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Libre comercio frente a pequeños
campesinos
Por Walden Bello
El siglo XX representó una
terrible catástrofe para los
pequeños campesinos de todo el
mundo. Tanto en las ricas
economías capitalistas como en
los países socialistas, los
campesinos pagaron un precio muy
caro por la industrialización.
En países capitalistas avanzados
como los Estados Unidos, la
combinación letal de economías
de escala, de tecnologías de
capital intensivo y del mercado
llevó a que las grandes empresas
acapararan la producción y el
procesamiento de los productos
agrícolas. Las explotaciones
pequeñas y medianas quedaron
relegadas a un papel marginal de
la producción, dando trabajo a
un porcentaje insignificante de
la población activa.
La Unión Soviética, mientras
tanto, se tomó al pie de la
letra los maliciosos comentarios
de Karl Marx sobre la "idiotez
de la vida rural" y, haciendo
uso de la represión estatal,
transformó a los campesinos en
trabajadores de granjas
colectivas. Se suponía que la
expropiación de los excedentes
agrícolas no sólo serviría para
alimentar a las ciudades, sino
también como fuente de la
denominada "acumulación
primitiva" del capital para la
industrialización.
En la actualidad, puede que la
mayor amenaza que se cierne
sobre los pequeños agricultores
sea el libre comercio. Pero los
campesinos no se están quedando
de brazos cruzados. Gracias a su
lucha, entre otros factores, la
Ronda de Doha de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) está
en punto muerto. Y no hay lugar
donde este tira y afloja entre
agricultores y libre comercio
sea más manifiesto que en Asia.
La
triple amenaza contra el
campesinado asiático
Los gobiernos asiáticos hicieron
recaer la carga de la
industrialización sobre el
campesinado durante la etapa en
que asumieron las denominadas
políticas desarrollistas, que
primaban la industria. En Taiwán
y Corea del Sur, la reforma
agraria desencadenó en un
principio la prosperidad del
campo, en la década de 1950, lo
cual estimuló la
industrialización. Pero con el
paso hacia una industrialización
volcada en las exportaciones, en
1965, llegó la demanda de mano
de obra industrial barata, de
forma que las políticas del
gobierno redujeron
deliberadamente los precios de
los productos agrícolas. De esta
forma, los agricultores
subvencionaron la aparición de
las nuevas economías
industrializadas. Los ingresos
de las zonas rurales
disminuyeron con respecto a las
urbanas, y el consecuente
estancamiento de lo que en su
día fue un sector dinámico
desembocó en la emigración en
masa hacia las ciudades y en una
mano de obra barata e inagotable
para las fábricas. La mayoría de
los agricultores que se quedaron
en el campo eran pobres y
ancianos, y representaban un
porcentaje menguante de la
población activa nacional.
En Tailandia, por ejemplo, un
impuesto sobre las exportaciones
de arroz aisló al mercado
nacional de las fluctuaciones de
precios en el mercado
internacional, con lo que no
sólo se redujo el precio del
arroz, sino también los costes
salariales de los empresarios de
los sectores no agrícolas. Entre
1962 y 1981, exceptuando 1971,
se fue produciendo, año tras
año, un traspaso real de riqueza
del campo a la ciudad. Así, no
es de extrañar que, a pesar de
que Tailandia tiene la imagen de
ser una superpotencia agrícola,
un gran porcentaje de la
población rural siga siendo
pobre.
En China, millones de campesinos
murieron de inanición durante el
Gran Salto Adelante, ya que el
gobierno se dedicó a requisar el
excedente de grano para
financiar la campaña de
superindustrialización de Mao
Zedong. El caos de la Revolución
Cultural permitió a los
campesinos recuperar cierto
control sobre la producción
porque el gobierno entró en
crisis. Tras la muerte de Mao en
1976, Deng Xiaoping abordó el
problema introduciendo el
"sistema de responsabilidad por
contrato familiar". Cada familia
obtuvo una parcela de tierra
para cultivar y, con ella, el
derecho a comercializar los
excedentes después de vender una
determinada cantidad de la
producción al Gobierno, a un
precio fijado por el Estado.
Este sistema creó una
prosperidad entre los campesinos
que, como en el caso de Taiwán,
estimuló la producción
industrial para cubrir la
demanda rural.
Pero también al igual que en
Taiwán, esta época dorada del
campesinado tocó fin, y fue
exactamente por el mismo motivo:
la adopción de una
industrialización centrada en el
medio urbano y basada en las
exportaciones. La acumulación
primitiva del capital para la
industria tomó la forma de
requisas de los excedentes
agrícolas a través de unas duras
obligaciones tributarias.
Actualmente, los diversos
escalafones del Gobierno chino
gravan a los campesinos con un
total de 269 impuestos
distintos, por no hablar de unas
comisiones administrativas a
menudo arbitrarias. Por tanto,
no es extraño que, en muchos
lugares, los impuestos se coman
hasta el 15% de los ingresos de
los agricultores, tres veces más
del límite nacional oficial,
establecido en el 5%. Como
tampoco es extraño que, mientras
la economía ha ido creciendo a
un ritmo anual del 8-10%, las
rentas de los campesinos se
hayan estancado, de forma que
los habitantes urbanos ahora
disponen, por término medio, de
unos ingresos seis veces
superiores a los de los
habitantes rurales. En este
contexto, es muy acertada la
observación de Chen Guidi y Wu
Chuntao, defensores de los
derechos de la población rural,
de que la economía industrial
urbana se ha construido "sobre
los hombros de los campesinos".
El
tifón de la liberalización del
comercio
Sin duda, la fuerza con que se
obligó a los agricultores a
subvencionar la
industrialización fue violenta.
Pero, al menos, las políticas
comerciales en aquel momento
ayudaban a mitigar el dolor,
pues bloqueaban las
importaciones agrícolas que eran
aún más baratas que los
productos locales. Prácticamente
todos los países con sectores
agrícolas controlaban las
importaciones de forma muy
estricta mediante cupos y
aranceles elevados. Este escudo
protector, sin embargo, se vio
gravemente debilitado cuando
estos países firmaron el Acuerdo
sobre la Agricultura (AAG) y, a
partir de 1995, empezaron a
adherirse a la Organización
Mundial del Comercio (OMC). El
AAG obligó a abrir los mercados
agrícolas porque prohibía los
cupos, que se convirtieron en
aranceles, y exigía a los
gobiernos que importaran un
volumen mínimo de cada producto
agrícola aplicándole una tarifa
arancelaria baja. Al mismo
tiempo, con el pretexto de
controlar las importantes
subvenciones a la agricultura de
los países desarrollados, el AAG
institucionalizó los diversos
canales por los que circulaban
las subvenciones, como las
ayudas a la exportación y los
pagos directos a productores
agrícolas en el hemisferio
septentrional.
Como consecuencia de ello, el
grado de subvención de la
agricultura aumentó en los
países desarrollados durante la
primera década de existencia de
la OMC. El importe total de
subsidios a la agricultura
procedente de los gobiernos de
la OCDE pasó de los 182.000
millones de dólares
estadounidenses (USD) en 1995 a
los 280.000 millones de USD en
1997, 315.000 millones de USD en
2001, 318.000 millones de USD en
2002, y casi 300.000 millones de
USD en 2005. A principios de la
década de 2000, los Estados
Unidos y la Unión Europea (UE)
estaban gastando entre 9.000 y
10.000 millones de USD más en
subsidios que en la década
anterior. De cada 100 USD de
agroexportaciones de los Estados
Unidos, 20-30 USD representaban
subsidios del Estado. En el caso
de la UE, la cifra alcanzaba los
40-50 USD. Así, mientras los
pequeños campesinos del mundo en
vías de desarrollo tenían que
sobrevivir con menos de 400 USD
anuales, los agricultores
estadounidenses y europeos
estaban recibiendo,
respectivamente, unas ayudas
medias de 21.000 y 16.000 USD
anuales.
Como las importantes
subvenciones de los Estados
Unidos y Europa distorsionaban
los precios mundiales a la baja,
la agricultura de los países en
vías de desarrollo dejó de ser
"competitiva" bajo las
condiciones de liberalización
comercial impuestas por la OMC.
Tal como apunta la Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
(FAO) en un informe publicado en
2000, el acusado aumento de las
importaciones tras la adopción
del AAG en una serie de países
se tradujo en las "dificultades
consiguientes" para las
"industrias que competían por
las importaciones". Según ese
mismo informe, se temía que "sin
una protección adecuada del
mercado, acompañada de programas
de desarrollo, muchos más
productos internos se vieran
arrinconados o perjudicados
gravemente, lo que acarrearía
una transformación de los
hábitos alimentarios en el país
y un incremento de la
dependencia respecto de los
alimentos importados".
Este viraje histórico hacia la
dependencia de los alimentos
importados fue de la mano,
huelga decirlo, del
desplazamiento de millones de
campesinos. Ya antes de que el
AAG entrara en vigor, el Banco
Mundial predijo que, con el
nuevo régimen, los agricultores
indonesios saldrían perdiendo. Y
así ha sido: desde 1995, las
presiones competitivas
provocadas por la liberalización
comercial han conducido a la
expansión de las plantaciones de
carácter industrial a expensas
de los pequeños agricultores
dedicados al cultivo arroz y
otros productos básicos, que se
han visto marginados.
En las Filipinas, un gran número
de cultivadores de maíz,
criadores de pollos, ganaderos y
horticultores se vieron abocados
a la quiebra. En Mindanao, donde
el maíz es un cultivo básico,
muchos agricultores fueron
barridos del mercado. En
palabras de la analista Aileen
Kwa, "no es raro ver cómo los
campesinos dejan que el maíz se
pudra en los campos porque los
precios en el país han caído a
unos niveles con los que no
pueden competir". Con la
producción estancada, las
hectáreas de tierra dedicadas al
cultivo de maíz en todo el país
cayeron en picado, de los
3.149.300 de hectáreas en 1995 a
los 2.150.300 de hectáreas en
2000.
También en China han quedado
marginados decenas de miles de
campesinos, incluidos aquellos
dedicados al cultivo de soja y
algodón, tras la entrada del
país a la OMC. De hecho, a fin
de mantener e incrementar el
acceso de sus fabricantes a los
mercados de los países
desarrollados, el Gobierno ha
optado por sacrificar a los
agricultores. Según el Institute
of International Economics: "El
desafío de gestionar el sector
agrario se ha hecho más complejo
con los compromisos de China en
materia de agricultura ante la
OMC, que son de un alcance mucho
mayor que el de otros países en
vías de desarrollo y que, en
determinados aspectos,
sobrepasan los de países de
rentas altas. El Gobierno chino
accedió a reducir los aranceles
y a establecer otras políticas
que aumentan el acceso a los
mercados de forma significativa;
aceptó incrementar las
restricciones al uso de
subsidios agrícolas; y prometió
eliminar todas las ayudas a la
exportación para los productos
agrícolas. Estos compromisos
sobrepasaban con creces los
asumidos por otros participantes
en la Ronda de Uruguay, que
desembocó en la creación de la
OMC".
En Sri Lanka, miles de pequeños
campesinos protagonizaron
manifestaciones para protestar
contra la importación de pollos
y huevos, denunciando que ésta
estaba acabando con su
actividad. Así opinaba también
la FAO, que señaló que el
aumento de las importaciones de
alimentos básicos como los
chiles, las cebollas y las
patatas hacían que la producción
local fuera "precaria, tal como
se refleja en la caída
significativa de las zonas de
producción".
En India, la liberalización de
los aranceles, incluso antes de
asumirse los compromisos de la
OMC, también se ha traducido en
una profunda crisis rural. La
economista india Utsa Patnaik ha
descrito la catástrofe como "un
derrumbe de los medios de vida y
los ingresos rurales" debido al
desplome de los precios de los
productos agrícolas. Este
fenómeno ha ido acompañado de un
rápido descenso en el consumo de
cereales, de manera que una
familia india media de cuatro
personas consumía en 2003 76 kg
menos de cereales que en 1998, y
88 kg menos que hacía una
década. El estado de Andra
Pradesh, que se ha convertido en
sinónimo de depresión agraria a
raíz de la liberalización del
comercio, presenció un trágico
aumento en el número de
suicidios entre la población
campesina: de 233 en 1998 a más
de 2.600 en 2002. Se calcula
que, en India, unos 100.000
agricultores se han quitado la
vida debido al derrumbe de los
precios que ha generado el alza
en las importaciones.
Los
gobiernos bajo presión
La resistencia a este nuevo
régimen, tan contrario a los
intereses de los pequeños
campesinos, ha llegado desde
varios frentes. En el ámbito
internacional, la liberalización
del comercio y otras políticas
desfavorables a la agricultura
propiciaron la formación de dos
bloques de países en desarrollo:
el Grupo de los 20 y el Grupo de
los 33. El G-20 advirtió a los
países desarrollados que, a
menos que éstos últimos
redujeran notablemente el
injusto apoyo que proporcionaban
a sus respectivos sectores
agrícolas, no habría más
concesiones en materia de acceso
a los mercados. El G-33 exigió
que ciertos productos
considerados de vital
importancia para la producción
agrícola y el empleo (los
conocidos como productos
especiales) quedaran eximidos de
la liberalización arancelaria.
También abogaban por el derecho
a aumentar los aranceles y a
recurrir a otras medidas
-mecanismos de salvaguardia
especiales (MSE)- para proteger
sus productos de la invasión de
productos agrícolas importados.
Cuando la UE y los Estados
Unidos se negaron a transigir
sobre estas cuestiones, la
Quinta Conferencia Ministerial
de la OMC, celebrada en Cancún
en 2003, se vino abajo.
La Declaración de la Sexta
Conferencia Ministerial de la
OMC, que tuvo lugar en Hong Kong
en diciembre de 2005, reconocía
el derecho de los países en
desarrollo a designar productos
especiales y a establecer MSE.
Sin embargo, en julio de 2006,
después de que los Estados
Unidos se echaran atrás con
respecto a este compromiso y se
negaran a reducir de forma
significativa las ayudas a sus
propios agricultores, la Ronda
de Doha también descarriló. Los
países en desarrollo,
sencillamente, no podían
permitirse generar aún mayor
descontento entre sus
poblaciones rurales abriendo los
mercados, sobre todo a cambio de
una reducción meramente
simbólica en los ingentes
subsidios agrícolas de los
Estados Unidos y la UE.
La fuerza que ha impulsado las
posturas adoptadas por algunos
países en vías de desarrollo en
estos foros multilaterales se
encuentra en la violenta
reacción vivida en sus
respectivas zonas rurales. En
2004, por ejemplo, la grave
situación en el campo condujo a
la inesperada derrota de la
coalición gobernante, encabezada
por el partido Bharatiya Janata
(BJP), que había organizado su
campaña bajo el lema de "India
Brilla". La revuelta electoral
rural en India es una pieza más
de un fenómeno mundial que busca
advertir a los gobiernos que el
campo ya no está dispuesto a
aceptar políticas que sacrifican
los intereses de los campesinos.
En Asia, protestas en forma de
ocupación de tierras, huelgas de
hambre, manifestaciones
violentas y suicidios simbólicos
han hecho del malestar en el
medio rural un problema
acuciante. En China aumentaron
de 8.700 en 1993 a 87.000 en
2005 lo que el Ministerio de
Seguridad Pública denomina
"incidentes en masa" -en otras
palabras, acciones de protesta-,
la mayoría de ellos en el campo.
Además, estos incidentes están
aumentando en número de
participantes: el promedio ha
pasado de 10 personas o menos a
mediados de los años noventa a
52 personas en 2004. Por eso, es
lógico que los actuales
dirigentes del país cada vez
vean más el campo como un
polvorín que hay que desactivar.
¿Una
Internacional Campesina?
El suicidio del campesino
coreano Lee Kyung Hae en las
barricadas de Cancún, en
septiembre de 2003, marcó un
hito en el desarrollo de la
lucha campesina en todo el
mundo. Lee se suicidó bajo una
pancarta en que se leía "La OMC
mata a los campesinos" y, con su
acción, pretendía llamar la
atención internacional sobre el
elevado número de suicidios
entre los agricultores de los
países sometidos a la
liberalización. El hecho
conmocionó a los delegados de la
OMC, que guardaron un minuto de
silencio en memoria de Lee. El
acto de este campesino coreano,
sumado a lo que era ya un
ambiente cargado, representó sin
duda un factor clave en el
desarrollo de las negociaciones.
En diciembre de 2005, invocando
el sacrificio de Lee, cientos de
campesinos coreanos intentaron
romper el cordón policial que
rodeaba el Centro de
Convenciones de Hong Kong, con
la idea de irrumpir en el
edificio. Unos 900
manifestantes, la mayoría de
ellos campesinos coreanos,
fueron arrestados.
Tanto Lee como los agricultores
coreanos que protestaban en Hong
Kong eran miembros de Vía
Campesina, una federación
internacional de agricultores
fundada a mediados de los años
noventa. Desde entonces, Vía
Campesina se ha convertido en
uno de los opositores más
combativos a la OMC y a los
acuerdos de libre comercio,
tanto bilaterales como
multilaterales. Si bien existen
otras redes internacionales de
campesinos, Vía Campesina se
distingue por compartir el
principio de que los pequeños
agricultores no sólo deben
luchar para sobrevivir en el
actual sistema mundial de
agricultura industrial
controlada por las grandes
empresas, sino que también
deberían liderar el proceso de
transformación o sustitución de
dicho sistema. Comentando las
ideas de José Bové, el famoso
activista francés que desmanteló
un MacDonald's en Millau, su
ciudad natal, y de otros
dirigentes de Vía Campesina, una
revista progresista define el
objetivo de la organización como
la creación de una Internacional
Campesina, del mismo modo que
grupos comunistas y
socialdemócratas intentaron
establecer la Internacional
Comunista y la Internacional
Socialista para unir a los
obreros en el siglo XX.
El principal grito de guerra de
Vía Campesina, cuya coordinadora
está situada en Indonesia, es "OMC
fuera de la agricultura", y su
programa alternativo se basa en
la soberanía alimentaria.
Soberanía alimentaria significa,
ante todo, la adopción inmediata
de políticas que favorezcan a
los pequeños productores. Éstas
entrañarían, según Henry Saragih,
agricultor indonesio y
coordinador de la organización,
y Ahmad Ya'kub, subdirector de
Estudios sobre Políticas de la
Federación de Sindicatos
Agrarios Indonesios (FSPI), "la
protección del mercado nacional
de las importaciones de bajo
precio, precios remunerativos
para agricultores y pescadores,
abolición de todas las ayudas
directas e indirectas a la
exportación, y supresión
paulatina de los subsidios
nacionales que promueven una
agricultura insostenible".
El programa de Vía Campesina,
sin embargo, no se limita a
abogar por la instauración de
políticas comerciales favorables
a los pequeños productores.
También insta al fin del régimen
de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el
comercio, que permite a las
grandes empresas patentar
semillas y, de este modo,
apropiarse para lucro privado de
algo que ha ido evolucionando
gracias a la interacción
creativa entre el mundo natural
y las comunidad humanas durante
miles de años. Las semillas y
otros recursos fitogenéticos
deberían considerarse parte de
la herencia común de la
humanidad, opina el grupo, y no
ser objeto de privatizaciones.
La reforma agraria, una cuestión
evitada durante mucho tiempo por
las elites terratenientes de
países como las Filipinas,
constituye uno de los ejes de la
plataforma, como también lo es
la práctica de una agricultura
orgánica o biodinámica
sostenible y respetuosa con el
medio ambiente por parte de
pequeños productores. La
organización se ha desmarcado
por completo de la primera
revolución verde, basada en una
agricultura de uso intensivo de
productos químicos, y de la
segunda revolución verde,
caracterizada por la ingeniería
genética. Las catastróficas
consecuencias medioambientales
de la primera son bien
conocidas, afirma Vía Campesina,
lo cual significa que el
principio de precaución se
debería aplicar muy
rigurosamente a la segunda, de
forma que se eviten impactos
negativos sobre la salud y el
medio ambiente.
La oposición a la agricultura
basada en la ingeniería genética
ha creado un fuerte lazo entre
agricultores y consumidores, que
están molestos con las grandes
empresas por comercializar
productos transgénicos sin el
etiquetado adecuado, con lo que
niegan a los consumidores la
posibilidad de elegir. En la
Unión Europea, una sólida
alianza construida entre
agricultores, consumidores y
ecologistas evitó que la Unión
importara transgénicos de los
Estados Unidos durante varios
años. Aunque desde 2004 la UE ha
autorizado cautelosamente la
importación de algunos
transgénicos, el 54% de los
consumidores europeos continúa
pensando que este tipo de
alimentos son "peligrosos". La
resistencia a otros procesos
nocivos, como la irradiación de
alimentos, también ha
fortalecido los lazos entre
agricultores y consumidores,
muchos de los cuales opinan que
la salud pública y el impacto
medioambiental deberían ser
factores mucho más determinantes
sobre el comportamiento de los
consumidores que el precio.
Cada vez son más las personas
que empiezan a tomar conciencia
de que la producción local y las
tradiciones culinarias están
íntimamente relacionadas, y que
esta relación está amenazada por
el control que ejercen las
grandes empresas sobre la
producción, el procesamiento, el
marketing y el consumo de
alimentos. Precisamente por eso,
la justificación esgrimida por
José Bové para desmantelar un
MacDonald's tuvo tanta
repercusión en Asia: "Cuando
anunciamos que protestaríamos
desmantelando el McDonald's que
estaban construyendo en la
ciudad, todo el mundo entendió
el porqué; el simbolismo era muy
potente. Fue una acción a favor
de los buenos alimentos frente a
la comida basura, a favor de los
trabajadores frente a las
multinacionales. La extrema
derecha y otros grupos
nacionalistas intentaron
mostrarlo como un acto contra
los Estados Unidos, pero la gran
mayoría sabía que no era nada
por el estilo. Fue una protesta
contra un determinado tipo de
producción que pretende dominar
el mundo".
Muchos economistas, tecnócratas,
responsables políticos e
intelectuales urbanos han visto
en los pequeños campesinos una
clase condenada a desaparecer.
Considerados en el pasado como
sujetos pasivos manipulados por
las elites, ahora están luchando
contra los paradigmas
capitalistas, socialistas y
desarrollistas que los abocarían
a la ruina. Así, se han
convertido en lo que Karl Marx
llamaba una "clase para sí" con
conciencia política. Y aunque el
campesinado no vaya "tan
confiado esa noche", por tomar
prestado un verso de Dylan
Thomas, los acontecimientos del
siglo XXI están demostrando que
las visiones tradicionales
prodesarrollistas son
tremendamente falaces. Las
crecientes protestas de grupos
campesinos como Vía Campesina no
representan un regreso al
pasado. A medida que las crisis
medioambientales se multiplican
y las disfunciones de la vida
urbana e industrial se
amontonan, el movimiento
campesino no sólo adquiere gran
importancia para los propios
agricultores, sino para todos
aquellos que estamos amenazados
por las consecuencias
catastróficas de paradigmas de
la modernidad ya obsoletos para
organizar la producción, las
comunidades y la vida.
Walden Bello es director
ejecutivo de Focus on the Global
South, un instituto de
investigación con sede en
Bangkok, y profesor de
Sociología de la Universidad de
las Filipinas en Diliman. Este
texto es un resumen de un
artículo publicado en el número
de abril de 2007 de Global Asia.
Se reproduce con permiso.
Gentileza: Anahi Benegas Arias [
anahi_20002002@yahoo.es ]
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