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Minas y autopistas:
neoporfirismo devastador
Carlos
González García
Ojarasca
El régimen porfiriano
impulsó en nuestro país un
capitalismo salvaje que prohijó
permanentes campañas de
exterminio indígena, el despojo
a gran escala de los territorios
comunales, la esclavitud masiva
de seres humanos, principalmente
pertenecientes a los pueblos
maya, yaqui y mayo, así como la
desaparición de un número
indeterminado de naciones
originarias. En el México de hoy
no es una dictadura militar,
sino una partidocracia corrupta
y funcional a los intereses del
capitalismo neoliberal, la que
promueve el exterminio acelerado
de las naciones indígenas y las
poblaciones campesinas.
En el México de Díaz la red
ferroviaria, que entre 1880 y
1910 fue ampliada de mil 74
kilómetros a 24 mil 681
kilómetros; la minería, que en
ese mismo periodo tuvo una
abrupta expansión apoyada en las
inversiones extranjeras así como
las haciendas y las compañías
propietarias de tierras (mismas
que para 1910 se habían
apropiado de 167 millones 968
mil 814 hectáreas del territorio
nacional) fueron la base de la
naciente economía capitalista.
Esta pujante base económica
apoyó su crecimiento, sobre
todo, en el gigantesco despojo
de tierras comunales que, a su
vez, tuvo sustento en las leyes
agrarias liberales de la segundo
mitad del siglo XIX y en la
naturaleza represiva de un
régimen político vertebrado en
torno al Ejército federal, los
rurales, los jefes políticos
locales y la Acordada.
En el México de Calderón las
autopistas y carreteras, junto
con la minería rapaz, las
grandes plantaciones
transnacionales y los proyectos
turísticos, hidráulicos e
inmobiliarios, son las nuevas
vías para el despojo de las
tierras pertenecientes a los
pueblos indígenas y a las
comunidades campesinas.
Ciertamente, a diferencia del
antiguo régimen porfirista, la
dupla
militarización/narcotráfico es
un arma represiva aún más
sofisticada que la representada
por federales y rurales. Las
viejas campañas de exterminio en
contra de yaquis y mayas no
tienen parangón con el negocio
que representa la llamada guerra
contra el narcotráfico.
Esta nueva guerra capitalista de
ocupación, saqueo y despojo
inició formalmente en 1992 con
la reforma del artículo 27
constitucional, la derogación de
la Ley Federal de Reforma
Agraria y la aprobación de
nuevas leyes en materia agraria,
forestal y de aguas nacionales.
Dicha contrarreforma se
profundizó con la firma del TLC
en 1994, la aprobación de la
reforma constitucional
indigenista en 2001 y, después
de ello, la modificación y
aprobación de leyes en materia
de bosques, aguas, semillas,
minería, bienes nacionales,
conocimiento tradicional y
biodiversidad.
Como en su momento lo fueron los
ferrocarriles, hoy en día la
construcción y modernización de
la red carretera constituye una
piedra angular del proyecto
neoliberal; las estadísticas son
contundentes: entre los años
2000 y 2006 se ampliaron o
modernizaron 3 mil 817
kilómetros de carreteras
federales, mientras que para el
año 2012 el ejecutivo federal
pretende haber modernizado o
ampliado 21 mil kilómetros de la
red carretera nacional,
incluyendo la terminación de 100
proyectos carreteros completos
en tan sólo 6 años.
Esta nueva guerra capitalista de
ocupación, saqueo y despojo
inició formalmente en 1992 con
la reforma del artículo 27
constitucional, la derogación de
la Ley Federal de Reforma
Agraria y la aprobación de
nuevas leyes en materia agraria,
forestal y de aguas nacionales
Muchas de estas carreteras y
autopistas están pasando,
literalmente, por encima de
comunidades enteras con el fin
de trasladar mercancías, extraer
recursos naturales localizados
en dichas comunidades o
incorporar las tierras de las
mismas a la especulación
inmobiliaria con fines de
urbanización o turísticos; tal
es el caso de los corredores
transversales del Altiplano y
Acapulco-Veracruz o de los
libramientos Naucalpan-Toluca,
Toluca-Ixtapan de la Sal y
Toluca-Cuernavaca
correspondientes al Circuito
Exterior Mexiquense; igualmente
pasa con la red carretera para
el Nayar, el proyectado Arco Sur
en la zona rural del Distrito
Federal, el ramal
Manzanillo-Lázaro Cárdenas del
corredor transversal
Manzanillo-Tampico y el corredor
longitudinal Peninsular de
Yucatán de gran impacto regional
en Chiapas, Tabasco, Campeche y
Quintana Roo.
La expansión minera
transnacional desatada a partir
de las reformas a la Ley de
Inversión Extranjera y a Ley
Minera no cesa; en los últimos
seis años el valor a precios
corrientes de la producción de
la minería mexicana ampliada, en
contraste con el resto de la
economía, no ha dejado de
crecer, habiendo alcanzado en
2009 un monto total de 119 mil
600 millones de pesos. De
acuerdo a datos contenidos en el
quinto Informe del Presidente
sobre el sector minero, entre
enero y junio de 2011 la
administración federal expidió
463 nuevas concesiones mineras
que amparan una superficie de 1
millón 60 mil hectáreas en
diversos estados del país, cifra
que se agrega a las más de 20
millones de hectáreas
actualmente concesionadas para
actividades extractivas
minerales.
En el caso de los territorios
indígenas es enorme la presión
de empresas mineras, casi todas
extranjeras, buscando oro,
plata, hierro y un sinfín de
minerales metálicos y no
metálicos que se han vuelto tan
valiosos como escasos en un
mundo depredado por tantos
siglos de capitalismo. En
diversas comunidades de la
Montaña guerrerense y del sur
del estado de Oaxaca empresas
mineras canadienses, como
Fortuna Silver Mine en San José
del Progreso, se han establecido
o buscan establecerse para
explotar las ricas minas de oro,
plata y hierro de la región. Lo
mismo ocurre en la región de la
Cañada oaxaqueña donde empresas
igualmente canadienses como
Almaden Minerals LTD han
obtenido numerosas concesiones
mineras encaminadas a la
explotación de aluminio, oro y
uranio. En Chiapas diversas
empresas extranjeras se han
dedicado en los últimos años a
la explotación de oro a cielo
abierto utilizando técnicas
altamente peligrosas que están
prohibidas en los países de
origen de dichas compañías como
es el caso de la canadiense
Blackfire en Chicomuselo.
En el occidente mexicano,
específicamente en los enclaves
nahuas de la Sierra de Manantlán,
Jalisco, y de la costa-sierra de
Michoacán, la presión de los
principales monopolios del
hierro y el acero a nivel
mundial —Ternium y Mittal
Steelasí como el surgimiento de
decenas de coyotes mineros y la
presencia de algunas empresas
chinas, ha provocado la
proliferación de decenas de
minas, grandes, pequeñas y
medianas, que, sin cubrir los
requisitos legales
indispensables, están
destruyendo impunemente las
tierras de Ayotitlán (Jalisco),
Pómaro y Aquila (Michoacán).
Finalmente, especial mención
merece el caso de Virikuta en
Real de Catorce, San Luís
Potosí, lugar sagrado del pueblo
wixárika donde la empresa
canadiense Majestic Silver First
ha obtenido 22 concesiones
mineras que suman 6 mil 326
hectáreas y que ponen en riesgo
la existencia misma de los
wixáritari.
Un último cuadro de horror: en
muchos de estos lugares donde el
saqueo y la explotación
capitalista alcanzan escalas
grandiosas, como es el caso de
los invernaderos y plantaciones
extensivas que inundan el centro
y occidente del país, la
presencia del narcotráfico es
contundente, ya sea para
invertir, ya para atemorizar y
reprimir.
Gentileza:: Raúl Wiener
[raulwiener@yahoo.com.ar]
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