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Esterilizados esperan
justicia y sufren rechazo
Por
Diego Cevallos
El caso de 30 indígenas
esterilizados a través de
engaños por brigadas de salud
pública entre 1994 y 2001 en el
sureño estado mexicano de
Guerrero podría ser parte de un
patrón que no ha sido
erradicado, denunciaron
defensores de los afectados.
Hay testimonios que indican que
algunos de los responsables de
las esterilizaciones siguen
formando parte de las brigadas
que visitan las comunidades, "lo
que da pie a fundadas
sospechas", dijo a IPS el
abogado Mario Patrón, del no
gubernamental Centro de Derechos
Humanos de La Montaña "Tlachinollan",
con sede en Guerrero.
Según concluyó en diciembre la
gubernamental pero independiente
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), fueron engañados
los 14 indígenas de la comunidad
de Camalote en Guerrero a
quienes se les practicó la
vasectomía por parte de una
brigada de salud oficial.
Además, esa comisión reportó que
para conseguir el consentimiento
previo al procedimiento, los
médicos ofrecieron a los
aborígenes, que en ese momento
ya eran padres de varios hijos,
entregar apoyo comunitario como
la construcción de una clínica,
lo que nunca sucedió.
Los esterilizados, que hoy
tienen entre 30 y 40 años, viven
una situación penosa, pues
"ahora son rechazados en su
comunidad y vistos como poco
hombres, además de que ya no
tienen fuerza para trabajar",
describió a IPS Juan Castro, uno
de los abogados indígenas de
Tlachinollan que mantiene
contacto directo con los
afectados.
Camalote es una comunidad
campesina de unos 1.000
habitantes ubicada en una zona
montañosa de Guerrero, donde la
actividad principal es la
siembra de maíz. La gran mayoría
de sus pobladores son indígenas
me-phaa o tlapanecos.
Según diversos estudios, en la
cosmovisión de esa etnia los
hijos representan riqueza, pues
son mano de obra para el trabajo
y simbolizan prestigio.
Los 14 afectados de Camalote
ofrecieron el miércoles una
conferencia de prensa en
Guerrero y exigieron que su caso
sea atendido por las
autoridades.
"Me siento muy indignado, pues
fuimos engañados. Ahora en
nuestra comunidad nos
discriminan y se burlan de
nosotros. A dos de nuestros
compañeros ya los abandonaron
sus esposas", dijo Manuel Cruz
Victoriano, uno de los nativos
afectados.
En 1994, en las comunidades de
La Fátima, Ojo de Agua, y
Ocotlán, también en Guerrero,
otros 16 indígenas fueron
esterilizados. En ese caso, los
involucrados exigieron
indemnizaciones y el gobierno
estadual les pago con algunos
sacos de cemento.
"Hay 30 casos de esterilización
en Guerrero conocidos y se
mantienen en la impunidad.
Exigimos sanciones a los
responsables, atención a los
afectados y sus comunidades, una
promesa clara de que eso no
volverá a suceder y aclaraciones
sobre si la práctica continúa",
declaró el abogado Patrón.
"Nosotros no tenemos información
clara al respecto, pero hay
testimonios que hacen sospechar
que hay otros casos", apuntó.
La CNDH recomendó al gobierno de
Guerrero, comandado por Zeferino
Torreblanca, del izquierdista
Partido de la Revolución
Democrática, reparar el daño que
se hizo contra los 14 indígenas
de Camalote.
La autoridad estadual respondió
que aceptaría el pedido de la
Comisión, que incluiría el pago
de una indemnización y la
entrega de apoyos en salud y
educación.
Las recomendaciones de la CNDH
no tienen carácter vinculante
por lo cual pueden o no ser
atendidas.
En febrero de 2006, la
delegación mexicana que
compareció en Ginebra ante el
Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial de la
Organización de las Naciones
Unidas admitió que las prácticas
de esterilización contra mujeres
y hombres indígenas existían en
su país, pero que las
autoridades trabajaban para
erradicarlas.
Oficialmente les está prohibido
a las autoridades de salud del
Estado mexicano realizar entre
los indígenas esterilizaciones a
través de engaños o amenazas.
Sin embargo, en la oferta de su
servicio sí se incluye la
vasectomía para los hombres y la
ligadura de las trompas uterinas
en el caso de las mujeres.
Trabajadoras del estatal
Instituto Mexicano del Seguro
Social denunciaron en 2003 que
sus jefes las amenazaban con ser
despidas si no lograban
convencer a mujeres indígenas
que debían esterilizarse. Tal
denuncia no pudo ser comprobada.
Documentos de la Organización
Independiente de Pueblos
Mixtecos y Tlapanecos del estado
de Guerrero afirman que en las
comunidades indígenas hay muchos
casos de esterilizaciones
forzadas, pero que los afectados
no se atreven a denunciarlo pues
han sido amenazados por las
autoridades de salud.
La esterilización forzada entre
los indígenas es una práctica
que está condenada en la mayoría
de legislaciones, así como en
instrumentos y acuerdos
internacionales.
La tasa de fecundidad de los
pueblos originarios de México es
de 3,9 hijos por mujer, mientras
que en lo nacional es de 2,2.
En México viven entre 12 y 13
millones de indígenas, 90 por
ciento de los cuales lo hacen en
condiciones de pobreza.
Gentileza: @ volar [
volar_2004@yahoo.com.ar ]
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