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Universidades no gratuitas
Por Raúl Wiener
Parece que no nos habíamos dado
cuenta del detalle: el que puede
pagar por un colegio particular
por sus hijos, podría
seguramente pagar por sus
estudios en una universidad
estatal. Entonces, ¿qué tanta
protesta?
¿La gratuidad? Normal, ¿acaso
los pobres, que puedan probar
que lo son, van a perder el
privilegio?
Vamos, con un Estado tan pobre
como el que tenemos: ¿por qué
tenemos que costear con
impuestos a los que pueden sacar
de su bolsillo?
¿Y el viejo programa del APRA de
educación gratuita como derecho
para todos y principio de
desarrollo e igualdad? Bueno,
está idem, o sea viejo, ya fue,
no computa con la época, ¿ves?
La modernidad ahora tiene un
símbolo: la tía Hildebrandt, y
la fuente de su sabiduría los
planes fujimoristas que se
quedaron en el tintero: que
cualquiera sea maestro, a ver si
los del SUTEP siguen tan
levantiscos; que los
universitarios paguen en las
universidades públicas, para que
así sigan dependiendo de los
ingresos de sus padres para
completar sus estudios y les
jalen la oreja por la mala nota.
¡Qué buena idea Martha!, dice el
ministro Carranza que sigue
recortando el presupuesto
educativo, los rectores que no
son capaces de protestar por las
rentas cada vez más bajas con
las que trabajan, los promotores
de universidades de paga que
podrán subir sus tarifas, los
medios de comunicación que
siempre estarán prestos para
modernidades de este tipo. Falta
nomás que hable el que siempre
habla, y que por ahora está
midiendo para donde sopla el
viento.
Hay, sin embargo, algunas
consideraciones sobre este
asunto de la gratuidad que se
están pasando por alto:
1) la educación pública gratuita
como derecho significa, en
cualquier parte del mundo, que
el Estado se obliga a proveer
oportunidades de formación
básica y superior de calidad,
para toda su población,
independientemente de cualquier
consideración económica, social,
política, religiosa. No vende
servicio, lo provee.
2) la existencia paralela de
educación privada es, en
cualquier caso, una opción de
las familias que no exime la
responsabilidad del Estado. El
que recurre a ella deja de usar
su derecho, pero no tiene porqué
perderlo. Es absurdo que se
penalice una decisión que fue de
los padres cuando el estudiante
era menor de edad, en el momento
en que se inicia la etapa de la
vida universitaria que es
totalmente diferente y cuando la
persona está empezando a tomar
sola las decisiones más
importantes de su vida.
3) el derecho a la educación se
financia con recursos públicos,
como debería hacerse con la
salud (cada vez más
“autofinanciada”) y la
infraestructura donde se
multiplican las concesiones y
peajes. Los bienes públicos
redistribuyen porque deben
permitir a todos obtener
servicios de la misma calidad, a
los que contribuimos con
distinta tasa de impuesto. Si
los Estados trasladan estas
obligaciones a los usuarios,
¿cuál sería el fundamento de la
tributación?, ¿pagar la deuda?,
¿gastos militares?, ¿policía?.
4) el Estado no puede decir que
tú pagas impuestos para que yo
haga política de pobres, no para
servirte a ti, porque si así
fuera entonces estaríamos ante
una forma de caridad forzada,
que normalmente lleva a que las
personas se sientan
desolidarizadas con su propio
Estado porque no le es útil ni
le devuelve sus contribuciones
de alguna manera tangible. En
tiempos como los actuales, de
fujimorismo mal digerido, eso
significa además, una cruda
justificación del Estado
privatizado, con su complemento
populista, cuyo desarrollo
político es el reeleccionismo.
5) el único mecanismo legítimo
que debería poder aplicar la
universidad pública a sus
alumnos, es el de la calidad y
el rendimiento académico. Eso es
lo que se supone que se hace a
través de los un exámenes de
ingreso, las evaluaciones
periódicos y los reglamentos que
establecen que se puede perder
la matrícula por la repetición
de un número determinado de
cursos. No tiene sentido
proponer que la solución sea que
quién no rinde, pague, porque
volvemos a lo mismo: no estamos
buscando pretextos para sacarle
plata a la gente, sino tratando
que la inversión pública en
educación sea eficiente y provea
de los mejores profesionales.
6) si para acceder a la
educación gratuita hubiese que
probar la pobreza, esto
significaría que ya no estamos
ente un derecho, sino ante una
concesión; pero si a eso
añadimos que el concepto que
está detrás de la modificatoria
es liberar recursos estatales de
la financiación de la educación,
para que se sustente en la paga
de las familias, entonces el
resultad va a ser que los no
pagantes van a terminar siendo
la excepción, porque son costo.
Las universidades pondrán
requisitos de pobreza y cupos
para acceder a un número equis
de becas que no desfinancien su
prepuesto, y se crearán por lo
tanto una serie de vallas
discriminatorias:
a) siendo los pobres más,
tendrán un acceso
proporcionalmente minoritario;
b) las condiciones de ingreso
probablemente serán diferentes,
para la beca de pobre, que para
el ingreso por paga;
c) es previsible que hayan
condiciones de pérdida de
gratuidad o de matrícula
diferentes para los de beca y
los de paga.
7) al convertir la educación
pública en educación de paga, lo
que se hará es favorecer el
incremento de las tarifas de la
universidades privadas
existentes, ya que por simple
lógica al introducirse
“competencia” entre unas y otras
(educación como negocio), los
padres tenderán a trasladarse a
las privadas que están mejor
equipadas y menos masificadas,
creando una sobre demanda que
favorecerá el encarecimiento.
Como se puede ver, lo que da la
impresión de ser de sentido
común, a veces no lo es tanto.
Es que razonamos a partir del
proceso ya iniciado de
destrucción de la educación
pública y de transformación del
derecho educativo en mercancía.
Que es a lo que están llamando
modernización.
Como una parte creciente de los
padres asumen que la educación
pública es un desastre y que el
Estado es incapaz de hacer algo
por ello, y que no hay plata,
aunque del Perú esté saliendo
dinero como nunca antes, resulta
razonable que piensen que la
única manera de salvar algo de
ella sea aproximándola al
sistema privado. Una vez que San
Marcos y demás universidades
sean de paga, ya no faltará nada
para que un Chang las dirija y
haga de ellas un buen negocio.
Lo que va a ser más difícil es
que sea un centro de
investigación, pensamiento y
debate.
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Gentileza:
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