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Con Bush o con Obama los
planes de Estados Unidos para
Latinoamérica siguen invariables
por
Orsetta Bellani*
CIEPAC *
Adital
Los imperios que se han
sucedido en el transcurso de la
historia humana nos enseñan que
militarizar un territorio
significa no sólo garantizarse
el dominio político sobre
aquella región, sino también
ganarse la gestión de sus
recursos naturales.
A partir del principio del nuevo
milenio el imperio
estadounidense ha ideado una
nueva estrategia para imponer su
control sobre el "patio trasero"
latinoamericano, saciando
simultáneamente los intereses
económicos de las grandes
empresas y los planes
expansionistas de su élite
política. Este plan permite la
militarización directa de un
territorio sin los cotidianos
derramamientos de sangre que
ocurren en Irak y Afganistán,
los que causan a los Estados
Unidos aburridas polémicas
internacionales y severos daños
de imagen. La militarización hoy
es llevada adelante sea por
costosas y sangrientas guerras,
sea por la limpia redacción de
tratados de cooperación
bilateral.
Para estipular un tratado de
este tipo - que, además del
envío de equipos militares y el
despliegue de soldados a lo
largo de las calles de todo el
país, implica la presencia de
contingentes extranjeros dentro
de los mismos confines
nacionales - es necesaria la
presencia de una amenaza
suficientemente espantosa para
motivar frente a la opinión
pública una medida de este tipo,
así abiertamente injuriosa del
principio de soberanía nacional
tan querido en el derecho
internacional.
El "enemigo interior" que
amenaza el área incluida entre
la frontera meridional de los
Estados Unidos y aquella
meridional colombiana se ha
encontrado en el narcotráfico.
La elección encuentra su
legitimación en la guerra entre
bandas atadas al narcotráfico
que está ensangrentando las
calles de toda la región: en
México en el 2008 se registró un
número de ejecuciones seis veces
superior con respecto al
promedio de lo que se registra
durante una guerra civil.
El narcotráfico crea además un
problema de seguridad interna a
los Estados Unidos bastante
grave al permitir al gobierno
justificar a la opinión pública
estadounidense inversiones de
miles de millones de dólares a
favor de ejércitos y cuerpos de
policía extranjeros. El temor de
que las guerras entre los
carteles atados al narcotráfico
puedan superar la frontera sur
es en efecto muy fuerte(1), y el
daño social que el consumo de
drogas está creando en los
Estados Unidos - primer mercado
mundial en el consumo de
estupefacientes - es
indudablemente preocupante.
Es evidente que un tratado de
este tipo - perfecto ejemplo del
"smart power" estadounidense
particularmente en boga a partir
de la llegada a la Casa Blanca
del diplomático Obama - puede
ser celebrado sólo con un
gobierno amigo. Por esto los
Estados Unidos han elegido a dos
confiables aliados
latinoamericanos: la Colombia
del fiel Uribe y el México del
amigo Calderón.
Plan Colombia: ¿filantropía
estadounidense o protección de
los intereses del imperio?
El Plan Colombia es un acuerdo
entre Colombia y Estados Unidos
elaborado a fines de los años
`90 y promovido por sus
defensores como una herramienta
capaz de incidir en las causas
estructurales del narcotráfico.
El plan no prevé en realidad una
estrategia capaz de reducir la
demanda de droga: el 80% de los
550 millones de dólares que
recibe anualmente de los Estados
Unidos es dedicado al sector
militar.
Con motivo de los éxitos
continuos que las guerrillas
colombianas registraban a costa
del ejército regular a fines de
los `90, el comandante del
ejército estadounidense Charles
Wilhem declaró que si no se
hacía algo para cambiar la
situación, las FARC ganarían la
guerra(2). La crisis que el
ejército colombiano registró en
aquellos años fue un pretexto
que permitió a los Estados
Unidos asegurarse la injerencia
en el país: la superpotencia
decidió en efecto "cooperar" con
el ejército colombiano
facilitándole equipo militar y
el adiestramiento de miles de
militares en operaciones
antinarcos, antiterrorismo y
antisecuestro.
Más que un plan de
contrainsurgencia o lucha contra
el narcotráfico, el Plan
Colombia es una manera de
garantizar la presencia militar
en un país sumamente
estratégico. A partir de la
aprobación del Plan Marshall,
los EEUU se aseguraron varias
veces sus intereses en una
determinada área del planeta por
actos aparentemente
filantrópicos como la donación
de ayudas. Una "donación" tan
ingente a favor de un país no
puede en efecto ser
desinteresada.
La ley estadounidense que aprobó
el apoyo financiero al Plan
Colombia, a la vez que declara
que su objetivo es "reducir las
causas de la violencia, de modo
progresivo y sistemático,
reforzando la participación
civil y la conciencia
colectiva", prevé la necesidad
de "insistir para que el
gobierno colombiano complete las
reformas urgentes de apertura
total de su economía para las
inversiones y el comercio
extranjero, en particular para
la industria petrolífera". Abrir
la economía colombiana significa
permitir que las grandes
empresas estadounidenses
inviertan en el país, y exploten
los ricos recursos naturales de
Colombia.
Gracias al Plan Colombia los
Estados Unidos logran tener
presencia militar directa en el
país: el programa prevé en
efecto que EEUU pueda enviar a
Colombia hasta 500 militares y
300 civiles, y que los ejércitos
de los dos países puedan
realizar operativos conjuntos.
En el 2007 fueron
desclasificados documentos del
Departamento de Estado
estadounidense que revelan que
la mitad de los fondos
destinados al Plan Colombia se
destinaron a 31 contratistas
privados estadounidenses.
Estas empresas obran como
mercenarios dentro del país,
adiestrando y maniobrando la
Policía Nacional colombiana, las
fuerzas armadas y hasta los
servicios secretos(3): de este
modo los Estados Unidos pueden
manipular las fuerzas de
seguridad colombianas, a la vez
que impulsan más pedidos para su
industria bélica. Por lo tanto
el dinero del Plan Colombia,
aunque destinado a los cuerpos
de seguridad colombianos, de
hecho no sale de los Estados
Unidos.
A mediados de 2009 se anunció la
negociación de un nuevo acuerdo
entre el gobierno estadounidense
y el colombiano. El acuerdo
contempla un aumento de las
actividades militares de
Washington en Colombia a fin de
realizar operativos de
contrainsurgencia, a pesar de
que Uribe sigue insistiendo que
las FARC pronto colapsarán(4).
Unos 800 soldados
estadounidenses y 600 civiles
ligados a actividades de tipo
militar podrán ser trasladados a
siete diferentes bases del país
suramericano.
Los gobiernos latinoamericanos -
a excepción de Perú y México que
apoyan la iniciativa y de Chile
y Paraguay que han adoptado una
posición neutral - han condenado
enérgicamente el plan de
militarización estadounidense,
el cual podrá tener
consecuencias desestabilizadoras
en una región donde la tensión
ya es muy alta, en particular a
causa del bombardeo de un
campamento de las FARC en
territorio ecuatoriano de parte
de Bogotá.
Plan México: retórica sobre los
derechos humanos y control de
los movimientos sociales.
El Plan México, o Iniciativa
Mérida, ha sido presentado como
un acuerdo que prevé inversiones
de parte de los Estados Unidos
en México y en los países
centroamericanos. A
Centroamérica se destinan hasta
ahora 170 millones de dólares, y
a México unos 700 millones para
reforzar la lucha contra el
narcotráfico. Los fondos son
para consolidar las fuerzas de
seguridad mexicanas y
centroamericanas mediante la
entrega de grandes cantidades de
armamentos y de programas de
adiestramiento.
A causa de las numerosas
violaciones de los derechos
humanos cometidas por las
fuerzas de seguridad mexicanas,
el Congreso estadounidense
expresó el temor que un refuerzo
suyo pudiera producir más
episodios de violencia. El
primer borrador del proyecto de
ley para financiar el Plan
México estipuló que los Estados
Unidos podrían condicionar la
erogación de una parte de los
fondos a la certificación del
Departamento de Estado de que
las fuerzas de seguridad
mexicanas están respetando los
derechos humanos. Montados en
una inverosímil cólera
nacionalista por el empleo del
término "certificación", el
Congreso y el gobierno mexicano
rechazaron el proyecto de ley.
Con una simple modificación de
lenguaje, demostrando que el
problema era principalmente de
tipo semántico, el Congreso
estadounidense borró la palabra
"certificación" y condicionó la
entrega del 15% de los fondos
previstos por el Plan México a
criterios de transparencia en
materia de derechos humanos(5).
Los Estados Unidos por lo tanto
- los mayores exportadores de
democracia y derechos humanos
del mundo - han establecido a
través de un acto de sutil pero
evidente hipocresía que, también
en el caso en que sean
documentadas violaciones de los
derechos humanos de parte de las
autoridades mexicanas, éstas
podrán gozar del 85% de los
1.100 millones de dólares
previstos por el plan.
A pesar de que ONGs mexicanas y
estadounidenses solicitaron el
congelamiento de por lo menos
aquel 15% de los fondos, el 20
de agosto de 2009 los Estados
Unidos anunciaron la liberación
completa de los fondos para el
Plan México. Miles de millones
de dólares están fluyendo hacia
las fuerzas de seguridad
mexicanas, no obstante que la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos recibió, sólo en el
pasado año, 1.230 denuncias por
abusos y tortura, un aumento del
600% con respecto a los tres
años anteriores(6).
La violencia del ejército
mexicano no apunta sólo a los
narcotraficantes. Como en
Colombia, la militarización en
México ha permitido a las
autoridades estrechar la
vigilancia sobre los movimientos
sociales. El despliegue del
ejército en las calles permite
al gobierno controlar a la
sociedad civil, esencial para
mantener el status quo en un
país que ya cuenta con exitosas
experiencias de autonomía
(siendo los zapatistas sólo un
ejemplo) y donde en el 2010 -
bicentenario de la independencia
mexicana y centenario de la
revolución - son muchas las
esperanzas de una nueva
insurrección(7).
Conclusiones: militarización
como creación de un espacio
vital.
La administración Bush comenzó a
hablar de la necesidad de una
iniciativa para la seguridad de
Norteamérica en marzo de 2005,
durante las negociaciones que
llevaron al nacimiento de la
Alianza para la Seguridad y la
Prosperidad de América del Norte
(ASPAN). "El ASPAN considera a
América del Norte como un
espacio económico compartido",
afirmó Thomas Shannon,
subsecretario de Asuntos del
Hemisferio Occidental del
Departamento de Estado
estadounidense. "Como espacio
económico compartido necesitamos
protegerlo, y es necesario
entender que no tenemos que
protegerlo sólo en nuestras
fronteras interiores, sino que
tiene que ser protegido
ampliamente en toda América del
Norte". Uno de los objetivos del
ASPAN es crear un "perímetro de
seguridad" para proteger los
Estados Unidos de las amenazas
externas, noción que recuerda
mucho el "espacio vital" que la
Alemania nazi quiso crear
alrededor de sí.
"En cierto sentido", añadió
Shannon, "estamos armando el
TLCAN(8)". Armar un tratado de
libre comercio significa
asegurarse que ninguna fuerza de
oposición - interna o externa al
área de librecambio - pueda
poner en discusión su
funcionamiento.
El Plan México se presenta por
lo tanto como brazo armado del
ASPAN, pero también como
guardián del Proyecto
Mesoamérica. Este, anunciado
justo durante el debate sobre el
Plan México, representa la
versión militarizada del Plan
Puebla Panamá: el Proyecto
Mesoamérica pretende en efecto
que el "perímetro de seguridad"
de los EEUU llegue hasta Panamá,
de modo tal que quede protegido
el país Norteamericano.
Esta área de seguridad es
necesaria para proteger los
Estados Unidos de la amenaza que
representan las experiencias
izquierdistas de Sur América, en
particular del contagioso
"socialismo bolivarista" de Hugo
Chávez. El proyecto de
militarización de Colombia y
México es por tanto parte de una
estrategia de amplia expansión
de la geopolítica
estadounidense: conquistar una
mayor vigilancia sobre sus
mismos confines y el control de
América Latina. Podemos
interpretar que el aumento de
los fondos que los Estados
Unidos ponen a disposición de
grupos reaccionarios en países
como Bolivia es para frenar la
consolidación de modelos
alternativos al capitalismo
norteamericano(9). En esta
lógica se entiende el apoyo que
la derecha ultraconservadora
estadounidense ha ofrecido al
golpe ocurrido en junio de 2009
en Honduras, por el "pecado" del
gobierno de Zelaya de adherirse
a la Alternativa Bolivariana por
las Américas.
Durante una entrevista en un
programa televisivo hondureño,
el general golpista Miguel Ángel
García Padgett afirmó con
preocupación: "Nuestro país es
parte de un plan general, el
Plan Caracas, cuyo objetivo es
llegar hasta el corazón de
Estados Unidos, nuestro país es
un objetivo intermedio.
Honduras, sus fuerzas armadas,
pararon ese plan de llevar hasta
el corazón de Estados Unidos un
socialismo, un comunismo, un
chavismo disfrazado de
democracia(10)". Golpeados de
una repentina nostalgia de los
años `70, los Estados Unidos
desempolvan hoy una vieja
estrategia: el apoyo a un grupo
de golpistas latinoamericanos
contra una presunta amenaza
comunista.
Notas:
1. Proceso, 24 marzo 2009. Jesús
Esquivel, Por amenaza del narco,
EU blinda la frontera.
2. Antonio Navarro Wolf, El Plan
Colombia: Implicaciones para el
proceso de paz, Universidad
Nacional Autonoma de Mexico,
2002, pág. 14.
3. Eva Golinger, La ofensiva
imperial en América Latina se
evidencia en dólares. En
www.kaosenlared.net/noticia/ofensiva-imperial-americalatina-evidencia-dolares
4. La Jornada, 14 agosto 2009.
Raúl Zibechi, Imperio, bases y
acumulación por desposesión.
5. Proceso, mayo 2008 - agosto
2009.
6. La Jornada, 11 agosto 2009.
Victor Ballinas, Los abusos del
Ejército rutinariamente quedan
impunes, aclara HRW a Calderón.
7.
www.expresochiapas.com/noticias/recoletos/7066-la-tercera-guerra-intestina.html
8. Thomas Shannon, Discurso ante
el Consejo de las Américas, 3
abril 2008. En Laura Carlsen, Un
abecedario del Plan México.
www.ircamericas.org/esp/5251
9. Eva Golinger, La ofensiva
imperial en América Latina se
evidencia en dólares. En
www.kaosenlared.net/noticia/ofensiva-imperial-americalatina-evidencia-dolares
10. La Jornada, 5 agosto 2009.
Arturo Cano, Frenamos el plan
expansionista del socialismo:
militares hondureños.
* Centro
de Investigaciones Económicas y
Políticas de Acción Comunitariaa
Orsetta
Bellani* Cooperante de CIEPAC,
participa en la Asociación
italiana "Mani Tese".
Fuente:
08-octubre-2009 - num.577
Asociación Mani Tese, San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Boletin "Chiapas al Dia" No. 577
CIEPAC, CHIAPAS; MEXICO.
(08 de octubre de 2009)
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