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Deuda europea con comunidades
indígenas tiene que ser pagada
Adital
La Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas (CAOI)
divulgó el 24 de junio una nota
en la cual pide que los Estados
Europeos reconozcan la deuda
histórica que tienen con los
pueblos indígenas y que se
constituya un Tribunal
Internacional para el
juzgamiento de los delitos
económicos y ambientales
cometidos.
La reivindicación de la CAOI
tiene como base la resolución
del Tribunal Permanente de los
Pueblos (TPP) que, el 15 de mayo
en Lima (Perú), deliberó sobre
el tema, considerando que los
europeos son culpables. Durante
los días 13 y 14 de mayo,
testigos denunciaron las
violaciones contra los derechos
humanos y el medioambiente
cometidas por las empresas
multinacionales europeas en
América Latina.
Ahora, con la deliberación del
TPP, los indígenas piden que el
Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas designe un
Relator Especial, lo más rápido
posible, para presentar un
informe en la Asamblea General
de la Onu, que tenga la
"propuesta de mostrar el
concepto de deuda ilegítima,
ecológica e histórica; así como
también la calificación de las
violaciones de derechos
económicos, sociales y
culturales contra las personas y
los pueblos, por parte de
gobiernos, instituciones
financieras y corporaciones
multinacionales".
Para el TPP, la deuda fue
generada con la invasión, la
conquista y la colonización de
los territorios desde el siglo
XV. Hace seis siglos, fueron
robados la tierra, esclavitud
indígena, asesinatos de pueblos
originarios, genocidio cultural;
actualmente, la invasión es
producida por las grandes
empresas transnacionales, que
sirven a una minoría y destruyen
la tierra, contaminan los ríos,
tiran productos químicos en el
suelo y contaminan las aguas.
En ese sentido, están incluidas:
la Unión FENOSA (España), que
actúa en Cauca (Colombia), en el
río Anchicaya, Valle del Cauca;
la Empresa Minera Majaz, de Gran
Bretaña, que actúa en el norte
de Piura (Perú); la Repsol,
española, que está dañando los
ecosistemas en varias regiones
de Colombia, Ecuador, Bolivia y
Argentina.
Las empresas son responsables
también de la expulsión de los
pueblos originarios de sus
tierras. En esa violación a los
derechos humanos, la violencia
es practicada por el ejército,
la policía y grupos armados
irregulares. La Unión Fenosa es
nuevamente culpable. En
operaciones en Colombia,
Guatemala, México y Nicaragua,
no cumplió con las
compensaciones prometidas por el
desalojo de indios, campesinos y
afrodescendientes.
Por su parte la Shell, es
responsable de la represión
ilegal a comunidades en Brasil y
en Argentina, en Loma de la Lata
y en Neuquén. Por la misma
práctica, la Sheel fue
denunciada en Irlanda. La Repsol
es responsabilizada por no haber
respetado los derechos de los
Mapuches, Paynemil y Kaxipayin
de Argentina, Bolivia y Ecuador.
La actuación de esas empresas
afecta a toda la sociedad, pero
los indios y los campesinos son
perjudicados en forma especial,
pues la biodiversidad está en
peligro. El comportamiento de
las empresas va a llevar a la
destrucción de las comunidades
indígenas y afrodescendientes,
lo que pone en riesgo a toda la
biodiversidad, pues esos pueblos
son sus principales protectores.
Por lo tanto, la CAOI llama a
todos los Estados y Gobiernos de
América Latina y del Caribe a:
asegurar el acceso rápido y
eficiente a la justicia;
promover y apoyar, con los
recursos necesarios, el sistema
judicial, para que investigue y
castigue los delitos; y aplicar
medidas inspiradas en el
principio internacionalmente
reconocido "de consenso libre,
previo e informado de los
actores sociales, comunidades
locales y pueblos indígenas".
Traducción: Daniel Barrantes
barrantes.daniel@gmail.com
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