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La extradición de los testigos y
otros casos
Por Jorge Enrique Robledo
El primer suceso de los últimos
días fue el destape de la ex
congresista Yidis Medina, quien
ya se encuentra tras las rejas
por haber reconocido que ella y
Teodolindo Avendaño le dieron el
pase a la ley de la reelección
presidencial, a cambio de los
pagos que recibieron de la
cúpula del gobierno. Entre
otros, aparecen acusados Álvaro
Uribe, Sabas Pretel, Diego
Palacio y Luis Alfonso Hoyos. Y
como el cohecho es un delito que
requiere de dos partes para
perpetrarse, lo que falta es
conocer quiénes más pagarán con
cárcel por haberse asociado con
Medina y Avendaño en este acto
de corrupción, problema que de
ninguna manera aquejará al
Presidente, porque a él lo
investiga la Comisión de
'Absoluciones' de la Cámara de
Representantes.
El otro acontecimiento reciente
fueron las declaraciones del
Comisionado de Paz -quien le
hizo el mandado al Presidente y
reemplazó en sus funciones al
ministro de Interior-, en las
que propuso la disolución de
todos los partidos uribistas por
considerarlos especialmente
corruptos, acusación que
sustentó por los muchos
parapolíticos provenientes de
sus filas. Así, rendidos ante
los hechos, tuvieron que validar
el término de parauribismo, cada
vez más usado en los análisis
como una manera de decir que el
85 por ciento de los
congresistas encartados son
uribistas, baldón que decidieron
asumir como un truco para
absolver de toda culpa a Álvaro
Uribe, el único que, según
Restrepo, nunca vio el
mastodonte de la parapolítica
entre sus filas.
La tercera gran noticia fue la
decisión de Álvaro Uribe de
extraditar a Estados Unidos a
trece de los jefes del
paramilitarismo, acto que el que
mejor resumió fue El Nuevo Siglo
del 13 de mayo cuando tituló:
"Extradición de los testigos",
afirmación que amplió diciendo
que "cuando ciertos jefes
paramilitares comenzaban a
señalar fosas, a decir la verdad
y ello servía a la Corte Suprema
de Justicia para sus
investigaciones, los testigos
son extraditados
intempestivamente...".
Por su parte, en Semana.com de
la misma fecha se explicó: "El
escenario que se vislumbra no es
el más favorable para seguir
conociendo la verdad sobre cómo
los paramilitares se aliaron con
concejales, alcaldes, diputados,
gobernadores, congresistas y
otros funcionarios públicos, en
una estrategia conjunta, para
controlar territorios y rutas de
narcotráfico, obtener rentas del
Estado e incidir en las
elecciones".
Para la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH),
organismo de la OEA, esta
extradición "limita seriamente
el esclarecimiento de graves
crímenes perpetrados durante el
conflicto armado en Colombia",
"afecta la obligación del Estado
colombiano de garantizar los
derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la
reparación", "impide la
investigación y el juzgamiento
de graves crímenes por las vías
establecidas por la Ley de
Justicia y Paz en Colombia y por
los procedimientos criminales
ordinarios de la justicia
colombiana", "cierra las
posibilidades de participación
directa de las víctimas en la
búsqueda de la verdad sobre los
crímenes cometidos durante el
conflicto y limita el acceso a
la reparación del daño causado.
Asimismo -agrega- este acto
interfiere con los esfuerzos por
determinar los vínculos entre
agentes del Estado y estos
líderes paramilitares".
A la hora de explicar el porqué
de unas extradiciones
particularmente discutibles, The
New York Times dijo que era un
esfuerzo del presidente Uribe
por desactivar el escándalo que
ha ligado a los jefes
paramilitares con importantes
legisladores del Congreso de
Colombia y con miembros de su
familia. Según El Tiempo, el
analista estadounidense Adam
Isacson comentó que este podría
ser el fin del escándalo de la
parapolítica y agregó: "Si Uribe
y su entorno estaban preocupados
por lo que dijeran los ex
'paras', esta sería una forma de
callarlos", observación a la que
se le sumó la de José Miguel
Vivanco, de Human Rigths Watch,
quien agregó que "justo cuando
las autoridades locales empiezan
a desmadejar la red de
conexiones entre paramilitares y
políticos relevantes, el
gobierno envía fuera del país a
quienes más información tienen".
Y mientras todo esto sucede,
untando hasta el bozo a Álvaro
Uribe, una conspiración tramada
desde la Casa de Nariño dice que
aquí no pasa nada y que viene
una nueva reelección, porque,
alegan, al Presidente lo
respaldan las encuestas. En un
país menos descompuesto que
Colombia, la pregunta común
sería: ¿qué porcentaje de
respaldo convierte en
transparente lo turbio, en
honrado lo corrupto y en legal
lo ilegal?
El presente material se publica
en Rebanadas por gentileza de la
Oficina de Prensa del Senador
Jorge Enrique Robledo, Vocero
Polo Democrático Alternativo.
Gentileza:
redaccion@rebanadasderealidad.com.ar
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