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La Educación al servicio del
mercado
La ley
de Educación Nacional,
sancionada semanas atrás, que
entrará en vigencia en marzo de
2007 encauza al sistema
educativo a la esfera privatista
de mercado con el asesoramiento
de expertos tecnócratas. Cumple
a raja tabla las "sugerencias"
de los organismos
internacionales de
financiamiento en materia de
educación para América Latina.
Analizamos como la educación es
concebida como un bien transable
orientado a la optimización de
los conocimientos para maximizar
la producción de mercado y cómo
otras experiencias de países que
ya aplicaron los recetarios
elitizaron y convirtieron a la
educación en el brazo derecho de
la producción.
Por ANRed - FR
Desde el auge del neoliberalismo
como modelo económico imperante,
la educación fue vista como un
bien de consumo rentable
quitándole su carácter de
derecho social. En la década
menemista, la sanción de la Ley
Federal de Educación (LFE) fue
la materialización, en
Argentina, de un modelo
educativo que, desde ese
entonces, ambiciona gestarse en
América Latina: el traslado de
la educación a la esfera de
mercado para el desarrollo de
sujetos con saberes
tecnocráticos funcionales al
sistema productivo mercantil
neoliberal.
La ley de Educación Nacional,
disfrazada de estrategias
enunciativas progresistas no es
más que la profundización de la
LFE, sancionada en 1993 por el
gobierno menemista, una puerta
abierta al ingreso de capitales
privados para hacer de la
educación, un bien de consumo.
Educación: un área rentable.
Contexto de la Educación
Latinoamericana. El proceso de
privatización educativa comenzó
a gestarse a partir de la crisis
de los estados de bienestar y el
arribo de las dictaduras
latinoamericanas dentro de un
tejido de expansión del
neoliberalismo. La concepción
político-ideológica respondió al
ataque del modelo de estado
desarrollista por el excesivo
gasto que suponía la
intervención pública y la
burocratización de sus
estructuras.
Los sectores neoliberales
sostenían que el sistema impedía
la competencia individual vista
como fuente de crecimiento y
autorregulación económica que
propiciaba el ambiente ventajoso
para el desarrollo. De esa
forma, la libertad individual
suponía recuperar la libertad de
mercado para cumplir con la
promesa de justicia social a
través de la meritocracia
mediante el establecimiento de
una serie de acuerdos
estratégicos entre naciones
orientados a garantizar el
desarrollo económico, político y
cultural del capitalismo
globalizado.
En 1981 la administración Reagan
elaboró el informe "Nación en
Riesgo" que diagnosticaba "una
crisis política en el hemisferio
occidental y en Estados Unidos
que expresa la pérdida de
legitimidad de los regimenes
democráticos y las clases
dominantes". La centralidad que
los organismos de financiamiento
cobraron en el escenario mundial
comenzó a marcar tendencias e
impactos en los países del
llamado tercer mundo.
El Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional (FMI) y
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) no solo
desempeñaron tareas de crédito
sino que desde entonces ejercen
una función político-estratégica
de carácter tutelar en los
procesos de ajuste y
domesticación en la
reestructuración neoliberal.
En 1987 con la introducción de
los Programas de Ajuste
Estructural (Structural
Adjustment Programmes-SAPs), el
Banco Mundial "recomendó" y
confirió a la educación el
carácter de área de inversión
económica socialmente
productiva. "Las condiciones
macroeconómicas adversas y la
intensa competencia
intersectorial por los fondos
públicos ha reducido la
capacidad de la mayoría de los
gobiernos para continuar
expandiendo la educación. Al
mismo tiempo los sistemas
actuales de financiación limitan
la posible aportación de las
unidades familiares. El
resultado en el sector de la
educación es insuficiente y no
se aprovecha la disposición de
las unidades familiares a favor
de la educación (…)
Para restaurar el libre
mercado,los organismos
internacionales de
financiamiento comenzaron a
prescribir préstamos-puentes a
los países tercermundistas. De
esa manera, el Banco Mundial,
FMI y BID a través de la
aplicación de Consenso de
Washington y los
condicionamientos de ajuste en
materia educativa y salud, para
renegociar los endeudamientos
que sopesaban sobre los países
latinoamericanos, presionaban
transferir la educación a la
esfera económica.
En la década del 90, como si
fuera un efecto cascada, los
gobiernos latinoamericanos y las
elites neoliberales locales-
configurados en y desde tales
grupos- fueron los promotores de
la reformulación a través de la
sanción de leyes educativas que
cumplieron a raja tabla los
mandatos de los organismos
financieros.
Las elites gubernamentales
locales argumentaban que no
había que aumentar el
presupuesto sino optimizar
recursos humanos, capacitación e
infraestructura a través del
reconocimiento de que solo el
mercado puede desempeñar el
papel eficaz en la asignación de
recursos y producir información
necesaria para implementar
mecanismos meritocráticos que
orienten el proceso de selección
y jerarquización de institución
e individuos.
De esa manera, las reformas
legislativas que se sucedieron
en países como Chile
(Municipalización de la
escuela), México y Uruguay
(Reforma Educativa), Brasil
(descentralización de la
educación) y Argentina (Ley
Federal de Educación) sostienen
sistemas de educación similares
entre sí.
Todas apuntan a un solo
recetario: a establecer
mecanismos de control de calidad
que garantice el mérito y la
competencia mediante la
subordinación de la producción
del sistema educativo a demandas
formuladas por el mercado de
trabajo. Para ello fue necesario
cumplir dos objetos: por un lado
generar un mecanismo de
descentralización de
financiamiento mediante
funciones y responsabilidades,
transfiriendo las instituciones
escolares de jurisdicción
federal a provincial y de ella a
la municipal, evitando el
centralismo estatal. De esa
manera se desarticularon
mecanismos de negociación de
gremios, flexibilización de las
contrataciones y de distribución
salarial.
Por otro lado, se buscó
establecer una férrea
centralización del control de
contenido de la curriculas a
través de programas nacionales
de evaluación, pruebas de
rendimiento y la implementación
de programas de formación
nacionales para que los docentes
se actualicen en las variaciones
y señales del mercado
imponiéndolas en la política
educativa. De esa manera, la
política educacional queda en
manos de especialistas, expertos
tecnócratas y empresarios
quienes son consultados por sus
conocimientos técnicos en
evaluación, formación y
financiamiento.
Así, la educación comenzó a ser
fiel reflejo de la segmentación
social. El sistema educativo
empezó a vomitar escalafones
educativos: un nivel básico que
educa para la sumisión y el
analfabetismo funcional: la
escuela para pobres y otro de
formación avanzada, a la cual
los pobres no llegan, que
prepara individuos para el
ejercicio del poder. De esa
manera la educación se volvió
reproductora de roles según la
estratificación social de la
estructura societaria.
Argentina: un alumno obediente
La incorporación de lenguaje de
mercado y la aplicación a de las
formulaciones del Banco Mundial,
enmarcan a la nueva Ley de
Educación Nacional (LEN) en la
profundización de la tendencia
del principio privatista en
materia educativa para América
Latina.
La estrategia enunciativa y las
contradicciones que formula
dicha ley no hacen más que
prestar confusión al carácter de
una normativa que concibe a la
educación como un producto de
mercado.
Por otro lado, no profundiza
sobre el contenido curricular
más que la orientación de la
enseñanza según las necesidades
de la comunidad. Pese a declarar
el carácter obligatorio del
nivel secundario, ¿cómo se
concreta en un contexto de
pauperización socio-económico y
en lo denominado "servicios
educativos"? Cuando se habla de
la construcción de identidad
nacional ¿Qué significa eso en
una sociedad de clases bajo un
contexto de globalización
económica y mundialización de la
cultura?. Cuando legitima el
principio de subsidariedad a
instituciones privadas ¿Dónde
queda la responsabilidad
innegable del Estado?. Cuando
declara el carácter laico de la
educación ¿cómo justifica la
injerencia religiosa? Y sobre
todo, ¿Cómo compensa la
desigualdad social y educativa
cuando promueve un sistema de
diferenciación de acceso basado
en dos tipos de gestiones
diferenciadas: la pública y la
privada?.La meritocracia
contradice el principio de
igualdad.
Mercados educativos-Educación
mercantil
La educación pasa de ser un
derecho a ser un servicio. La
evidencia más concreta de la
profundización del vuelco
mercantil de la educación, en la
reciente sancionada Ley, es la
legitimación de la subsidariedad
y el financiamiento del Estado a
instituciones de gestión
privada, lo que no solo pone en
pie de igualdad la gestión
pública y privada sino que
contradice el principio rector
de que la educación es un
derecho social, al crear
sistemas de educación
diferenciales.
De esa forma, el Estado Nacional
hace uso y transferencia de
fondos públicos para sostener la
actividad pedagógica del sector
privado. Por cada peso que el
Estado invierte, 0.59 es
destinado a colegios privados.
Al presente, las provincias
destinan un 30 por ciento de sus
presupuestos mientras que el
Estado Nacional un 7.5, cuyo
presupuestario total ronda el 14
por ciento, una cifra muy por
debajo del 25 por ciento
recomendado por la UNESCO.
Así, al mismo tiempo que se
suceden recortes presupuestarios
que se asignaban a la educación
pública, un porcentaje del
presupuesto total es transferido
al sostenimiento de la educación
mercantil. En una sociedad
divida por clases, la igualdad
debe suponer dar mas a los que
menos tienen y no darle a todos
lo mismo.
Por otro lado, la ley establece
que las instituciones de gestión
privada, entre otras cosas,
"tendrán derechos a nombrar y
promover su personal directivo,
docente, administrativo y
auxiliar, formular plantes y
programas de estudio, aprobar el
proyecto educativo institucional
de acuerdo a su ideario" y como
obligaciones "ofrecer servicios
educativos que respondan a las
necesidades de la comunidad"
¿cuales son las necesidades? Las
de mercado. Están autorizadas
según el artículo 68 "a prestar
servicios la Iglesia Católica y
demás confesiones religiosas
reconocidas, las sociedades,
cooperativas y organizaciones
(…)".
Contrariamente al carácter laico
que plantea la ley, la misma
autoriza a los padres a elegir
el tipo de educación según su
convicción religiosa a la vez
que abre a la desregulación
educativa.
De esa forma, el boom de las
escuelas privadas habrá de
incrementarse tal como Capital
Federal que cuenta con un 49.9
por ciento de escuelas privadas
elitizando la educación en
cuanto a su acceso mediante la
discriminación por matrícula y
recortando la formación integral
a través de la implementación de
saberes netamente técnicos.
Tal proceso llamado comunitario,
permite a padres y otros agentes
sociales, mediante cooperadoras,
fijar criterios de selección,
matriculación, cuotas y
proyectos pedagógicos. En
contrapartida, la enseñanza
pública al estar exenta de
matriculación será el lugar de
ghetización de la pobreza y de
excluidos profundizando la
fragmentación social.
Centralización Curricular
En cuanto al control de
contenido, la ley plantea
mecanismos de inspección
privados a la función docente, a
través de a creación de consejos
consultivos (integrado por el
MECyT, CFE, empresas, ONGS, la
comunidad educativa (padres),
sindicatos y organizaciones de
la sociedad civil) para la
actualización curricular
mediante acuerdos con
responsables de medios de
comunicación y responsables de
mecanismos de concertación con
sectores gremiales docentes y no
docentes.
De la misma manera contempla la
creación de consejos técnicos
que definirán cómo, cuándo y qué
medir en las evaluaciones del
sistema educativo. No solo eso,
sino que las curriculas estarán
a evaluación semestral para
ajustar los contenidos a las
necesidades de la "comunidad"
dando lugar al ingreso sesgado
del mundo privado.
Es más que latente que hoy en
día, muchas cátedras
universitarias son financiadas
en sus investigaciones por
empresas multinacionales y que
tanto estudiantes secundarios
como universitarios, sobre todo
técnicos, legitimados por la Ley
Técnico-Profesional, realizan
pasantías en corporaciones que
nada tiene que ver con sus
estudios y son utilizados como
mano de obra barata
flexibilizando los regímenes
laborales.
Precarización laboral y
mecanismo de control docente
En el capítulo "De los docentes
y su formación" está asentado
que el MECyT y el CFE definirán
los criterios de la carrera
docente. En el artículo 68 se
señala la diferenciación de
trayectorias en dos opciones:
áulica y directiva separando la
experiencia de ejecución, además
de concebir a la capacitación
como una vía de ascenso en "la
carrera docente". Sin contar que
se introduce un nuevo sistema de
precarización al implementar un
régimen de pasantíaspara
docentes.
Para efectivizar todo ello se
creará el Instituto Nacional
Docente que recibirá la
asistencia del Consejo
Consultivo el cual tendrá a
cargo el asesoramiento,los
criterios y modalidad de
evaluación como así el de
regulación de la formación de
los docentes. De esta manera, se
deja en manos de expertos
técnicos, sin experiencia
áulica, la formación de docentes
y la evaluación de la calidad
educativa, pese a establecer que
el Estado tiene la
responsabilidad innegable.
Asimismo, la evaluación de las
unidades educativas contará con
la participación de docentes y
otros integrantes de la
comunidad educativa que
revisarán "las prácticas
pedagógicas y de gestión"(art
130). En definitiva lo que
establece es un control de
padres sobre el desempeño y
estabilidad laboral de los
docentes, atentando contra la
preservación de la fuente de
trabajo y la autonomía del
docente.
La normativa, aumenta la
centralización de las decisiones
políticas al punto que establece
que las resoluciones del Consejo
Nacional serán vinculantes, o
sea, las provincias deberán
acatarlas (art 125) o de lo
contrario no recibirán fondos.
Por otro lado, paradójicamente,
la ley caracteriza a la
educación como un "bien público
y un derecho personal y social
garantizado por el Estado
Nacional". Debido a ello la ley
estipula 20 horas reloj
semanales de clase para la
primaria y 25 para la secundaria
que serán de cumplimiento
obligatorio por lo que ante
cualquier alteración, el
Ministerio y el Consejo Federal
de Educación podrán declarar "la
emergencia educativa" según el
articulo 121, para permitir el
dictado de clases con
"normalidad". Tal normativa pone
en peligro el derecho a huelga.
Descentralización financiera
Redundantemente la ley de
financiamiento educativo,
sancionada en 2004, que
explicita la destinación del 6
por ciento del PBI a educación
para el 2010 sujeta a las
variables de desarrollo de la
economía. Sin embargo, si se
toma en cuenta la relación de
devaluación peso-dólar, la
normativa financiera representa
una desinversión en materia
educativa. Por otro lado, la
nueva ley no deroga la ya
sancionada en 1992 y vigente ley
de Transferencia a las
provincias 24.049, que
responsabiliza a las provincias
y municipios a hacerse cargo de
sus presupuestos educativos. De
esa manera el estado se
desentiende del financiamiento
al transferir el rol que suponía
ser potestad del MECyT a los
órganos de gobierno micro y
municipios.
Por otro lado, la ley de
financiamiento, abre la puerta
al ingreso de capitales privados
a través del articulo de
"responsabilidad de inversiones
compartidas" a la educación, lo
que abre la inversión de
capitales privados, el canje de
deuda por educación. En
contradicción la LEN, sostiene
que "el estado no suscribirá a
acuerdos con organismos
internacionales que conciban a
la educación como un servicio
lucrativo o alienten forma de
mercantilización de la
educación".
Sin embargo, Argentina mantiene
el acuerdo de la Cumbre de las
Américas de 2005 que suscribe a
aceptar formas de financiamiento
como canje de deuda por
educación, como sucedió con el
acuerdo firmado con España. Ello
sin mencionar el art 81, la
nueva ley, suscribe a "impulsar
acciones de cooperación técnica
interinstitucional e
internacional".
Es más que visible que la
reducción del gasto educativo
como porcentaje del Producto
Nacional Bruto expresa una
creciente disminución gastos de
capital: deterioro edilicio,
disminución salarial,
flexibilización laboral,
disminución de personal,
reducción asociada a pago de la
deuda.
Por otro lado, la desmantelación
de la educación generó una
transferencia hacia las familias
de clase media para la
financiación de la educación
privada. Intensificando la
segmentación y dualización del
sistema educativo: brutal
aumento de tasas de
analfabetismo crónico, lecto-escritural,
informático y estructural.
Nada se menciona de la Ley de
Educación Superior de 1993 y la
Ley Técnico-Profesional
sancionada en 2005, leyes que
instauran la privatización de la
formación
universitaria/terciaria, al
igual que la Nueva Ley Nacional
de Educación, y legalizan la
preparación cultural mediante
saberes tecnocráticos que
legitime una sociedad gobernada
por tecnócratas, de tecnócratas
y para tecnócratas.
Gentileza: compromiso
estudiantil [
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