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Panamá: La privatización del
sector público
Marco A.
Gandásegui h.
ALAI AMLATINA
Los médicos panameños han
declarado un paro de labores con
fines solidarios y políticos
dirigido a frenar la avaricia
sin límites de los dueños del
país. Los grandes empresarios –
en el mejor espíritu neoliberal
– ahora quieren que todos los
bienes públicos sean
privatizados. La estrategia de
los empresarios es apropiarse
sin pagar un centavo – sin
riesgo alguno – de todos los
servicios públicos: Salud,
educación, seguridad social,
protección, vivienda, fuentes de
agua, el mar, las montañas,
calles y carreteras.
Todo lo que rinda una ganancia
para los que se creen dueños del
país en detrimento de los
trabajadores y capas medias.
Los empresarios, quienes ya son
dueños de los servicios, del
comercio y de los negocios
especulativos - tanto legales
como ilegales – quieren aprobar
el proyecto de ley Nº 349 de
Asociaciones Público-Privadas.
En otras palabras, una ley que
privatiza el sector público.
Pero la trampa es aún más
grande. Quieren privatizar todos
los bienes de la república pero
con la garantía de que si les va
mal todos los panameños
(nuestros impuestos) pagan sus
pérdidas, incluso las ganancias
previstas. Si les va bien, los
propietarios se llevan todas las
ganancias, sin pagar impuestos.
En muchos países que aplicaron
políticas neoliberales
recientemente la experiencia ha
sido un fracaso. Actualmente, en
Chile hay un movimiento social
encabezado por los estudiantes
para que les devuelvan el
sistema educativo a la sociedad.
Fue privatizada hace 20 años y
sólo ha creado problemas
sociales y una educación
mediocre. En México y Perú la
situación es muy parecida.
Ahora en Panamá se quiere ir por
el viejo camino equivocado.
¿Porqué? La respuesta es
sencilla: Es una manera fácil y
rápida para que los
especuladores se hagan ricos a
costilla de los panameños. Van a
arruinar el sistema educativo,
acabar con el sector que presta
servicios de salud y,
probablemente, vendan el Canal
de Panamá. Puede significar un
negocio de varios miles de
millones de dólares que
beneficie a unos pocos
especuladores.
Es una trampa a la vista. El
gobierno del presidente Ricardo
Martinelli no quiere que la
iniciativa se presente al
público. En la Asamblea, los
diputados de los partidos
políticos de gobierno y
oposición aplauden la iniciativa
ya que ambas bancadas están
comprometidas con las políticas
neoliberales, en quiebra en todo
el mundo. Quieren que sigamos
por el camino de México, Grecia
y EEUU que tienen movimientos de
protesta social a lo largo y
ancho de continentes enteros.
En Colombia el analista Eduardo
Sarmiento, quien escribe en el
muy conservador diario de
Bogotá, El Espectador, describió
el asalto del erario publico en
los siguientes términos: "Se
presumía que la gestión privada
contribuiría a aumentar la
eficiencia de las actividades y
reducir el tamaño del Estado.
Luego de dos décadas, el
experimento ha puesto a varias
empresas privadas cerca de la
quiebra y ha significado enormes
subsidios (por parte) del
Estado".
Según Sarmiento, "la idea era
muy simple. El lucro individual
induciría a las empresas a
ampliar la actividad y la
competencia las obligaría a
transformar sus ingresos en
servicios efectivos. Como era
perfectamente previsible, por
tratarse de actividades
necesarias, las entidades
adquirieron un claro poder
monopólico que las lleva a una
actitud muy distinta".
Como consecuencia "las empresas
de salud conceden los mínimos
servicios posibles. Gran parte
de los servicios especializados
se obtienen con tutelas basadas
en la universalidad de la salud.
Los fondos privados entregan la
tercera parte de los beneficios
que ofrecen en las campañas de
publicidad y no le aseguran la
pensión mínima a la mayoría de
los cotizantes".
En el caso de las construcciones
escolares "los contratistas
modifican los requisitos
técnicos de la obra e, incluso,
incrementan el monto que sirvió
de base para adjudicarlo. La
constante es que el valor y los
períodos de entrega de los
proyectos resultan en el doble
de lo estipulado".
Según Sarmiento, "no han faltado
la complicidad y la permisividad
oficial. El fracaso de las
entidades privadas en los
grandes proyectos y actividades
lleva muchas veces a los
gobiernos a asumir las pérdidas.
El presupuesto está plagado de
partidas para cubrir subsidios,
sobre-costos y pirámides de las
entidades privadas".
Lo mas peligroso es que los
defensores de estas empresas
especulativas trabajan con una "biblia"
en la mano que llaman la
ideología neoliberal.
No son economistas y desconocen
las mínimas reglas de
administración de empresas. "Los
autores y defensores de las
privatizaciones se resisten a
aceptar el error conceptual e
insisten en profundizar el
fracaso", dice Sarmiento. Con la
ley que somete los intereses
públicos al despilfarro privado,
"se configuró una maraña de
instituciones orientadas a
obtener la máxima ganancia,
favorecer a los sectores altos
(especuladores) y trasladar las
pérdidas a los contribuyentes".
La conclusión de Sarmiento se
puede aplicar a Panamá: Si se
aprueba la ley de Asociaciones
Público-Privadas, contribuirá a
crear mas desempleo, aumentará
la pobreza y provocará una
desigualdad mayor en la
distribución del ingreso.
Panamá, 27 de octubre de 2011.
- Marco A. Gandásegui, hijo, es
Profesor en la Universidad de
Panamá e
investigador asociado del CELA
www.salacela.net
-
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