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Líbrenme de la anticorrupción
que de los corruptos me libro yo
Raúl
Wiener
Llevo casi cinco años
litigando en diversos escenarios
judiciales contra los dos
abogados más emblemáticos de lo
que alguna vez se llamó el
sistema anticorrupción
construido como respuesta a la
abrumadora corrupción del
régimen de Alberto Fujimori. Y
el tema que me enfrenta con los
famosos doctores José Ugaz
Sánchez Moreno y Luis Vargas
Valdivia, es el de las
investigaciones que desde hace
mucho tiempo venimos
desarrollando junto con el
periodista Herbert Mujica sobre
el proceso de privatización del
aeropuerto Jorge Chávez y la
gestión de LAP, y por las cuales
un juez acaba de dictar orden de
captura contra Mujica, dentro de
un enfermizo afán por
silenciarnos.
Evidentemente hay un
contrasentido en que dos
juristas que dicen haber
contribuido a la condena de
Fujimori y Montesinos, se
empeñen en judicializar,
perseguir y encarcelar el empeño
de investigación y denuncia, y
nunca salir a defenderse con
argumentos que muestren lo que
el país ha ganado realmente al
conceder este servicio básico y
que no hubiera podido conseguir
bajo administración propia. No
hay por cierto mucho que
extrañarse que los héroes de la
anticorrupción hayan derivado a
la condición de escudos de LAP,
si al mismo tiempo se hicieron
consultores de Telefónica, LAN y
otras empresas no precisamente
caracterizadas por su nobleza.
De hecho, los contratos
profesionales con escasos
reparos morales están dentro de
la historia de Ugaz y Vargas
Valdivia que fueron enrolados
continuamente en varias de las
reorganizaciones judiciales de
los 90.
Que luego Ugaz deviniese, por
esas cosas del destino, en el
perseguidor oficial de Fujimori
contra Montesinos y de
Paniagua-Toledo contra Fujimori,
hasta ser reemplazado por su
socio Vargas Valdivia, los haya
convertido en parte de un
santoral de democratizadores y
moralizadores que abarca también
a políticos y funcionarios que
se apropiaron de la transición
institucional de cambio de
siglo. A Toledo eso le sirvió
para llegar a la presidencia y
olvidarse totalmente de sus
compromisos de los Cuatro Suyos.
Y a los ex procuradores para
conseguir una suculenta cartera
de clientes de empresas con
sospechas de corrupción que
imaginaron que esta sola
asociación les era provechosa no
sólo en imagen sino en las
relaciones que estos abogados
han establecido dentro del
sistema judicial.
En fin, mi experiencia personal
me advierte de los muchos
crímenes que se pueden cometer
en nombre de la anticorrupción.
El juez Barreto puede ser un
ejemplo de estos dilemas. Y
otro, aún más importante, el ex
contralor Genaro Matute, actual
coordinador de la Comisión de
Alto Nivel Anticorrupción,
contantemente interrogado por
los medios y las instituciones
del Estado como una suerte de
especialista en asuntos
relacionados con la corrupción.
Al que, al igual que Ugaz, no le
debemos ninguna batalla
memorable, informe trascendente
o culpable puesto al
descubierto. Pero ahí está como
si la anticorrupción se
estuviese volviendo una especie
de sellos que ahora se ponen a
los productos, las empresas y
hasta a los países para
certificar que han pasado por
algún tipo de control de
calidad.
Hace poco, a raíz de la grave
denuncia del IDL, sobre la
recompra de vehículos policiales
portatropas que en el 2007
fueron rechazados por el
ministro Alva por sobreprecio en
el contrato, y que ahora están
regresando a nombre de otro
exportador y a una cotización
mucho más alta, Matute dijo
totalmente suelto de huesos que
no podríamos anular el acuerdo
porque seríamos penalizados. Es
ese papel de la "anticorrupción"
del que tenemos que prevenirnos.
Gentileza:: Raúl Wiener
[raulwiener@yahoo.com.ar]
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