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La disyuntiva petrolera
por Nidia
Díaz
La iniciativa para la
reforma energética que ha
presentado el gobierno mexicano
ante el Senado de la República,
trajo al primer plano de la
actualidad en ese país,—y más
allá de otros conflictos
políticos y sociales—,el tema de
la eventual privatización de la
industria petrolera, mediante
cinco propuestas, incluida una
reforma constitucional al
artículo 27 de la Carta Magna
que consagra específicamente el
carácter nacional y público del
patrimonio petrolero.
Tras varios meses de debate
público y movilización social
promovida por partidos políticos
y otras organizaciones opuestas
a la anunciada reforma, se
desarrolló la campaña mediática
promovida por la Secretaría de
Energía, que esgrime como
imprescindible e ineludible para
el país tomar medidas que salven
a la empresa estatal Petróleos
Mexicanos (PEMEX) de un próximo
colapso económico y tecnológico.
Ante el declive de la producción
petrolera y la necesidad de ir a
buscar nuevos yacimientos en
aguas profundas con moderna
tecnología y elevados costos, el
gobierno alega que la actual
situación financiera y
tecnológica de PEMEX no otorga
otra alternativa que llevar a
cabo la reforma propuesta para
la rama energética, vital para
México y columna vertebral de su
economía, que le permita
asociarse a capitales privados
nacionales y extranjeros.
Los sectores opuestos a la
citada reforma la califican como
una burda maniobra encaminada a
encubrir la privatización y la
entrega definitiva de la riqueza
fundamental del patrimonio
nacional, que realizó la
histórica nacionalización hace
70 años por parte del presidente
Lázaro Cárdenas.
En conjunto, las cinco
propuestas (Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos, Ley de la
Comisión del Petróleo y reformas
a las leyes reglamentarias del
Artículo 27 Constitucional, de
la Comisión Reguladora de
Energía y Orgánica de la
Administración Pública federal)
van dirigidas a abrir un nuevo
marco constitucional y jurídico
al manejo de la industria, como
en los casos de la refinación y
el transporte (incluídos los
oleoductos).
Mientras las autoridades alegan
que la reforma propuesta va
dirigida al fortalecimiento de
PEMEX, "a asegurar que México
cuente con petróleo, no sólo
para los próximos años, sino
para las futuras generaciones "
y propiciar "que la riqueza
petrolera genere más bienestar
para todos", las fuerzas que se
oponen a ella no dejan de
recordar que de esta manera, y
con disposiciones aparentemente
secundarias, se busca repetir la
misma fórmula que desnacionalizó
a la industria eléctrica y la
abrió al capital privado en los
recientes años pasados.
Lo cierto es que la llegada al
Senado de la controvertida
proposición gubernamental ha
contribuido a encrespar las ya
de por sí agitadas aguas de la
desazón social y política, a las
que se añade ahora el fantasma
de la recesión económica en los
Estados Unidos que, como ya se
señala, tan catastróficas
consecuencias traería sobre la
economía mexicana,
indisolublemente vinculada con
la de su vecino del Norte
mediante el TLCAN (Tratado de
Libre Comercio) y otras muchas
vías, incluídas las remesas
familiares, que son la segunda
fuente de ingresos del país,
según las investigaciones más
recientes.
Por su parte, articulistas como
Aldolfo Gilly señalan que
Estados Unidos no necesita ya la
propiedad total de estos
recursos naturales, pero sí su
control y subordinación y que
frente a las potencias asiáticas
y las potencias europeas,
cualquiera que sean sus
relaciones con ellas en cada
momento, ésta es su zona de
seguridad continental, "su
territorio amurallado".
Un editorial del diario La
Jornada analiza la propuesta en
curso, calificándola como
"atentatoria contra uno de los
fundamentos centrales del México
contemporáneo: el principio de
que la propiedad de los recursos
naturales corresponde a la
nación y que la industria
energética en general y la
petrolera en particular, deben
ser monopolios públicos".
De una forma u otra, la nación
mexicana ha sido colocada en el
umbral de una difícil
disyuntiva, cuya discusión
pudiera rebasar peligrosamente
los marcos legislativos, ante
las advertencias opositoras de
manifestarse en las calles, a la
vez que impedir el debate
parlamentario.
Nidia Díaz es Licenciada en
Historia y periodista. Se
especializa en temas
internacionales.
Fuente: Cubarte
http://listas.cult.cu/mailman/listinfo/entorno
Cubarte, 2008.
Gentileza::
entorno@listas.cult.cu
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