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Escuela, república y religión,
Jesús Salamanca Alonso. -
05/03/06 (España)
 
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Escuela, república y religión
Jesús
Salamanca Alonso
Durante el año 2006 se
cumplen setenta y cuatro años de
un amplio debate en la prensa
vallisoletana: el tema
religioso. Los diarios de
Valladolid iniciaron el año 1932
con titulares sobre los sucesos
políticos más llamativos del
momento. DIARIO REGIONAL,
además, dedicó un amplio espacio
a la Carta Pastoral Colectiva
que el Episcopado español
dirigió a los fieles consignando
las normas que debían regular la
conducta de los mismos en el
futuro y respecto a aquellos
órdenes de cosas en que la
legislación del nuevo Estado
laico afectaba a los derechos de
la Iglesia, de la familia y de
las Órdenes religiosas.
Los gobernantes vallisoletanos
consideraban apremiante, y sin
dilación alguna, la necesidad de
ejecutar el contenido de sus
programas. La minoría
radical-socialista del
Consistorio vallisoletano
propuso una moción consistente
en que el Ayuntamiento enviara
un escrito al Presidente del
Gobierno para que no se demorase
un momento más de lo necesario
el cumplimiento de la
Constitución y de las leyes
votadas en el Parlamento,
venciendo todo tipo de
resistencias.
La citada minoría, compuesta por
Enrique Pons, Santiago Vega,
Juan Moreno, Eugenio Curiel y
Valerio Vega, justificaba la
moción al estimar que debía
tener estado oficial el hecho
innegable de cierto descontento
en las clases populares. Tal
moción, que había sido aprobada,
era un aviso cordial al Gobierno
para que diera "al pueblo la
mayor satisfacción".
No hubiera sido preciso ese
"aviso cordial" de los
radical-socialistas
vallisoletanos, puesto que el
Gobierno iría dando puntual
aplicación a sus proyectos. Era
evidente que las soluciones que
la República pretendía dar al
tema religioso tenían claras
repercusiones educativas. La
polémica que subyacía y que
estaba latente desde mucho
tiempo antes albergaba una doble
vertiente: la de quienes
defendían una enseñanza laica y
la de quienes pretendían
continuar con una enseñanza
confesional.
Sin duda, la enseñanza era un
importante "caballo de batalla"
y las actuaciones sucesivas
serían fieles al programa que en
el nuevo ideario se habían
trazado. EL NORTE DE CASTILLA,
bien avanzado el año 1932 y
haciéndose eco de las
manifestaciones de Manuel Azaña
- en el teatro Pereda de
Santander - sobre la Ley de
Confesiones y Congregaciones
religiosas que se aprobaría en
junio de 1933, constató con su
acostumbrada fidelidad a la
noticia: "Ya sé que promoverá
ruido y que se dirá de ella que
es un ataque a la convivencia
religiosa, pero el artículo
veintiséis de la Constitución
nos habla de la República laica
y, además de la disolución de la
Compañía de Jesús, nos impone
otras obligaciones en especial
en materia de enseñanza".
Manuel Azaña no estaba dispuesto
a ceder un ápice en el
cumplimiento de ese proyecto
constitucional e iba más lejos
sabiendo la reacción que
provocaría: "Yo no rechazo el
calificativo de sectario. Todos
somos algo sectarios. En la
política es donde hay que dar a
algunas cuestiones la hechura de
flecha angular y penetrante,
darle valor sin desvirtuar la
labor gubernamental".
Muestras de esa decisión ya
había dado Rodolfo Llopis, desde
la Dirección General de Primera
enseñanza, en una circular de
enero de 1932, al incidir en que
la escuela - por imperativo
constitucional - debía de ser
laica y "...por tanto, no
ostentará signo alguno que
implique confesionalidad".
Esa misma idea fue ratificada
por el Gobernador civil de
Valladolid (José Guardiola
Ortiz), en el boletín de la
provincia. EL NORTE DE CASTILLA,
en su página segunda, publicó
tal contenido. Guardiola Ortiz
recordaba a los habitantes de la
provincia que la enseñanza era
laica. Además, recomendaba a
todos los alcaldes que se
abstuvieran de dirigir
requerimientos a los maestros
públicos para que en sus
escuelas pusieran signo
religioso de cualquier clase.
Consecuencia de ello fue la
retirada del crucifijo de las
aulas y, consiguientemente, el
excesivo desagrado motivado en
amplios sectores de la
provincia. Valladolid fue
testigo de numerosas
alteraciones en demanda de la
reposición del crucifijo y de la
enseñanza religiosa en las
escuelas nacionales, tanto en la
capital como en muchos pueblos
de la provincia. Incluso se
celebraron numerosos actos
organizados por la Asociación
Católica de Padres de Familia,
en la Casa Social Católica, y,
por la Federación de Estudiantes
Católicos, en el teatro
Calderón.
En mi correspondencia personal
con un maestro nacional que
permaneció oculto durante
veintidós años tras los sucesos
de 1936, consta que los
maestros, unos y otros, tanto
los de izquierdas como los de
derechas, no podían negarse a
cumplir las órdenes que recibían
del Ministerio. Es más, la
mayoría de los maestros conocían
perfectamente los pueblos cuyas
escuelas regentaban y, a pesar
de verse muchas veces "entre la
espada y la pared", supieron
conducirse con mucha cautela y
los máximos respetos para evitar
situaciones desagradables con el
vecindario. Sin embargo, no
faltaron situaciones llamativas.
En muchos pueblos, mientras
nadie osara tocar el crucifijo
todo marchaba bien: en cada
escuela un crucifijo, una paz
sin hendiduras y todos tan
conformes; pero si el mismo era
retirado, nada más lejos que el
día siguiente al de su
desaparición, irrumpían en la
escuela cuarenta, cincuenta,
sesenta crucifijos,... tantos
como niños asistieran a las
clases.
Siempre será una incógnita
conocer lo acontecido si la
Dirección General de Primera
enseñanza, en vez de ordenar la
supresión de los símbolos
religiosos de la escuela, lo
hubiera dejado a criterio del
pueblo y retirarlos allí donde
lo solicitaran. Seguramente se
hubiera respetado la voluntad
popular y, a la vez, evitado
enconadas protestas. Pero ese no
era el "camino" para ver
realizados los programas
gubernamentales. Sin embargo, no
faltaron intentos de aplicar esa
voluntad popular, como en
Villacid de Campos, donde el
pueblo manifestó por escrito a
los maestros el deseo de que en
la escuela se enseñara la
doctrina, ya que "sólo cinco
padres, en un pueblo de ciento
sesenta vecinos, manifestaron
que no lo querían...", tal y
como reseñaba el diario
vallisoletano EL NORTE DE
CASTILLA. Pero ello no era
posible: la supresión del
crucifijo únicamente era el
signo externo de una actuación,
una filosofía y un pensamiento
que ya recogía la Constitución.
Fdo.:
Jesús Salamanca Alonso
Profesor EPA
Gentileza:: Jesús Salamanca
Alonso
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