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La rebelión de los 100 clanes
Redacción
de Econoticiasbolivia
Los nombres, negocios,
objetivos, armas y apoyos de los
grupos que conspiran para tirar
abajo al "indio presidente" y
que ya controlan la mitad de
Bolivia
Dueños de vidas y haciendas,
cerca de 100 poderosos clanes
familiares, que además controlan
la agroindustria, el comercio
exterior, la banca y los grandes
medios de comunicación, dirigen
desde el oriente y los valles de
Bolivia la rebelión oligárquica
contra el presidente indígena
Evo Morales.
Los clanes familiares ya se han
apoderado de las tierras más
fértiles de Bolivia y han
levantando gigantescos
latifundios, sobre los que han
edificado un creciente poder
económico y político, manejando
a su antojo las principales
organizaciones empresariales,
cívicas e incluso populares de
las regiones orientales y del
sur del país (Santa Cruz, Beni,
Pando y Tarija), desde donde
conspiran para echar abajo al
"indio presidente" e intentan
armar su propio Estado, con su
Parlamento y Policía propia y
con el control absoluto sobre la
tierras, los impuestos, la
educación y los impuestos (ver
"La oligarquía arma su propio
Estado").
Según un informe del Programa de
Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), conocido por
Econoticiasbolivia, este
centenar de familias tiene en
sus manos 25 millones de
hectáreas, cinco veces más que
dos millones de campesinos que
trabajan en otras cinco millones
de hectáreas y que subsisten a
duras penas en los minifundios,
degradados por la
sobreexplotación agrícola y la
baja productividad.
Los dueños de Santa Cruz
Su poder es enorme,
especialmente en Santa Cruz, la
región más próspera de Bolivia y
donde se concentran las tierras
más fértiles, los bosques y
enormes yacimientos de gas,
petróleo, minerales y
biodiversidad. Allí, en el
epicentro de la conjura
secesionista, que tiene fuertes
rasgos de racismo en contra de
los altiplánicos y al amparo de
bandas fascistas, los clanes
familiares controlan la tierra,
los negocios urbanos y el poder
político (la prefectura y el
comité cívico responden a su
mandato).
Allí, según los datos del
Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA), tan sólo 15
acaudaladas familias disponen de
medio millón de hectáreas de
tierras fértiles y cercanas a
los mercados, que equivalen, en
superficie, a 25 veces el tamaño
de toda la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, que es de 20 mil
hectáreas y en las que viven un
millón de personas.
Allí están los clanes de los
Saavedra Buno, Monasterio Nieme,
Justiniano Ruiz, Roig Pacheco,
Rapp Martínez, Antelo Urdininea,
Keller Ramos, Candia Mejía,
Castro Villazón, Ovando, Fracaro,
Sánchez Peña, Nielsen, Bauer y
Elsner.
La familia Monasterios, por
ejemplo, controla una superficie
de tierras tres veces mayor a la
ciudad de Santa Cruz. Mucha de
esta tierra le fue entregada en
calidad de dotación
(gratuitamente) por los
gobiernos militares y
neoliberales, en un abierto
tráfico de influencias, según la
explicación del INRA y del
Viceministerio de Tierras.
Otros que acumulan las tierras
son los Gutiérrez (96 mil
hectáreas), Paz Hurtado (76
mil), Gasser Bowles (72 mil).
Los datos oficiales remitidos a
Econoticiasbolivia apuntan que
tan sólo los clanes de los
Guiteras, Monasterios, Leigue,
Yañez, Majluf, Antelo, Asbún y
Salas Abularach se han apoderado
de 3,1 millones de hectáreas en
Santa Cruz y Beni.
En promedio, en Bolivia, una
familia de terratenientes
detenta un cuarto de millón de
hectáreas (250 mil) de tierra
fértil, en tanto que una familia
campesina apenas posee una
hectárea con poca capacidad
productiva.
Amos de la tierra y de la vida
Entre estos grandes potentados
también está el clan de los
Marinkovic, que poseen, sin
papeles legales, más de 26 mil
hectáreas en la región oriental,
seis mil hectáreas más que toda
la superficie de la capital
cruceña.
Según el director del INRA,
Cliver Rocha, la familia
Marinkovic no posee los títulos
de propiedad sobre las tierras
que reclama como si fueran
suyas, siendo ilegal su
intención de alambrar 14 mil
hectáreas del pueblo de los
guarayos.
El clan croata de los Marinkovic
ha colocado a uno de ellos, a
Branco, a la cabeza del Comité
Cívico de Santa Cruz, y es,
junto al prefecto (gobernador)
Rubén Costas (otro racista
millonario ganadero y
latifundista), la cabeza visible
del movimiento secesionista y
conspirador.
Todos estos clanes familiares se
han apoderado de las zonas más
fértiles y son, literalmente,
dueños de tierras, ríos,
bosques, haciendas y vidas en el
oriente boliviano, a pesar de
los tímidos reparos de las
autoridades gubernamentales.
"Los ríos, lagunas y caminos son
servicios públicos, son del
Estado, y por tanto no son
susceptibles de apropiación
privada", dice Rocha, a modo de
reclamo.
El eje de la oligarquía
El poder de los 100 clanes, que
emerge desde la tierra, se ha
desarrollado en los últimos años
con el creciente control y
dominio que ejercen en el
conjunto de la agropecuaria
exportadora, la industria, la
explotación sin límite de la
riqueza forestal, el comercio
exportador, la banca y los
grandes medios de comunicación.
Los Marinkovic, por ejemplo,
junto al clan de los Cronembol y
dos transnacionales, una peruana
y otra norteamericana, controlan
toda la industria del aceite de
soya y girasol, uno de los ejes
del agropoder oriental. Poseen,
además, casi la quinta parte de
las acciones del Banco
Económico, según los datos de la
Superintendencia de Pensiones,
Valores y Seguros, además de
otros lucrativos negocios.
La ganadería cruceña está en
manos de los Kuljis, Áñez y
Monasterios, tanto por la
magnitud de sus hatos ganaderos
como por el control que ejercen
sobre los mataderos,
frigoríficos y cadenas de
supermercados. Todos ellos
ligados a los gobiernos
neoliberales.
Los Kuljis son accionistas del
Banco Económico, propietarios de
la papelera Empacar y de una
gran curtiembre, dueños de la
cadena televisiva red Uno y de
la Universidad cruceña Mateo
Kuljis.
Los Monasterios son dueños de
grandes frigoríficos,
accionistas mayores del Banco
Ganadero y propietarios de la
red televisiva Unitel, desde
donde dirigen el mayor ataque
mediático contra Morales. Los
datos del INRA, muestran que la
familia Monasterio poseía en
Santa Cruz 78.340 hectáreas en
el departamento, y en la capital
tenía otras 20.505 hectáreas.
Otros que tienen gran peso en la
banca son los Saavedra Bruno,
que controlan casi la quinta
parte de las acciones del Banco
Nacional de Bolivia, el más
antiguo del país.
Los informes de la
Superintendencia de Bancos
confirman el enorme peso que
tienen los latifundistas en el
paquete accionario de los bancos
nacionales y muestran, además,
que usan estos mecanismos para
potenciar sus negocios y
consolidar su poder. No extraña,
por ello, que más de la mitad de
los créditos otorgados por toda
la banca hayan sido destinados a
pequeños grupos empresariales de
Santa Cruz y menos de la mitad a
los otros ocho departamentos del
país.
Enlazados al capital
transnacional
Todos estos clanes están
fuertemente penetrados por el
capital transnacional, no sólo
por el origen de muchos de ellos
que provienen de descendientes
de inmigrantes europeos
(alemanes, croatas y serbios),
sino también por sus
articulaciones con empresas
extranjeras.
No es extraño, por ello, que un
tercio de la producción y
exportación de soya y
oleaginosas esté bajo el control
de empresarios brasileños,
varios de los cuales alquilan
y/o compran tierras a los
latifundistas nacionales. Otro
tercio de la producción y
exportación de tierras está bajo
el control de empresarios
argentinos y rusos y de pequeños
productores menonitas y
japoneses.
Dueños y señores del beni
Más al norte, en las ubérrimas
llanuras del departamento del
Beni, la situación no es
diferente. Allí es el reino de
los clanes de los Guiteras,
Llapiz, Sattori, Bruckner,
Quaino, Dellien, Avila, Nacif,
Antelo, Salek. Allí, 10 familias
tienen un poco más de medio
millón de hectáreas (534 mil),
que es, en extensión, 500 veces
más grande que toda la ciudad de
Trinidad, la capital beniana.
Allí, como en Santa Cruz y
Pando, una vaca vale más que una
familia campesina. Allí, el
poder político y económico se
reparte entre padres, hermanos e
hijos. Unos son autoridades
regionales, otros diputados y
concejales, otros son jefes
militares y dueños de empresas.
Allí también imperan los Gasser,
Elsner, Carruty y los Bauer
Elsner. Todos ellos, que
provienen de familias europeas,
son los dueños de los
principales negocios,
accionistas de la banca y
manejan a su antojo los cargos
públicos, la justicia, la prensa
y la administración pública. No
es casual, por ello, que el
prefecto (gobernador) sea uno de
ellos: Ernesto Suárez Sattori,
un ganadero latifundista y ex
parlamentario de la fascista ADN
(Acción Democrática Nacionalista
del ex dictador Hugo Banzer).
Los amos de Pando
Más al norte, en Pando, es el
reino de los Sonnenschein,
Hecker, Becerra Roca, Vaca Roca,
Peñaranda, Barbery Paz, Claure,
Villavicencio Amuruz, que
gobiernan de la misma forma que
sus pares de Santa Cruz y Beni.
Estas ocho familias concentran
cerca de un millón de hectáreas
de tierras fértiles, que
equivalen a dos mil veces la
extensión de la capital Cobija,
donde gobierna con ellos otro
millonario ganadero, el
ultraderechista Leopoldo
Fernández.
El gobernador Fernández es uno
de los amos y señores de Pando y
su influencia es tal que incluso
el propio Morales le ofreció,
hace un año y medio, que sea
candidato por su partido, el
Movimiento al Socialismo (MAS),
para gobernar la rica región
fronteriza con Brasil. Fernández
lo rechazó, él no quiere nada
con los indios.
Clanes racistas
Estos clanes son visceralmente
racistas y están convencidos de
que los campesinos, a los que
explotan como en los tiempos del
feudalismo, valen menos que sus
vacas, por lo que no conciben
que uno de ellos sea el actual
presidente de Bolivia.
Estos grupos oligárquicos han
estado, desde siempre,
imbricados con el poder
político. Han cogobernado con
las dictaduras militares y han
lucrado al máximo con los
regímenes neoliberales
democráticos y saben, muy bien,
conservar sus privilegios.
Por ello, tras estar
arrinconados parcial y
temporalmente desde octubre del
2003, cuando una insurrección
popular derrocara al ex
presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada, al que respaldaron hasta
último momento, los
latifundistas comenzaron a
recobrar el poder político
regional, mediante la abierta
confrontación con el titubeante
y conciliador régimen
indigenista de Morales, que
busca, en el fondo, que las
rancias élites de oligarcas
compartan el poder con las
emergentes élites indígenas (ver
García Linera: Las élites
comparten el poder).
Con el control de las masas
Con gran perspicacia, la
oligarquía se ha aprovechado en
los dos últimos años de los
genuinos y legítimos deseos de
la población por mejorar sus
condiciones de vida y ha
levantado las banderas de la
autonomía y en contra del
centralismo. Al pueblo le dicen
y le convencen de que ahora, con
la autonomía, los recursos
económicos de la región ya no se
irán lejos y servirán para dar
empleo, pan y progreso a todos
los cruceños. Este discurso caló
hondo en la población civil y
las organizaciones cívicas y
populares, dada la ambivalente
posición de Morales sobre las
autonomías y el reciente recorte
de recursos que hace a la región
(les resta anualmente casi 200
millones de dólares del impuesto
de hidrocarburos para pagar un
bono para los más ancianos.
Hasta el 2007 este beneficio lo
pagaba el Estado y la petrolera
estatal).
En este proceso, la oligarquía
también ha exacerbado al máximo
el racismo y los sentimientos
más bajos del regionalismo y de
menosprecio hacia los
altiplánicos, que siempre han
estado latentes en las regiones
del oriente y sur del país.
No es casual, por ello, que los
clanes controlen y dirijan a las
masas, metan palo y amedrenten a
los opositores con sus bandas
fascistas (ver: En Santa Cruz
reina el fascismo) y aprovechen
al máximo los errores del
presidente Morales, que poco o
nada hace para abrir una brecha
entre los clanes y las masas
empobrecidas a las que explotan
y utilizan en beneficio propio.
La defección de Morales
Atrapado por su política
conciliadora y de respeto a la
propiedad privada, Morales no
apunta a quebrar el poder
económico de los latifundistas,
no va a expropiar la tierra de
los latifundistas ni a
redistribuirla entre los
campesinos y pequeños
productores urbanos.
Tampoco se orienta a quebrar la
extrema explotación de la fuerza
de trabajo que hace el gran
capital. No quiere, por ejemplo,
triplicar el salario mínimo a
1.800 bolivianos (el previsto
para el 2008 es de apenas 577
bolivianos), tal como prometió
en las elecciones del 2005 y con
el que podría dejar a la
oligarquía sin respaldo obrero y
de gran parte de las clases
medias. El gobierno tampoco
ofrece acciones concretas para
apoyar a los trabajadores del
oriente en su lucha contra el
capital (legislación laboral
protectiva, prohibición de
despidos, control sobre los
empresarios, control de precios,
etc).
En rigor, los dos años del
gobierno de Morales no han
significado un cambio positivo
para los más pobres del oriente.
Los pobres siguen igual o peor
que antes, y Evo no les ofrece
nada tangible: ni tierra ni
salarios, no pone freno a la
explotación laboral en el agro y
menos en las ciudades y no
contribuye a quebrar la
hegemonía política e ideológica
que tienen los clanes familiares
sobre la población del oriente y
los valles de Bolivia.
Control sobre las tierras
Por ahora, los clanes usan el
respaldo de las organizaciones
sociales, cívicas, empresariales
e incluso sindicales para
defender sus privilegios y
organizan a los más pobres para
enfrentar al gobierno indígena
de Morales y su nueva propuesta
de Constitución Política del
Estado.
Esta nueva norma, que debe ser
sometida a un referéndum
nacional en el 2008 para tener
validez jurídica, plantea la
posibilidad de restringir la
propiedad individual de la
tierra a un máximo de 5 mil o 10
mil hectáreas (equivalentes a la
cuarta parte o la mitad de la
extensión de la ciudad de Santa
Cruz que tiene 20 mil
hectáreas).
Esta restricción lastima los
intereses de los latifundistas y
los obligaría, en caso de
aprobarse, a redistribuir sus
haciendas entre los miembros del
clan familiar, tal como lo hacen
desde los últimos años (las
propiedades se subdividen a
nombre de los hijos, hermanos,
primos y otros familiares) para
burlar la ley y evitar la
denuncia pública de
acaparamiento.
Freno a la indiada
El propósito principal de la
oligarquía es retomar el poder
político en la región y tomar el
control total sobre la tierra,
además de frenar a Morales y a
la indiada, que a pesar de la
promesas de Evo, quiere y pugna
por eliminar a los latifundistas
para acceder por fin a la tierra
y a las posibilidades de una
mejor vida para sus familias.
Con tres millones y medio de
campesinos pobres sedientos de
tierra y justicia, la
posibilidad de una radical
reforma agraria está más latente
que nunca. El pasado 10 de
septiembre del 2007, por
ejemplo, la denominada "Cumbre
de organizaciones sociales de
pueblos y naciones indígenas
originarias campesinas y
organizaciones populares de las
ciudades", con masiva presencia
de dirigentes del MAS, aprobó
una declaración que en su punto
9 establece la necesidad urgente
de "expropiación sin
indemnización del latifundio y
su distribución inmediata entre
productores y del campo y la
ciudad que estén dispuestos
hacerla producir en beneficio de
la sociedad".
Doble poder
Hasta ahora, la oligarquía ha
logrado gran parte de sus
objetivos. Ejerce, en los
hechos, el poder político y
gobierna cuatro de las nueve
regiones de Bolivia (Santa Cruz,
Beni, Pando y Tarija, donde
arrincona y persigue a palo a
los disidentes), avanza en su
propósito de moderar al máximo
la tímida propuesta de
Constitución de Morales e
intenta legalizar, aunque sea
parcialmente, sus estatutos
autonomistas. Este lunes, en el
inicio de un diálogo nacional
con Morales ha logrado la doble
promesa presidencial para que el
Estado devuelva parcialmente los
recursos a las regiones (200
millones de dólares) y para que
se articule la nueva
Constitución con los reclamos de
autonomía regional.
Al interior de la oligarquía son
visibles dos tendencias. Una,
encarnada en el prefecto Rubén
Costas y los clanes vinculados a
los sectores productivos de la
agroindustria, el comercio y la
banca, que creen que deben
seguir presionando a Morales
para lograr un "gran acuerdo
nacional" que preserve la
vigencia de dos gobiernos en
Bolivia, el de ellos en el
oriente y el sur y el de Morales
en el altiplano (ver En Bolivia
hay dos gobiernos). La otra
tendencia, representada por los
clanes que mantienen para el
engorde y la especulación
inmensos latifundios
improductivos y que tienen
tierras sin sanear, y en la que
se inscriben los Marinkovic, con
fuerte peso en el Comité Cívico
de Santa Cruz, son partidarios
de avanzar con más fuerza hacia
una autonomía más radical y con
mayor confrontación con el poder
central. Unos quieren consolidar
lo que hoy ya han conquistado,
los otros pretenden aún más.
El rol de la embajada
Unos como otros aguardan, sin
embargo, los resultados del
diálogo que los prefectos
iniciaron con Morales y esperan
nuevas señales de las
diplomacias de Brasil, Argentina
y Estados Unidos, que son
vitales para ver hasta dónde
avanzan en sus propósitos de
construir su propio Estado al
interior de Bolivia.
Según ha denunciado el gobierno,
la Embajada de Estados Unidos es
la que promueve y financia los
intentos separatistas de la
oligarquía. Las estrechas
relaciones del embajador
estadounidense Philip Goldberg
con Costas y Marinkovic, y el
financiamiento de la agencia
norteamericana de cooperación
Usaid a los políticos
derechistas de oposición son
prueba de ello y marcan la
evolución de la política de
Washington con relación al
presidente Morales.
Hasta el 2002, el dirigente
cocalero Evo Morales era
considerado como el enemigo
número uno de Washington. En ese
entonces, el embajador Manuel
Rocha amenazaba abiertamente a
los bolivianos con suspender la
ayuda económica y cortar
relaciones diplomáticas si éstos
se animaban a votar por Evo, al
que consideraban ligado al
narcotráfico.
Sin embargo, en el periodo 2003
– 2005, cuando el levantisco
pueblo boliviano derribó a dos
gobiernos neoliberales (Gonzalo
Sánchez de Lozada y Carlos Mesa)
y amenazó con expulsar a las
transnacionales petroleras y
mineras que saqueaban Bolivia,
nacionalizando el gas, las minas
y las tierras, Washington
revalorizó el papel de Morales y
decidió, aunque de mala gana,
convivir con él, más aún cuando
éste ganó las elecciones de
fines del 2005 con el 54 por
ciento de los votos.
Ya en el poder, Morales atemperó
los ánimos populares sobre la
expulsión de las transnacionales
y logró nuevos acuerdos con las
petroleras, legalizando sus
contratos y garantizando sus
propiedades, sus inversiones y
ganancias. Otorgó también
amplias garantías para la
propiedad y la inversión privada
que cumplan con las normas y
leyes.
Todo ello agrada a Washington,
aunque no es suficiente para
anular el creciente apoyo
estadounidense a la causa de la
oposición oligárquica. El
alineamiento de Morales con los
regímenes de Cuba y Venezuela,
su tolerancia al cultivo
limitado de coca, su permanente
y estridente retórica
antiimperialista y la amenaza de
que los sectores radicales de
indígenas y trabajadores
desborden al presidente indígena
(Ver: Mineros en pie de combate)
hacen que la Embajada no confíe
en Evo y busque, por el
contrario, limitar su poder al
altiplano, tal como actualmente
ocurre.
La administración Bush fogonea
contra Morales y ha enviado a su
mayor experto en el separatismo
como Philip Goldberg, que ya
trabajó entre 1994 y 1996 como
asistente especial del embajador
Richard Holbrooke, uno de los
estrategas de la desintegración
de Yugoslavia y de la caída en
2000 del presidente Slobodan
Milosevic. Goldberg promovió la
separación de Serbia y
Montenegro y también estuvo en
Kosovo, generando conflictos
entre serbios y albaneses. Ahora
está en los andes bolivianos,
alentando la rebelión de los 100
clanes.
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