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Recorte a universidades:
gobierno sin visión
Editorial
de LA JORNADA
(México).-
El titular de la Secretaría
de Educación Pública (SEP),
Alonso Lujambio, anunció durante
una reunión de la Asociación
Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación
Superior, que el gobierno
federal aplicará un recorte
presupuestal de uno por ciento a
las universidades públicas en el
país para lo que resta de este
año, lo que representa un monto
de 800 millones de pesos. Tras
el anuncio, el funcionario
agregó que serán las propias
instituciones educativas las que
irán definiendo con su buen
juicio y criterio" los rubros
que se verán afectados por esta
disminución, a la que calificó
como "francamente menor y muy
pequeña, para garantizar que
(las universidades) sigan
operando sin ningún problema".
Por su parte, en el mismo
encuentro, el rector de la
Universidad Nacional Autónoma de
México –institución que verá
reducida su participación
presupuestal en más de 200
millones de pesos–, José Narro,
lamentó la determinación del
gobierno federal y advirtió que
"se ha perdido el interés por el
futuro".
Debe advertirse en primer lugar
que, contrario a lo que afirma
el titular de la SEP, el recorte
resulta por demás grave para las
universidades públicas, porque
en él no se cuantifica la
pérdida que a consecuencia de la
devaluación y la inflación han
sufrido ya los recursos
entregados a esas instituciones,
consideración que, por sí sola,
tendría que obligar a las
autoridades a realizar los
correspondientes ajustes al
alza. En ese sentido, el anuncio
de ayer es la profundización del
acoso financiero aplicado a las
universidades públicas en
décadas recientes y expresa a
cabalidad el desdén del que es
objeto la enseñanza superior
estatal a los ojos del modelo
neoliberal y privatizador que
aún prevalece en el país.
La presente crisis ha hecho
evidente la pertinencia y
necesidad de reactivar los
motores del desarrollo y la
economía interna. En México,
tales propósitos demandan el
empleo de recursos públicos en
el sector educativo, del que
depende la formación y la
capacitación de la población y,
con ello, el incremento en la
competitividad nacional. Cabe
señalar que la Organización de
las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO, por sus siglas
en inglés) advirtió
recientemente que elevar en un
grado la escolaridad de la
población de un país equivale a
elevar su producto interno bruto
en uno por ciento.
Ciertamente, la actual situación
hace obligado que el gobierno
emprenda medidas de
racionalización y austeridad en
la inversión pública, pero estos
recortes no pueden ni deben
hacerse en ámbitos estratégicos
como la educación, la salud y el
gasto social: los recursos
necesarios deben provenir, en
cambio, de disminuciones a los
salarios y prestaciones
principescas de que goza la alta
burocracia.
Es significativo, al respecto,
que ayer se haya firmado un
decreto que imposibilita a los
servidores públicos a ganar más
que el titular del Ejecutivo
federal, medida necesaria, pero
insuficiente para moralizar el
régimen de percepciones de los
altos funcionarios
gubernamentales y del conjunto
de la clase política.
Un factor adicional para
deplorar el recorte
presupuestario anunciado ayer
por Lujambio es la profunda
insensibilidad que reviste con
respecto de sus posibles
consecuencias sociales. En
países como el nuestro, donde
las perspectivas de empleo y
desarrollo personal de los
jóvenes son por demás escasas,
los centros universitarios del
Estado desempeñan funciones de
contención de inconformidad y
tensiones sociales. En la medida
en que el gobierno no emprenda
una dignificación presupuestaria
de esas instituciones estará
contribuyendo a la gestación de
escenarios de inconformidad como
los que ya se han presentado en
el Distrito Federal y Oaxaca,
producto del alto número de
rechazados de los ciclos de
educación superior.
En suma, y como advirtió
pertinentemente el rector de la
UNAM, la medida encierra una
lamentable falta de visión de
Estado, de perspectiva hacia el
futuro y de proyecto de nación
por parte de la presente
administración, que debe ser
corregida si lo que se quiere es
garantizar la viabilidad del
país.
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Gentileza:: Guillermo C. Cohen-DeGovia
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