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Norte debe a Sur
por Carlos
Miguélez Monroy
Desapariciones y
desplazamientos forzados,
masacres y torturas en años
recientes han llevado a los
tribunales a grandes empresas.
Multinacionales como Royal Dutch
Petroleum, Nike, Chevron, Shell
y Rio Tinto han sido acusadas de
permitir y fomentar el trabajo
en condiciones de esclavitud, de
colaborar con las fuerzas
armadas y con grupos
paramilitares de países
empobrecidos en graves
violaciones de derechos humanos
para “garantizar” la extracción
de materias primas.
Muchos de los casos no han
podido llegar hasta sus últimas
consecuencias por trabas
judiciales, por presiones
políticas para evitar conflictos
diplomáticos y por los
millonarios acuerdos judiciales
que han ofrecido algunas de
estas empresas a los familiares
de las víctimas. Sin embargo,
leyes como la Ley de Reclamación
contra Agravios contra
Extranjeros (Alien Tort Claim
Act) y la interpretación
progresista de algunos jueces
norteamericanos han abierto la
posibilidad de exigir
responsabilidades, en Estados
Unidos, a multinacionales que
cometen abusos y a los gobiernos
que lo permiten.
A estas nuevas interpretaciones
del derecho internacional se
suman iniciativas como las
Normas sobre las
responsabilidades de las
empresas transnacionales y otras
empresas en la esfera de los
derechos humanos que aprobó
Naciones Unidas y que los
gobiernos de los países ricos
tendrán que incorporar en sus
ordenamientos jurídicos. Pero
también tendrán que hacerlo los
gobiernos de los países del Sur
que comparten responsabilidad en
los casos de violaciones graves
de derechos humanos: derecho a
la vida, derecho a un juicio
justo, derecho a un hogar,
derecho a la libertad de
conciencia y a la libre
expresión, derecho a un trabajo
digno en condiciones de
seguridad… derechos reconocidos
en los pactos de derechos
humanos con mayor reconocimiento
internacional.
Estas normas facilitan el
cumplimiento del deber de
reparar y de restituir por medio
de compensaciones económicas.
Sin embargo, el derecho también
tiene la misión de garantizar
que no se repitan los abusos.
Esta garantía sólo se puede
alcanzar si se abordan las
causas de las violaciones de
derechos humanos, que van más
allá de lo meramente jurídico.
Eric Toussaint, presidente del
Comité para la Abolición de la
Deuda del Tercer Mundo, sostiene
que las políticas de los grandes
acreedores han potenciado estos
crímenes contra la humanidad por
medio de sus políticas hacia los
países empobrecidos del Sur.
“La deuda pública externa de los
países en desarrollo se
convirtió en un instrumento de
dominación. Estos acreedores –
Banco Mundial (BM), Fondo
Monetario Internacional (FMI),
banca privada y mercados
financieros del norte – a través
de la gestión de la deuda
externa pública de estos países,
tratan de influir en el diseño
de las políticas aplicadas por
los gobiernos del sur”, dice en
una entrevista con Público.
Se refiere a la aplicación de
recetas económicas que exige el
BM bajo las órdenes de Estados
Unidos y otras grandes
potencias. Los países del Sur se
ven obligados a abrir sus
economías a las inversiones y
las exportaciones de tecnología
del Norte rico y a privatizar
sus empresas públicas de
sectores estratégicos en sus
economías. O a correr el riesgo
de quedarse al margen del
comercio internacional. Países
como Ecuador y Bolivia buscan
alternativas frente al BM y al
FMI. Rafael Correa, presidente
de Ecuador, suspendió el pago
del 30% de la deuda pública
externa por considerarla
fraudulenta, recuerda Toussaint.
Desde el Comité para la
Abolición de la Deuda del Tercer
Mundo, el politólogo belga
intenta llevar a juicio
internacional al Banco Mundial
por los efectos de sus políticas
no sólo en materia de derechos
civiles y políticos, sino de
derechos sociales y culturales.
Para él, “sería algo inédito en
su historia, en nombre de 10.000
victimas, mineros de la
República Democrática del Congo.
Pero hay muchísimos casos
denunciables. Se trata de
esquivar las presiones de este
organismo y obtener una condena
que le obligue a pagar
reparaciones y siente
jurisprudencia”.
Los países empobrecidos no son
deudores, sino acreedores del
Norte rico, como sostiene la
economista haitiana Camille
Chalmers. Por eso no sólo
propone la condonación de la
deuda externa de su país, sino
que exige reparación y
restitución por “las
consecuencias devastadores de la
deuda” en la vida de los
haitianos. Ha llegado el momento
de preguntar quién le debe a
quién.
Carlos Miguélez Monroy
Periodista y Coordinador del CCS
ccs@solidarios.org.es
Centro de Colaboraciones
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