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Intereses privados y universidad
pública
Toni Verger. Observatori del
Deute en la Globalització.
La mercantilización de las
universidades es una realidad
con muchas caras. Una de ellas
es la privatización de la
financiación universitaria.
Hoy en día, como resultado de la
contracción del gasto público en
educación superior, las empresas
privadas han pasado a financiar
activamente la universidad y,
específicamente, determinadas
actividades de investigación en
las universidades.
La misma Comisión Europea
incentiva a los países miembros
a fomentar la participación del
sector privado en I+D. En
concreto, recomienda que dos
tercios de los gastos del I+D de
los países se cubra a partir de
las aportaciones de las
empresas[1].
Los gobiernos, con tal de
incentivar la inversión
empresarial en la investigación
universitaria, promueven la
introducción de cambios
legislativos sobre las patentes
para favorecer la compra-venda
de los hallazgos, toleran (o
promueven activamente) la
subcontratación de la
investigación universitaria por
parte de empresas privadas,
crean parques
tecnológicos/industriales en las
universidades (que beneficiarán
al sector privado) y otros
partenariados público-privado
para la creación del
conocimiento, etc. entre muchas
otras medidas.
En el contexto anglosajón, la
financiación empresarial ha
alcanzado niveles tan elevados
que, incluso, departamentos
enteros se financian por una
única empresa. Este es el caso
de la alianza entre la BP y la
UC Berkeley para la creación del
Energy Biosciences Institute. La
función principal de este nuevo
instituto es llevar a cabo una
investigación sobre
biocombustibles creados a partir
de cereales modificados
genéticamente. La petrolera
aporta 500 millones de dólares
para financiar el instituto
durante diez años. A cambio,
tiene derecho a explotar
comercialmente todos los
resultados que se obtengan[2].
La acentuación de la relación
entre investigadores
universitarios y empresas
permite que entren más recursos
en las universidades, pero a la
vez altera las funciones
tradicionales de las
universidades públicas y tiene
efectos socialmente perversos.
En primer lugar, implica que los
conocimientos y los
descubrimientos efectuados en el
sector público puedan pasar a
ser controlados por capital
privado.
Esta apropiación se puede
producir de formas diferentes.
Una manera habitual es que la
empresa que subcontrata una
investigación a la universidad
tenga la primicia a la hora de
explotar la patente resultante
de la investigación. Las
empresas, en ocasiones, sin
haber financiado el proceso de
investigación, se limitan a la
“caza de patentes” resultantes
de la investigación
universitaria.
Así, la inversión pública en
investigación no la rentabiliza
toda la sociedad, sino que
quienes sacan más provecho son
las empresas privadas. En otras
ocasiones, son los mismos
investigadores universitarios
los que se afanan a vender
proactivamente la patente de sus
hallazgos a empresas del sector.
Sea cual sea el proceso, el
resultado es la apropiación
privada del conocimiento y, en
consecuencia, los
descubrimientos de la
investigación no se publican. Se
vulnera, así, una función
primordial de la universidad: su
rol como diseminadora de
conocimiento. Un conocimiento
que, además, al no hacerse
público tampoco generará la
creación de nuevo conocimiento.
Una segunda repercusión de la
financiación privada de la
investigación es que el mundo de
los negocios fija las
prioridades y la agenda de la
investigación universitaria. Hoy
en día, muchos investigadores y
departamentos universitarios
aspiran a obtener recursos en
concursos de investigación
promovidos desde el sector
privado, cuyas bases están
estructuradas, principalmente,
en base a los intereses de la
parte financiadora.
Muchos investigadores alteran
sus prioridades para adaptarse a
aquello que les resulta más
financiable. De esta manera, se
vulnera un principio fundamental
de las universidades como es la
autonomía universitaria, ya que
los temas a investigar se
escogen en función de criterios
de rentabilidad y no de
criterios académicos.
En tercer lugar, los resultados
de la investigación pueden
alterarse para favorecer (o no
perjudicar) los intereses del
ente financiero. Esto, de nuevo,
afecta a la libertad de cátedra
y a la autenticidad del
conocimiento que se disemina.
Frente a este riesgo, la revista
académica New England Journal of
Medicine ofreció disculpas
públicas en el número de febrero
de 2002.
Concretamente, la disculpa se
desencadenó porque el comité
editorial de la revista se dio
cuenta de que la mitad de los
artículos publicados desde 1997
en los que se valoraban
medicamentos habían sido
escritos por investigadores con
vínculos económicos con las
farmacéuticas que producían los
productos evaluados. De esta
manera, la credibilidad y el
rigor de la entrevista se ponían
en entredicho[3].
Además, cuando los resultados
obtenidos por los investigadores
contradicen los intereses de la
empresa financiadora y, por este
motivo, no se publican, nos
encontramos con el agravamiento
de que se está introduciendo la
censura o la autocensura – en
las universidades. En ocasiones,
los académicos con espíritu
crítico que optan por hacer
públicos los resultados, aunque
contradigan los intereses de los
grupos empresariales que
financian la investigación, se
exponen a perder el puesto de
trabajo.
Eso es lo que le sucedió a la
Dra. Nancy Olivieri de la
Universidad de Toronto. Olivieri
es una experta en una extraña
enfermedad de la sangre, la
talasemia, y tuvo que
enfrentarse a la farmacéutica
Apotex al divulgar que un
fármaco de la compañía podía
provocar efectos secundarios
letales. La empresa la acosó con
una descomunal campaña de
desprestigio y su universidad,
con vínculos financieros con
Apotex, la intentó destituir.
Finalmente, no lo consiguieron
gracias a una campaña de presión
del movimiento estudiantil y de
sus compañeros y compañeras de
la universidad[4].Finalmente,
una última repercusión es la
pérdida de calidad y excelencia
académica en el ámbito de la
investigación. Tengamos en
cuenta que las empresas
acostumbran a financiar
investigación aplicada, en
cambio no muestran tanto interés
por la investigación básica.
Los resultados de la
investigación aplicada se pueden
explotar en plazos más cortos y
sus objetivos son, como
explicita el nombre, la
aplicabilidad de los resultados.
En cambio, la investigación
básica tiene por objetivo
profundizar en discusiones
teóricas y no puede ser
instrumentalizada de manera tan
inmediata.
Ahora bien, la investigación
básica es fundamental para el
avance del conocimiento y para
la futura creación de nueva y
mejor investigación aplicada.
A modo de conclusión, querría
apuntar que el vínculo
universidad-sociedad es uno de
los pilares de la universidad
moderna con el que se busca
favorecer la extensión del
conocimiento universitario a
todos los rincones de la
sociedad. Sin embargo, a raíz
del incremento del gasto privado
en las universidades se corre el
riesgo de que el vínculo
universidad-sociedad se
restrinja al vínculo de la
universidad con la empresa
privada. En consecuencia, se
estaría subordinando la
actividad y las funciones de la
academia a los objetivos
lucrativos del mundo de los
negocios.+ (PE)
[1] Comisión Europea, 2001 –
Futuros objetivos precisos de
los sistemas educativos. [COM
(2001) 59 final]
[2] Washburn, J. 2007, Big Oil
buys Berkeley, Los Angeles
Times, 24/03/2007.
[3] Evans, G.R. (2001) ‘The
Integrity of UK Academic
Research under Commercial Threat’
Science as Culture 10 (1):
97-111.
[4] Klein, N. (2000), No Logo.
MacMillan
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