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Desfile de torturas en la
Casa Blanca
por Ramón
Sánchez-Parodi Montoto
No sé si el Papa Benedicto
XVI oyó la confesión de los
pecados del presidente George W.
cuando se reunió con él en
privado en la Casa Blanca el
pasado 16 de abril, pero hubiese
sido una buena oportunidad que
el mandatario norteamericano
descargase su conciencia luego
de las respuestas que ofreció el
pasado 11 de abril a la
periodista de ABC News, Martha
Raddatz, en las cuales reconoció
que no solo estaba al tanto sino
que aprobó las reuniones que
durante años sostuvieron los
funcionarios de más alto rango
del Consejo de Seguridad
Nacional de Estados Unidos para
aprobar en detalle los planes de
tortura ("tácticas agresivas" en
el vocabulario eufemista oficial
norteamericano) contra personas
que se encontraban en las
prisiones secretas de la CIA en
Afganistán y otros diversos
lugares del mundo.
En sus respuestas a la
periodista, Bush reconoció:
"Conozco que nuestro equipo del
Consejo de Seguridad Nacional se
reunía sobre el tema. Y yo lo
aprobé. No sé que hay de nuevo
en eso. No creo que sea nada
sorprendente".
En eso Bush tiene razón. No hay
nada sorprendente en el uso
sistemático de tortura por parte
de las autoridades
norteamericanas. Han sido
ampliamente difundidas en el
mundo las atrocidades cometidas
por las Fuerzas Armadas y la
Agencia Central de Inteligencia
de Estados Unidos en Abu Ghraib,
la Base Naval de Guantánamo,
Gardez en el sur de Afganistán o
en muchas otras prisiones
secretas en diferentes países.
También se conoce la práctica de
la CIA de entregar prisioneros
para ser torturados por órganos
policíacos de otros países
mediante vuelos secretos que
hacían escalas intermedias en
terceros países "sin
conocimiento" de las autoridades
nacionales.
Y eso para no hablar de las
atrocidades cometidas en Vietnam
o el entrenamiento y
asesoramiernto en torturas a las
dictaduras miltares en América
Latina o la participación en el
Plan Cóndor. Como dice Bush,
nada hay de sorprendente en esta
noticia.
Sí llama la atención, por el
espíritu morboso y sádico que
encierra, el hecho de que un
selecto grupo de autoridades
norteamericanas se reunieran
regularmente en el ultrasecreto
Salón de Situaciones del sótano
de la Casa Blanca, bajo la
presidencia de la entonces
Asesora de Seguridad Nacional,
señorita Condolezza Rice para
seleccionar, como si estuviesen
presenciando un elegante desfile
de modas en una pasarela, cuáles
eran los modelos de tortura que
debían ser inflingidos por la
CIA a sus prisioneros.
No eran funcionarios de bajo
nivel los que se regodeaban en
estos menesteres. Entre los
habituales participantes se
encontraban el vicepresidente
Richard Cheney; el Secretario de
Estado, Collin Powell; el
Secretario de Defensa, Donald
Rumsfeld; el Fiscal General John
Ashcroft; y el Director de la
Agencia Central de Inteligencia,
George Tenet.
Las sesiones tuvieron lugar, al
menos, entre la primavera del
2002 y el otoño de 2004. Según
las informaciones de prensa,
eran los funcionarios de la CIA
los encargados de demostrar a
los participantes la forma y los
detalles en que se ejecutarían
las torturas propuestas. Una vez
completado el desfile de los
modelos de tortura y satisfecha
la curiosidad de los asistentes,
se daba la aprobación a las
"tácticas agresivas".
Las reticencias morales y
legales de los altos
funcionarios de la
Administración Bush quedaban
resguardadas por una bíblica
hoja de parra de legalidad
basada en varios memorandos del
Departamento de Justicia.
La Associated Press informa en
un despacho del 16 de abril que
hubo un primer memorando de
octubre 2001, el cual aún el
Departamento de Justicia se
niega a desclasificar y que
algunos congresistas demócratas
caracterizan como "el memorando
de la tortura". Un segundo
memorando, de fecha 1º de agosto
de 2002, redactado por el Vice
Fiscal General, Jay Bybee,
define la tortura como "solo
casos extremos" que puedan
causar dolor similar en
intensidad a los que causan la
muerte o la pérdida de un
órgano. (A buen entendedor,
pocas palabras bastan: todo era
legal, excepto asesinar o
mutilar, según se desprende de
las informaciones). Fue con
estas bases "legales" que, con
la aprobación del presidente
Bush, comenzaron los "desfiles
de la tortura" para el grupo de
altos funcionarios.
Hay un tercer memorando, de 81
páginas, de fecha 14 de marzo de
2003, desclasificado y dado a la
publicidad el pasado 1º de
abril. Su autor, el vicejefe de
la Oficina del Consejero Legal
del Departamento de Justicia y
hoy profesor de la Universidad
de California en Berkeley, John
Yoo, afirmaba: "Si un
funcionario del gobierno fuese
acusado de lesionar a un
combatiente enemigo durante un
interrogatorio… lo estará
haciendo a fin de evitar
adicionales ataques a Estados
Unidos por la red terrorista al-Qaeda…
puede argumentar que sus
acciones están justificadas por
la autoridad constitucional que
tiene la rama ejecutiva para
proteger la nación de ataques".
Aún con esas bases legales, que
posteriormente fueron dejadas
sin efecto al retirar el
Departamento de Justicia los
memorandos que las sustentaban,
algunos de los participantes se
sentían sobresaltados. El
entonces Fiscal General
(Secretario de Justicia), John
Ashcroft, quien a pesar de haber
dado el basamento legal a las
torturas pensaba que
funcionarios de alto rango no
debían involucrarse en los
detalles de los interrogatorios,
dijo en una de las reuniones:
"¿Por qué hablamos de estas
cosas en la Casa Blanca? La
historia no nos juzgará con
benevolencia."
Hay un antecedente inmediato a
estas revelaciones. Fue la
decisión anunciada el pasado 8
de marzo por el presidente Bush
de vetar una ley aprobada por el
Congreso que explícitamente
prohibía a la CIA usar en los
interrogatorios fuerza física
contra los prisioneros y métodos
tales como el waterboarding
(simulacros de ahogamiento), que
supuestamente las instituciones
militares y agencias policíacas
no los emplean por estar
reglamentariamente prohibidas.
El discurso radial sabatino de
Bush donde anunció la decisión,
explicó que "como se mantiene el
peligro, necesitamos asegurar
que nuestros funcionarios de
inteligencia tengan todas las
herramientas que necesitan para
detener a los terroristas". El
aspirante republicano a la
presidencia, John McCain que se
vanagloria de oponerse a la
tortura, apoyó la decisión de
Bush aduciendo que no se debía
limitar la acción de los
expertos altamente entrenados en
la luchan contra el terrorismo.
Una vez más, como cuando lanzó
la guerra contra Irak, el
presidente Bush falseó los
hechos para justificar la
violación de la ley y los
derechos internacionalmente
reconocidos. Dijo que la
información obtenida había
evitado ataques terroristas
contra un campamento de infantes
de marina norteamericanos en
Djibouti; contra el Consulado de
Estados Unidos en Karachi,
Pakistán; contra la Torre de la
Biblioteca de Los Ángeles; y
contra aviones comerciales
británicos. Le salió al paso del
presidente de la Comisión de
Inteligencia del Senado, senador
por West Virginia, John D.
Rockefeller IV, quien emitió una
declaración señalando que en el
ejercicio de su cargo "no he
oído nada que asegure que
información obtenida con
técnicas extremas de
interrogatorio hayan prevenido
un ataque terrorista inminente".
El congresista por
Massachussets, Bill Delahunt, al
referirse a las maniobras de la
Administración afirmó que "son
excelentes al manipular los
argumentos para que si el
Congreso reafirma sus
posiciones, sus integrantes se
expondrán a ser tildados de
débiles, no suficientemente
duros con el terrorismo". Y
concluía reconociendo la
responsabilidad en que incurrían
unos y otros: "Mi punto de vista
es que la historia nos juzgará a
todos".
Aunque ni el New York Times, ni
el Washington Post, ni Los
Angeles Times, entre otros
destacados órganos de prensa
norteamericanas, ni las agencias
cablegráficas, ni CNN, ni CBS,
ni NBC han mencionado las
declaraciones de Bush a la
periodista de la ABC News,
Martha Raddatz, debe señalarse
que diversos órganos sí han
abordado el tema en forma
editorial, tanto en cuanto a la
actuación de Bush como de los
altos funcionarios de su
gobierno.
El Kansas City Star afirma: "Es
una mancha negra en los ideales
y el honor del país... Tampoco
la historia juzgará con
benevolencia al pueblo de
Estados Unidos si miramos hacia
el otro lado." El Seattle Post-Intelligencer,
del estado de Washington, opina:
"El hecho de que torturamos a
sospechosos es inaceptable. Que
la Casa Blanca revisara y
aprobara las técnicas va más
allá de lo concebible". El
Brattleboro Reformer, de Vermont,
considera: "El daño que esta
Administración ha hecho a los
derechos humanos y al imperio de
la ley es tan inmenso que esta
Nación va a pagar un altísimo
precio interna y externamente
durante muchas décadas". El
Tuscaloosa News, de Alabama,
editorializa: "Mucho después que
la Administración Bush se haya
perdido en la historia, nuestra
Nación continuará mancillada por
sus antecedentes de falta de
respeto al imperio de la ley y a
los derechos humanos".
Y podemos concluir con lo
expresado por el destacado
escritor Anthony Lewis en el New
York Review of Books: "George W.
Bush puede buscar la
misericordia de su Dios por
tratar de legitimar la tortura.
Pero aquí en la Tierra no puede
escapar del juicio. Para mi
siempre será el Presidente
Tortura".
El
autor es especialista en
relaciones internacionales. Fue
Jefe de la sección de Intereses
de Cuba en Washington de
septiembre de 1977 a abril de
1989.
Fuente: Cubarte
http://listas.cult.cu/mailman/listinfo/entorno
Cubarte, 2008.
Gentileza::
entorno@listas.cult.cu
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