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Entrevista a Jair Kirschke
por Gustavo Veiga
Pagina 12
(Argentina)
RECOSUR
Jair Kirschke, fundador
del Movimiento de Justicia y
Derechos Humanos de Rio Grande
do Sul
Kirschke es uno de los más
veteranos entre los activistas
de derechos humanos en Brasil.
Sostiene que la mirada
hegemonista de los militares de
su país impulsaron el Plan
Cóndor y recuerda operativos
realizados en Argentina al
principio de los '70.
–¿Por qué sostiene que el Plan
Cóndor nació en Brasil?
–Me apoyo en hechos claros y
conocidos. Y es importante
subrayar que el aparato
represivo brasileño trabajó
siempre muy vinculado con el
aparato represivo argentino.
Incluso, cuando en Argentina
había democracia, antes del
golpe de 1976. Mi país inauguró
la doctrina de la Seguridad
Nacional en 1964, con la
dictadura. Algo que nuestras
naciones ni conocían. Y Brasil,
ese año, empezó a organizar sus
servicios de inteligencia. Hasta
entonces, no existían servicios
tan bien elaborados, tan bien
pensados para el mal. Hubo una
figura importantísima, el
general Golbery do Couto e
Silva, que se encargó de
hacerlo.
–Usted habló de hechos
conocidos. ¿Cuáles son?
–El primero es un operativo que
Brasil realiza en Buenos Aires.
Un clásico operativo en el año
'70. En la Argentina estaba
refugiado un coronel del
ejército brasileño, Jefferson
Cardin de Alencar Osorio, junto
a su hijo y un sobrino. Lo
detuvieron y lo llevaron a Río
de Janeiro, donde cumplió una
condena de siete años.
–¿Por qué lo detuvieron?
–Por razones políticas. Era un
tipo muy interesante el coronel,
que había liderado un grupo
guerrillero después del golpe.
Se había exiliado en Montevideo,
donde se organizó para ingresar
a Brasil. Tomó radios, asaltó
cuarteles y había salido en taxi
desde la capital uruguaya en un
hecho bastante loco.
–¿Hubo algún otro episodio en la
Argentina donde las fuerzas
armadas brasileñas hayan tenido
participación?
–Sí. En el '72, un mayor del
ejército brasileño, Joaquim
Pires Cerveira, se había
exiliado en Buenos Aires junto
con un joven estudiante, Joao
Batista Rita Pereda, y fueron
detenidos. También los llevaron
para Río de Janeiro, donde
varias personas vieron cómo eran
brutalmente torturados. Los dos
están desaparecidos. Y como en
Brasil estos hechos no se
publicaban, la noticia salió en
The Guardian, un diario
británico, que escribió hasta el
nombre de la calle donde habían
sido torturados.
–Hasta ahora mencionó un par de
casos que afectaron básicamente
a militares. ¿Hubo también más
víctimas civiles?
–No tengo precisa la fecha, pero
un militante nuestro, Félix Luis
Camargo, un negro enorme, fuerte
y que era guerrillero, vivía en
Chile y viajaba a Montevideo,
cuando en una escala en Ezeiza
lo sacaron del avión. Sobre su
caso yo hablé en el Uruguay. Un
país donde estuvo un diplomático
brasileño importantísimo, Tim
Correa, del que recién ahora se
consiguieron pruebas para
vincularlo con la creación de un
servicio secreto en Itamaraty,
en el seno de la diplomacia
brasileña. Este señor iba
también a Buenos Aires, donde
pedía la detención de alguien,
después iba un avión de la
fuerza aérea brasileña a Ezeiza,
le entregaban al detenido y este
embajador les firmaba un recibo
a los represores.
–¿Es cierto que otra pieza clave
del Plan Cóndor fue el embajador
brasileño en Santiago de Chile
cuando se produjo el golpe
contra el gobierno de Salvador
Allende?
–Sí, lo llamaban el quinto
integrante de la junta, con
ejército, marina, aeronáutica y
carabineros. Eso lo decían los
militares chilenos. Se trata de
Antonio Cámara Canto, que además
estaba acompañado por una
cantidad importante de agentes
brasileños, del servicio
nacional de informaciones y de
la policía federal de nuestro
país. Su tarea era seguir a los
cinco mil exiliados brasileños
que había en Chile. Fíjese
quiénes vivían allí: Fernando
Henrique Cardoso, José Serra,
que hoy es el gobernador de San
Pablo y nuestro gran pedagogo,
Paulo Freire. Todos gente muy
calificada que se había ido a
partir del golpe del '64.
Incluso, antes de que Allende
llegara al poder en Chile.
–¿De qué modo se involucró
Cámara Canto en el Plan Cóndor?
–En el libro de un ex embajador
norteamericano se cuenta lo que
hacía y otro diplomático que
formuló declaraciones ante el
senado de Estados Unidos dijo
que Cámara Canto invitó a varios
embajadores a apoyar el golpe.
La noche del 11 de septiembre
del '73, en el magnífico predio
de la embajada brasileña en
Santiago, el tipo gritaba:
ganamos, ganamos... Este
embajador siguió en Chile hasta
septiembre del '75. ¿Por qué esa
fecha? Porque en los últimos
días de noviembre y en los
primeros de diciembre hubo una
famosa reunión en Santiago de
Chile donde formalmente se
decidió hacer la Operación
Cóndor. Y los preparativos se
dieron con la participación de
Cámara Canto.
–¿Y había militares brasileños
también?
–Recién ahora se supo el nombre
de un coronel brasileño que
participó de esa reunión. Pero
los militares brasileños
tuvieron cautela para no dejar
las huellas digitales en lo que
hacían. Sabemos quiénes estaban
de otros países, pero de Brasil,
sólo se conoció hace poco. En el
marco de la doctrina de la
Seguridad Nacional, donde las
fronteras geográficas no se
consideraban y sí las
ideológicas, Brasil, para
nuestros militares, debía ser la
nación hegemónica de la región.
Y ellos no permitirían que a sus
límites hubiera gobiernos de
izquierda o, al menos,
progresistas. Esto era
intolerable. Ahí tiene el
Operativo 30 Horas, algo
impresionante...
–¿El que se había planificado
para invadir Uruguay si
triunfaba el general Líber
Seregni en las elecciones
presidenciales?
–Sí, lo llamaron así porque
Brasil ocuparía en 30 horas
Uruguay. Fue para el año '71. Si
ganaba Seregni, los militares
tomarían el país. Hoy, además de
documentos, tenemos
declaraciones. Eran tan
preocupantes las elecciones en
Uruguay que hubo reuniones entre
nuestro presidente, el general
Garrastazu Medici, Richard Nixon,
Henry Kissinger y Vernon Walters
para tratar este tema. Un
militar brasileño dijo en enero
de 2007 en un programa de TV que
se llama Historia, que los
uruguayos habían pedido la
invasión durante el gobierno de
Pacheco Areco. El periodista que
lo entrevistaba, que sabe mucho
del Plan Cóndor, se sorprendió
cuando lo escuchó decir eso.
–¿Se conoce aproximadamente
cuántos argentinos se refugiaron
en Brasil en los años '70?
–Nosotros recibimos a más de
2000 personas. Pero no sé
cuántos argentinos, cuántos
uruguayos, cuántos chilenos. Y
lo hicimos siempre en
colaboración con la Acnur.
–¿Cuál fue el papel que
desempeñó la Iglesia de su país
en defensa de los derechos
humanos? ¿Hubo esfuerzos
aislados como los de Elder
Cámara o Evaristo Arns o los
apoyó institucionalmente?
–Se trató de obispos sueltos.
Con el golpe del '64, la Iglesia
puso en marcha aquello de la
marcha con Dios y por la
libertad. Tradición, Familia y
Propiedad. Justo había pasado
por Brasil un sacerdote
extranjero que juntaba
multitudes en las plazas de San
Pablo, Río y Porto Alegre,
hablando un poco en portugués y
otro poco en español.
"¡Hermanos...!", decía (y lo
imita). Hablaba con una prédica
contra los comunistas. Aparecía
en la televisión con el rosario,
con una imagen de la virgen. Eso
fue en tiempos del pregolpe. Y
obispos importantes estaban
metidos en ello. Hasta que
después, otros, empezaron a
aparecer públicamente en contra
de la dictadura.
–Usted nos dijo que los
militares brasileños no dejaron
huellas. ¿En qué se basa para
afirmarlo?
–Tuvieron tanta cautela que, hoy
en día, en la Argentina hay una
gran cantidad de militares
detenidos, en Uruguay hay dos ex
presidentes enjuiciados y en
Chile acaban de condenar al
general Contreras por el crimen
del general Prats. Pero en
Brasil no hay ni un condenado.
Aunque ahora, después de haber
trabajado con el fiscal italiano
Giancarlo Capalbo el tema del
Tribunal Penal de Roma desde el
7 de diciembre de 1999, tenemos
los casos de dos
ítalo-argentinos desaparecidos
en Brasil. Y la justicia
italiana, el 24 de diciembre de
2007, determinó el pedido de
captura de 146 represores de
Perú, Bolivia, Paraguay, Chile,
Uruguay, Argentina y Brasil.
Hasta ahí, los militares
brasileños nunca habían sido
molestados para nada.
–¿Cuántos integrantes de las
fuerzas armadas de su país están
involucrados en ese grupo?
–Trece.
–¿En qué período fueron
cometidos los delitos que se les
imputan?
–En 1980, en mi primer caso,
investigamos el operativo
realizado en el aeropuerto de El
Galeao, en Río de Janeiro, el 12
de marzo de ese año. Es la causa
del secuestro de Horacio
Campiglia y Mónica Pinus de
Binstock. También hay otro del
26 de junio en Uruguayana, donde
desapareció Lorenzo Ismael
Viñas, que es hijo de David
Viñas. El venía en ómnibus hacia
Brasil. Esto es muy interesante
desde el punto de vista
jurídico, porque en el año 1979
hubo una amnistía. Y cuando la
prensa buscó al actual ministro
de Justicia brasileño, Tarso
Neves, un hombre de izquierda,
para preguntarle sobre estos
casos, respondió que la amnistía
había borrado todo. Sus colegas
periodistas, insistentes, le
dijeron que estaba equivocado
porque los delitos eran del '80
y la ley los cubría hasta agosto
del '79. Pero Neves, que era mi
amigo, aunque no puedo decir que
ahora lo sea, les volvió a
responder que como eran
homicidios, los homicidios del
'80 habían prescripto. Aunque
olvidó que como es secuestro con
desaparición, el crimen sigue
vigente. Con la publicación de
estas informaciones, los
militares enloquecieron. Y uno
de ellos, que está retirado, me
inició una causa. Hasta un
sargento me enjuició. Y si yo le
mostrara la querella, dedica dos
páginas a decir: "fui del
aparato represivo del ejército
con muchísimo orgullo porque
nosotros combatimos al
comunismo".
–¿Cuál es su visión de los
juicios que se siguen en la
Argentina contra los represores
de la última dictadura?
–Yo diría que Argentina es el
que está más adelantado entre
todos los países de la región.
Hubo una lucha de su pueblo, a
través de las organizaciones de
derechos humanos y también una
mayor conciencia de lo que había
pasado. ¡Treinta mil
desaparecidos! ¡Por favor! Es
algo tan grande que no hay en la
Argentina ninguna persona que no
tenga un familiar, un amigo o un
conocido desaparecido. Eso hizo
reaccionar al pueblo argentino
de una manera muy justa. Y
aunque no se avanzó en un primer
momento, la Corte Suprema
decidió la inconstitucionalidad
de las leyes de obediencia
debida y punto final para que en
verdad comenzaran a marchar las
cosas. Además, ustedes tienen en
la figura de algún miembro de la
Corte una posición
extraordinaria basada en los
conceptos del derecho
internacional que, en Brasil,
nos hace falta.
–Esto induce a pensar que en su
país será muy difícil avanzar en
las causas contra militares.
¿Siguen teniendo mucha
influencia las fuerzas armadas
sobre el poder político?
–Yo digo que sí. Y es que
hicieron un pacto con los
gobiernos, incluso el de Lula,
para mantener el statu quo. Es
incomprensible que hasta el día
de hoy sigan intocables. No se
abren los archivos de la
represión. Naciones Unidos le
solicitó formalmente a Brasil
que los abra. Y nada. Existe una
sentencia de octubre pasado de
la Justicia Federal que
determina la apertura de los
archivos. Y nada... Hay un pacto
para que no se toquen ciertas
cosas. Lula tiene a un general
en un despacho vecino, Jorge
Félix, que durante una
entrevista dijo que no convenía
que se abrieran los archivos
porque ahí iban a aparecer cosas
terribles. Las declaraciones las
publicó Folha do San Pablo. A mí
me parece que el presidente le
tendría que haber dicho a este
general, adiós, váyase. No se
pueden decir estas barbaridades.
Es el responsable de la
Seguridad Institucional. Y está
desde el primer mandato de Lula.
–¿Se producen situaciones de
este tipo porque el presidente
permite que haya impunidad?
–En la transición de Cardoso a
Lula, el boletín oficial publicó
un decreto con la firma de
Fernando Henrique aumentando los
plazos para la apertura de los
archivos. El no hubiera firmado
una cosa así justo en el último
día de su gobierno si no hubiera
una concertación. Es más, puede
parecer un disparate, pero
Collor de Melo propuso una ley
en el Congreso brasileño que
cuida la clasificación y
desclasificación de documentos y
dice quién puede desclasificar y
quién no. Sólo el presidente de
la Nación puede hacerlo con los
documentos ultrasecretos. Otro
dato: Lula creó un comité
interministerial para examinar
los documentos y reclasificarlos
que jamás se reunió. Y lo hizo
en su primer mandato.
–Es evidente que no está nada de
acuerdo con las decisiones que
toma Lula.
–Es más, tiene que cumplir una
decisión judicial que llegó
hasta la Suprema Corte y no lo
hace. Es sobre la cuestión de
Araguaia. Hace casi treinta años
un grupo de familiares de
guerrilleros desaparecidos
llevaron una denuncia a la
Justicia Federal para saber
dónde estaban los cuerpos. Y
consiguieron por medio de un
abogado, Luis Eduardo Greenhalg,
una decisión favorable: que se
abrieran los archivos para el
tema de Araguaia. Pero el
presidente después lo mandó al
abogado general de la Nación
para ingresar un recurso en
contra de la decisión. La Corte
ratificó la apertura en octubre,
pasaron nueve meses hasta hoy y
el niño ya puede nacer (sonríe),
aunque la sentencia no se
cumple. Y esos archivos están en
manos del ejército. Un ejército
cuyo poder llega hasta que el
presidente de la Nación no
cumpla con una sentencia
judicial. Impresionante, pero es
así.
–En consecuencia, ¿Lula tiene
para usted una deuda muy grande
en materia de derechos humanos?
–Lula y el PT, que nació como
una gran esperanza para el
pueblo, especialmente para los
más pobres, los más humildes y
ahora nos encontramos ante una
situación que no es así. En
verdad, el tema de los derechos
humanos recibe un maltrato del
gobierno. En determinado momento
tenía, a nivel de ministerio, un
equipo de trabajo y quien estaba
a su frente era un militante del
PT de toda la vida, un ex preso
político y periodista al que
siempre le negaron un espacio de
importancia: Nilmário Miranda.
Ahora, tenemos a los derechos
humanos en el nivel de una
secretaría nacional, vinculada
al despacho del Presidente.
–¿Cuáles son las principales
violaciones a los derechos
humanos del presente en un país
como Brasil?
–Las violaciones a los derechos
humanos no son solamente de la
policía que tortura y que mata.
Yo siempre digo que, nosotros,
en Brasil, tenemos al gran
violador de los derechos humanos
que es el Estado nacional,
también el estado provincial y
las intendencias. Porque niegan
atención a los niños, una buena
educación, no cuidan la salud
pública, no cuidan a los viejos
y ésas son violaciones a los
derechos humanos. En Brasil
suceden cosas increíbles y la
gente no se da cuenta de que la
calidad de vida se va
terminando. Mientras tratamos el
pasado, que es importante,
hablamos de un país donde se
mata gente todos los días. Y
especialmente la Policía
Militar.
–¿Que depende de las fuerzas
armadas o es autónoma?
–Es casi autónoma. Se trata de
una invención de la dictadura
del '68. Pero en Rio Grande do
Sul existe hace casi 170 años.
En San Pablo hace casi cien
años, como en Minas Gerais y
Pernambuco, aunque antes eran el
ejército del gobernador del
estado. No tenían atribuciones
de policía. En el '68, como le
decía, cuando los militares dan
el golpe dentro del golpe, en
diciembre de ese año se publica
el acta institucional número 5
que termina con los hábeas
corpus, establece la censura en
la prensa, en el teatro, en la
TV y también se crean por
decreto las policías militares y
les dan atribuciones. Las
fuerzas armadas hicieron la
constitución, que no fue
refrendada por nadie, y en el
'88, y pese a que logramos la
nueva constitución en Brasil,
que la llamamos la constitución
civil ciudadana, por presión de
los militares sigue vigente una
disposición de que la policía
militar es reserva de las
fuerzas armadas.
–¿Para usted es completamente
absurdo?
–Yo siempre explico una cosa
para que se entienda bien cómo
es el tema de la policía militar
en Brasil, algo aberrante.
Policía viene de griego, polis,
que significa ciudad. Y militar
viene del latín, milis, de
milicias. Entonces, los
militares son entrenados para
qué. Para enfrentar al enemigo,
vencerlo y someterlo a su
voluntad. Eso es ser militar.
Pero la policía tiene que ver
con el ciudadano que tiene
derecho a protección. Hasta el
ciudadano que comete un crimen
tiene derecho a protección. Acá
tenemos policía militar y
seguimos sufriendo la misma
impunidad.
–Mientras tanto, ¿cuál es la
política para los millones de
pobres que tiene su país?
–Ahora la represión está
direccionada hacia ellos. Esto
me hace recordar al encuentro de
la Iglesia Católica en Puebla,
que se realizó bajo la opción
por los pobres. Y por eso, yo
siempre digo que acá, en Brasil,
la policía ya había hecho antes
la opción por los pobres, las
tres Pe: pobres, pretos (negros)
y putas, que son las víctimas
del sistema.
Cuando uno percibe que en Brasil
la banca obtiene ganancias
espectaculares, algo está
funcionando mal.
RECOSUR:
RED DE COMUNICACION INFORMATIVA
DEL CONO SUR
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Coordinación COMCOSUR: Yessie
Macchi y Carlos Casares
Revista Koeyú Latinoamericano
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Caracas. Venezuela
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