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Migración infantil y
catástrofe
Editorial
de LA JORNADA,
México
De acuerdo con cifras del
Instituto Nacional de Migración
(INM), alrededor de 40 mil niños
y niñas mexicanos son deportados
cada año de Estados Unidos, y
casi la mitad viaja sin
compañía. Si se toma en cuenta
que otros 12 mil son
interceptados anualmente antes
de cruzar la frontera norte, el
promedio diario resultante es de
más de 142 menores que intentan,
sin éxito, llegar a la nación
vecina.
Son de sobra conocidas las
condiciones de abuso y atropello
que padecen millones de
migrantes indocumentados –muchos
de ellos connacionales– en
Estados Unidos a consecuencia de
la política de persecución y
criminalización que aplica el
gobierno de Washington. Por
añadidura, en meses recientes
han salido a la luz pública
diversos datos y hechos que
documentan la comisión, en
México, de atropellos iguales, o
peores, contra ciudadanos de
otros países: ejemplos de ello
son las innumerables denuncias
de maltrato, extorsión y hasta
asesinato de migrantes
irregulares, cometidos tanto por
autoridades migratorias como por
grupos delictivos, y las
elevadas cifras de extranjeros
secuestrados por grupos
dedicados al tráfico de
personas, que ascienden a 20 mil
por año, según diversas
organizaciones sociales.
Ahora, con los datos
proporcionados por el INM, queda
de manifiesto que el panorama
para la población nacional no es
menos desolador, y que el país
se ha vuelto un sitio inhóspito
para su propia niñez.
Ciertamente, la migración es un
fenómeno connatural a las
sociedades humanas y tan antiguo
como la especie; pero en México
del siglo XXI ese fenómeno se ve
alimentado por la pobreza, la
falta de empleo de los padres y
la ausencia de horizontes de
movilidad social en el país:
tales elementos han orillado a
un número creciente de niños y
niñas a incorporarse al campo
laboral –la cifra se estima en
unos tres y medio millones de
niños y niñas, 12.5 por ciento
la población infantil– y a
desempeñar actividades que
suponen un riesgo para su
integridad: 27 por ciento de los
menores que trabajan lo hacen en
lugares con ruido excesivo,
humedad, herramientas peligrosas
y entre productos químicos, es
decir, en sitios de alto riesgo
de accidentes y enfermedades.
A lo anterior debe añadirse la
sostenida desintegración y la
ruptura de los tejidos sociales;
la inseguridad pública y la
negación sistemática de
garantías constitucionales
básicas por las autoridades de
todos los ámbitos y niveles. En
conjunto, la desastrosa realidad
económica y social del país
configura un escenario propicio
para éxodos humanos como los
ocurridos en semanas recientes
en las localidades tamaulipecas
de Mier y Camargo –azotadas por
la violencia asociada a la
"guerra contra el
narcotráfico"–, o como el que
año con año emprenden decenas de
miles de niños con la intención
de llegar a territorio
estadunidense.
En la desgarradora circunstancia
nacional presente, no basta con
condenar el maltrato, la
crueldad y el racismo de Estados
Unidos hacia los migrantes
irregulares; antes bien, resulta
obligado voltear los ojos a la
realidad interna y reconocer que
en el territorio nacional priva
un escenario de catástrofe
social y que los mexicanos que
emigran a Estados Unidos –niños
y adultos, hombres y mujeres,
jóvenes y ancianos– bien pueden
ser llamados los desplazados o
los refugiados de esa
circunstancia.
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Gentileza:: Guillermo C. Cohen-DeGovia
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