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Transnacionales, saqueo de
recursos y conflicto ambiental
en Latinoamérica
Por
Ricardo Cifuentes Villarroel
Los grandes proyectos de las
empresas transnacionales basados
en el saqueo de recursos
naturales y la destrucción del
medioambiente a una escala nunca
vista hasta ahora, se han
convertido en la fuente
principal de conflictos
ambientales en América Latina.
La proliferación de estas
operaciones económicas es
favorecida por planes que
fomentan las exportaciones,
fundamentalmente de materias
primas, con miras "al
crecimiento y el desarrollo" de
una región con vastas riquezas
minerales, con la mayor reserva
de biodiversidad, con un tercio
del agua dulce y cerca de un
tercio de los bosques del
planeta.
La situación se identifica en
los últimos quince años con una
globalización financiera y
corporativa, que ha asumido una
posición central en todos los
negocios internacionales. Este
mercado global entre empresas
transnacionales define el rumbo
de una acumulación: fuerte en el
centro y débil en las
periferias, desarrollando un
estilo colonial en la
explotación de los recursos.
Estas operaciones, dominadas por
el capital transnacional y su
búsqueda exclusiva de ganancias
inmediatas, distorsionan las
cifras del producto bruto de
cada país, al incluirse la
explotación de recursos en el
rubro correspondiente a la
producción nacional.
El proceso está marcado por la
entrega abierta de territorio,
exenciones tributarias,
facilidades en las concesiones
de aguas y de explotaciones
mineras, servicios baratos
generalmente provistos por
fondos públicos, desprotección
de la fuerza de trabajo, del
medio ambiente y de la salud y
el modus vivendi de muchas
comunidades. Este proceso se
está dando de modo similar en
diferentes países
latinoamericanos, conformando en
algunos casos verdaderos modelos
de operación, donde las
transnacionales, con una
inversión mínima se llevan
recursos de enorme valor,
dejando un saldo de
contaminación y destrucción del
medio ambiente y un
empeoramiento de las condiciones
económicas y de salud de las
poblaciones afectadas directa o
indirectamente por su accionar.
Como el objetivo básico es
incrementar el capital, el mundo
corporativo impulsa
preferentemente el desarrollo de
industrias que garanticen las
mayores ganancias, como los
monocultivos agroindustriales y
la minería. Más aún, dentro de
cada una de estas actividades se
da prioridad al tipo de
producción más rentable. Así,
los monocultivos se orientan
hacia la exportación de alimento
animal o de celulosa, y la
actividad minera muestra una
tendencia a centrarse en la
extracción de oro y uranio.
Frente a esta arremetida de las
transnacionales que operan en el
ámbito de la extracción de
recursos, los gobiernos locales
no han hecho la inversión
necesaria en educación,
capacitación, ciencia y
tecnología para crear
capacidades orientadas a la
obtención de un potencial valor
agregado dirigido a un
"desarrollo hacia adentro". Mas
bien, las nuevas promociones de
técnicos y profesionales pasan a
constituir otro aporte nacional
al éxito de la inversión
extranjera, al entrar de lleno
al juego de la "competitividad"
de los países, medida en
términos del crecimiento de las
exportaciones de las empresas
transnacionales.
Todos los componentes de la
ecuación -grandes corporaciones
en busca de la máxima
rentabilidad, organizaciones
económicas intergubernamentales
instrumentalizadas por el gran
capital para la obtención de sus
fines, gobiernos y políticos
locales obsecuentes,
legislaciones débiles o
inexistentes, desinformación y
ausencia de espacios de
participación ciudadana real-
contribuyen a fortalecer la
salida vertiginosa de los
recursos de América Latina. Se
establece así una suerte de
destino manifiesto en el
servicio de los intereses
corporativos, cuya orientación
es totalmente opuesta al
desarrollo, al mejoramiento de
la calidad de vida, la justicia
social, la sustentabilidad. Por
el contrario, y pese al ambiguo
y autocomplaciente discurso
macroeconómico de gobiernos y
elites nacionales, en buena
parte de la región se vive un
constante deterioro de las
condiciones económicas y
sociales de sectores
mayoritarios de la población,
incluso en países que se
presentan como paladines de esta
cruzada neoliberal. El caso de
Chile es paradigmático, con su
sorprendente y siempre creciente
desigualdad en la distribución
del ingreso.
Ocupación del territorio
El desarrollo de los proyectos
extractivos exige ocupar e
intervenir inmensas extensiones
de territorio, utilizar enormes
cantidades de agua pura y
emplear substancias tóxicas de
modo intensivo. La satisfacción
combinada de estas necesidades
implica la destrucción masiva
del medioambiente y un deterioro
grave de las condiciones de vida
de las comunidades afectadas,
que incluso pueden verse
privadas del acceso a recursos
vitales como el agua y los
recursos marinos. Poco importa
para este tipo de explotaciones
que los territorios intervenidos
sean ricos en biodiversidad o
que sirvan de sustento a
determinadas comunidades.
Resulta ilustrativo revisar el
crecimiento de la superficie
ocupada por estos proyectos.
Entre 1990 y 2000 se
deforestaron 467.000 km2 en
América Latina para destinarlos
a usos tales como la
agroindustria y las
explotaciones mineras (1). La
deforestación de la Amazonia
brasileña había llegado en 2005
a unos 680.000 km2, de acuerdo
con un informe gubernamental que
identifica con imágenes
satelitales las áreas destruidas
por plantaciones para celulosa,
siembras de soya, empresas
mineras y otros depredadores.
http://www.mre.gov.br/
, acceso el 21 de marzo de 2006
En 2002 las plantaciones de
eucaliptos en Brasil
sobrepasaban los 30.000 km2 y
ahora se discute una ley que
permite la devastación forestal
prácticamente ilimitada. Se
estima que Argentina perdió casi
dos tercios de sus bosques
originarios durante el siglo
veinte. Gran parte de ese
territorio está ahora ocupado
por cultivos de soya, algodón y
maíz transgénicos (140.000 km2)
y plantaciones de pinos y
eucaliptos. En Paraguay la
superficie sembrada de soya
creció entre 1995 y 2003 de
8.000 km2 a casi 20.000 km2.
Para cultivar soya en Bolivia se
deforestaron más de 10.000 km2
de bosque durante los últimos 15
años.
El área concesionada a proyectos
mineros tiende a cubrir un
promedio del 10% del territorio
de los países en la región. Esta
dimensión varía con la duración
de las faenas (entre 5 y 20
años) y si las solicitudes de
exploración y explotación se
refieren más de una vez a un
mismo sector. También hay que
considerar que el área de
influencia de la explotación
minera es siempre mayor que la
superficie concesionada, puesto
que implica toda la
infraestructura de vías de
comunicación y accesos a
suministros, fuentes de energía
y agua. La energía proviene en
parte de centrales
hidroeléctricas -existentes o
proyectadas- que ocupan a su vez
más territorio, más agua y
generan otros conflictos.
En Perú la superficie
concesionada a las mineras
creció de 1,49% en 1991 a 8,2%
en 2006 (105.504 km2); en
México, 3% en 1994 y 8%, en 2002
(158.595 km2); en Chile, 7,3% en
2002 y 10,6% en 2003 (80.000
km2); en Ecuador, 5% en 2000 y
16,7% en 2004 (45.513 km2). En
este último país las solicitudes
de concesiones cubrían el 69%
del país en 2000 y el 84,5% en
2004. (2)
Los
daños
A las emisiones nocivas lanzadas
por estas industrias al aire (CO²,
SO²), al agua y los suelos
(dioxinas y derivados del uso de
cianuro, arsénico y mercurio,
entre otros), se agregó en los
últimos años la contaminación
con plaguicidas y transgénicos
de los monocultivos. Además de
provocar serios problemas de
salud y deterioro de condiciones
de vida a poblaciones campesinas
de varios países, la aplicación
masiva de agroquímicos está
produciendo daños de otro tipo
que en un futuro no tan lejano
agravarán el panorama más allá
de cualquier predicción. Se teme
que la destrucción de su
hábitat, el uso de plaguicidas y
la introducción de cultivos
invasores está causando la
disminución de polinizadores, lo
que pone en el peligro de
extinción a muchas especies
vegetales (3).
Las empresas transnacionales de
plaguicidas producen también las
semillas transgénicas y son
propietarias de la mayoría de
las patentes de biotecnología
agrícola, con lo que pueden
tener el control de la
agricultura y de la cadena
alimentaria a nivel mundial (4).
La contaminación transgénica es
un negocio adicional de estas
industrias, que por la vía
judicial exigen pago a los
agricultores cuyos cultivos
accidentalmente se han
contaminado con semillas
patentadas. Incluso cuando no
pueden cobrar por sus patentes,
como le ocurrió a Monsanto en
Argentina, se beneficiaron con
la venta de plaguicidas (5).
La operación de cada planta de
celulosa requiere de cientos de
miles de hectáreas de
plantaciones, conocidas ya como
"desierto verde" porque han
significado la destrucción de
una superficie similar o mayor
de bosque nativo con la
correspondiente pérdida de
biodiversidad en flora y fauna,
la contaminación y el
agotamiento de cauces de agua.
Además, la cantidad de agua que
precisa cada una de estas
fábricas en sus procesos es tan
enorme que tienen que instalarse
junto a grandes ríos para
aprovechar el recurso y luego
desecharlo seriamente dañado.
Empresas y gobiernos presentan
en sus campañas a los
monocultivos de árboles como
"forestación". Sin embargo, los
estudios confirman los efectos
negativos de esta actividad al
registrar destrucción de bosque
nativo, disminución de
biodiversidad y fuentes de agua,
problemas de salud a comunidades
vecinas, contaminación de agua y
degradación de suelos (6).
La devastación que produce la
minería queda patente en los
grandes depósitos de escoria
contaminada que han acumulado
años de explotación en cada uno
de los países. Esta destrucción
continúa y se agrava a medida
que crece el número de las
explotaciones a tajo abierto de
cobre y sobre todo de oro y
uranio. Como en estos casos el
mineral está diseminado en
extensos terrenos, su extracción
implica remover con explosivos
grandes cantidades de roca y
someter el material resultante a
un proceso de lixiviación que
emplea enormes cantidades de
agua mezclada con ácido
sulfúrico para extraer cobre y
uranio, y con cianuro para
recuperar el oro. Parte
importante de estas labores se
efectúa a más de mil metros de
altura sobre el nivel del mar,
cerca de fuentes acuíferas. Los
desechos quedan ahí para siempre
y se convierten en fuente de
contaminación de aguas
superficiales y subterráneas que
al descender hacia los valles
afectan a sectores con economías
basadas en principalmente en la
agricultura.
En 1998, 23 de los 29 proyectos
mineros del departamento de
Cajamarca en Perú correspondían
a extracción de oro. Las
empresas socias del Consejo
Minero -que extraen casi la
totalidad del cobre, oro, plata
y molibdeno de Chile- explotaban
en 2004 nueve yacimientos de oro
en ese país. Ese mismo año se
realizaban operaciones en 23
yacimientos de oro en
Centroamérica. La cifra tiende a
aumentar en esa subregión: este
año se otorgaron 16 licencias
para exploración de oro
solamente en el altiplano
guatemalteco de San Marcos.
En Latinoamérica únicamente
Argentina, Brasil y México usan
uranio para producir energía
eléctrica, por lo que despertó
preocupación la denuncia sobre
exploraciones de uranio en
Guatemala desde enero de 2005 y
el otorgamiento de nuevas
licencias este año para explorar
el elemento radioactivo en ese
país. En marzo de 2006 más de 32
empresas realizaban
prospecciones y exploraciones de
uranio en Argentina, Bolivia,
Brasil, Guatemala, México y Perú
http://www.wise-uranium.org/upsam.html
, acceso el 27 de marzo de 2006.
El negocio parece asegurado para
los próximos años puesto que la
Agencia Internacional de Energía
Atómica anunció recientemente la
instalación de 130 nuevas
centrales nucleares y el precio
del uranio sigue en ascenso.
Dadas las precarias condiciones
actuales para supervisar las
explotaciones de oro cabe
preguntarse cómo se va a
controlar la extracción del
uranio. Conviene recordar la
mina de uranio de Wismut, que
funcionó entre 1945 y 1990 en la
ex República Democrática Alemana
y dejó más de 5.000 mineros
muertos de cáncer al pulmón (7).
En 2004 Perú contaba con ocho
funcionarios para monitorear en
terreno más de 6.200 concesiones
mineras; ese mismo año el
gobierno chileno dictaba un
decreto para que la empresa
Barrick Gold hiciera
fiscalización aduanera a su
propio proyecto de plata y oro
en la frontera con Argentina
(8). Con tan mínima
fiscalización estas industrias
pueden ocultar buena parte de
sus actividades, incluyendo
escapes radiactivos o tóxicos,
intencionados o accidentales. De
hecho, en 1999 lluvias fuertes
desenterraron centenares de
tambores de cianuro de sodio en
Amapá, Brasil, en terrenos de
una mina asociada al Grupo
AngloGold/Anglo American. Hubo
muertos y los peces
desaparecieron del río Vila
Nova, pero nadie se hizo
responsable (9). En Chile, en
2005, a raíz de un accidente
radiactivo en una planta de
celulosa de Celco en
construcción, se supo que la
empresa había ocultado hechos
similares en el pasado (10).
Poco después se descubrió que
otra empresa de celulosa en
Chile, CMPC, ocultó durante diez
años un derrame de mercurio en
una de sus plantas (11).
Reacción de los afectados
Pese a que las elites políticas
hacen frente común con las
empresas en las operaciones de
blanqueo de imagen y en la
represión de las protestas a
través de paramilitares o
mercenarios - práctica habitual
en Africa (12) y situación cada
vez más común en países
latinoamericanos como Colombia,
Ecuador y Perú (13) - la
reacción de las comunidades ha
ido en aumento al conocerse el
real impacto de estos proyectos
sobre su salud, sus patrimonios
ambientales, sus culturas y sus
economías. Comienza a saberse
que estas operaciones
industriales generan falsas
expectativas de empleo y ni
siquiera aportan ingresos a los
gobiernos nacionales, ya sea en
impuestos o regalías. A las
movilizaciones indígenas y
campesinas en Brasil, Bolivia,
Colombia, Guatemala y Ecuador,
que se han enfrentado por años a
las compañías mineras,
petroleras y forestales, se
agregan ahora las protestas de
sectores ciudadanos que rechazan
la instalación de megaproyectos
destructivos del medio ambiente
en Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay. La gente también está
reaccionando contra las
políticas que por un lado
impiden que la población tenga
acceso a los recursos vitales y
por otro los entregan al negocio
transnacional, como sucede con
la privatización del agua y la
concesión a privados de los
mares territoriales y bordes
costeros. Se suma a lo anterior
una oposición cada vez más
fuerte a los tratados de libre
comercio bajo los términos de
las corporaciones
transnacionales, que facilitan
el saqueo y la destrucción de
recursos al disminuir aún más
las débiles regulaciones
nacionales.
La reacción frente a las
protestas es asumida
indistintamente por las empresas
o los gobiernos, por separado o
en conjunto. Son numerosos y
repetidos los casos de abusos a
los derechos humanos cometidos
para facilitar la instalación y
desarrollo de estos negocios.
Estos atropellos van desde la
persecución de opositores
individuales hasta la represión
masiva y el desplazamiento de
comunidades. Estos últimos años
se han reportado casos graves de
esta índole en Brasil, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Honduras,
Paraguay y Perú. Pero la
represión puede tomar otras
formas, como en Chile, donde se
echa mano a leyes
antiterroristas para encarcelar
a dirigentes de comunidades
indígenas que defienden sus
derechos territoriales frente a
la expansión de las empresas
forestales. La mayoría de éstas
se halla involucrada en
denuncias por participar en
acciones represivas contra
comunidades indígenas, por
conflictos de tierra o
destrucción de bosques.
Afianzadas en la región durante
los regímenes dictatoriales de
la segunda mitad del siglo
veinte, estas industrias no
constituyen una fuente
importante de empleo. Más bien
prescinden de la población,
excepto como mano de obra barata
ocasional. Su accionar
destructivo del entorno promueve
el despoblamiento de las zonas
donde operan.
Los
beneficios
En definitiva, los únicos
beneficiados reales resultan ser
las empresas inversoras y sus
accionistas. En 2004 los
ingresos de las 10 empresas
mineras más grandes que operan
en Latinoamérica fueron de más
de 130 mil millones de dólares (Alcoa,
AngloGold/Anglo American,
Barrick Gold, BHP-Billiton,
Meridian Gold, Newmont, Noranda,
Phelps Dodge, Placer Dome y Rio
Tinto). Cinco empresas
forestales productoras de
celulosa tuvieron ingresos por
US$10.501 millones en 2004 (Aracruz
Celulose, Celulosa Arauco, CMPC,
Bahia Sul Celulose, Votorantim
Celulose) Tres productoras de
semillas transgénicas y
plaguicidas tuvieron ingresos
por US$20.645 millones en 2005 (DuPont
Agriculture & Nutrition,
Monsanto y Syngenta) (14).
Cargill, la empresa de
agronegocios señalada como caso
ilustrativo de lucro con la
destrucción de la Amazonia, tuvo
ingresos de más de 63 mil
millones de dólares en 2003
(15).
Entre 1994 y 2001, el Banco
Mundial, a través de su
Corporación Financiera
Internacional (CFI), otorgó
préstamos por más de 790
millones de dólares para
proyectos mineros en Bolivia,
Brasil, Chile, México, Perú y
Venezuela (a Anglo American, BHP-Billiton,
Barrick Gold, Mitsubishi, Mitsui,
Newmont, Pan American Silver y
Rio Tinto, entre otras). En
Aracruz y Bahia Sul hay
participación del Banco Mundial,
a través de la CFI (http://www2.ifc.org/ogmc/eirprojects.htm,
acceso 8 de noviembre de 2004)
(16).
Por otro lado, desde 1988 hasta
2005 el Organismo Multilateral
de Garantía de Inversiones
(MIGA) había girado garantías
por un total de US$1.110,6
millones a proyectos mineros en
general. Los nombres de las
empresas señaladas anteriormente
se repiten entre los
beneficiados (17).
La magnitud alcanzada por estas
instalaciones productivas
resulta posible gracias a la
participación interesada de la
elite política, que actúa como
facilitadora de concesiones y
encubridora de una inmensa
contaminación ambiental, a la
vez que abandona su rol cautelar
de los derechos económicos y
sociales de los sectores
mayoritarios de la población. Ya
no es la clásica corrupción
ligada al indebido
enriquecimiento personal o de
pequeños grupos. Ahora se trata
de elites políticas nacionales
integradas al tejido de las
transnacionales, con sus
funcionarios saliendo y entrando
de puestos públicos a privados
(en directorios de empresa,
agencias de lobby o de
asesorías) o a cargos en
organismos intergubernamentales,
colocando a sus familiares y
correligionarios en puestos de
poder, obteniendo financiamiento
para los partidos políticos,
recibiendo honores y
participación en fundaciones u
otras plataformas para seguir en
el negocio.
Todo se enmarca en una legalidad
ad hoc, diseñada en muchos casos
por juristas y economistas
vinculados a las pasadas
dictaduras militares y luego
ampliada y perfeccionada por las
corporaciones y los gobiernos
civiles. En las negociaciones
previas y en la puesta en marcha
de cada industria opera el arte
de la no transparencia, fenómeno
ya documentado en el caso de las
petroleras a nivel mundial (18).
La aplicación de políticas
neoliberales coordinadas e
impuestas a través del Fondo
Monetario Internacional, Banco
Mundial y Organización Mundial
de Comercio, en connivencia con
las redes políticas locales,
crea un ambiente favorable para
estos proyectos, traducido en
débiles obligaciones laborales,
ambientales y de fiscalización,
grandes facilidades financieras
y amplia disponibilidad de mano
de obra barata. Tales
condiciones permiten a las
empresas operar con un
ostensible desprecio por las
comunidades a las que afectan y
utilizar procesos destructivos y
contaminantes rechazados en
países desarrollados.
Esta situación se ha ido
enraizando profundamente hasta
constituirse en el modelo
natural de hacer las cosas, que
origina un convencimiento
gubernamental reforzado por los
dogmas neoliberales
predominantes en la clase
política. Los países
latinoamericanos deben "crecer
hacia fuera", en brazos
corporativos. Se trata de "la
única vía posible de
crecimiento", afirman a coro el
sector empresarial y los
políticos. Este desastre se ha
constituido así en sistema, y el
avance de una crítica se hace
difícil ya que debe enfrentar a
la totalidad de las fuerzas
involucradas en este exitoso
esquema de explotación colonial
y de alienación, quizás el más
perfecto de la historia. La
información disponible nos dice
que en la región nos encontramos
con una pérdida brutal de
recursos naturales y humanos,
con una gigantesca distorsión en
el desarrollo y con un proyecto
destinado a causar situaciones
de pobreza y deterioro ambiental
irreversibles.
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Gentileza: @ volar [
volar_2004@yahoo.com.ar ]
paginadigital
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