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México: Indignación y
vergüenza
Salvador
del Río
ALAI AMLATINA
El Presidente de la
República sí es responsable de
la imagen de desprecio a la vida
que México proyecta; la masacre
de San Fernando, una muestra.
En el mes de febrero de 1995
recibí una llamada telefónica de
José Ángel Gurría, el secretario
de Relaciones Exteriores de los
primeros meses del gobierno de
Ernesto Zedillo. Airado, me
reclamaba una nota publicada en
la revista Siempre! en la que se
predecía el maltrato, las
vejaciones y los abusos de
autoridad de los que serían
víctimas los migrantes
centroamericanos en sus intentos
por llegar a Estados Unidos
cruzando primero la frontera del
río Suchiate.
México había firmado con Estados
Unidos un convenio mediante el
cual nuestro país se comprometía
a ejercer un rígido control para
reducir el paso de
indocumentados y recorrer de sur
a norte el territorio nacional
hasta alcanzar el llamado sueño
americano, en realidad una
pesadilla de consecuencias con
frecuencia letales. El país
accedía a hacer a Estados Unidos
parte del trabajo y lo haría con
la mayor crueldad. La
reclamación de Gurría venía
acompañada de una amenaza: se
quejaría con la Presidencia de
la República y exigiría una
aclaración a la directora de la
revista. Beatriz Pagés respondió
a la instancia con el
ofrecimiento de publicar una
entrevista con el secretario en
la que éste respondiera a los
señalamientos de la nota
editorial. Gurría no aceptó.
Quince años después el asesinato
en un rancho de San Fernando,
Tamaulipas, de setenta y dos
indocumentados procedentes de
Centro y Sudamérica causa
espanto, indignación y rechazo
en el mundo entero.
Aunado a la inaudita violencia
en la guerra contra el crimen
organizado –más de 28 mil
muertos en menos de cuatro
años--, este crimen agrava la
imagen de México como uno de los
países donde se registra el más
espantoso desprecio a la vida.
Como en aquella reclamación de
José Ángel Gurría –el gobierno
de México no tiene intención de
matar ni vejar a ningún
indocumentado, sostenía el
secretario—, hoy puede decirse
que no, que el Presidente Felipe
Calderón no ordenó la muerte de
esos hombres y mujeres
masacrados, hasta donde lo
explican las procuradurías de la
República y de Tamaulipas por
una de las bandas del
narcotráfico. Sin embargo,
aquella previsión de 1995 sigue
vigente como una indignante
realidad: el maltrato que México
reclama al norte para sus
connacionales es el mismo, o
peor, que el que reciben los
migrantes del sur. Dieciocho mil
centro y sudamericanos han sido
secuestrados en territorio
mexicano, otros en número
indeterminado han sido
asesinados o víctimas de
extorsión, del más inclemente
irrespeto a su dignidad humana,
y no sólo por parte de las
bandas delincuenciales y de
trata de personas, sino por la
propia autoridad.
México censura a las autoridades
de los estados norteamericanos
cuyas leyes consideran un delito
la permanencia de indocumentados
en su territorio, pero para la
ley mexicana de migración ese
hecho constituye una falta que
amerita cárcel o expulsión. Se
criminaliza a los migrantes.
Con razón los representantes
diplomáticos y los funcionarios
consulares de los países de los
que procedían los migrantes
asesinados –Brasil, Ecuador,
Honduras, El Salvador,
Guatemala—exigen a México no
sólo una investigación a fondo
de la masacre de San Fernando,
sino también un cambio en la
forma en que se trata a los
indocumentados, a quienes se
veja, se maltrata o se asesina
en las formas más brutales,
peores incluso que las sufridas
por los mexicanos en estados
Unidos.
Un mal chiste sería considerar
los hechos de San Fernando como
el remedio ideal, en la óptica
del gobierno, para evitar la
migración del sur: los
aspirantes a llegar a Estados
Unidos dejarán de pensar en el
riesgoso tránsito hacia el
norte, por el temor a encontrar
la muerte.
Si así ocurriera, como también
sucedería de suspenderse el
éxodo de mexicanos a los Estados
Unidos, se produciría en
nuestros países un estallido
social debido a la contención de
un flujo cuya explicación
ineludible es la falta de
oportunidades para el
desarrollo, la carencia de
empleo dignamente remunerado y
la desesperación de millones de
seres víctimas de la peor de las
injusticias: la miseria y el
hambre. Y de esas muertes,
aunque no las haya ordenado el
Presidente de México, Felipe
Calderón sí es responsable; lo
es de esos hechos vergonzosos y
de la triste, lamentable imagen
que se proyecta de un país
sumido en la desigualdad y la
injusticia, y por añadidura con
la fama de sanguinario que el
mundo no puede dejar de advertir.
- Salvador del Río es Periodista
y escritor mexicano
Agencia Latinoamericana de
Información
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Gentileza:: ALAI-AmLatina
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