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Saqueo arqueológico lipida
herencia indígena del país
Perú, lleva la referencia
ineludible de la ciudadela de
Machu Picchu, el gran tesoro del
imperio inca, aunque el país
acoge exquisitas muestras de
culturas anteriores que poblaron
su territorio.
La historia de ese legado
histórico está rodeada, por una
parte, por la euforia de los
nuevos hallazgos, pero de otra,
por los constantes saqueos al
patrimonio. Y es que centenares
de objetos de valor, a menudo
escondidos por mantos de tierra
en las denominadas “huacas” o
templos ceremoniales han sido
expoliados durante años por
nativos o avispados extranjeros
que los venden en el codicioso
mercado del arte.
El aumento de ese comercio
ilícito, equiparable al tráfico
de armas y de drogas, ha
disparado las alarmas. Según el
Instituto Nacional de Cultura,
desde 1976 se han robado un
total de mil 276 piezas del
país, cifra que los expertos
consideran aún mayor.
Cerámicas, tejidos y metales, en
los que las antiguas
civilizaciones dejaron señas del
más avanzado conocimiento de la
naturaleza, la arquitectura o el
arte textil, caen diariamente a
manos de saqueadores. Sus
acciones están alentadas por los
altos precios que alcanzan los
tesoros expoliados, a menudo
superiores a los 150 mil
dólares, en EEUU y Europa, los
principales destinos del mercado
negro.
A ello se suma la facilidad con
la que los ladrones consiguen
ingresar en antiguos templos,
recintos religiosos y museos. En
un territorio superior a un
millón de kilómetros cuadrados,
custodiar los bienes nacionales
se ha convertido en un gran
reto, cuya solución pasa, según
los expertos, por aumentar la
inversión estatal.
Carentes de ese capital, muchos
sitios son saqueados
repetidamente, revelándose así,
como víctimas de un profundo
olvido gubernamental.
Ejemplo de ello es la ciudadela
de Cahuachi, una de las
construcciones de adobe más
extensas del mundo al nivel de
Chan Chan, otra ubicada cerca de
la norteña ciudad de Trujillo.
Sede de la cultura nazca, que
habitó la región del mismo
nombre entre los 400 años antes
de Cristo y los 400 de la nueva
era, Cahuachi supera los 24
kilómetros cuadrados. Sin
embargo, una sola persona se
encarga de velar por su
seguridad, lo que explica la
desoladora imagen de la
ciudadela, donde los restos de
tumbas saqueadas se mezclan con
la tierra que durante años ha
resguardado los tesoros
escondidos por los antiguos
nazcas.
La triste historia del saqueo en
Perú ha provocado el
esparcimiento de su patrimonio
por todo el mundo. Y, hoy es
habitual encontrarse con
coleccionistas privados, museos
e incluso casas de subastas con
tesoros que fueron desposeídos
de su nación originaria.
Precisamente uno de los
capítulos recientes más oscuros
tuvo lugar el pasado mes de mayo
en Nueva York, donde la casa
Christie’s subastó un conjunto
de piezas Precolombinas, que
fueron adquiridas por 45 mil 600
dólares.
Una
lacra de orígenes remotos
El origen de los saqueos en Perú
es tan remoto como el del
mercado negro del arte, aunque
uno de los momentos más oscuros
sigue siendo el que rodea al
descubrimiento de Machu Picchu
por el estadounidense Hiram
Bingham.
Este expedicionario, que en 1911
llegó a la ciudadela y la dio a
conocer al mundo, se llevó un
año después unas 5,000 piezas en
calidad de préstamo. Desde
entonces, los objetos de oro,
plata, madera, hueso, piedra y
cerámica se encuentran en la
Universidad de Yale, de donde el
Estado peruano busca
repatriarlas hace décadas.
Otro tesoro, la momia del rey
mochica que vivió hace 1,700
años en el norte del Perú y
conocida como el Señor de Sipán,
ha sido víctima también de
profanaciones. El arqueólogo
Walter Alva, descubridor de este
valioso hallazgo que ha sido
catalogado como uno de los más
importantes del siglo XX y
comparable con Tutankamón,
recordó a Efe que tras las
primeras excavaciones en la
denominada Huaca Rajada, dormía
con un arma para ahuyentar a los
profanadores.
Para este arqueólogo, el
problema seguirá existiendo
mientras perdure el valor de las
colecciones privadas. A
sabiendas que del templo donde
apareció el Señor de Sipán se
robó otra tumba de igual valor,
vislumbra, sin embargo, un
futuro esperanzador. “En los
años 40, 50 y 60 hubo un gran
auge de los saqueos, actualmente
existe una mayor conciencia
popular y se ha incrementado
también el esfuerzo de las
autoridades”. Según Alva, para
quien los robos al patrimonio
contribuyen a “la lamentable
pérdida del pasado histórico”,
las zonas más “huaqueadas”
—término con que se designan los
templos profanados—se encuentran
en el norte.
En el centro y sur del país,
donde abunda el exquisito arte
colonial que combina influencias
europeas con toques indígenas,
los saqueos se concentran en las
iglesias y catedrales. Los
delitos en esos templos se han
convertido tan habituales que
muchas poblaciones disponen
vigilantes nocturnos, escogidos
entre los propios nativos, para
custodiar sus tesoros.
Según el responsable de
patrimonio de la Agencia
Española de Cooperación
Internacional (AECI) en Perú,
Juan De La Serna, los lienzos
son las piezas que más se
sustraen, seguidos de retablos y
esculturas. Estos hurtos, que
antes realizaban pobladores de
las mismas localidades andinas
como forma de subsistencia, son
perpetrados cada vez más por
mafias organizadas, detalló De
La Serna a Efe.
Agregó que aunque es difícil
determinar la cantidad de
objetos que han sido robados del
país, probablemente rodee el 50%
del patrimonio.
Los ladrones de tesoros no
entienden de sitios ni de
razones. Y, así como profanan
“huacas” y templos religiosos,
no dudan en sustraer piezas de
los museos. Entre los objetos
que han sido arrancados de sus
urnas figura la bandera del
Perú, ideada por el general
argentino José de San Martín,
que ondeó durante la primera
ceremonia de proclamación de la
independencia. La recuperación
de esta pieza, que terminó con
celebración oficial, fue posible
sólo gracias a que una mafia la
ofreció a un coleccionista de
Lima.
La
lucha por recuperar la memoria
histórica
Conscientes del aumento del
tráfico ilícito de bienes
culturales, el gobierno peruano
ha multiplicado sus esfuerzos.
El Instituto Nacional de Cultura
(INC), a través de la Dirección
de Defensa del Patrimonio
Histórico, es el organismo
encargado de frenar el delito.
Creado en el 2003, está
integrado por especialistas de
diferentes campos que trabajan
junto con el Ministerio de
Relaciones Exteriores, la
Policía Nacional, la INTERPOL,
el Ejército y la Fiscalía, entre
otros organismos. Además, el
aeropuerto internacional de Lima
cuenta, desde 1999, con un
módulo capaz de identificar
piezas originales.
Pero, la lucha contra el saqueo
trasciende a las autoridades y
radica, en gran parte, en la
conciencia de los mismos
habitantes.
La directora del INC, Cecilia
Bákula, recuerda en un documento
publicado recientemente que “la
prevención y la defensa son
siempre armas más eficaces y
necesarias” y asegura que “es
responsabilidad de todos”.
En ese intento de concienciar al
pueblo, se enmarca la iniciativa
del INC de preparar brigadas de
voluntarios que protejan los
sitios arqueológicos.
La problemática ha alcanzado tal
nivel que el Consejo
Internacional de Museos (ICOM)
se ha volcado en la elaboración
de una Lista Roja de Bienes
Culturales, dedicada
exclusivamente a Perú. Ese
documento, que contiene fotos de
28 categorías de piezas que
corren riesgo de caer en manos
de traficantes, es el primero de
un país americano. Los
anteriores, ideados desde 2000,
corresponden a África, América
Latina, Irak y Afganistán. Por
otro lado, y para facilitar la
repatriación de los bienes
expropiados, el gobierno peruano
acaba de firmar un convenio con
Suiza y busca renovar el
Memorando de Entendimiento con
EEUU.
Los esfuerzos estatales empiezan
a dar sus frutos y en junio
pasado el gobierno de Washington
regresó a Perú 412 piezas
precolombinas. En paralelo se
han iniciado 184 procesos
jurídicos en 12 países.
Mientras las autoridades
celebran lo que consideran un
paso adelante, los expertos
recuerdan que la lucha para
frenar el tráfico ilícito pasa
ineludiblemente por registrar
todo el patrimonio nacional,
algo que consideran sólo está
hecho en un 40%. Para
conseguirlo, el pleno del
Congreso aprobó, en primera
votación, un dictamen que obliga
a registrar los bienes
culturales y a informatizar una
lista.
El reto está servido, sobre todo
para quienes dudan de que los
propósitos se cumplan, como
sucede con las penas por
expoliación de patrimonio. Y es
que, aunque ese delito se
sanciona con hasta 8 años de
cárcel, los arqueólogos lamentan
que raramente se imparte
justicia.
Gentileza: Melina Alfaro [
melina_alfaro2000@yahoo.es ]
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