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TLC: La mercancía de los
recursos naturales, educación,
salud
por Anna
Bermeo Turchi
En febrero del 2009, entró
en vigencia el Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre Estados
Unidos y Perú. Una de las
últimas conquistas de la
administración estadounidense de
George W. Bush, quien días antes
de su salida del poder aprobó el
acuerdo.
A través de los TLC, las
empresas transnacionales han
podido aumentar exponencialmente
sus ganancias, no sólo por la
ampliación territorial de sus
mercados, sino al lograr
convertir en mercancía recursos
naturales y aspectos vitales
para la sobrevivencia, como la
biodiversidad y los
conocimientos sobre ella, el
agua y los servicios necesarios
para poder disfrutarla, los
medicamentos, la educación y la
atención a la salud, entre
otros.
El Congreso sancionó de urgencia
modificaciones al Código Penal,
a la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, a la Ley General de
Salud, a la Ley de Facilitación
del Comercio Exterior, entre
otras normas que fueron
“retocadas”. Cabe destacar que
estas normativas fueron
aprobadas en medio de duras
críticas. En cuanto al sector
Salud, el acuerdo de propiedad
intelectual afectará la mayoría
de la población, y condenará a
tener como hoy un plan de salud
insuficiente que no mitiga las
dolencias, vulnerando así los
derechos de los más pobres que
serán seriamente afectados, con
el aumento de precios en
medicinas y perder el mercado de
los medicamentos genéricos que
como es sabido cuestan 80% menos
que los de marca. Traerá como
consecuencia el incremento de
precios a los productos de marca
con el consecuente aumento del
gasto en salud.
Ya se encuentran listos los
planos de hospitales y clínicas
especializadas que, provenientes
de USA, prestarán servicios de
salud en Panamá. Lo mismo ocurre
con las firmas de abogados y las
empresas de ingeniería y
arquitectura, por sólo citar
unos cuantos ejemplos. En dicho
contexto se aprobó una
resolución que autoriza el
ingreso de unidades de personal
militar extranjero con armas y
barcos de guerra al territorio
peruano. Esta medida forma parte
del “Programa de Actividades
Operacionales de las Fuerzas
Armadas del Perú con Fuerzas
Armadas Extranjeras 2009”. Dicha
norma permitirá que la IV Flota
de la Marina de Estados Unidos
utilice los puertos peruanos
para reabastecerse en medio de
sus patrullajes por el Océano
Pacífico. Se Aprobó el ingreso
de militares estadounidense
armados para misiones de
“entrenamiento táctico” y “apoyo
informativo”, según lo publicado
en el La Primera. El vocero de
la bancada del PNP, el
legislador Fredy Otárola,
manifestó esta situación de
“preocupante, porque se están
dando todas las condiciones para
instalar una base estadounidense
en territorio nacional”.
Para muestra un botón; la
globalización mundial de la
economía ha impactado
practicamente en todos los
sectores del país acrecentado
las vicisitudes de la población;
el Tratado de Libre Comercio
permitirá acelerar la
privatización de la economía y
la incursión masiva de las
transnacionales en el país a la
par que las grandes masas se
verán afectadas por mayor
desempleo y desprotección
social, atentando contra la
soberanía nacional y poniendo en
manos a las multinacionales
norteamericanas, la economía
nacional, empujando a la ruina a
sectores agrícolas ,la apertura
del mercado agrícola, destruirá
la industria cárnica y la de sus
derivados, así como la del
arroz, maíz, etc., hasta borrar
del mapa la producción agrícola
nacional despojando de sus
empleos a amplios sectores de
campesinos que se verán
obligados a desplazarse a las
grandes ciudades o continuar por
la senda de intensificar sus
cultivos para lograr su precaria
subsistencia. Lo que el TLC
instaurará es de hecho, una
suerte de "lucha por la vida"
Una negociación exitosa
solamente se logrará en la
medida de la claridad suficiente
sobre las oportunidades y
amenazas para cada sector, así
sobre los objetivos estratégicos
que defina el país y los
sacrificios que esté dispuesto a
hacer para alcanzarlos; es
importante conocer si el TLC se
ajusta realmente a los
parámetros del "libre mercado",
al menos en las versiones
tradicionales. Desgraciadamente
la respuesta es negativa, las
cláusulas que se imponen a los
distintos "socios" en tales
acuerdos comerciales son
enteramente disimétricas y
responden más bien a la receta
"proteccionismo para Estados
Unidos”. El Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios
es el instrumento legal usado
por la Organización Mundial del
Comercio para liberalizar el
comercio de los servicios; cuyo
objetivo es: dar principios y
normas para la expansión y
liberalización de todos los
servicios, a excepción de
aquellos “suministrados en
ejercicio de facultades
gubernamentales”
La educación queda incorporada
bajo la denominación de
“servicios de enseñanza”
incluida por la Organización
Mundial del Comercio, como un
servicio que puede ser negociado
en los tratados de libre
comercio de carácter bilateral o
multilateral. Entendida la
Educación como un servicio cuya
provisión queda supeditada a las
reglas de juego del mercado
internacional y, más
concretamente, a la capacidad de
negociación de los estados
nacionales dentro del marco
general de tratado.
La propuesta de Estados Unidos
en relación con la
liberalización de los servicios
de enseñanza quedó expresada en
la comunicación de la delegación
ante la OMC que hiciera al
Consejo del Comercio de
Servicios. El gobierno de
Estados Unidos considera que la
enseñanza es en gran medida, una
función de los gobiernos, pero
sabe que en la mayoría de los
países la enseñanza privada
coexiste con la pública como
complemento de ella.
Las lecciones de experiencias,
de los TLC, que se desarrollaron
como resultado de negociaciones
escasamente transparentes al no
brindar información requerida
para estudiar concienzudamente
estos procesos; se convirtió en
el modus operandi. La falta de
información se acentúa para el
caso de los servicios
educativos, por lo general,
éstos no entran directamente en
la negociación, aunque luego se
vean afectados por los acuerdos
específicos que se adoptan en
relación con el comercio de
servicios y de compras
estatales. Los TLC firmados por
Estados Unidos con países como:
México y Canadá, con Chile no
incluyen explícitamente normas
sobre educación. Hasta donde se
sabe, tampoco las incluye; el
proyecto de TLC entre
Perú/Estados Unidos, éste último
incorpora algunos aspectos de
los servicios culturales.
Pudiéndose presumir, sin
embargo, que Estados Unidos se
ha atenido en la negociación con
el Perú a la propuesta sobre
servicios de enseñanza y al
pedido de eliminación de trabas
que la delegación norteamericana
hiciera en el 2000 ante el
Consejo del Comercio de
Servicios de la OMC. En el caso
de México el TLC significó para
la educación no un servicio
público, provisto en el marco de
objetivos nacionales y
orientados al desarrollo humano,
sino como una mercancía o un
campo específico de inversión
del que hay que eliminar todos
los obstáculos a la libre
circulación y competencia.
Incentivando la inversión
privada, incluida la extranjera,
en el sector. Para ello se ha
aprobo una gama de medidas que
apuntaban todas en la misma
dirección: internacionalización
de las licitaciones para compras
estatales; obligación de dar
trato nacional a los proveedores
extranjeros de servicios
educativos, sean éstos provistos
dentro o fuera del país;
allanamiento del camino para el
reconocimiento de títulos
profesionales extranjeros;
implantación de exámenes únicos
de certificación profesional;
facilidades para el paso de
inversiones a través de las
fronteras y para el retorno de
las ganancias a los países de
origen de las inversiones;
facilidades para la compra de
instituciones locales de
educación superior por
consorcios extranjeros y para el
establecimiento en el país de
sucursales de instituciones
extranjeras para la educación
presencial o a distancia;
facilidades para la creación de
asociaciones entre instituciones
locales y extranjeras; creación
de estructuras de acreditación
de programas de educación
superior para lograr la
acreditación internacional.
Se advierte, especialmente en la
educación superior, un
estancamiento de los recursos
públicos destinados a educación,
un deterioro del promedio de la
calidad educativa debido
principalmente a la oferta
incontrolada de titulaciones “al
paso”, una cierta tendencia a la
“industrialización” del servicio
educativo, una menor atención de
las necesidades del entorno
local tanto en la formación de
profesionales como en
priorización de temas de
investigación, un menor interés
por incorporar los saberes de la
propia cultura o de culturas
afines.
En el caso de Panamá, el TLC
dejó en la Educación
consecuencias desastrosas; con
respecto a carreras
profesionales, se pidió la
desnacionalización de treinta
profesiones: abogados,
contadores, auditores, médicos,
enfermeras, ingenieros,
arquitectos, docentes, etc. Las
Universidades Colombianas
agrupados en la Asociación
Colombiana de Universidades (ASCUN);
mantienen una posición unificada
frente al Tratado de Libre
Comercio (TLC); el Consejo
Nacional de Rectores de la
Asociación Colombiana de
Universidades comunicó que:
“considerar la educación como
una ‘mercancía’ y someterla a
las reglas del comercio
internacional es desnaturalizar
sus fundamentos y su función en
la sociedad”; paralelamente, el
Consejo de Rectores de Panamá,
solicitó que la educación
superior se excluya de las
negociaciones del TLC.
La educación no puede
considerarse como una simple
mercancía; es un vehículo
insustituible para el desarrollo
de las naciones. Las reglas del
libre comercio internacional no
tienen en cuenta las tradiciones
culturales y autóctonas de los
países. Las universidades
manifiestan que la educación no
puede convertirse en mercancía.
La universidad Colombiana, dada
la abrumadora participación del
avance científico y tecnológico,
en el conocimiento y valoración
de sus recursos naturales, y
medio ambiente, claves del
desarrollo, de sus fortalezas y
debilidades comparativas, la
institución debido a la
adquisición y producción de ese
saber tiene razones para esperar
una consideración especial en
ese campo, por responsabilidad
con el país, con sus empresas,
con sus gentes, con la
preservación de sus riquezas
naturales, ambientales y
culturales, según lo ordena la
Constitución Política de
Colombia. En el caso peruano,
alarmante el hecho (de) que los
negociadores designados ni
siquiera conozcan las
implicancias de los acuerdos que
promueven para el sector de los
servicios educativos o para el
intercambio de bienes culturales
y el patrimonio cultural de la
nación”, hasta donde se conoce,
“El gobierno peruano …tampoco
incluye explícitamente a la
educación. Ni siquiera cuando
toca los servicios…”. Lo que sí
queda claro es la falta de
transparencia en las
negociaciones. Afirma Juan
Abugattás.
La liberalización de los
servicios educativos a través de
medidas como la privatización y
la aceleración de la
acreditación, la llamada “Ley de
promoción de la inversión en la
educación” peruana, al amparo
del Decreto Legislativo nº 882,
(1996) y las disposiciones sobre
el tratamiento al capital
extranjero han impulsado la
liberalización de los servicios
educativos, facilitando la
inversión privada en el sector e
incluso haciendo posible la
asociación de instituciones
locales con consorcios
extranjeros para brindar dichos
servicios. Al amparo de estos
dispositivos, la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas
pasó en 2004 a formar parte del
consorcio Laureate Inc, que,
tiene intereses en varios países
y en otros continentes. Las
instituciones que se crean al
amparo del D.L. 882 o que se
acogen a él se piensan libres de
trabas para multiplicar su
oferta educativa a través de
filiales en el territorio
nacional y sin control alguno de
la calidad y pertinencia de
estos servicios. Juan Abugattás
señala: “educación, la
subordinación a los imperativos
de un mercado globalizado y
controlado por las grandes
potencias socava los avances en
la creación de una comunidad
académica latinoamericana que
contribuya al fortalecimiento
económico, político y cultural
de la región.
En todo el mundo existen luchas
de resistencia a estos tratados,
desde sectores, temas y formas
de organización diversas, tal
como en realidad es el mundo y
opuesto a la uniformidad que
quisieran lograr las
transnacionales para que todos
seamos simples compradores de
sus productos y servicios. El
rechazo al TLC implica
mantendremos nuestra soberanía
alimentaria y preservar decenas
de miles de puestos de trabajo
entre otras cosas.
El documento “Combatiendo los
TLC”, publicado por Grain,
Biothai y el colectivo
Bilaterals.org en febrero del
2008, intenta dar cuenta de este
panorama, incluyendo contexto,
temas, situación y resistencias
que a lo largo y ancho del mundo
han suscitado estos acuerdos
www.combatiendolostlc.org .
Anna Bermeo Turchi (05-06-09)
Circulo Internacional de
Periodistas del Siglo XXI
Hugo Aboites “Libre comercio y
educación superior en
Latinoamérica"
www.oeiperu.org/documentos/educacion.pdf
Sodepaz -
http://sodepaz.es
http://www.ecoportal.net
http://www.ecoportal.net/content/view/full/87330
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