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Estados Unidos y Holanda
buscan reformar sus dominios
caribeños
Jesús
Dávila
NCM
La revisión pautada para
octubre de este año de la
política de Estados Unidos y
Holanda para sus posesiones en
el Caribe navega por mar picado
infestado de tiburones por las
tensiones Washington-Caracas y
el reclamo del nuevo bloque
latinoamericano de que las
soluciones geopolíticas se basen
en el respeto al principio de la
"libre determinación de los
pueblos".
Por lo menos en el caso de
Puerto Rico, esos intentos de
revisión se topan con el
anexionismo perdiendo la
paciencia y el Partido Nuevo
Progresista haciendo expresiones
cada vez más estridentes contra
la Casa Blanca, el autonomismo
dividido en campos hostiles al
punto que no logra ocultar que
un sector trama la destrucción
del viejo Partido Popular
Democrático y el Partido
Independentista Puertorriqueño
tan recuperado del pasado
desastre electoral que logra
avances diplomáticos
significativos a nivel
continental.
Así las cosas, el presidente
Barack Obama y su comité de
trabajo, que esta semana tiene
una audiencia pública en San
Juan, no cuentan con muchos
simpatizantes para lo que sea
que intentan hacer con respecto
a esta nación caribeña de cuatro
millones de habitantes en su
territorio y colonia de EEUU
desde 1898. La noción
generalizada es que la Casa
Blanca lo que busca es aparentar
y prácticamente nadie aquí se
fija en la coincidencia de que
el informe del comité se debe
rendir en octubre, justo cuando
entrarán en vigor los cambios
para las islas holandesas.
Donde, por supuesto, el asunto
no pasa desapercibido es en
Washington y el Council of
Hemispheric Affairs (COHA)
publicó una extensa evaluación
de la disolución de las Antillas
Holandesas, en las que los
reclamos de "status aparte" han
llevado a que Curacao y St.
Marteen se conviertan en países
autónomos dentro del marco del
Reino de Holanda mientras que
Saba, St.
Eustaquio y Bonaire serán
integrados y reducidos a
municipios de la nación
metropolitana. El COHA tuvo en
cuenta también si será posible o
no que a la larga el proceso
termine en la independencia,
como ocurrió en 1975 con
Suriname.
En 1953, la Organización de
Naciones Unidas sacó a Puerto
Rico de la lista de posesiones
coloniales luego de que EEUU
implantara el régimen autonómico
denominado Estado Libre Asociado
y en 1954, Holanda proclamó
formalmente el final del período
colonial caribeño con el
establecimiento de las "Antillas
Holandesas".
Ambos arreglos han durado poco
más de medio siglo, entraron en
crisis y han sido objeto de
múltiples plebiscitos en los que
el régimen ha ido perdiendo
adeptos pero las mayorías
electorales han evadido la
independencia.
La obtención de ese
consentimiento en Puerto Rico
tuvo aspectos oscuros y desde el
año 2000, el Buró Federal de
Investigaciones ha estado
haciendo públicos dos millones
de folios sobre la vigilancia y
acecho a los independentistas
puertorriqueños durante décadas.
En estos días precisamente
circula el relato de
1978 en el que el entonces
gobernador Rafael Hernández
Colón explicó durante una
comparecencia ante la prensa
cómo participó en reuniones con
la Misión de Cuba en la ONU -con
conocimiento y participación del
Departamento de Estado de EEUU-
para tratar de descarrilar las
denuncias de la condición
colonial de Puerto Rico. En
aquellos años, el gobernador
autonomista estuvo dispuesto a
aceptar un proceso supervisado
por la ONU para una
transferencia parcial de poderes
aunque sobre la base de que en
1952 Puerto Rico se había
convertido en una "libre
asociación" y el problema era
que Washington no atendía más
reclamos autonómicos.
Hoy la situación es otra y entre
2005 y 2007 la Casa Blanca
elaboró una nueva política
pública en la que ha admitido
que Puerto Rico nunca dejó de
ser colonia -territorio en
nomenclatura estadounidense- y
que EEUU no puede negociar con
el Estado Libre Asociado.
Mientras tanto, la concesión del
status de "república asociada" a
islas en fideicomiso en el
Pacífico en los años ochenta,
dejó claro para autonomistas
como Hernández Colón que EEUU no
aceptaba un arreglo que
incluyera la "unión permanente"
y la ciudadanía estadounidense.
Desde entonces, el PPD se ha
limitado a buscar mejoras al ELA
y a finales de los noventa,
Hernández Colón propuso que el
futuro de Puerto Rico se
resolviera entre autonomistas y
anexionistas.
En consecuencia y luego de la
peor derrota electoral en la
historia del PPD, los "soberanistas"
han quedado arrinconados. Han
surgido como respuesta desde
entidades de educación política
como el "Instituto Soberanista"
hasta esfuerzos más o menos
disimulados por lograr que ese
sector logre retar a la jefatura
partidaria o provocar la
desaparición del PPD.
En el PIP, por su parte, logró
más que duplicar en peticiones
los votos obtenidos en los
pasados comicios, con lo que esa
pequeña formación política
efectúa una nueva avanzada
diplomática que ha logrado que
comiencen a circular mensajes
entre las cancillerías y
presidencias latinoamericanas
para impulsar como bloque el
reclamo independentista para
Puerto Rico.
La diplomacia del PIP encuentra
tierra fértil con la nueva
Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños,
cuya declaración aprobada en la
reunión celebrada en la Riviera
Maya de México en febrero,
proclama en el número 77 la
exigencia de que se respete el
derecho internacional. En el
número 80 dice que la solución
de los asuntos internacionales
se fundamente en el principio de
la autodeterminación de los
pueblos.
En la otra cara de la moneda, el
COHA destacó la creciente
presencia económica de Venezuela
en islas como Curacao, donde
EEUU tiene una presencia militar
cada vez más creciente y
estratégica. De igual forma, la
presencia venezolana en Puerto
Rico cada vez se hace sentir
más, lo que plantea un escenario
tenso en momentos en que Rusia
ha regresado por sus fueros a
marcar presencia en la región.
La otra pieza contradictoria es
que el anexionismo, con mayoría
absoluta desde los comicios de
2008, rompe también con la
imagen de incondicional a las
políticas estadounidenses.
Ejemplo de eso es la posición
dual del Gobierno de Puerto Rico
sobre la interconexión eléctrica
del Caribe, con el Secretario de
Estado Kenneth McClintock
respaldando públicamente el plan
avalado por Washington que
propiciaría que el gran
proveedor sea Colombia mientras
el Gobernador, Luis Fortuño,
insiste en la "independencia
energética" de Puerto Rico como
país exportador de electricidad.
Los roces Washington-San Juan
van desde a quejas por falta de
apoyo económico hasta
impaciencia por el problema de
la condición política. Ese
asunto cobró tintes duros en
días recientes cuando William
Laurido, un veterano de 30 años
en las fuerzas armadas de EEUU,
dijo ante una comisión
legislativa que los anexionistas
debían atacar la Casa Blanca "a
pedradas" o llevar a Washington
miles de militantes armados "por
lo menos con rifles de palo".
NCM-SJ-01-03-10-06
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