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Las raíces estructurales del
hambre, las crisis alimentarias
y los desórdenes
James
Petras
«Los países pobres del
mundo gastarán unos 38 700
millones de dólares en
importación de cereales este
año, el doble de la cantidad que
pagaron hace dos años por las
mismas cantidades y un 57 % de
aumento en relación con 2007.»
Cita del senador estadounidense
Byron Dorgan en la Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
(FAO) Financial Times , 21 de
abril de 2008 p.19.
Estos últimos días, todos
los bancos internacionales
importantes (el FMI, el Banco
Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo, el Banco de
Desarrollo Asiático, etc.),
todos los periódicos y los
medios de comunicación
financieros importantes se han
visto obligados a reconocer que
está teniendo lugar una crisis
alimentaria importante, que
cientos de millones de personas
están abocados al hambre, la
desnutrición y a la muerte por
inanición. Se han realizado
llamadas a conferencias
mundiales, se han declarado
emergencias nacionales a raíz de
los desórdenes provocados por
millones de personas en casi
cincuenta países que han
amenazado con desbancar sus
regímenes políticos y han
aumentado las tensiones sociales
incluso en los países más
dinámicos y con mayor
crecimiento, como China o la
India. Incluso en los países
imperialistas de América del
Norte y Europa, la combinación
de la escalada en los precios de
los alimentos y el estancamiento
de los salarios, las expulsiones
de sus hogares y los pagos de
las deudas amenazan a los
regímenes en ejercicio y
aumentan las presiones sobre
todos los gobiernos para tomar
acciones urgentes.
Las respuestas de las élites se
prevén inadecuadas y sus
explicaciones de la crisis van
desde la inadecuación, el
interés propio hasta la
estupidez. El Banco Mundial
repite la petición de ayuda de
alimentos para emergencias y
subsidios por valor de varios
cientos de millones de dólares
para los «más necesitados», es
decir, para aquellos países en
los que se han producido
disturbios importantes a causa
de los alimentos, con saqueos a
los distribuidores privados de
alimentos, los puntos de venta
al por mayor y al por menor, y
amenazas o desbancamiento de los
regímenes de libre mercado que
han sido los alumnos modelo que
han seguido las políticas del
Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional.
Los autoproclamados expertos
económicos, según lo previsto,
se evalúan a sí mismos e
intentan evadir el fracaso de
sus recetas anteriores. Todos
los académicos y consejeros
políticos conservadores,
liberales y progresistas echan
la culpa a «China, por comer
demasiada carne» (profesor Paul
Krugman, de la Universidad de
Princeton y columnista del New
York Times), al «crecimiento de
la demanda», a «la inflación»...
Los progresistas señalan la
desviación de la producción
hacia los biocombustibles como
el «biodiésel», la falta de
planificación de los gobiernos y
la distorsión de las
prioridades.
El aumento de la ayuda
alimentaria tiene solamente un
impacto transitorio, en regiones
limitadas, sobre una fracción de
la población afectada. Culpar al
crecimiento de la demanda
obviamente exige preguntarse por
la « falta de suministro» y las
características estructurales
(posesión de tierra, pautas de
propiedad, búsqueda de
rentabilidad y relaciones entre
clase y estado) que le dan
forma. De igual importancia es
el hecho de que, incluso en
aquellos lugares en los que hay
alimentos que llegan al mercado,
los precios de esos alimentos
están fuera del alcance de la
mayoría de trabajadores rurales
y urbanos, campesinos y personas
sin empleo. Los que critican
desde el punto de vista de la
oferta y la demanda omiten un
análisis de clase de los
«productores» que determinan el
sistema de precios (según su
poder oligopólico del mercado y
sus criterios para obtención de
beneficios) y los consumidores
(trabajadores informales y
formales con salarios bajos,
cuyos ingresos van en declive).
Los granjeros capitalistas se
encuentran en una posición
adecuada para proteger e incluso
aumentar sus beneficios
trasladando sus costes añadidos
por insumos al poder de mercado
más débil de los consumidores,
ayudados e instigados por los
regímenes políticos neoliberales
del libre mercado.
Los progresistas que echan la
culpa de la crisis a los
biocombustibles (el aumento de
los precios se debe al desvío de
los granos y el uso de la tierra
hacia la producción de
combustible) no responden a las
preguntas estructurales más
elementales: ¿Qué clases
llegaron al poder estatal y
dieron forma a las políticas
económicas y permitieron que se
produjera este «desvío»? Los
grandes préstamos privados y
estatales de los años 70 debidos
a la disponibilidad de préstamos
baratos llevaron al crecimiento
del endeudamiento. Los bancos
privados, empresas y
fabricantes, promotores
inmobiliarios endeudados,
endilgaron, gracias a sus
influencias poderosas y
relaciones directas con el
estado, sus deudas privadas al
Estado y, en último término, a
los contribuyentes, un fenómeno
que se describió más tarde como
«socialización de la deuda
privada» o «pago de la fianza al
sector privado».
El Estado se vio enfrentado a
obligaciones de deudas cada vez
mayores (la llamada «crisis de
la deuda»), acudió al FMI y al
Banco Mundial para obtener
préstamos y, lo que es más
importante, para obtener su
certificado para préstamos
enormes de los bancos
comerciales. El FMI y el Banco
Mundial exigieron cambios
estructurales fundamentales del
Estado para conceder los
préstamos, y estos préstamos con
condiciones implicaban una
completa transformación en las
políticas de inversión,
comercio, consumo e ingresos que
tuvieron un efecto importante
sobre la estructura de clases y
la composición de la clase
dominante.
Los préstamos internacionales,
tanto oficiales como
comerciales, y los cambios
estructurales que los acompañan,
resultaron en la eliminación de
las barreras comerciales
protectoras en la agricultura y
la fabricación. Como resultado
se produjo una entrada masiva de
bienes agrícola subvencionados
de los Estados Unidos y de la
Unión Europea, que destruyeron a
los agricultores con granjas
familiares de pequeño y mediano
tamaño que producían alimentos
básicos. La bancarrota de los
productores de alimentos resultó
en desplazamientos masivos de
granjeros y trabajadores
agrícolas a las ciudades y en la
concentración de la tierra en
las manos de propietarios de
plantaciones comerciales
agrícolas que se concentraron en
la producción de cultivos para
la exportación.
Las exigencias del FMI y del
Banco Mundial incluían la
reasignación de los créditos,
préstamos y asistencia técnica
gubernamentales para los grandes
exportadores agrícolas en bienes
únicos porque ellos eran los que
obtenían las divisas fuertes
necesarias para devolver los
créditos y enviar beneficios a
los accionistas, ejecutivos y
propietarios de las empresas
multinacionales.
El FMI y el Banco Mundial
aceptaron negociar la
refinanciación de los pagos de
intereses y capital pendientes
de los estados deudores a
condición de que privatizaran y
desnacionalizaran todas las
empresas estatales monopolio y
lucrativas. La privatización y
la desnacionalización resultaron
en compras extranjeras a gran
escala de amplias parcelas de
fértiles tierras agrícolas y en
la producción y exportación de
grano por parte de los oligarcas
nacionales e inversores
extranjeros.
El conjunto de estas políticas
que eliminaron las barreras al
libre comercio, promovieron la
privatización y la
desnacionalización, la amplia
penetración de los sectores de
mercado y producción y el
aumento del énfasis de la
intervención estatal en apoyo de
la actividad económica de
intercambio extranjero orientada
a la exportación, recibió el
nombre de «neoliberalismo», un
modelo que combinaba unas
políticas socioeconómicas
dirigidas y reguladas por el
estado con el objetivo de
aumentar la función y el poder
de las élites extranjeras y
nacionales a favor de la
especialización de los mercados
mundiales.
El ascenso de esta nueva
configuración del poder durante
los años 80 y 90 dictó las
decisiones políticas y
económicas clave en relación con
las inversiones (sus
asignaciones, sectores y
subsectores), además de los
mercados (internos y externos),
productos (alimentos,
combustibles, productos básicos)
y precios (carteles
oligopolísticos). El principio
básico que guía a las clases
dirigentes nacionales y
extranjeras era la
especialización en actividades
complementarias en la economía
mundial (lo que los economistas
ortodoxos denominan
«especialización basada en las
ventajas comparativas»). La
integración de las clases
dominantes extranjeras y locales
resultaba lucrativa y se
apoyaban la una en la otra: el
capital privado y los bienes de
consumo fluían por sus circuitos
financieros y de bienes de
consumo internacionales.
Las consecuencias a medio plazo
y a gran escala de esta nueva
configuración del poder para la
agricultura y la producción de
alimentos se manifestaron en
apenas algo más de una década.
En la segunda mitad de la
primera década del siglo XXI
estalló una crisis agrícola sin
precedentes: la influencia del
sector de exportación agrícola
de la clase dominante y la
puesta en práctica de sus
políticas en favor del «libre
mercado» resultaron en el final
del control sobre los precios y
en su ascensión meteórica. Los
precios reflejaron las
relaciones sociales de
producción y distribución: la
dominación de los terrenos y las
inversiones por los grandes
agricultores capitalistas dio
forma a los precios del
«suministro» y al por mayor; los
gigantes proveedores comerciales
mundiales («los supermercados»)
fijan los precios para el
consumidor directo. Se produjo
«competencia» entre los
productores y los distribuidores
oligopólicos para ver quién
podía hacerse con los precios
más altos y los mayores
beneficios.
Los exportadores agrícolas de la
clase dominante terminaron con
los subsidios para los
agricultores productores de
alimentos a nivel familiar y
aumentaron los subsidios para la
exportación para los productores
de productos básicos esenciales.
Los agricultores familiares se
vieron en la bancarrota y sus
tierras las compraron
especuladores inmobiliarios
(promotores autoproclamados)
para usos comerciales, pistas de
golf, complejos turísticos,
comunidades de lujo con vallas
de separación y bienes básicos
para la exportación; los
arrozales se convirtieron en
clubes de campo; los precios del
maíz y el trigo se doblaron en
los diez meses que iban desde
septiembre de 2007 y julio de
2008. Los beneficios engrosaron
la cuenta de resultados de
Cargill ( Financial Times , 15
de abril de 2008, p 21): los
beneficios trimestrales
aumentaron en un 86 % hasta
alcanzar los 1030 millones de
dólares durante el tercer
trimestre que terminó el 29 de
febrero de 2008. No fue sólo un
caso, como dirían los ortodoxos,
de aumento de la «demanda», sino
del hecho de que cientos de
miles de millones de dinero de
los especuladores fluyeron a los
mercados de bienes de consumo.
En condiciones de mercados
estrechamente controlados por
los grandes negocios agrícolas,
las reservas de grano bajaron a
sus niveles mínimos en 35 años
en relación a la demanda,
principalmente porque los
grandes agrocapitalistas
quisieron limitar el suministro
de alimentos y aumentar la
producción de combustible, al
tiempo que derivaban capital
para la especulación en
productos básicos. Como
resultado de la influencia de la
norma de los gigantes
agrocapitalistas y de sus
políticas de inversión y uso de
la tierra, los precios medios de
los alimentos aumentaron en un
45 % entre julio de 2007 y abril
de 2008 y se prevé que suban un
15 % más para julio.
Atemorizados más por las
protestas masivas que desbancan
regímenes clientes sumisos que
por la hambruna generalizada y
el aumento de la mortalidad de
los pobres, los líderes
capitalistas de todo el mundo se
reunieron en Washington en la
primavera de 2008. Se quejaron
de los disturbios por los
alimentos, lamentaron la
«pérdida del progreso de una
década (sic) en África» e
incluso realizaron llamamientos
a la «acción». Como era de
esperar, se prometieron algunos
cientos de millones de ayuda
alimentaria de urgencia, lo cual
destruirá los últimos bastiones
de agricultores a pequeña escala
que producen alimentos para los
mercados locales. Los regímenes
neoliberales de toda Asia se
vieron obligados por el temor a
bloquear las exportaciones de
artículos alimenticios básicos
para impedir que los disturbios
alimentarios se convirtieran en
insurrecciones masivas: los
salarios van por detrás de los
meteóricos precios de los
alimentos. Los regímenes
neoliberales de Indonesia,
Egipto, la India, Vietnam, China
y Camboya prohibieron las ventas
de arroz extranjero ( Financial
Times , 16 de abril de 2008, p.
1). No obstante, estos gestos
proteccionistas y limosnas de
alimentos han obtenido escasos
efectos positivos en su país y
han aumentado la escasez para
los importadores de alimentos.
Los futuros de maíz alcanzaron
un valor récord de 6,16 USD por
fanega entre enero y marzo de
2008, un aumento del 30 % y la
prohibición de la exportación en
Indonesia aumentó el precio del
arroz en un 63 % durante los
tres primeros meses del año
2008.
Ninguno de los líderes mundiales
reunidos en Washington y
«preocupados» por el hambre, la
regresión y, lo principal, las
revoluciones, propuso una
reforma agraria: la
redistribución de la tierra a
los campesinos y agricultores
para la producción de alimentos.
Ninguno de los líderes propuso
siquiera reformas tales como los
controles de precios y
beneficios y la reconversión del
uso de la tierra para la
producción agrícola. Ninguno de
estos líderes propuso la
ilegalización de la especulación
en futuros de bienes básicos en
las bolsas de todo el mundo. No
es de extrañar que el FMI
«prediga» que los precios de los
alimentos continuarán aumentando
hasta 2010.
Los precios de los combustibles
no han bajado a pesar del
aumento en miles de veces de la
producción de etanol. Los
precios del etanol (y de los
combustibles) y de los alimentos
han aumentado a pesar de la
expansión de la producción
porque es la misma configuración
de monopolio del poder la que
opera en ambos sectores.
El aumento de las diferencias
entre salarios y precios es un
empobrecimiento por causas
estructurales. Las protestas
masivas, tanto en los países
imperialistas como en el tercer
mundo, nacen de problemas
básicos inmediatos, pero sus
raíces se hunden en las
estructuras profundas de la
economía capitalista.
Sólo los prestigiosos
economistas ortodoxos sin
cerebro empleados por los bancos
centrales continúan cotorreando
sobre «inflación subyacente» e
«inflación patente», como si los
aumentos en el precio de los
alimentos, los combustibles, la
salud y la educación no
resultaran centrales para la
vida cotidiana de miles de
millones de vidas. Lo peor:
continúan sin comprender que una
inflación galopante y unos
salarios estancados son factores
intrínsecos en las mismas
estructuras de la economía y el
estado capitalistas. Lo que es
absolutamente claro es la
bancarrota de la teoría de la
especialización en productos de
exportación a expensas de la
seguridad alimentaria. Lo que
era una exigencia de una minoría
radical se encuentra ahora como
prioridad máxima en la agenda de
un movimiento de miles de
millones de personas.
Las personas exigen un cambio
radical de las desastrosas
teorías derivadas de Friedman
que preconizan la dependencia de
unos mercados alimentarios
mundiales monopolizados a una
vuelta a las políticas
revolucionarias de la autonomía
alimentaria.
Traducido
para Rebelión por Mar Rodríguez
www.rebelion.org/
http://www.panamaprofundo.org/boletin/varios/las-raices-estructurales-del-hambre.htm
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