|
Terrorismo de Estado: lo que
se nos oculta sobre el conflicto
colombiano
por Manoel
Santos
Altermundo / Rebelión
El llamado conflicto
colombiano no es sólo una guerra
entre el gobierno de Álvaro
Uribe y la guerrilla de las
FARC. De hecho, este parece ser
el menor de los sus problemas, o
cuando menos un menudo esguince
al lado de la existencia de
cuatro millones de desplazados
–refugiados de guerra se mire
por donde se mire– que en las
últimas dos décadas tuvieron que
abandonar el campo huyendo de
bombas, asesinatos, torturas y
amenazas para engrosar los
cinturones de miseria de las
ciudades y por tanto el sistema
capitalista dominante.
Detrás de este drama humano
están cientos de grupos
paramilitares que, en asociación
con las fuerzas gubernamentales,
roban las tierras de las
comunidades para entregarlas a
las agroindustrias que alimentan
la opulencia de los países
indutrializados y empobrecen la
biodiversidad de la joya natural
mundial que es Colombia. La
sombra del terrorismo de Estado
no es sólo una sospecha, es una
realidad de la que gobiernos
como español, que mantiene
excelentes relaciones con el
oscuro régimen parapolítico y
paramilitar de Álvaro Uribe,
son, con todas las letras,
cómplices y partícipes.
ENTREVISTA CON GISELA CAÑAS,
LUIS ALBERTO RENTERÍA Y TOM
KUCHARZ
La Red Capicúa, en la que se
integran organizaciones como
Ecologistas en Acción, organizó
la gira por Europa de Gisela
Cañas Uribe y Luis Alberto
Rentería Mosquera para
sensibilizar sobre el
desplazamiento ilegal y la
ocupación de tierras para
megaproxectos agroindustriales
en Colombia. Tan sólo en las
cuencas fluviales del Curvaradó
y Jiguamiandó (región del
Chocó), de donde ellos vienen,
la expansión de los monocultivos
de palma originó 30.000
desplazados y al menos 114
asesinatos. Gisela Cañas es de
la "Comisión Intereclesial
Justicia y Paz", que acompaña a
comunidades desplazadas y en
proceso de retorno. Luis Alberto
Rentería es un líder
afrodescendente del "Consejo
Comunitario de él Curvaradó",
desplazado de su comunidad
cuando las tierras fueron
ocupadas en 1996 por la empresa
de palma africana Urapalma, S.A.
Ahora regresó, como otros, a sus
tierras. ALTERMUNDO habló con
ellos y con su anfitrión, Tom
Kucharz, activista colombiano
afincado en Galiza.
"El Estado español debe dejar de
apoyar a un gobierno que
practica los crímenes de Estado"
El seis de marzo decenas de
ciudades del mundo salían a las
calles para protestar contra el
terrorismo de Estado en Colombia
convocadas por el Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado de Colombia (MOVICE).
Seis organizadores de la
protesta, sindicalistas y
activistas por los derechos
humanos, fueron asesinados. La
ONU acaba de pedir una
investigación. Mas no fue un
hecho puntual. En Colombia cerca
de cuatro millones de personas
fueron desplazadas en las dos
últimas décadas, en su mayoría
por los grupos paramilitares.
Estos grupos, solos o en alianza
con miembros de las Fuerzas
Militares, hicieron desaparecer
por lo menos a 15.000 personas
enterrándolas en cerca de 3.000
fosas comunes; asesinaron a más
de 1.700 indígenas, 2.550
sindicalistas, y cerca de 5.000
miembros de la UP, un partido de
izquierdas que fue eliminado.
Entre 1982 y 2005 los
paramilitares perpetraron más de
3.500 matanzas y robaron más de
seis millones de hectáreas de
tierra. Con los empresarios de
las oligarquías dominan la mitad
de las tierras rurales del país.
Desde 2002, después de su
supuesta "desmobilización", los
paramilitares asesinaron 600
personas cada año. Llegaron a
"controlar" el 35% de los
diputados del Parlamento. Se
sabe también que desde que
Álvaro Uribe Vélez llegó a la
presidencia en 2002, miembros
del Ejercito Oficial cometieron
más de 950 ejecuciones
extrajudiciales. Visto el visto,
las FARC son el menor de los
problemas para el grueso de la
sufrida población colombiana.
Alfredo Molano, sociólogo
colombiano que estudió los
desplazamientos de la población
en Colombia por la violencia
armada escribe: "La violencia no
es un fenómeno coyuntural en la
historia de Colombia. Es una
constante. ¿A que se debe? Creo
que en última instancia a la
resistencia y a la fuerza con la
que la gente busca conservar y
reconstruir sus relaciones
sociales primarias frente a
regímenes políticos abusadores.
La violencia acompaña siempre al
expansionismo –se llame
mercantilismo, liberalismo
económico o globalización–, fue
establecida en rigor a la
catástrofe democrática que
significó la colonización
española en América, en parte
fue producto de una guerra de
exterminio tendente a la
dominación y de ahí el término
de conquista con la que se
define la época, y en parte un
cometido religioso de naturaleza
cultural. Las dos armas, la
espada y la cruz, sirvieron para
desplazar a la población nativa,
arrebatarles sus tierras y
riquezas para subordinarla,
explotarla y en el mejor de los
casos volverla tributaria de la
corona española". Algo semejante
encontramos cuando hablamos de
los desplazamientos de población
civil en Colombia.
—En los últimos meses Colombia
está bastante presente en la
prensa del Estado español, pero
sólo haciendo referencia a las
FARC, a los secuestrados, a
Ingrid Betancourt, pero nada se
conoce sobre la parapolítica que
lleva instaurada décadas en el
país y sobre el drama de los
desplazados. Son cuatro millones
en veinte años. ¿Cuáles son las
causas principales?
Gisela: Fueron variando con los
años. Por ejemplo en el
Jiguamiandó y el Curvaradó hay
gente que viene de la violencia
de los en los cincuenta y
sesenta. Pero fundamentalmente
nosotros vinculamos estos
desplazamientos a los intereses
económicos en la región. Había
un plan preconcebido para
expulsar a la gente.
—¿De donde viene ese plan?
Gisela: Es una estrategia
paramilitar encubierta. Y es
también la fuerza pública. Si
uno se pone a mirar por donde va
a pasar la carretera
Panamericana ya lo descubre. Es
algo que viene ya del siglo
pasado.
—Luís Alberto es un desplazado.
¿Por que causa?
L.A.: A nosotros nos desplazaron
en el 1996 y tres años después
iniciaron la implantación de
ganadería estensiva y la
plantación de grandes
monocultivos de palma aceiteira,
que fundamentalmente se emplea
para la industria
agroalimentaria –el aceite de
palma es el 59% de todos los
aceites vegetales
comercializados– y ahora también
para agrocombustibles. El
gobierno pretende cultivar entre
3 y 6 millones de hectáreas de
palma destinadas al biodiésel.
Hay que decir que la producción
de una tonelada de aceite de
palma para hacer
agrocombustibles emite diez
veces las cantidades de gases de
efecto invernadero que una
tonelada de combustíbel fósil.
—Y esos desplazamientos forzados
¿por quién vienen auspiciados?
L.A.: Por grandes corporaciones,
por industrias dedicadas a la
palma y la ganadería intensiva
que entran protegidas con los
paramilitares.
Tom: Muchas veces sólo se
descubre años más tarde la razón
de los desplazamientos.
—¿Son empresas nacionales?
Gisela: Normalmente sí. Son
empresas con vínculos probados
con los paramilitares y familias
relacionadas con el tráfico de
drogas. Los empresarios son
llevados allí por los
paramilitares y la palma se
siembra a sangre y fuego. Pero
no sólo es la palma, manejan la
gasolina, la ganadería, etc.
—¿Como se produce físicamente
ese desplazamiento?
L.A.: Llegan los paramilitares y
por ejemplo agrupan pueblos
enteros, de hasta 50 familias,
matan 4 o 5 personas y los demás
huimos.
Gisela: Hay incursiones
militares y paramilitares, pues
actúan en conjunto, y también
hay rafagueos sobre la población
con la excusa de atacar a la
insurgencia y las comunidades
tienen que salir.
—¿Emplean entonces la lucha
contra la guerrilla como un
pretexto?
G.: Ese es un pretexto y fue el
argumento por ejemplo en el
Cacarica y en el Curvaradó. Pero
la guerrilla no está ahí
instalada, sólo usa la zona como
mucho de lugar de tránsito. Las
poblaciones desplazadas acaban
en los cinturones de miseria de
las ciudades, donde muchas veces
no hay ni que comer. Cuando
hacían intentos de volver para
recopilar alimentos en los
cultivos de pancoger (plátano,
maíz, yuca, etc) y muchas veces
se encontraban con los militares
o paramilitares que hacían
rondas, les decían: ustedes o se
van o siembran palma o siembran
coca, porque esta tierra es de
tal o cual paramilitar, el que
tiene la jurisdicción en la
zona.
Tom: Hay todo un entramado
político-económico que hay que
cuestionar y analizar. Por una
parte hubo muchos
desplazamientos porque la
población local tenía una lucha
política fuerte, donde
funcionaban ciertos procesos de
democracia participativa, donde
hubo asambleas, la elección de
representantes por parte del
pueblo. La gente creía en la
lucha política. Los cuadros
políticos que salían en los años
70 o 80 recibían todo el apoyo
de las comunidades. Salían a
estudiar fuera y volvían después
a prestar el servicio a la
comunidad. Muchos deplazamentos
van pues contra esta
organización civil que defiende
el derecho a vivir en su tierra
y que no acepta que Colombia se
convierta en un país capitalista
donde todo vale y donde todo se
vuelve mercancía. Las
poblaciones campesinas, las
indígenas y las
afrodescendientes tienen una
relación muy ligada con el
territorio.
El otro complejo
económico-político tiene que ver
con la fase de globalización,
donde hay un deterioro sobre el
suelo muy importante en los
países centrales, por lo que
precisan la adquisición de
territorio en los países del sur
para la mera reproducción y
crezca del sistema capitalista.
Buscan recursos naturales y
terrenos para sembrar lo que se
demanda en las grandes
metrópolis. Y también por otra
parte, aunque en Colombia de
forma algo retrasada, se vive
ese proceso que obliga a
concentrar las poblaciones
campesinas en las ciudades. Es
una migración forzada hacia las
ciudades, en las que se genera
el modelo capitalista.
—¿Y por qué en Colombia se
mantiene un conflicto armado que
fue despareciendo en los otros
países del entorno?
Tom: Colombia es especial. La
gente tenía un fuerte componente
de resistencia y una formación
política importante que hizo que
estas resistencias duraran en el
tiempo a pesar de todo el
terrorismo de Estado. Las
personas creían en su lucha. Los
campesinos, los sindicalistas
los dirigentes sociales o
indígenas siempre dicen que
prefieren morir por algo a vivir
para nada.
—Vaya, que estamos en un proceso
de ocupación por intereses
económicos pero también
políticos.
Tom: Una población muy dispersa
en el campo puede ser
políticamente incontrolable. Una
población empobrecida en los
cercos de las chabolas, de los
cinturones de miseria en las
grandes ciudades es más
controlable por la oligarquía y
sirve para hacer crecer el
sistema capitalista.
—¿El destino de los desplazados
siempre es a esos cintos de
miseria?
L.A.: Sí. Pasas a no tener nada
y si te resistes mueres. Además,
cuando nos desplazaron no podías
ir a cualquier parte. Éramos
repudiados porque la gente
pensaba que eras un desplazado
por ser de la guerrilla. A
muchos nos mataban y la gente
ocultaba que era desplazada. En
las comunidades faltaban todos
los servicios básicos, pero
nunca la dignidad.
—La Comisión Intereclesial
Justicia y Paz trabaja con la
gente que quiere regresar.
Gisela: Nosotros acompañamos la
comunidades desplazadas. O bien
a las que están en proceso de
desplazamiento o en proceso de
retorno. Es un acompañamiento
permanente, 350 días al año,
desde lo educativo a lo
psicosocial, lo jurídico.
Vivimos en las comunidades y nos
convertimos en testigos de lo
que allí sucede, velando porque
las medidas cautelares que
existen jurídicamente se
cumplan. Hay personas que
permanecen en los cascos
urbanos, que no pudieron
regresar y otras que a través de
mecanismos creados por ellos
mismos, como las llamadas Zonas
Humanitarias o las Zonas de
Biodiversidad, regresan.
—¿Quien crea esas zonas?
Gisela: Es por iniciativa de la
comunidad que permite la
reconstrucción de los proyectos
de vida de las comunidades pero
también permiten a otras
acercarse a las suyas, como dar
el primero paso. En el
Jiguamiandó y en el Curvaradó
había 14 veredas y unas 12
comunidades que fueron
desplazadas para sembrar la
palma. Las zonas humanitarias
acercaron gente de varias
comunidades que luego estudian
cómo reconstuír lo que queda de
las suyas. La idea de estas
zonas humanitarias surge en la
cuenca del Cacarica. Estas
comunidades fueron desplazadas
en febrero de 1997 –unas 30.000
personas, de ellas 4.000
afrodescendientes– por causa de
los bombardeos por tierra, aire
y agua. La gente salió al casco
urbano, al municipio de Turbo.
Pasó mucho tiempo y varias
conversaciones con el presidente
de la época, Ernesto Samper, que
se negaba a reconocer que había
habido un desplazamiento masivo
y que las comunidades vivían en
condiciones deplorables en el
coliseo de Turbo (un estadio de
fútbol). Cuando estas personas
salían al pueblo muchas veces
eran perseguidas y amenazadas.
Al regresar lo que tratan es de
crear zonas cerradas al
conflicto, a pesar de que el
ejército diga que no existe
terreno vedado para ellos, pero
se buscó una figura jurídica
para crear estas zonas
humanitarias donde vivan los no
combatientes.
—¿La gente cuando regresa a su
tierra que encuentra?
L.A.: Nosotros en el Curvaradó
encontramos que las tierras
habían sido todas destinadas
para megaproxectos y los
caseríos destruidos. Ya no había
pueblo. En el Curvaradó por
ejemplo la escuela estaba
literalmente comida por la
palma. A nosotros los tocó la
palma, a los del Cacarica el
plátano, a otros la madera, etc.
Gisela: las comunidades hicieron
el proceso de regreso sin el
acompañamiento de la fuerza
pública porque no había
garantías. Los mismos que los
desplazaron no podían
acompañarlos y brindarles
seguridad. Muchos iniciaron sus
propias estrategias porque
llegaban la zonas destrozadas,
sin educación, sin sistema de
salud, por lo que se
autoorganizaron. El gobierno
hacía promesas pero no cumplían
ninguna.
—Y aún con las amenazas, los
paramilitares, la guerra,
volvéis. ¿Como os protegéis?
Tom: El Jiguamiandal y el
Curvaradó son ejemplos de
dignidad y valentía que
consiguieron muchos apoyos
internacionales. Son un ejemplo
de valor.
L.La.: La primera iniciativa que
nace en el Cacarica fue esa
configuración de las Zonas
Humanitarias, lugares pequeños,
vallados y en los que se
visibilice que allí hay
población civil que no hace
parte del conflicto.
—¿Y las Zonas de Biodiversidad?
L.A.: Son lugares más amplios en
los que renovamos nuestro
compromiso con la naturaleza.
Reforestamos y recuperamos lo
poco que nos queda porque el
territorio fue desertizado por
la palma.
—¿La agroindustria intensiva que
efectos tiene sobre lo medio
ambiente colombiano?
Tom: El desastre ecológico es
enorme. El caso de Colombia aun
es pequeño si lo comparamos con
las deforestaciones masivas del
sureste asiático –de Indonesia o
de Malasia–, con las zonas del
Amazonas del Brasil o las
deforestaciones por el cambio de
cultivo hacia soja de la
Argentina, Paraguay o el mismo
Brasil. No obstante en Colombia
se deforestan anualmente
extensiones enormes de selva
virgen para el aprovechamiento
de los materiales de los bosques
o son sustituídas por
plantaciones de árboles o
monocultivos agroindustriales.
El simple hecho de destrozar, de
hacer desaparecer un ecosistema
ya tiene de por si
implicaciones, como el cambio
climático, porque pierdes el
sumidero de CO2. Cuando labras
la tierra emites todo el carbono
orgánico acumulado durante el
ciclo vital de los ecosistemas.
Cuando tienes monocultivos, que
en el Chocó por ejemplo les
llaman desiertos verdes porque
hace un calor terrible en
comparación con el que antes
tenían con los bosques
autóctonos, secan las tierras al
hacer canales de drenaje para
que las palmas no estén en medio
del agua. Emplean grandes
cantidades de fertilizante y
pesticidas, porque en los
cultivos se desarrollan muchas
plagas cada vez más resistentes.
Hay por tanto contaminanción de
tierras y acuíferos y también
pérdidas irreversibles de
biodiversidad. El Jiguamiandal y
el Curvaradó son la segunda zona
con más biodiversidad de
Suramérica. Es un patrimonio de
la humanidad que va muriendo
para siempre jamás. Ya no se
trata sólo de la pérdida de
vidas humanas, sino de la
pérdida de una cultura y de la
madre naturaleza. Los
monocultivos siempre significan
la muerte, de la biodiversidad y
de la soberanía alimentaria de
la gente. Además, hay un doble
crimen, porque a parte de los
efectos de estos monocultivos
insostenibles en la tierra, la
producción no queda en Colombia,
va para Europa, para Estados
Unidos, para apoyar su
crecimiento económico. El
crecimiento en el norte global
está teñido de sangre.
—¿Y regresa mucha gente?
L.A.: En nuestra comunidad
éramos unas cien familias hasta
el desplazamiento de 1996. Ahora
sólo 10 regresamos.
—Pero seguís teniendo sus más y
sus menos con los paramilitares.
L.A.: Las amenazas son
constantes, tanto a nosotros
como a los acompañantes. Hay
también violencia del ejército,
que no quiere que regresemos.
—¿La gente es neutral en el
conflicto?
Gisela: No. La gente tiene su
posición con respeto al
conflicto interno, pero no son
combatientes, son población
civil. Pero saben reconocer
quien los desplazó.
Tom: En el conflicto colombiano
se quieren desdibujar las
diferencias. Todo parece igual.
Guerrilla es igual la
paramilitares, es igual a
Estado, pero no es así. Las
comunidades lo tienen
políticamente muy claro, saben
que fue el Estado y que los
grupos paramilitares forman
parte de una política de Estado
que los desplazó y que lo sigue
haciendo.
—¿Y cuál es el papel de la
guerrilla? ¿Quien la forma?
Tom: En los años sesenta el
conflicto era tan fuerte que no
se permitía la tenencia de
tierras. Hubo una fuerte lucha
por la reforma agraria y los
campesinos se protegían, por lo
que fundaron lo que eran las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC). Pero los
grupos paramilitares se fundan
antes del surgimiento de las
FARC. Se crean con una visita de
altos mandos militares de
Estados Unidos en 1961 y las
FARC se crean en 1964. No es tan
cierto que los grupos
paramilitares surjan como
reacción a la guerrilla. Fueron
mas bien grupos creados para
eliminar la oposición política,
la llamada "amenaza roja".
—Pero después de tantos años,
¿qué es hoy el llamado conflicto
colombiano, como describiríais
lo que acontece? ¿Hay una
guerra?
L.A.: Desde mi punto de vista en
Colombia hay un conflicto sí,
pero no contra los grupos
insurgentes sino contra el
campesinado. En Colombia hay
guerrilla y hay paramilitares
pero quien sufre es la población
civil..
—¿Y si tuvieses que definir las
razones de este conflicto?
L.A.: El territorio.
Gisela: hay tantos puntos de
vista. Si lo miras desde el
punto de vista de los
desplazados es el territorio, si
lo miras desde el punto de vista
de la respuesta paramilitar a la
guerrilla ves otra cosa, si lo
ves según el drama de los
secuestrados miras otra cosa...
Es muy complicado, nunca se
abordó en serio la causa del
conflicto en sí.
Tom: En Colombia no existió
nunca la libertad real de
ejercicio político. Esa es una
de las causas fundamentales del
conflicto armado en Colombia.
Todo esto está ligado la una
pequeña oligarquía muy
organizada y altamente
academizada que concentra el
poder de la administración
pública, el jurídico, el
parlamentario, el militar y toda
la ruqueza ya desde la
liberación nacional de la
monarquía española. Colombia es
uno de los países más ricos del
continente y una zona
estratégica, la entrada del cono
sur y el control a partir de los
Andes del Amazonas. Quien
controle Colombia controla la
síntesis de la riqueza y los
bienes comunes de América Latina
y del Mundo, la Amazonía, que es
un bien de la humanidad. La
ausencia de una reforma agraria
siempre reclamada por el pueblo
es también crucial.
—¿Y no hay resistencia política?
Tom: En Colombia asesinaron la
muchísimos candidatos a la
presidencia, algunos muy
aclamados polo pueblo como
Gaitán, que lo asesinaron a
punto de tomar el poder, a punto
de romper ese bipartidismo
creado en la Colombia
oligárquica entre liberales y
conservadores que se turnaban
entre ellos. Todos los
candidatos de la Unión
Patriótica fueron asesinados,
también los del M-19, que fue
una guerrilla no muy de
izquierdas, sino bastante
socialdemócrata, y que cuando
abandonó las armas y entró en la
vida política vio como
asesinaron a su candidato, que
era muy popular y tenía muchas
posibilidades de llegar a la
presidencia. Eso pasó con todos.
No tener la posibilidad de
ejercicio político real y que en
el seno del Estado colombiano,
en la cabeza de sus gobernantes,
siempre exista esa tendencia al
terrorismo de Estado y al
aniquilamento de los adversarios
políticos es la principal causa
del conflicto.
—Pero no defiendes a la
guerrilla.
Tom: El tema es muy claro. La
guerrilla viola los derechos
humanos. Un 20% de los cuatro
millones de desplazados fueron
producidos por diferentes
actuaciones de los grupos de la
guerrilla. Pero la guerrilla no
es igual que los grupos
paramilitares. Es una
insurgencia que en un momento
dado usa el derecho te existía
en el derecho internacional de
hacer una insurgencia frente al
Estado. Hoy esto se llama
terrorismo, pero antes las
Naciones Unidas reconocían ese
derecho. Pero se trataba de un
actor frente al Estado opresor,
mientras que los grupos
paramilitares son creados para
hacer el trabajo sucio, los
asesinatos extrajudiciales que
legalmente no puede hacer el
Estado y la oligarquía, que es
quien tiene la autoridad
ideológica.
—¿Uribe es un terrorista de
Estado?
Tom: Sí, yo le llamaría así. Fue
responsable de muchos crímenes
–y hay testigos–, incluso de su
propia familia de
terratenientes, que provocó
muchos desplazamientos. Lo
diferente de Uribe es que los
anteriores presidentes eran de
ciudad y Uribe también es de
buena familia, pero es del
campo, y él utiliza eso. Es como
un caudillo que gobierna
Colombia como quien gobierna una
hinca.
—¿Uribe niega que haya
desplazados?
Tom: ES que hasta hace bien poco
ni reconocía que hubiese un
conflicto armado.
Gisela: Las cifras oficiales
nunca coinciden con las cifras
de las organizaciones de
derechos humanos. Cuando una
persona es desplazada tiene que
ir a registrarse como tal la una
entidad del gobierno para que
pueda recibir las ayudas y para
que puedan iniciarse acciones
para su regreso. Esto mucha
gente no lo hace por miedo, muy
pocos se registran. En el Chocó
el gobierno decía que no había
desplazados y hubo, entre otros,
30.000 que sairon en 1996 pero
no estaban registrados. Hay
sentencias a favor de los
tribunales de justicia pero
cuando recibes ayudas seis meses
en el casco urbano dejas de
figurar cómo desplazado,
desapareces del sistema.
—¿Y hay programas de
desmobilización para
paramilitares?
Gisela: Sí. El gobierno reconoce
que hay paramilitares pero no
que los creó él.
Tom: Hay un texto de Javier
Giraldo en "Guerra y Democracia"
que define esas conversaciones
entre el gobierno y los
paramilitares. Le llama
monólogos. Dialogan consigo
mismos, como si el Estado se
hubiese vuelto esquizofrénico.
—¿Cuál es la reacción
internacional?
Tom: Actualmente el gobierno
colombiano ganó el discurso
internacional porque en el
exterior se piensa que los
paramilitares son un ente
diferente a la guerrilla, que es
cierto, pero también al Estado.
—¿Y que imagen os lleváis? ¿aquí
la gente sabe de vuestro
conflicto?
Gisela: Aquí la gente sólo habla
de Ingrid Betancourt y de los
secuestrados cómo tú decías al
principio.
Altermundo
Traducido del gallego original
para Rebelión
altermundo.org/portal/content/view/1455/327/
CUEVA REBELDE ITZCUINTLI
http://members.tripod.com/~itzcuintli/index.html
Gentileza:: Red Latina sin
fronteras
[redlatinasinfronteras@yahoo.es]
paginadigital |
