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Indígenas en la Gestión Pública:
un proceso en marcha
En América Latina indígenas
vislumbran señales de cambios y
oportunidades, además de
procesos de formación y
capacitación para la Gestión
Pública
Por Informe la fuente
Nicia Maldonado, Ministra de
Pueblos Indigenas de Venezuela,
ex Consejera del Fondo Indígena.
En América Latina las personas
autoidentificadas como indígenas
superan los 30 millones
distribuidos en 671 pueblos
indígenas reconocidos por los
Estados [1], quienes tras siglos
de exclusión y dominación, a
principios del nuevo milenio,
presentan los peores indicadores
económicos y sociales además de
escaso acceso a instancias
decisorias [2], señalan
publicaciones electrónicas de la
Comisión Económica para América
Latina y El Caribe (CEPAL). En
este contexto y en el marco de
la Gestión Pública, según
diversos actores del ámbito
indígena, en los últimos años en
Latinoamérica la incursión de
mujeres y hombres indígenas en
la administración de las
instituciones estatales se ha
incrementado. Ecuador, Bolivia y
Guatemala, que son algunos de
los países que tienen mayor
población indígena, además de
Venezuela, con un nuevo enfoque
étnico, nos presentan algunos
ejemplos de esta nueva inclusión
social en esferas de las
decisiones gubernamentales,
particularmente a partir del
posicionamiento de los
movimientos indígenas como de su
incursión en la actividad
política.
Ecuador: señales de cambios y
oportunidades
En Ecuador, en los últimos años,
la recuperación de la identidad
ha tenido un valor fundamental a
partir de las luchas en la
recuperación por sus
territorios, recursos naturales,
cultura y el posicionamiento de
los movimientos indígenas a
través de una mayor
participación política. Esto
último llevó a líderes indígenas
a prestar sus servicios en el
aparato estatal como fue el caso
de Luis Macas, uno de los
dirigentes e intelectuales del
movimiento indígena ecuatoriano,
quien fue Presidente de la
Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) y
diputado por el Movimiento
Pachakutik, brazo político de la
CONAIE.
El nuevo gobierno de Rafael
Correa, trabaja conjuntamente
con los pueblos indígenas
quienes van logrando una mayor
inclusión social plasmado,
recientemente, en el
nombramiento de Mónica Chuji,
indígena kichwa de la comunidad
Sarayacu, como nueva Secretaria
General de Comunicación,
designación que es vista por las
organizaciones indígenas de la
Costa, Sierra y Amazonía del
país, como una señal de cambios
y apertura de oportunidades para
trabajar por un Estado
Plurinacional y sus comunidades
a partir de su inserción en la
gestión pública.
Chuji, quien es Comunicadora
Social, asume un rol fundamental
como vocera de Gobierno en las
relaciones del Estado y la
sociedad. Ya anunció que
trabajará desde su propia
cosmovisión, en nuevas formas de
comunicación con el pueblo
mejorando las cadenas nacionales
de comunicación "para que la
población se convierta en
observadora permanente del
régimen". "Mi autoestima está
basada en cientos de años de
culturas expresadas en cada uno
de mis actos. Soy parte de las
minorías excluidas y siempre me
deberé a ellas…", aseveró Chuji,
en febrero de este año en un
discurso dado en la reunión con
autoridades y estudiantes de la
Facultad de Comunicación de la
Universidad Central del Ecuador.
Un ejemplo anterior pero
valedero de mejoramientos de la
relación entre la gestión
pública y la sociedad, es el del
Kichwa Mariano Curicama, Alcalde
del cantón Guamote, en la
provincia de Chimborazo, que
abarca más de 133 comunidades
indígenas quien, de acuerdo a un
artículo de Marcos Almeida, fue
reelegido dos veces desde 1992,
revolucionando su cantón
"promoviendo la participación
ciudadana con parlamentos
locales y asociando la minga…
(trabajo comunitario) con la
colaboración de destacadas
organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales. El resultado
es más que visible: carreteras,
agua potable, canales de riego,
reforestación…" [3].
Y, recientemente, desde una
función distinta, pero ligada a
la capacidad en gestión pública,
"por primera vez en los 37 años
de historia de la Comunidad
Andina, una indígena, la
ecuatoriana Pacha Cabascango,
fue designada funcionaria
internacional" [4].
Bolivia: referente de inclusión
social
Para el analista político Carlos
Cordero, en Bolivia se deben
mencionar dos grandes hitos que
han permitido la presencia de
ciudadanos con origen étnico
indígena en la administración
pública; el primero, la Ley de
Participación Popular que ha
permitido que hombres y mujeres
de las zonas rurales accedan a
la administración pública de sus
gobiernos locales, significando
una transformación de su propio
contexto social y cultural; y
segundo, el triunfo electoral de
Evo Morales, el 18 de diciembre
del 2005, "que ha permitido una
nueva visión al interior del
Estado y un proceso de inclusión
de hombres y mujeres en la
administración pública en altos
cargos jerárquicos como en el
Ministerio de Justicia (Casimira
Rodríguez, indígena quechua), en
el Ministerio de Desarrollo
(Celinda Sosa, dirigente
campesina y sindical nacida en
Tarija) y en la propia
Cancillería de la República
(David Choquehuanca, indígena
quechua que habla aymara), pues
se ha producido un cambio de
mentalidad", sostiene Cordero.
El analista acota que ya en 1993
con el aymara Victor Hugo
Cárdenas, como Vicepresidente de
la República se pudo visibilizar
a sectores sociales que ya
estaban demandando su derecho de
formar parte del Estado.
Bolivia, considerada un
referente de inclusión social,
actualmente cuenta con otro
elemento que le permitirá nuevos
parámetros de inclusión y
participación étnica en la
administración del Estado: la
Asamblea Constituyente, "que
tiene la posibilidad de cambiar
algunos artículos o
perfeccionarlos de tal manera
que permita igualdad de
oportunidades", acota Cordero.
Informe la fuente
Guatemala: impulsando procesos
de formación y capacitación
En Guatemala cuya población es
mayoritariamente indígena y
compuesta por los pueblos maya,
garífuna y xinca, la
participación de los indígenas
en las instituciones del Estado
es relativamente reciente.
Históricamente, estos pueblos
fueron sometidos en la época
colonial y discriminados por las
diferentes estructuras de poder
y de gobierno, sin embargo,
según Terra en "Guatemala:
mayoría indígena", ellos han
mantenido su identidad cultural,
valores comunitarios, idiomas,
derecho y espiritualidad [5],
elementos fundamentales que en
la actualidad han permitido que
algunos de sus líderes indígenas
hayan sido incluidos en
actividades enmarcadas en la
gestión pública.
Para el guatemalteco, Leandro
Yax Zelada, Presidente del Fondo
Indígena, quien además trabaja
con los pueblos indígenas de su
país y América Central, la
participación de personas con
raíces étnicas en la
administración del Estado es un
esfuerzo personal respecto a su
calificación y capacitación
debido a que no hay una política
específica orientada a dar una
mayor apertura a los indígenas
en las instancias estatales. Sin
embargo, para aminorar este
aspecto, distintas
organizaciones indígenas y el
Fondo de Desarrollo Indígena
Guatemalteco (FODIGUA), están
impulsando procesos de formación
y capacitación de indígenas para
la gestión pública. "En estos
momentos estamos identificando
líderes y liderezas indígenas,
que incluso salgan al exterior
con becas para que, a su
capacidad dirigencial, ellos
puedan incorporar el componente
académico y de esa manera
generar cambios sustantivos en
sus organizaciones", comenta Yax.
En cuanto al derecho de las
organizaciones indígenas en la
actividad política, como una
etapa previa a su participación
en los poderes del Estado, los
diversos actores sociales
trabajan en la facilitación de
espacios de concertación y
participación política dirigida
hacia organizaciones indígenas,
hombres y mujeres "porque en las
corrientes del pensamiento
contemporáneo se habla de una
gestión pública con pertinencia
y con enfoque de equidad étnica
y de género", añade Yax.
Originaria de la etnia maya-kiché,
Otilia Inés Lux de Coti, es un
ejemplo de cómo los indígenas
pueden desempeñarse digna y
decorosamente en cargos públicos
como ella lo hizo siendo
Ministra de Cultura y Deportes
de Guatemala durante el período
2002-2004, Ministerio que bajo
su gestión tuvo una connotación
más plural y se valoró la
participación y la contribución
de la cultura indígena a la
cultura universal. Bajo su
tuición se llevó a cabo un
proceso participativo de
definición de políticas de
Estado culturales en el que
intervinieron organizaciones y
personas significativas del
movimiento cultural
guatemalteco.
También, es menester destacar
las funciones públicas y sus
actitudes como líderes de
opinión, entre otros, de Juan
León Alvarado, indígena maya-kiché,
quien fuera representante
alterno de Guatemala ante la
Organización de Estados
Americanos (OEA) y Presidente
del Grupo de Trabajo sobre la
Declaración de Derechos de los
Pueblos Indígenas de la OEA,
recientemente designado como
embajador en Ecuador y Rigoberta
Menchú, Premio Nóbel de la Paz
1992, quien anunció que será
candidata presidencial del
partido Encuentro por Guatemala
(EG), en las elecciones
generales de septiembre próximo.
Venezuela: un nuevo enfoque
étnico
Nicia Marina Maldonado, del
pueblo indígena amazónico
Yecuana, es la actual titular
del Ministerio del Poder Popular
para Pueblos Indígenas de la
República Bolivariana de
Venezuela. El país, tiene un
nuevo enfoque étnico de
inclusión social derivado del
proceso constituyente y la
aplicación de una nueva Carta
Magna dónde los pueblos
indígenas solicitaron,
principalmente, la inclusión de
los derechos indígenas y con
ello el reconocimiento
constitucional sobre sus
territorios.
La ex titular del Consejo
Nacional Indio de Venezuela (CONIVE),
como una medida para coordinar
efectivamente la interacción
entre los pueblos indígenas y el
Estado, en los siete
viceministerios de Hábitat y
Tierras, dependientes de su
cartera, trabajará con
coordinadores regionales
nombrados por cada uno de los
pueblos y comunidades indígenas
del país, que implica una
gestión pública con visión
indígena.
El gobierno venezolano a través
de la denominada "Explosión del
Poder Comunal" creó el Consejo
Presidencial, del cual ahora
forman parte los pueblos
indígenas, que ha decir de
Maldonado, su representante,
"Implica la visibilización de
las potencialidades, de las
grandezas que podamos tener los
pueblos indígenas para
compartirlo con el gran pueblo
venezolano", añadiendo que como
propuestas de los pueblos
indígenas están: "… la
conformación, constitución y el
funcionamiento de los consejos
comunales…, (y) la reforma de la
Ley de los Consejos Comunales…,
(donde) las autoridades
tradicionales electas bajo los
usos y costumbres de los pueblos
indígenas no podrán, así como
los diputados y los concejales
optar por un cargo, porque
manipulan después el resto."
[6]. Este nuevo enfoque
permitirá una mayor
participación indígena en
ámbitos de decisiones
gubernamentales como de Estado a
partir, de acuerdo a Maldonado,
de incrementar la cantidad de
Consejos Comunales de 533 a
2.000.
Garantizar la unidad en la
diversidad, el ejercicio de los
Derechos Colectivos de pueblos
indígenas; la aplicación del
Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
sobre Pueblos Indígenas, entre
otros y las nuevas legislaciones
sobre y para los pueblos
indígenas y originarios de cada
Estado, son los lineamientos que
los países citados y otros de
América Latina, han puesto en
consideración para la inclusión
de personas con raíces étnicas
en la Gestión Pública del
Estado. Los procesos de
inclusión social y político para
la toma de decisiones de "vida"
hacia los pueblos indígenas
hechos por ellos mismos están en
marcha.
Gentileza:: Melina Alfaro [
cybermelina_2004@yahoo.com.ar
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