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Denuncian que las autoridades
mexicanas realizan una campaña
de persecución de universitarios
IBLNEWS, AGENCIAS
[image: Denuncian que las
autoridades mexicanas realizan
una campaña de persecución de
universitarios] Organismos
civiles denunciaron hoy que las
autoridades de México realizan
una campaña de hostigamiento y
persecución de universitarios,
después de que se comprobó que
algunos estudiantes mexicanos se
encontraban en un campamento de
las FARC en Ecuador atacado por
el Ejército colombiano.
Dirigentes de la Liga Mexicana
por la Defensa de los Derechos
Humanos (Limeddh) y de los
Colectivos Estudiantiles
Universitarios (CEU) indicaron
en rueda de prensa que, después
de que una alumna de la
Universidad Autónoma de México
(UNAM) resultó herida en un
campamento de las FARC, "se han
incrementado" las acciones de
las autoridades en el campus.
Adrián Ramírez, presidente de la
Limeddh, aseguró que se "debe
garantizar el respeto y la
tranquilidad" en la UNAM, y se
mostró preocupado por "los
planes de acción especial que se
han implementado para perseguir
y hostigar a los alumnos".
Por esta razón, el activista
pidió "que no entren órganos de
inteligencia al espacio
universitario".
El Gobierno de Ecuador presume
que cuatro mexicanos pudieron
haber muerto durante el ataque
que realizó el Ejército
colombiano la semana pasada
contra un campamento de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), donde
murieron 25 personas, entre
ellas Luis Edgar Devia, alias
"Raúl Reyes", el segundo al
mando y portavoz internacional
de esa guerrilla.
Los mexicanos son Fernando
Franco Delgado, Soren Ulises
Avilés Ángeles, Juan González
del Castillo y Verónica Natalia
Velásquez Ramírez, tres de los
cuales, con excepción de Avilés,
son alumnos de la UNAM, según
confirmó la misma universidad.
En esos hechos, que
desencadenaron una crisis
diplomática sin precedentes
entre Venezuela, Ecuador,
Nicaragua y Colombia, resultaron
heridas tres mujeres, una de
ellas la mexicana Lucía Andrea
Morett Álvarez, estudiante de
Filosofía y Letras de la UNAM, a
quien la prensa local señala
como posible integrante de las
FARC.
La UNAM, la mayor universidad de
Latinoamérica, rechazó en los
últimos días que en sus
instalaciones operen oficinas de
grupos subversivos, y señaló que
una acusación en ese sentido es
"temeraria e irresponsable".
Según el presidente del Limeddh
los estudiantes mexicanos
involucrados en estos hechos
"contaban con pasaportes y visas
legales" durante su estadía en
Ecuador.
Además, consideró que "es
ilógico que se les pueda
relacionar con las FARC
solamente por haber permanecido
escasos dos meses en aquel
país", o que se les acuse de
convertirse "de la noche a la
mañana" en guerrilleros.
Finalmente, Ramírez exigió al
gobierno de México seguridad y
protección "cautelar" para las
familias de los estudiantes
mexicanos heridos y muertos
durante esos hechos, porque a su
juicio podrían ser objeto del
acoso de las autoridades.
Activista por los derechos de
las mujeres indígenas de Oaxaca
Protesta Limeddh por auto de
formal prisión contra Dora Ávila
De la redacción
*Oaxaca, Oax., 25 feb 08 (CIMAC).-*
La Liga Mexicana por la Defensa
de los Derechos Humanos (Limeddh)
filial Oaxaca emitió una acción
urgente (AU-006-2008) por la
intimidación y el auto de formal
prisión dictado el pasado 17 de
febrero contra la activista Dora
María Ávila Betancourt.
En el llamamiento, el organismo
internacional defensor de los
derechos humanos pide que el
Estado Mexicano retome la
situación de las defensoras y
defensores de derechos humanos
en Oaxaca, como emergente y
grave, pues de lo contrario "no
podemos hablar de un Estado
democrático comprometido con los
derechos humanos", cita el
documento.
En segundo lugar piden que se
garantice la integridad física,
psicológica y jurídica de Ávila
Betancourt y se ordene su
libertad inmediata en caso de
comprobar la ausencia de cargos
legales válidos.
En la acción urgente que está
dirigida a autoridades de los
gobiernos federal y de Oaxaca,
la Limeddh-Oaxaca demanda el
cese de amenazas de violencia,
hostigamiento o de cualquier
otra forma de intimidación que
menoscabe la dignidad humana de
Ávila Betancourt, acusada de
haber atentado contra las vías
de comunicación en 2006, durante
un mitin.
También demandan una
investigación independiente,
exhaustiva e imparcial en torno
a las arbitrariedades en materia
jurídica para inculpar a Dora
Ávila Betancourt, con el fin de
identificar a los responsables y
aplicarles las sanciones penales
y/o administrativas previstas
por la ley.
Y, finalmente, que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
con base en sus atribuciones y
facultades, actúe en relación a
las graves violaciones a los
Derechos Humanos que trascienden
el ámbito del estado de Oaxaca y
son de interés nacional e
internacional.
La activista explica que el 7 de
febrero pasado, alrededor de las
08:20 horas se dirigía a
Juchitán de Zaragoza, municipio
ubicado en el istmo de
Tehuantepec, para a atender
asuntos administrativos del
colectivo Comaletzin.
"Me indigné por haberme detenido
mediante engaños y le dije que
no era ninguna madrecita (como
se dirigió a ella), que era una
señora; me resultaba claro que
ellos ahora me estaban
inculpando por los hechos
ocurridos en 7 de agosto de
2006", señala el testimonio que
Ávila Betancourt presentó ante
la Limeddh.
En calidad de detenida fue
llevada a las oficinas de la
Procuraduría General de la
República (PGR) en Matías
Romero, donde también estaba
detenido el maestro Luis
Fernando Canseco Girón. Les
informaron que los llevarían al
médico para que certificara su
estado de salud, pero al salir
cambiaron de rumbo hacia Salina
Cruz.
"Traté de comunicarme con mi
familia para avisarles, sin
poder lograrlo; nos retiraron
los celulares. Llegamos a Salina
Cruz a las oficinas de la
Agencia Federal de
Investigaciones (AFI).
Prácticamente estábamos
incomunicados y nuestra familia
nada sabía de nosotros", agrega.
En Matías Romero, el comandante
de la AFI informó a sus
familiares y a la abogada
Lourdes Quevedo que serían
llevados a Tehuantepec, donde se
encuentra el Centro de
Readaptación Social (Cereso);
sin embargo, no fueron
trasladados a Tehuantepec, de
ahí los mandaron al Juzgado VII
de Salina Cruz, por lo que la
familia alertó a las
organizaciones.
La Sección XXII del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) "estaba
buscando una liberación
negociada", como parte de un
acuerdo con la Secretaría de
Gobernación, mediante la cual se
cancelarían todas las órdenes de
aprehensión surgidas durante el
conflicto de 2006, apunta Ávila
Betancourt.
Después de aproximadamente ocho
horas retenidos en la AFI, sin
esposarnos ni recluirnos en los
separos, fuimos liberados con la
advertencia de presentarnos por
nuestra propia voluntad ante el
Juez del Juzgado VII con sede en
Salina Cruz, por lo que tanto
Ávila como Betancourt tramitaron
un amparo. Sin embargo, el
pasado 17 de febrero el juez le
dictó auto de formal prisión.
Trabajo con mujeres indígenas
Durante 22 años, la activista se
ha dedicado a trabajar en el
rescate y desarrollo cultural y
con mujeres indígenas de la
región: mixes, mixtecas,
chinantecas y zapotecas. Con
otros colectivos y Redes ha
trabajado en otras regiones
siempre con mujeres indígenas y
rurales en el fortalecimiento
organizativo y la capacitación
sobre los derechos de las
mujeres a la salud y al
desarrollo desde una perspectiva
sustentable y equitativa.
Actualmente es integrante del
Centro para los Derechos de la
Mujer Nääxwiin AC, en donde
desempeña labores de asesoría
organizativa y de capacitación
en un programa de atención a la
violencia familiar para mujeres
indígenas y un proyecto de salud
sexual y reproductiva con
jóvenes en su sede ubicada en
Matías Romero, Oaxaca.
Pertenece también a un colectivo
de educadoras populares, la
Coordinación Interregional
Feminista Rural, Comaletzin AC y
es miembro activa de la Red
Nacional de Promotoras y
Asesoras Rurales, de la que fue
parte del Consejo Coordinador
entre 2001 y 2003. Ha
participado en otras Redes como
la Red Género y Medio Ambiente y
la Red de Mujeres Rurales de
América Latina y el Caribe.
Para la Limeddh lo sucedido a
Dora Ávila Betancourt se suma a
la serie de ataques,
intimidaciones, difamaciones y
persecución en contra de las
defensoras y defensores de
Derechos Humanos en el estado de
Oaxaca, lo que hace evidente el
proceso de deterioro de la
vigencia de los derechos
Humanos.
Gentileza:
hildavene@gmail.com
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