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Prólogo al libro de Hernando
Calvo Ospina "Colombia,
laboratorio de embrujos.
Democracia y terrorismo de
Estado"
Ignacio
Ramonet
Rebelión
Algunos momentos, algunas
palabras
Dada la actualidad, y con la
autorización del autor y las
editoriales, publicamos el
prólogo de Ignacio Ramonet al
libro de Hernando Calvo Ospina
sobre la historia del terrorismo
de Estado en Colombia
Según la historia, a partir de
la segunda mitad del siglo XIX
existen en Colombia dos partidos
políticos, el Liberal y el
Conservador. No es falso. Pero
ello no es suficiente. En
realidad, desde esa época, el
país está dividido entre
aquellos que lo poseen todo y
aquellos que nada tiene.
No entraré en los detalles de la
tragedia colombiana, que
Hernando Calvo Ospina desarrolla
aquí ampliamente y con gran
talento. A modo de introducción,
me contentaré con recordar
algunos hechos significativos,
emblemáticos de esta penosa
historia.
Elegido al Congreso en 1929, el
liberal Jorge Eliécer Gaitán
decidió combatir a lo que él
llamó la oligarquía: los ricos
de ambos partidos. Con el paso
del tiempo sus discursos se
hacen incendiarios. Desde la
tribuna, en mangas de camisa, él
remata sus arengas con "¡Contra
la oligarquía, a la carga!". A
pesar de ello, aboga por un
cambio pacífico. Cuando se le
daba como favorito a la
presidencia de la república, el
9 de abril de 1948 es asesinado
en Bogotá.
Un detalle insólito: La ley
estadounidense permite a sus
ciudadanos examinar, después de
ciertos años, los documentos que
poseen organismos públicos como
la CIA, el FBI, o el
Departamento de Estado. La CIA
tiene información sobre la
muerte de Gaitán pero hasta el
día de hoy se niega a revelarla.
El asesinato de Gaitán provoca
una insurrección generalizada
-que Washington atribuye al
"comunismo internacional"-, y
una guerra civil a la que se ha
llamado "La época de la
violencia" (1948-1957): unos 300
mil muertos quedan tirados en
los campos. En ese tiempo de
horror y Apocalipsis los
liberales y comunistas,
señalados como objetivo, son
destinados al suplicio.
Como complemento del poder,
políticos y terratenientes
utilizan a policías que, en
uniforme o en civil, demuestran
una crueldad sin límite. Se les
conoce como chulavitas. También
a sueldo de los mismos, los
llamados pájaros van "volando"
de región en región haciendo del
terror su compañera.
Condenados a muerte, casi
vencidos, y dispersos en un
primer tiempo, los opositores
entienden que una lucha
gigantesca ha empezado. Han sido
abofeteados, tratados de hez de
la sociedad, perseguidos como a
vagabundos importunos. Los miles
de miserables que no poseen
nada, y para quienes el respeto
a la vida y un pedazo de tierra
es suficiente, se suman a otros
perseguidos que, armados de
escopetas y machetes, se están
organizando en incipientes
grupos. Esos, que en realidad
sólo tratan de subsistir y
defender la vida de sus pequeñas
comunidades, ahora van a
combatir. Influidos por la
revolución cubana, varios
intelectuales y estudiantes los
apoyan.
En 1964, para acabar con esta
revuelta, la de esa guerrilla de
campesinos insumisos a los
cuales se les denominó
"moscovitas", Estados Unidos
dona 300 millones de dólares,
envía asesores y armamento. Se
implementa la Operación
Marquetalia. En 1999, Estados
Unidos aportó 1.600 millones de
dólares para impulsar el llamado
"Plan Colombia". Hasta el 2006
ya había gastado 4 mil millones
de dólares en el Plan. Sin más
resultados que en 1964.
Se sigue diciendo que la
inmensidad de las llanuras, los
obstáculos naturales, la
presencia de selvas
inexploradas, hace imposible
aniquilar a los guerrilleros.
Pero no a la población civil.
Al año siguiente, 1965, para
luchar contra esos
"subversivos", los consejeros
militares estadounidenses
sugieren la creación de
organizaciones civiles armadas.
Ya no se les llama pájaros o
chulavitas, sino "autodefensas",
legalmente reconocidas.
En una fecha tan lejana como es
el 2 de septiembre de 1958, esos
campesinos guerrilleros le
hacían llegar una carta al
presidente Alberto Lleras
Camargo: « la lucha armada no
nos interesa, y estamos
dispuestos a colaborar por todas
las vías a nuestro alcance en la
empresa pacificadora que decidió
llevar este gobierno. » Entre
los firmantes, Manuel Marulanda
Vélez, actual jefe de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, FARC.
En carta al Parlamento, con
fecha del 20 de julio de 1984, y
mientras negociaban con el
presidente Belisario Betancur,
las FARC anuncian el lanzamiento
de un movimiento político
nacional, la Unión Patriótica,
UP. La intención de esa
guerrilla era, junto a otros
partidos y movimientos
democráticos, ir ingresando a la
vida política legal. Este
trabajo de Hernando Calvo Ospina
cuenta en detalle cual fue su
destino. Una tragedia para tres
mil militantes, simpatizantes y
dirigentes de la UP, víctimas de
escuadrones paramilitares...
Pocos, realmente, pertenecían a
las FARC. Una intransigencia
política total de la clase
dirigente.
Se dice que Colombia constituye
una excepción notable en América
Latina: sólo ha vivido cinco
golpes de Estado desde su
independencia de la Corona
española. En 1958 se depuso al
general Gustavo Rojas Pinilla, y
desde entonces el gobierno ha
estado siempre en manos de
civiles. Rige cierto modelo
democrático. Sin embargo, tan
solo en cuatro años fueron
asesinados cuatro candidatos a
la presidencia: Jaime Pardo Leal
(1987), Luis Carlos Galán
(1989), Carlos Pizarro y
Bernardo Jaramillo (1990). Con
sus particularidades, todos
reclamaban reformas. Extraña
concepción de lo que es una
democracia...
Es que, sobrealimentados y
avaros, incapaces de confrontar
la realidad, ricos y poderosos
piensan que los civilizados
dignos de ese nombre pueden,
para reducir y acabar con los
"bárbaros", utilizar bárbaros
más bárbaros que ellos. Así
lanzan las hordas de
paramilitares, que son las
mismas "autodefensas", y les
permiten que hagan alianza con
los barones de la cocaína para
que ayuden a financiar "su"
guerra. Las Fuerzas Armadas los
convierte en parte de su cuerpo,
corazón y alma. Por eso los
equipa, los instruye, los
informa, los apoya... Con el
pláceme de un gran sector de la
clase política y de los gremios
económicos.
Los paramilitares se ensañan con
la población civil rural.
Sistemática y calculadamente van
acabando con la oposición
política legal. Así estos seudo
clandestinos, que se hacen
llamar Autodefensas Unidas de
Colombia, AUC, bajan uno a uno
todos los escalones que separan
lo humano de la bestia. El
terror tiene que golpear en el
corazón de quien pueda ser
enemigo en potencia. Asesina a
uno y asustarás a mil.
En diciembre de 1997, el
presidente Ernesto Sámper Pizano
anuncia la creación de un
"bloque especial de búsqueda"
para capturar a los jefes
paramilitares. Promete que esos
grupos "serán perseguidos hasta
en el infierno." Todo queda en
intenciones. Tres años después,
Phil Chicola, jefe de la oficina
de Asuntos Andinos en el
Departamento de Estado, estima
que "según la ley de Estados
Unidos, estos grupos deben
cometer actos que amenazan los
intereses nacionales
estadounidenses para poder ser
incluidos formalmente en la
lista [de grupos terroristas]."
[1] En cambio, en 1982 el
embajador estadounidense en
Bogotá, Lewis Tambs, sin
pruebas, trató de
"narcoguerrilla" a las FARC. Por
decisión del presidente George
W. Bush, esa guerrilla y el otro
grupo insurgente, el Ejército de
Liberación Nacional, ELN, se
convierten en "narcoterroristas"
después del 11 de septiembre
2001. Dos pesos, dos medidas.
¿"Narcoguerrilla"?
¿"Narcoterroristas"? ¿Ex
revolucionarios descarriados?
Provocando el empobrecimiento de
importantes sectores de la
población, los sucesivos
gobiernos han favorecido el
cultivo de la coca y las
actividades ligadas al tráfico
de cocaína. Pero son muchos los
que tienen las manos metidas en
el "negocio": los militares,
bastantes políticos de derecha y
los sectores económicos. Bien
metidas las tienen los
paramilitares. Y aunque en una
muy mínima medida, algún sector
de la guerrilla también se ha
untado con el pretexto de ayudar
a financiar la causa.
Me conformaré con citar las
palabras de Daniel García Peña,
quien en 1997 dirigió una
Comisión exploratoria para
definir los términos y
condiciones de posibles
conversaciones de paz, bajo la
presidencia de S
Sámper: "El discurso mil veces
repetido sobre una guerrilla sin
ideales y convertida en
organización mafiosa es falso.
Se trata de una organización
político-militar que, como la
guerra cuesta caro, impone su
impuesto revolucionario sobre la
cosecha [de coca], pero no tiene
ninguna participación en el
tráfico. Si se tratara de un
cartel, no tomaría pueblos ni
adelantaría operaciones
militares." Un poco más tarde,
el 18 de mayo de 2003, el
enviado especial del secretario
general de Naciones Unidas,
James Lemoyne, afirma: "La
columna vertebral de la
principal guerrilla del país se
compone de personas
comprometidas ideológicamente."
Todo conflicto político se
termina en una mesa de
negociaciones. Y por qué no, ya
que son necesarias, con reformas
sociales. Eso no sucede en
Colombia. Con un empecinamiento
en extremo sorprendente, cada
gobierno le ha declarado la
guerra a las guerrillas; ha
multiplicado los gastos
militares; les ha subido el
sueldo a las Fuerzas Armadas...
Y cada presidente, desde
mediados de la década de los
sesenta, ha prometido acabar con
la guerrilla antes del final de
su mandato. Para constatar, al
partir, ¡qué la oposición armada
es más fuerte que cuatro años
antes! La injusticia social la
ha nutrido. Y, también, sin
duda, la represión indiscrimada
y ciega.
Nada. Aquí nada se debe al azar.
La "limpieza" política realizada
por el ejército y los
paramilitares ha vaciado de
campesinos pobres a muchas
regiones colombianas. Hombres y
mujeres que cometieron uno de
estos "errores", o todos juntos:
vivieron en territorios
inmensamente ricos; se
organizaron para exigir sus
derechos; militaron o dieron su
voto a formaciones políticas de
oposición; o quizás -quizás-
simpatizaron con las guerrillas.
Sus tierras pasaron a manos de
terratenientes, jefes
paramilitares, y de
representantes de poderosos
intereses económicos.
El azar no existe. En 1997,
evocando el futuro de las
relaciones comerciales entre
Colombia y Estados Unidos, el
embajador estadounidense Myles
Frechette declaraba: "Mi
gobierno invita con insistencia
al gobierno colombiano a que
abra lo más ampliamente posible
el mercado de las
telecomunicaciones en el marco
de la ley colombiana, o de ser
necesario que cambie la ley para
adoptar las reglas adecuadas y
efectivas de competencia." [2]
Luego reclamó lo mismo para el
petróleo, la energía y la
agricultura. Dos años más tarde,
una de las exigencias de la
enmienda al Plan Colombia que
imponen algunos senadores
estadounidenses, es que se les
dé la prioridad a las
inversiones extranjeras, y en
particular al sector de la
industria petrolera. El
Consortium US Columbia Business
Partnership –Occidental
Petroleum Company, BP,
Caterpillar, Bechtel & Pfizer-
defendía con toda fuerza la
adopción del Plan.
Todo fue aceptado. Y más: las
Fuerzas Armadas y sus
paramilitares se encargaron, con
el apoyo del Plan y de los
asesores estadounidenses, de
incrementar el vaciado de
campesinos e indígenas en las
extensas zonas petroleras.
Dando también entera
satisfacción a quienes
"ordenan", el presidente Álvaro
Uribe Vélez, "negocia" desde el
2006 un Tratado de Libre
Comercio con Washington. Su
firma será como un asesinato a
la economía colombiana...
Este mismo presidente le ofrece
una reinserción "suave" a los
paramilitares. Washington no se
opone, aunque ya los tiene
incluidos en su lista de
organizaciones terroristas. Al
contrario, sus diplomáticos
participan en varios actos
públicos con jefes
paramilitares, cuya extradición
pide su gobierno por
narcotráfico. Es que no sólo han
masacrado poblaciones: los
paramilitares se han convertido
en el cartel de droga más
poderoso de Colombia. Washington
se contenta con hacer
esporádicas declaraciones. Los
paramilitares no han atacado ni
el mínimo de sus intereses
estratégicos en Colombia: los
han cuidado como si fueran
suyos.
Entonces el presidente Uribe
Vélez ha tenido manos libres
para firmar la ley de Justicia y
Paz, 21 de junio de 2005. Esta
les otorga a los "paras",
también acusados de crímenes de
lesa humanidad, una casi
impunidad, la legalización de
sus fortunas y una jubilación
dorada. A pesar de que en cuatro
años, desde que firmaron un
"cese al fuego" el 15 de julio
de 2003, hayan cometido unos 3
mil asesinatos más.
Pero, ¿este gobierno hubiera
podido ser menos bondadoso con
el paramilitarismo? Fue este
gobierno, como los que le
precedieron, quien derramó esa
plaga sobre el pueblo. Fue el
Estado quien formó, fomentó,
animó y protegió al
paramilitarismo. Porque el
paramilitarismo es una
estrategia estatal, avalada y
apoyada por Washington, para el
beneficio de los poderosos
conglomerados económicos. Han
sido aliados en la destrucción y
la muerte para compartir el
botín.
Pero se dejó que los
paramilitares se convirtieran en
poderosos señores de la guerra.
Y esos jefes mafiosos, que casi
ni aceptan el mínimo castigo, y
menos aún ser los únicos en
cargar con toda la culpabilidad,
lanzan una amenaza a quienes los
criaron y dirigieron: si la
justicia se "encarniza" con
ellos, podrían revelar sus
inmensos secretitos.
A partir de documentos
confiscados a uno de ellos,
"Jorge 40", marzo 2006, se llevó
a cabo la detención de varios
diputados y senadores de la
costa atlántica, todos ligados a
los partidos que apoyan al
presidente Uribe Vélez. Desde
ese momento el fuego se extendió
sobre hierba seca, porque
comenzó el escándalo conocido
como la "Parapolítica". Por
culpa de su padre y hermano,
inculpados de relaciones con los
paramilitares, la ministra de
Relaciones Exteriores, Maria
Consuelo Araujo, ha debido
renunciar. Por las mismas
razones Jorge Noguera, ex jefe
de la policía política
-Departamento Administrativo de
Seguridad, DAS, que depende de
la presidencia de la República-,
uno de los protegidos del
presidente, fue encarcelado.
Son unas muestras. Pero la lista
que señala acusadoramente a la
clase política tradicional
colombiana, en especial a los
aliados del presidente Uribe
Vélez, es muy grande. La
hecatombe judicial continúa, y
toca a senadores, diputados y
muchos altos funcionarios de
Estado. Sin dejar por fuera a
mandos militares y de policía.
Cierta cantidad de
"personalidades" tiene cada día
más dificultad en tragar saliva.
Han descubierto que el perro que
los cuidaba ayer, los amenaza
hoy. Para impedir posibles
revelaciones, 59 jefes
paramilitares fueron
trasladados, de repente, del
centro vacacional donde habían
sido concentrados, hacia una
prisión de alta seguridad.
Entonces anunciaron, el 7 de
diciembre 2006, que consideraban
el "proceso de paz" como
terminado. El presidente Uribe
dice que debe seguir.
Acorralado por las constantes
revelaciones, el presidente
Uribe responde con ataques, y se
ensaña en quienes no debe. Acusa
a los movimientos de defensa de
los derechos humanos y a la
izquierda legal, como al Polo
Democrático Alternativo, de
pactar "con los terroristas".
Parece que no le importa que con
ello haga correr a sus miembros
inmensos peligros: Al menos que
sea algo deliberado. Desde hace
algunos meses nuevos escuadrones
de la muerte surgen por todo el
país, que ya amenazan y van
asesinando a los opositores...
Sin parar la arremetida, el jefe
de Estado se fue contra la Corte
Suprema de Justicia. Su
presidente, Cesar Julio
Valencia, se vio obligado a
reaccionar en octubre 2007,
rechazando acusaciones de Uribe
Vélez. Le dijo al presidente que
con ellas pretendía obstruir la
acción de la justicia, en el
cuadro de las investigaciones
adelantadas sobre "parapolítica".
Es que los jueces estaban
pisando huellas profundas de las
relaciones existentes entre
jefes narco-paramilitares y
demasiados parlamentarios: 17
presos y más de 40
judicializados, todos
pertenecientes a grupos
políticos pro-Uribe. Sin contar
a gobernadores y alcaldes presos
"uribistas".
No cabe duda que apenas comienza
el forcejeo. ¿Quién sabe si las
importantes revelaciones hechas
en este libro por Hernando Calvo
Ospina, sobre los mecanismos del
terrorismo de Estado en
Colombia, no serán a corto o
mediano plazo confirmadas por
los propios implicados? Por
tanto este trabajo es sumamente
valioso. Más aun, su atenta
lectura es indispensable para
entender la tragedia del pueblo
colombiano.
Traducción del francés: Karine
Álvarez.
"Colombia, laboratorio de
embrujos. Democracia y
terrorismo de Estado". Editorial
Akal-Foca. Madrid. "El
terrorismo de Estado en
Colombia". Fundación Editorial
El Perro y la Rana. Caracas.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=66985
Revista Koeyú Latinoamericano
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