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Iniciativa Mérida: soberanía
empeñada
Editorial
de LA JORNADA,
México
Las reuniones que el
secretario de Seguridad Interna
de Estados Unidos, Michael
Chertoff, sostuvo ayer con los
titulares de Gobernación, Juan
Camilo Mouriño, y de Relaciones
Exteriores, Patricia Espinosa,
así como con los integrantes del
gabinete de seguridad del
gobierno federal –los
secretarios de la Defensa
Nacional, de Marina y de
Seguridad Pública federal, y el
procurador general de la
República–, con el fin de
evaluar el "estado que guarda la
cooperación bilateral contra el
crimen organizado trasnacional",
constituyen una práctica por lo
menos cuestionable desde una
perspectiva de vigencia de la
soberanía nacional.
La reunión se da en un momento
por demás significativo: a tan
sólo unas semanas de que el
Congreso estadunidense aprobara
el controvertido programa de
asistencia en combate al crimen
organizado denominado Iniciativa
Mérida o Plan México. La
comparecencia de los integrantes
del gabinete de seguridad y los
encargados de la política
interna y externa del gobierno
calderonista hace inevitable
suponer que lo que ahora se
presenta como una "evaluación"
conjunta, en el contexto de un
acuerdo bilateral, pudiera
llegar a convertirse en una
injerencia abierta por parte de
las autoridades de un país
extranjero en un tema
estratégico como lo es la
seguridad.
Al respecto debe recordarse que
el Senado estadunidense
pretendió imponer ya, por vía de
la Iniciativa Mérida, una serie
de condiciones que planteaban
serios reveses a la soberanía
nacional, entre los que se
encontraban la certificación,
por parte del Departamento de
Estado del país vecino, de la
aplicación de "reformas legales
y judiciales", y el
establecimiento, a cargo de las
autoridades de Washington, de
una base de datos "para el
escrutinio de las corporaciones
policiales y militares mexicanas
a fin de garantizar que las
fuerzas militares y policiales
que reciban los fondos no están
involucradas en violaciones a
los derechos humanos o (en la)
corrupción". Tales
condicionamientos fueron vistos
por expertos y por amplios
sectores de la sociedad mexicana
como un intento de volver a los
vergonzantes procesos de
certificación de la década
pasada.
Por fortuna, los requisitos
referidos no prosperaron en la
redacción final de la
iniciativa, debido en parte a
una marcada oposición de los
legisladores de ambos países y
del gobierno mexicano, pero
permanecieron intactos otros
elementos que, es de suponer,
generarán una dependencia
creciente de nuestro país con
respecto a la nación vecina en
materia de seguridad. Tal es el
caso del abastecimiento de
equipos de alta tecnología, como
los que Estados Unidos
entregaría a México, y que
implica tres líneas de
supeditación inevitable: en
entrenamiento y capacitación del
personal que los opera, en
abasto de piezas y refacciones y
en mantenimiento. De tal modo,
es dable suponer que, para
efectos de la operación de esos
equipos, sería obligada la
llegada de militares
estadunidenses y que su
presencia en las instalaciones
de las dependencias policiales y
del Ejército facilitaría a las
autoridades extranjeras la
recopilación de información
estratégica que no debiera salir
del país. Otra vertiente de esa
dependencia es la política, que
implicaría la rendición de
informes periódicos en materia
de las acciones de seguridad en
el contexto de la Iniciativa
Mérida, y cuya primera muestra
pudiera ser el cónclave de ayer
en Bucareli.
Por lo demás, la designación de
Michael Chertoff como operador
de estos acuerdos es motivo
suficiente para encender los
focos de alarma: se trata de un
funcionario que, entre otras
cosas, colaboró en la redacción
de la controvertida Ley
Patriótica, que constituye un
atropello a las garantías
individuales de los
estadunidenses, pues legaliza el
espionaje telefónico, la
apertura clandestina de
correspondencia, la intercepción
de correo electrónico, la
sustracción secreta de
documentos personales y la
escucha de conferencias
telefónicas, todo ello sin que
se requiera orden judicial. De
allí que sea obligado
cuestionarse si lo que persigue
la Casa Blanca es en efecto la
cooperación de las autoridades
mexicanas, en el marco de un
acuerdo bilateral en el que se
respete la soberanía de ambas
naciones, o bien si lo que
Washington pretende es la
supeditación del gobierno
mexicano a sus designios de
implementar, a escala mundial,
una política de seguridad basada
en la "mano dura" y en el
menoscabo de las garantías
individuales.
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Gentileza:: Guillermo C. Cohen-DeGovia
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