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El debate del Canal en la
Universidad (Panamá)
Por Jorge E. Illueca
A menudo del año 2004 la
ciudadanía se preguntaba a qué
se debía el empeño que la
Autoridad del Canal de Panamá
(ACP) ponía en promover la
adopción de la reforma que la
misma ACP presentaba para que se
modificara el Artículo 319 de la
Constitución vigente, a la cual
nos opusimos algunos
profesionales, entre los cuales
se contaban el Licdo. Fernando
Manfredo, el Dr. Humberto Ricord
y mi persona, quienes
concurrimos a una sesión de la
Comisión de Gobierno de la
entonces Asamblea Legislativa, a
exponer nuestras objeciones. Sin
embargo, la reforma fue aprobada
con los auspicios de la ACP y de
la partidocracia, representada
por los legisladores del PRD y
el Partido Popular (antes
Demócrata Cristiano) de una
parte; y por la otra, el Partido
Solidaridad, el Partido
Arnulfista, el Molirena y el
Liberal Nacional.
Para contestar la pregunta, como
lo expresé en mi crónica
titulada "La ACP, la
Partidocracia y el Referéndum"
(El Panamá América, julio 19,
2004), era esencial considerar
que, en síntesis, lo que se
propuso y se aprobó a instancias
de la ACP es que sólo se
sometiera a referéndum la
"propuesta de construcción de un
tercer juego de esclusas".
Señalé entonces que era muy
significativo que en la aludida
reforma se excluyesen del
referéndum los contratos
multimillonarios que alcanzaran
cifras colosales en el proceso
de la financiación y ejecución
de la referida "propuesta de
construcción de un tercer juego
de esclusas" que es lo único que
se someterá a referéndum.
Esta situación fue explicada en
el Paraninfo de la Universidad
de Panamá el jueves pasado
durante la presentación hecha en
el Gran Debate Universitario
sobre la Ampliación del Canal de
Panamá por el Dr. Enrique
Illueca Arosemena, en los
siguientes términos: "Hago
referencia a la propuesta de
construcción de la ACP, relativa
a la modificación del Artículo
319, hoy 325, de la Constitución
Política, mediante Acto
Legislativo No. 1 de 2004, para
situar en la debida perspectiva
histórica, el marco
jurídico-político, que desde esa
fecha nos regula. Es decir, que
no serán sometidos a la
aprobación previa de la Asamblea
Nacional, ni sometidos al
referéndum nacional el
conglomerado de contratos, así
como los términos y condiciones
de dichas contrataciones, que se
deriven de ser aprobada la
propuesta de construcción del
tercer juego de esclusas, con
sus tres componentes
principales, a saber:
1. La construcción de dos
complejos de esclusas, uno en el
Atlántico y otro en el Pacífico,
que incluyen tinas de
reutilización de agua;
2. La excavación de cauces de
acceso a las nuevas esclusas y
el ensanche de los cauces de
navegación existentes y;
3. La profundización de los
cauces de navegación y la
elevación del nivel máximo de
funcionamiento del lago Gatún.."
"Esto explica a la ciudadanía,
la razón por la cual en la
Propuesta de Ampliación del
Canal de Panamá (Proyecto del
Tercer Juego de Esclusas)
presentada al Presidente de la
República, el pasado 24 de
abril, se dé una total ausencia
de las especificaciones,
términos y condiciones de dichos
contratos que la ACP estima en
aproximadamente B/.5, 250
millones".
"Visto todo lo anterior, a casi
dos años de distancia de la
modificación del Artículo 319,
no tenemos que atribuirle a
opiniont.jpg, Fernando Manfredo
y Humberto Ricord, los dones de
Casandra, pues como lo
expresaran y anticiparan en ese
entonces, al pronunciase en
contra de la reforma del
Artículo 319 de la Constitución
Nacional por considerarla
injurídica, innecesaria y
contraria al interés nacional,
manifestaban que dicha
modificación de su inciso
tercero, ubicaba la actuación de
la Autoridad del Canal como
proponente de propuestas de
construcción y firmante de
contratos excediendo el marco de
sus atribuciones
constitucionales que
jurídicamente se circunscriben a
la esfera de la administración".
No podemos admitir que se
pretenda exagerar el lenguaje
del párrafo tercero del Artículo
325 de la Constitución Política
con el propósito de habilitar a
la ACP para actuar sin ningún
control ciudadano en un tráfico
de contratos, de acuerdos y de
especulaciones dirigidas a
mantener a la mayoría de los
panameños y panameñas en la
imposibilidad de saber por qué
debe, cuánto debe y en cuánto se
compromete jurídicamente a
deudas y obligaciones que
afecten el presente y el futuro
de la vía interoceánica y el
equilibrio económico y social
del país.
La ciudadanía está comprometida
a actuar para impedir que la ACP
con la pasividad de los órganos
del poder público, se proyecte
como la región menos
transparente de la economía y
hasta de la geografía nacional.
El gobierno, los órganos del
poder público deben actuar con
transparencia y exigir igual
transparencia en el
funcionamiento de la Autoridad
del Canal y en sus
transacciones.
He venido sosteniendo, y no
puedo dejar de insistir, en que
hay decenas de miles de
panameños y panameñas que
padecen la exclusión social,
determinada porque no participan
en la distribución de nuestra
riqueza nacional y que merecen
la atención del Estado. En el
tema de la modernización y de la
ampliación del Canal están
subsumidas cuestiones económicas
y medio ambientales. Eso es
evidente. Es menos evidente pero
no por eso menos cierto, que
también está subsumida la gran
cuestión de las alteraciones que
se pretendan hacer a un
patrimonio natural que está
consagrado en nuestra
Constitución como inalienable.
Me refiero a nuestros recursos
hídricos y mares, a nuestras
tierras, a nuestros bosques, a
nuestros valores económicos. Me
refiero a nuestra agua y a
nuestro aire, a nuestra flora y
a nuestra fauna. Se trata de
elementos que plantean problemas
cuya relevancia aumentará de
modo exponencial en las próximas
décadas. A la presente
generación de panameños le toca
cuidar y preservar estos
recursos, y no dejar nuestro
recurso hídrico y nuestra
biodiversidad a merced de
quienes no están interesados en
otra cosa que no sea
"aprovecharse" de los beneficios
del Canal.
Cuando el pueblo panameño sea
llamado a pronunciarse en un
referéndum sobre la ampliación
del Canal, todas estas
cuestiones estarán sobre el
tapete, deberán estar sobre el
tapete. Cada panameño deberá
tener la libertad, la capacidad,
la información y el
conocimiento, que por derecho
propio le corresponden, para
pronunciarse en bien de los
mejores intereses de la nación
panameña.
Gentileza: Guillermo C. Cohen-DeGovia
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