por
lo menos simbólicamente)
mediaron muy pocos pasos.
De cara a noviembre, la política
exterior norteamericana vió con
beneplácito la proclamación de
un candidato que ya fue
presidente, el titular del
Partido Liberal
Constitucionalista, Arnoldo
Aleman, quien en esta ocasión
marcha en alianza con el Partido
Conservador. El PLC tiene una
maquinaria electoral nada
despreciable y sobre todo cuenta
con mucho dinero para invertir
en ganar voluntades para lo que
queda de aquí a noviembre. El
propio Aleman se apresuró a
señalar que su apuesta "es
imparable, hasta desalojar del
gobierno a la dupla
Ortega-Murillo" y agregar: que
"en Nicaragua la palabre
imposible no existe".
A Daniel Ortega, estas
advertencias no parecen
preocuparle: encabeza todas las
encuestas, incluidas las de la
oposición. En algunas de ellas
obtiene mayoría absoluta, y eso
es lo que genera rabietas en los
opositores, que acusan al líder
Sandinista de "demagogia" y
"abuso de poder".
Para dar más particularidad al
actual momento nicaragüense
basta observar que la embajada
norteamericana carece de
embajador. Esto que en otros
países podría resultar un alivio
de cara al injerencismo
electoral que suele generar
dicha delegación diplomática, en
Nicaragua está visto como un
sabotaje más del anti-sandinismo.
A fines de junio, dejó el puesto
Robert Callahan, y aún no se ha
confirmado en el cargo al
reemplazante Jonathan Farrar,
debido a que varios
parlamentarios –republicanos y
demócratas- no le dan el aval,
como una forma de no convalidar
el proyecto reeleccionista de
Daniel Ortega.
Para el secretario de Relaciones
Internacionales del FSLN,
Jacinto Suárez, "hay una mafia
cubano-norteamericana que actúa
contra Nicaragua". Su discurso
es sostenido por recientes
informes de Wikileaks que dan
cuenta que durante todo su
mandato, el ex embajador
Callahan no cesó de enviar
informes desestabilizadores,
acusando al presidente Ortega de
"nepotista" y "dictatorial",
además de repetir que "Ortega no
respeta la libertad de prensa",
una consigna que es muy común
por estos días para atacar a los
gobiernos progresistas de la
región.
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