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Chile: La batalla final de la
educación superior pública
Javier
Sandoval Guzmán
(especial para ARGENPRESS.info)
Ha comenzado ya el debate, y
más allá, la encarnizada lucha
por definir el sistema de
educación superior que adoptará
Chile en un futuro cercano. El
contexto: un país que ve
retornar a los próceres de la
dictadura al Gobierno, y la
inminente reforma a la educación
que se comienza a implementar.
Las fuerzas sociales opositoras
a esta u otras reformas, han
sido duramente reprimidas en las
calles con prácticas que no se
aplicaban desde aquellos oscuros
tiempos que viviera nuestro
país. Las discusiones se centran
en el rol de las instituciones
de educación superior estatal
pública, las privadas con
"carácter público" -que junto a
las estatales conforman las
universidades "tradicionales"- y
las privadas a secas. Estas
últimas corresponden a una
infinidad de instituciones que
superan ampliamente en número a
las tradicionales, representando
meras empresas de la educación
que -aunque no lo expliciten-
logran ingresos a través de su
negocio por múltiples
artilugios, como el que sus
mismos dueños sean también
propietarios de las
inmobiliarias de los edificios
en que se instalan o de las
empresas subcontratadas, como
las de aseo (1). Estas
empresasuniversidades muestran
ser además fuertes aparatos
ideológicos que entre sus dueños
y accionistas concentran a
parlamentarios, ministros y
ex-ministros en su mayoría de la
extrema derecha; sectas
religiosas como el Opus Dei y
Los Legionarios de Cristo; y
grandes grupos económicos
nacionales y transnacionales
(1). La eduación de calidad en
todos los niveles ha dejado de
considerarse por el Estado
chileno como un derecho asociado
a una libertad positiva, ya que
si bien a los sectores de
estratos socioeconómicos medios
y bajos no se les impide
educarse, no se les entregan ni
las mínimas condiciones para que
puedan acceder a una educación
de calidad.
El escenario de la educación en
Chile, debe comenzar
analizándose en el contexto
global, para tener una idea de
cómo es abordada y con qué
prioridad en este país. El bajo
nivel de gasto público destinado
a educación en Chile (0,3% del
PIB en educación superior),
comparado al promedio de los
países de la OECD (1,0% del PIB
en educación superior), puede
expresarse con distintos
indicadores, siendo ejemplos
típicos el gasto público por
estudiante o el gasto público
total en educación como
porcentaje del PIB. La siguiente
tabla muestra este último
indicador, contrastado con el
gasto privado (cobro de
aranceles, extensión, venta de
servicios y patrimonio, etc.).
Las instituciones de educación
superior existentes en Chile, en
términos generales, se dividen
en las 25 tradicionales o
pertenecientes al Consejo de
Rectores de Universidades
Chilenas (CRUCH) -compuesto por
16 estatales y las 9 privadas
existentes antes de la reforma a
la educación de 1981- y las
instituciones privadas que
comenzaron a crearse gracias a
dicha reforma. Estas últimas
incluyen Universidades Privadas,
Institutos Profesionales (IP's)
y Centros de Formación Técnica (CFT's).
Según datos de la División de
Educación Superior del
Ministerio de Educación, a
diciembre de 2008, los planteles
de educación superior en Chile
se distribuían de la siguiente
forma: En el transcurso de las
últimas décadas, junto a las
políticas neoliberales que han
promovido la creación de
mercados en torno a la educación
en todo el mundo, en Chile se ha
dado pie al debate que hoy en
día comienza a alcanzar su
clímax y que pone en tela de
juicio los aportes que aún
entrega el Estado exclusivamente
a las instituciones del CRUCH y
a los estudiantes que lo
integran.
Dichos fondos corresponden en su
mayoría al Aporte Fiscal Directo
(AFD), que es entregado
directamente a estos planteles
con un 95% distribuido conforme
a criterios históricos y el 5%
restante de acuerdo a
indicadores de eficiencia
anuales. En menor medida se
entregan también exclusivamente
a estos planteles fondos
concursables y fondos por
convenios de desempeño. Por otra
parte, existen también aportes
exclusivos a los estudiantes
matriculados en instituciones
del CRUCH, consistentes en becas
y créditos subsidiados. Los
aportes transversales a todo el
sistema (CRUCH+Privadas),
corresponden al Aporte Fiscal
Indirecto (AFI) y fondos
concursables destinados a los
planteles; y el Crédito con Aval
del Estado destinado a los
estudiantes de las instituciones
acreditadas, ya sean públicas o
privadas, lo que en forma
indirecta también las financia
(2)(3)(4). Los "beneficios"
exclusivos del CRUCH y de los
estudiantes que lo integran, han
venido desatando críticas de
parte de sectores políticos, del
Gobierno y de los mismos dueños
y accionistas de las
universidades privadas hace ya
varios años. Así, poco a poco se
está poniendo fin a estos
beneficios, ya sea eliminándolos
o traspasándolos a fondos que no
distinguen carácter jurídico de
la institución. Como ejemplo, en
2002 El Gobierno crea el
"Sistema Nacional de
Financiamiento Estudiantil", el
cual incorpora como novedad el
financiar también a los
estudiantes de intituciones
privadas que no pertenecen al
CRUCH.
Con la reforma de 1981, en plena
dictadura militar, Chile se
convirtió en el primer país de
Latinoamérica en cobrar
aranceles a los estudiantes de
universidades públicas (5). Esta
fuente de financiamiento
corresponde hoy a un gran
porcentaje dentro del
presupuesto de dichos planteles
que se ven obligados a
incrementarlos año a año, en
vista de la permanente
disminución del aporte estatal.
Es así como actualmente la
Universidad de Chile, la más
importante universidad del país,
recibe del Estado sólo un 14% de
su presupuesto. En otros países
hubo también intentos de
introducir aranceles en la
educación superior pública, los
que fueron impedidos gracias a
grandes movilizaciones. Famoso
es el caso de la huelga de 10
meses en la UNAM, en México,
1999.
Recientemente el Rector de la
Universidad de Chile, Víctor
Pérez, en su discurso de inicio
de su nuevo periodo, encaró al
Presidente Sebastián Piñera
luego de enterarse por la prensa
de que la reforma a la educación
planteada en su programa de
gobierno -y cuyo propósito es
desmantelar la educación pública
"terminando con la
discriminación en el
financiamiento según la
naturaleza jurídica de la
institución de educación
superior elegida por el alumno"
(5)- comenzaba a ser
implementada a puertas cerradas.
Haciendo alusión a la
cuestionable calidad y los
numerosos escándalos financieros
en los que se han visto
envueltas las universidades
privadas, Pérez recalcó que
"pretender que las universidades
tradicionales son iguales a ese
tipo de instituciones al momento
de ser consideradas por el
Estado, es impensable". Como
resultado, de inmediato
surgieron voces de apoyo y
disidencia en todos los rincones
del país. En medio de esta
vorágine de eventos, los
Rectores de las universidades
estatales, agrupados dentro del
Consorcio de Universidades del
Estado (CUE) plantearon una
propuesta de "Nuevo Trato" con
El Gobierno, con la cual exigen
como base un aporte estatal de
50% de su presupuesto, a cambio
de establecer convenios de
desempeño que validen dicho
aporte. Las voces de disidencia
emanaron principalmente de los
rectores de las universidades
privadas, mientras las
universidades privadas del CRUCH
se mantuvieron expectantes.
Estas últimas entidades, quizá
previendo el panorama futuro
cuando se desatara abiertamente
la batalla entre la educación
pública y privada e intentando
resguardar los beneficios que
les reporta estar en una
situación "intermedia", habían
fundado ya en marzo de 2009 la
Red Universitaria Cruz del Sur.
Pasando a analizar la evolución
de la cobertura del sistema en
las últimas décadas, la encuesta
Casen 2009 revela que un 39,7%
de los jóvenes entre 18 y 24
años accede a la educación
superior y se espera que en 2010
supere el 40%. En noviembre de
2007 las universidades tenían un
67.9% de la matrícula de
pregrado y más de la mitad de
estas (50.3%) eran de
universidades privadas. Dicha
cifra disminuye levemente si se
incluyen los postgrados, donde
las universidades privadas
abarcan un 49,8% de los
matriculados ese año. Se
evidencia además que el
crecimiento de estudiantes de la
educación superior ha sido
sustancialmente mayor en el
sector privado que en los
planteles del CRUCH. En
particular las universidades
privadas han aumentado el número
de estudiantes en más de 10
veces desde 1990 a 2006.
Considerando estas cifras, la
OCDE y Mineduc (2009) se
refieren a las universidades
privadas y plantean que "El
Gobierno chileno necesitará
confiar especialmente en estas
instituciones para lograr su
meta de 50% de participación"
(4)(6). Pueden observarse de
esta forma las claras
orientaciones de los organismos
multilaterales y del mismo
Estado chileno respecto al
sistema de educación superior.
El énfasis que hacen organismos
financieros multilaterales como
el Banco Mundial (BM), en
definir a la educación como una
industria productora de
rentabilidad o como una
inversión en "capital humano"
-debido al mayor ingreso
esperado como resultado de esta-
motiva a los sectores
neoliberales a expandir la idea
del porqué la educación debe ser
vista como un bien privado antes
que seguir orientaciones
establecidas en pactos
internacionales suscritos, como
el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones
Unidas que dice "La enseñanza
superior debe hacerse igualmente
accesible a todos, sobre la base
de la capacidad de cada uno, por
cuantos medios sean apropiados,
y en particular por la
implantación progresiva de la
enseñanza gratuita". El BM
defiende la educación superior
privada de forma similar a la
que se defiende tradicionalmente
la privatización de empresas
claves para un país, afirmando
que estas permiten reaccionar de
mejor forma a los cambios en la
demanda además de asegurar la
cobertura de educación sin o con
muy bajos costos para el Estado
(7)(8). Contrastando fuertemente
con este enfoque, la UNESCO
(1998) plantea que "el concepto
de renta educativa en beneficio
de la persona hay que
sustituirlo por el concepto de
economía externa y sobre todo
por el concepto de rentabilidad
social que designa los
beneficios indirectos generados
por la educación en beneficio de
la sociedad.
Estos son difícilmente
cuantificables, pero no por eso
son menos reales: la elevación
del conocimiento y de las
competencias tiene una
repercusión sobre el índice de
crecimiento de la competitividad
del país; la inversión hecha por
las generaciones anteriores
recae en las generaciones
posteriores; es además un deseo
de explotar al máximo las
aptitudes de los que tienen las
capacidades (el concepto de
mérito) al servicio del
desarrollo; la elevación del
nivel de educación incide en el
desarrollo de una cultura más
democrática y permite un
distanciamiento y una
resistencia a las
arbitrariedades" (9). Con
respecto a la importancia
estratégica que tiene para un
país la educación superior, el
reconocido académico
costarricense Ángel Ruiz (2000)
explica que "El impacto de las
acciones en la educación
superior no solo repercute
positivamente en la gestión
productiva nacional de manera
directa, a través de los cuadros
profesionales o de las
investigaciones realizadas,
sino, también, sobre el mismo
sistema educativo. La educación
superior es pieza clave del
progreso de la educación pre-universitaria,
si se desarrolla adecuadamente"
(10). Pero lejos de evidenciar
un desarrollo adecuado, tenemos
en Chile un escenario donde la
mayoría de los estudiantes
proviene en forma
desproporcionada de los
quintiles de mayores ingresos,
siendo este otro aspecto en el
cual se basan los defensores de
la privatización, considerando
el financiamiento de origen
estatal como un gasto regresivo,
porque favorece de esta forma a
los más ricos. Sin embargo, se
omite en este argumento que es
justamente el sistema y su
tendencia privatizadora la que
ha hecho que la proporción de
estudiantes ricos y pobres en la
educación superior sea tan
desigual. El modelo neoliberal
en Chile y su política de quitar
financiamiento a las
instituciones de educación
superior -argumentando su
carácter de bien privado-,
forzándolas a su
autofinanciamiento, ha dado
origen a un nuevo mercado
financiero en torno a este bien,
a través del financiamiento
estudiantil. Se han planteado
como alternativa sistemas de
créditos de origen privado,
donde supuestamente cualquier
estudiante puede acceder a ellos
y endeudarse para pagar así su
educación. Pero, ¿es este un
real apoyo o estímulo para que
el hijo de un obrero intente
acceder a la educación superior?
Los hechos son evidentes. Estos
créditos sólo profundizaron la
desigualdad que arrastra todo el
sistema educativo, observándose
que los estudiantes de estratos
bajos e incluso medios ni
siquiera han podido acceder a
ellos, impidiendo su ingreso a
la educación superior y menos
aún, mantenerse en ella. El
propio BM declara que esta
problemática "se debe a las
imperfecciones de los mercados
de capitales" ya que "los
prestatarios no aceptan la
promesa de ingresos futuros como
garantía de pago del crédito"
(7)(8).
Dada esta tendencia que parece
no tener freno, la sociedad
chilena debiera de una vez por
todas comenzar a preguntarse:
¿Cuáles son los efectos de la
privatización y mercantilización
de la educación? Según han
promovido los organismos
multilaterales, la tarea era
comenzar con el desmonte del
subsidio a la oferta -o
financiamiento universitario con
presupuesto público- para dar
inicio a sistemas crediticios
(de distinto nivel de
participación estatal) para los
estudiantes, adoptándose de esta
forma, un sistema de subsidio a
la demanda (8). Al quitarse el
apoyo financiero estatal directo
a las instituciones, estas
comenzaron su
autofinanciamiento, el cual se
ha sustentado mayoritariamente
en el cobro de aranceles a los
estudiantes, y en menor medida
en la extensión, venta de
servicios y patrimonio, y
donaciones del sector privado.
Estas últimas, han representado
en innumerables casos suculentas
sumas de dinero. Partiendo de
aquí, puede demostrarse que la
educación privada y el mismo
autofinanciamiento de las
insituciones de educación
superior, introducen sesgos
inevitables en torno a la
enseñanza y la investigación. Ya
sea en respuesta a estas
donaciones a las que las
instituciones han debido acudir
o por la misma intención de los
dueños de estas (en el caso
privado). Por mencionar un
ejemplo claro, la Facultad de
Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, posee
múltiples salas y bibliotecas
bautizadas con nombres de los
grandes grupos económicos que
invirtieron capitales en su
creación o reestructuración,
entregándoles así permanente
publicidad y eventual validación
hacia la comunidad. Pero,
¿pueden ser mayores los efectos?
Para averiguarlo, basta recordar
las investigaciones sobre los
negocios de las universidades
privadas chilenas (1), o echarle
un vistazo a los casos de las
Universidades de Florida y
California, Berkeley en Estados
Unidos (11)(12). Como lo explica
Ronald Collins (2000), director
del proyecto FoodSpeaks del
Center For Science in the Public
Interest: "La ciencia está
perdiendo credibilidad.
Conflictos de interés, estudios
sesgados y secretos están
socavando la reputación
cientifica y su objetivo de
búsqueda de la verdad.
Científicos consultores que son
pagados por las industrias pero
que se desempeñan como
profesores de facultad,
testifican ante El Congreso y
las agencias federales
reguladoras sin detenerse a
revelar sus nexos con las
empresas. Los departamentos de
ciencia en las universidades
públicas suscriben millonarios
contratos con las empresas, sin
embargo, pocos detalles se
revelan frente a la naturaleza
de tales acuerdos. Las revistas
médicas o de otras ciencias
frecuentemente publican
artículos sin revelar
adecuadamente grandes conflictos
de interés" (13). Ahora vale
también preguntarse ¿Qué habrá
ocurrido detrás de estudios
sobre efectos del tabaco, de la
contaminación ambiental, de
productos alimenticios o
medicamentos? Frente a esta
evidencia, podemos seguir
exigiendo entonces -como lo ha
hecho el movimiento estudiantil
desde hace bastante tiempo- que
los aportes estatales a las
instituciones privadas que
lucran se eliminen.
Pero más allá de eso -dada
nuestra correlación de fuerzas y
porque deben buscarse otras
tácticashay que exigir que estos
planteles respondan por los
aportes que actualmente se les
da. Esto no implica justificar
su existencia, ni su
financiamiento estatal ni menos
pedir que este aumente -como a
los debilitadores del movimiento
estudiantil les gusta afirmar-,
sino que implica hacerse cargo y
reparar o minimizar los efectos
negativos que trae este tipo de
educación y de paso incluir a
los estudiantes de dichos
planteles en esta lucha,
mientras la sociedad aún no toma
las riendas ni se moviliza por
detener este negocio y tendencia
privatizadora, que aunque no lo
queramos, está ya arraigada en
nuestro sistema y hoy en día
"prepara y adoctrina" a la
mayoría de los profesionales en
nuestro país. ¿Qué se hace
entonces con los estudiantes que
ingresan a la educación superior
privada? Si realmente queremos
defender el derecho a una
educación de calidad, debemos
defenderla para todos los
chilenos sin excepción, haciendo
que todas las instituciones
estén obligadas a incorporar los
pilares básicos que debe
contener la educación pública.
Así como los estudiantes
universitarios se movilizaron
hace pocos años junto a los
secundarios por el problema
común, no podemos perder de
vista que en este problema
también están las instituciones
privadas que hoy funcionan
prácticamente sin regulación.
Tenemos claro que estas
entidades no tienen porqué tener
interés alguno en cumplir
objetivos sociales, ya sea
porque no forman parte de su
misión y visión de empresa, o
porque su existencia depende
justamente de no cumplirlos. Su
razón de ser está basada en su
influencia ideológica, el lucro
o ambos a la vez.
Pasando ahora a los objetivos de
esta lucha y teniendo en cuenta
El Estado capitalista imperante,
hoy más que nunca debiéramos
darnos cuenta de que la idea de
esperar que sea este quien le
entregue un carácter de bien
público a la educación, más allá
de ser ilusoria, es quizás poco
acertada. De ningún modo se debe
pemitir que sea El Estado quien
se encarge de definir el tipo de
educación que se imparte,
dejándolo realizar plenamente su
rol como aparato dominador,
olvidando de quién está en manos
y qué intereses tiene. Lo que
debiera exigirse al Estado es lo
que se necesita para facilitar
el camino de construir desde
dentro de los planteles de
educación superior y desde la
sociedad misma, el carácter de
educación pública. Para esto, un
aspecto clave es la autonomía de
las instituciones. Esta debe
aprovecharse, profundizarse y
resguardarse siempre. El enfoque
debe estar entonces en exigir lo
que El Gobierno está obligado a
cumplir dadas las leyes
respectivas -entre las que están
las que resguardan la autonomía
de los planteles- y sin importar
la coalición de turno, y cuyo
incumplimiento lo condenaría en
forma clara y explícita en la
ilegalidad frente a la sociedad.
El Estado debe respetar y
asegurar el derecho a una
educación de calidad, lo que
conlleva entre otras demandas, a
exigir el aumento del
presupuesto destinado a esta
para terminar con el
autofinanciamiento de las
universidades estatales y la
inclusión de determinadas
materias fundamentales en todas
las instituciones sin excepción.
El movimiento estudiantil ha
tenido claro el enfoque en sus
demandas históricas, pero una y
otra vez este se vuelve a
confundir, a veces
intencionalmente, desde dentro o
fuera de la organización. El
sentido público de la educación
debe considerarse como una
conformación de partes, y tener
claro cuáles son las que El
Estado cumpliría, o más aún,
cuáles de ellas queremos que
cumpla teniendo en cuenta su rol
dominador y nuestra historia de
gobiernos, incluyendo el actual,
y los que vendrán. Debe
impedirse la utilización de la
educación como herramienta del
Estado para ejercer su dominio y
a la vez exigir o resguardar lo
que necesitamos de este órgano.
Una educación pública de calidad
requiere fundamentalmente de la
participación de toda la
sociedad y en particular de
todos los actores involucrados
en ella.
Valiéndose de su autonomía, las
instituciones de educación
superior pueden seguir
concretando iniciativas que ya
son realidad en muchos lugares,
como los propedéuticos y los co-gobiernos
democráticos implantados de
facto al interior de ellas, y
junto a esto, abrirse de una vez
por todas a la sociedad -con
énfasis en los sectores más
pobres y mayoritariamente
perjudicados con el actual
sistema- para transmitir el
conocimiento y a la vez
concientizar sobre la actual
problemática. Se podrá de esta
forma avanzar, juntar las
fuerzas y apoyo necesarios para
la creación de un sistema que
asegure su acceso sin
discriminación socioeconómica,
que contribuya a la disminución
de las desigualdades que vienen
de mucho antes (evidenciadas en
la Prueba de Selección
Universitaria o PSU), que
termine con el
autofinanciamiento de las
universidades estatales,
permitiéndoles implantar
sistemas de financiamiento
estudiantil más justos para la
sociedad actual (como el Arancel
Diferenciado), que incluya
materias fundamentales como los
DDHH; y que esté libre por
completo de sesgos ideológicos,
influencia mercantil o de
imposición religiosa alguna. El
valor esencial que pueden y
deben ostentar las instituciones
de educación pública por sobre
las privadas, es el de reflejar
en cierta medida la diversidad
de la sociedad en la que están
inmersas, con todas sus
contradicciones, permitiendo al
estudiante cultivar y poner a
prueba valores de convivencia
que en otros lugares pretenden
ser impartidos en forma teórica
o con un voluntariado efímero en
lugares "humildes". Debe
forzarse a que las componentes
de un "sentido público" se
puedan ir construyendo al
interior de los planteles. De
este modo, quienes en realidad
quieran mantener su perspectiva
ideológica o el lucro por sobre
el compromiso con los problemas
del pueblo chileno y sobre todo
de sus estratos socioeconómicos
más bajos, deberán sucumbir ante
dichas exigencias. Se deben
imponer demandas estratégicas,
que ganen el apoyo del pueblo, y
que coarten la posibilidad de
lucrar e ideologizar en torno a
este bien social. Es fundamental
lograr la concientización de la
sociedad respecto a este tema,
pero para ello debemos entender
que esta no se encuentra
preparada para el debate teórico
de permitir o no el lucro en
educación, ni menos lo está para
entender plenamente los efectos
negativos de la privatización de
la educación que motivan a
exigir la recuperación de su
carácter público.
La contienda es claramente
desigual. Frente a esto no cabe
más que dejar de perder el
tiempo y simplemente unir
fuerzas con quienes realmente
están dispuestos a superar sus
diferencias en pos de este
objetivo común de hacer frente a
los sectores neoliberales que
buscan privatizar la educación.
Hay que profundizar el debate
dentro de los planteles, en
todos los espacios, comprometer
a toda la comunidad
universitaria, en todos sus
estamentos, y mantener en pie
las movilizaciones en contra de
la privatización. Hay que llevar
a cabo la tarea de educar y
concientizar a la sociedad para
hacerla despertar. La
contradicción es educación de
calidad como bien social y
público versus privatización y
lucro en la educación. En esta
batalla, la educación superior
pública triunfa o muere.
Notas:
1) Mönckeberg, M.O, El Negocio
de las Universidades en Chile,
2007.
2) Centro Interuniversitario de
Desarrollo, 2008.
3) Ingresa (Sistema de Créditos
de Estudios Superiores), 2008.
4) OCDE, La Educación Superior
en Chile, 2009.
5) Programa de Gobierno
Sebastián Piñera, 2010
6) Consejo Superior de
Educación, Índices, 2008.
7) Banco Mundial, Informe Sobre
el Desarrollo Mundial, 1996.
8) Venegas, S. y Mora, O. Las
Políticas Públicas en Educación
Superior en América Latina. Un
análisis Crítico Al Enfoque de
la Banca Multilateral, 2003.
9) UNESCO, La Educación Superior
en el Siglo XXI, 1998.
10) Ruiz, A., El destino de
Costa Rica y la Educación
Superior, 2000.
11) Warde, I. La Educación
Superior Vampirizada por las
Empresas, 2001.
12) Le Monde Diplomatique,
2001.13) Collins, R., Assuring
Truth in Science a Must,
Baltimore Sun, 2000.
Javier
Sandoval Guzmán es Egresado
Universidad de Chile.
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