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Trabajo Solidario en Colombia
Hans
Bennett entrevista a Aviva
Chomsky
Aviva Chomsky es profesora de
Historia y Estudios
Latinoamericanos en el Colegio
Estatal de Salem en
Massachusetts. También es una de
las fundadoras del Comité de
Solidaridad con Colombia de
North Shore, que ha trabajado
desde el 2002 con movimientos
populares y de trabajadores en
Colombia, especialmente con
aquellos afectados por el sector
minero propiedad del capital
extranjero.
Bennett: ¿Qué sucedió con la
comunidad de Tabaco en 2001?
Chomsky: Tabaco era una aldea
afrocolombiana en la provincia
norteña de Guajira. Era la más
grande de una red de pequeñas
aldeas indígenas y
afrocolombianas, la única con
caminos pavimentados, escuela,
oficina de correos y otros
servicios gubernamentales. En
agosto de 2001 la aldea fue
desplazada violentamente como
parte de un proyecto de
expansión de la mina de carbón
"El Cerrejón", la mina de carbón
abierta más grande del mundo. La
mina era entonces propiedad
conjunta de Exxon y un consorcio
formado por BHP Billiton (una
empresa australiana), Glencore
(una empresa suiza), y Anglo-American
(una empresa británica).
Un residente describe los
eventos de este modo: "No
sabíamos lo que estaba
sucediendo. De pronto vimos a la
policía, a la policía
antimotines, y al ejército
rodeando nuestras casas y a
gente llegando en camiones y
bulldozers. Fuimos a nuestras
casas a ver lo que sucedía y
vimos como empezaron a arrasar
el pueblo, a tirar las casas. Y
estábamos pasmados, no podíamos
creer que la mina pudiera estar
haciendo esto."
¿Se ha
hecho algo para compensar a la
comunidad de Tabaco?
Cuando nuestra delegación estaba
allá en noviembre de 2001,
entrevistamos a 61 cabezas de
familias desplazadas de Tabaco,
todos viviendo en condiciones
precarias en el pueblo cercano
de Albania. Escuchamos la misma
historia una y otra vez. Somos
campesinos, la gente nos decía,
antes manteníamos a nuestra
familias. No éramos ricos pero
trabajábamos la tierra y
proveíamos a nuestros niños de
lo que necesitaban. Desde que la
compañía tomó nuestro pueblo y
nuestras tierras, no hay nada
que hacer. No hay trabajo.
En mayo de 2002 la suprema corte
de Colombia dictaminó que la
gente desplazada de Tabaco debe
ser reubicada en forma tal que
le permita reconstruir su
comunidad - esto implica que
necesitan tierra que cultivar y
la infraestructura pública que
fue destruida. Todavía están
esperando que esta decisión se
cumpla. Un residente nos dijo,
"Hemos agotado todas las
posibilidades en Guajira, en
toda Colombia. Hemos ido a los
juzgados, pero no nos ayudan
porque la mina tiene mucho
poder."
La compañía afirma que siguieron
un proceso de negociación
individual, ofreciendo a la
gente dinero a cambio de sus
casas y de su tierra. Cuando nos
reunimos con representantes de
la compañía en agosto de 2006,
nos dijeron que ocho familias
habían rechazado vender y que
todavía se les estaban haciendo
ofertas a estas ocho.
Los residentes de Tabaco nos
describieron estas
"negociaciones". Nos dijeron que
a partir de 1997 la compañía
empezó a ofrecerles ofertas por
los títulos de propiedad de sus
tierras pero les dijeron que
podrían seguir cultivando en
ellas. Que la compañía
necesitaba los títulos de
propiedad para su protección
pero que nunca utilizarían estas
tierras. Mucha gente sí "vendió"
porque pensaron que estaban
vendiendo sólo el título, no el
derecho a utilizar la tierra.
Después, alrededor del 2000, las
"negociaciones" empezaron a ser
más agresivas. La compañía
amenazó a la gente con que si no
vendían, sus tierras serían
expropiadas y no obtendrían nada
a cambio. El gobierno empezó a
suspender servicios al pueblo -
el centro de salud, la escuela.
El cura vendió la iglesia que la
misma gente había construido.
Así que más gente vendió.
Algunas personas han sido
obligadas a dejar la región de
Tabaco por completo. Pero la
gente que queda está organizada.
Tabaco en Resistencia tiene una
lista muy clara de demandas:
quieren que se reconozca a
Tabaco como una comunidad, que
la compañía negocie en forma
colectiva con sus
representantes, y que la
comunidad en su conjunto sea
reubicada y compensada por sus
perdidas. Quieren llegar a un
arreglo que les permita
reconstruir el tejido social y
económico de su comunidad.
¿Cómo
ha respondido la compañía de "El
Cerrejón" a estas demandas?
Nos reunimos con oficiales de
"El Cerrejón" dos veces en 2006.
En agosto nuestra delegación se
reunión con un grupo de unos
quince representantes de
diferentes departamentos de la
operación. En noviembre nos
reunimos con el presidente de la
compañía, León Teicher.
Curiosamente, Teicher y los
representantes aceptaron que se
"cometieron errores" en Tabaco y
que quieren evitar este tipo de
errores en el futuro.
Evidentemente, no están
contentos con el escrutinio
internacional sobre sus
prácticas en derechos humanos.
Dicen que están dispuestos a
negociar con tres de las otras
aldeas que están en la ruta de
expansión de la mina. Pero
rechazan negociar con la
comunidad de Tabaco o con gente
de otras comunidades afectadas
por sus operaciones.
¿Qué se
está haciendo para aplicar
presión internacional?
Internacionalmente estamos
trabajando en varios frentes.
Tenemos gente de Australia,
Inglaterra y Suiza que ha ido a
las reuniones de accionistas
para denunciar ahí los problemas
de las comunidades. Hemos
patrocinado visitas de miembros
de las comunidades afectadas a
todos esos países así como a
Estados Unidos y Canadá donde
consumimos mucho del carbón. En
Salem, Massachusetts, donde
vivo, y donde nuestra planta de
energía importa carbón de
Colombia, el consejo de la
ciudad, el alcalde, nuestro
representante estatal y nuestro
representante en el congreso han
escrito cartas a la mina
solicitando que reconozca el
derecho de la comunidad de
Tabaco a ser reubicada. También
nos hemos reunido con plantas de
energía en Salem, Nueva Escocia
y New Brunswick. New Brunswick
Power también ha escrito a la
mina urgiéndolos a negociar con
los residentes desplazados de
Tabaco. Dominion Energy, la
propietaria de nuestra planta,
hizo una declaración un tanto
más vaga llamando a una
"resolución justa" de las
demandas.
En Dinamarca y Holanda dos
grandes importadores han
suspendido sus contratos con la
mina de carbón Drummond en
Colombia (de propiedad
norteamericana) debido al
asesinato de tres líderes
sindicales ahí. Esto también
manda un fuerte mensaje a las
minas de propiedad extranjera en
Colombia de que su respeto a los
derechos humanos es importante
para sus clientes.
¿Cómo
se relaciona esto con el
movimiento contra la
globalización corporativa?
Estas minas son el ejemplo
perfecto de globalización
corporativa. Todas estas minas
son empresas multinacionales. En
Colombia han sido piezas claves
en la implementación del
programa neoliberal. Una pieza
de esto fue trabajar con el FMI
y el Banco Mundial para
reescribir el código de minas
colombiano para otorgar más
privilegios y ganancias a las
compañías extranjeras. La mina
de "El Cerrejón" solía ser
propiedad al 50% del gobierno
colombiano y fue privatizada
como parte de este proceso.
Prácticamente la única presencia
gubernamental en la mina "El
Cerrejón" es el ejército.
Escuelas, caminos, salud y otros
servicios gubernamentales casi
no existen. Grupos paramilitares
operan libremente y las
ganancias salen del país
libremente. Es un paraíso
neoliberal. Crear lazos entre
personas, o "la globalización
desde abajo", han sido partes
importantes en el movimiento
contra la globalización
corporativa. Tenemos que ser
capaces de crear un movimiento
global que pueda oponerse al
poder de estas compañías
globalizadas. Cuando llevamos a
gente de Nueva Escocia a ver la
mina de donde proviene su carbón
o llevamos a gente de Guajira a
las plantas de energía que
queman el carbón a miles de
kilómetros de la mina que los
desplazó, nos facultamos todos
para trabajar por un mundo que
valore más a las personas y sus
derechos que las ganancias de
las multinacionales.
En diciembre de 2006
SINTRACARBON (el sindicato
nacional de trabajadores de la
industria del carbón) entró en
negociaciones contractuales
monitoreadas internacionalmente.
La página de internet del
sindicato explica que "En
Colombia los sindicalistas
sufren un alto nivel de
violencia, y esta violencia
frecuentemente aumenta durante
el período de las negociaciones.
En esta ocasión, el sindicato ha
tomado la valerosa decisión de
enfrentar en su pliego la
problemática de las comunidades
afrodescendientes e indígenas en
la región...". ¿Qué ha sucedido
desde entonces?
Como resultado de nuestra
delegación de noviembre,
formamos una comisión
internacional para monitorear
las negociaciones contractuales
que comenzaron a principios de
diciembre. Hemos recibido
diariamente actualizaciones del
sindicato sobre el avance de las
negociaciones, las cuales hemos
estado traduciendo y
distribuyendo a los miembros del
comité y también publicando en
la página de internet del
sindicato que elaboramos para
apoyarlos en las negociaciones.
La comisión incluye
representantes de organizaciones
laborales, sociales y
comunitarias en Estados Unidos,
Canadá, Inglaterra y Suiza.
Durante nuestra delegación de
noviembre, llevamos a
representantes de SINTRACARBON a
visitar las comunidades
afectadas por la mina y
decidieron incluir una demanda a
la mina para que reconozca el
derecho de las comunidades a
negociar colectivamente, a ser
reubicados como comunidad, y a
compensaciones, dentro de su
propuesta de negociación. Esto
es algo sin precedente. Los
miembros del sindicato se
sintieron asqueados por las
condiciones en estas
comunidades. Parece
sorprendente, pero el sindicato
y las comunidades están
tremendamente separados: la mina
no emplea a gente de las
comunidades cercanas, en parte
porque quieren que desaparezcan
y en parte porque la mina emplea
a gente con un nivel
relativamente alto de educación
y capacitación técnica - es una
mina abierta y la mayoría de la
gente que trabaja ahí son
mecánicos y operadores de
maquinaria pesada. La gente de
las comunidades afrocolombianas
e indígenas no tiene forma de
obtener la educación y las
habilidades necesarias para
estos trabajos.
Creo que los sindicatos en
Estados Unidos todavía están
tratando de entender cómo lidiar
con la globalización. ¿Cómo
pueden lidiar con problemas de
justicia global, derechos
humanos y sociales, y al mismo
tiempo tratar de proteger los
trabajos y privilegios de sus
miembros? Los sindicatos
progresistas con los que hemos
estado trabajando en los Estados
Unidos y Canadá están muy
impresionados con la forma en
que SINTRACARBON está yendo más
allá de sus lugares de trabajo y
colaborando con las comunidades
que están en resistencia contra
su empleador.
Frecuentemente, nos sentimos
desvalidos ante el enorme poder
de las trasnacionales, ante lo
implacable que es el sistema
global. Aquí tenemos a algunas
de las personas con menos poder
en el mundo, - indígenas sin
recursos, sin electricidad, sin
agua - y a algunas de las más
vulnerables, un sindicato en un
país con uno de los índices más
altos de asesinato y represión
contra los sindicalistas en el
mundo - luchando contra algunas
de las multinacionales más
poderosas del mundo. Tenemos
mucho que aprender de su
ejemplo.
Gentileza:: @ volar [
volar_2004@yahoo.com.ar ]
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