|
|
|
Proyecto de Ley de
Financiamiento Educativo. - 18/01/06
(Argentina)
 
|
|
Proyecto de Ley de
Financiamiento Educativo
Proyecto de Ley de
Financiamiento Educativo fue
sancionado en diputados al mismo
tiempo que el Poder Ejecutivo
entrega 9.810 millones de
dólares al FMI. Este proyecto de
Financiamiento prevé sólo 9.000
millones, pero de pesos, menos
de la tercera parte de lo que se
pagará para la deuda Externa.
El presente trabajo
demuestra que el supuesto
incremento no sólo es
insuficiente, y tardío sino que
no elimina la desigualdad
educativa a la que condujo la
Ley Federal. Es en realidad una
ley para reencauzar la Reforma
de los 90, para su control más
eficiente y centralizado, así
como para reinstalar el peligro
de la flexibilización laboral de
los docentes de la mano de CTERA-UDA.
Su debate no es una mera
cuestión corporativa de los
docentes. Se trata del derecho a
la educación.
La Reforma Educativa de los 90
(Ley de Transferencia, Ley
Federal ?LFE- y Ley de Educación
Superior-LES) provocó la mayor
fragmentación de la historia en
la inversión educativa en cada
provincia con la consecuente
violación de los derechos de
todos a acceder a igual calidad
de la educación cualquiera sea
el lugar geográfico de
nacimiento. La transferencia de
los diferentes niveles
educativos a las provincias,
redujo los gastos de la Nación y
descargó el peso de la misma en
estas últimas. Así se pasó de
una relación del 34,5 % en la
Nación y 65,5% en las provincias
durante el 88 a 17,3% y
82,7% respectivamente en el
2002. (Cuadro 29) con sus
economías regionales en crisis y
escasos PBI, no pudieron
afrontar la dimensión del
esfuerzo requerido. Llevamos ya
más de una década con promedios
de diferencias que oscilan de 1
a 4 entre lo que se invierte en
provincias pobres como Salta
(688 $ por alumno) a provincias
con más ingresos como Santa Cruz
(2799 $) para el promedio del
período del 94 al 2.000 dentro
de un panorama nacional que
sostiene un promedio de escasos
1284 $ por alumno. (Cuadro 1).
Estamos así frente a un doble
problema de desigualdad e
insuficientes recursos.
Basta considerar casos como el
de la provincia de Santa Fe que
tiene una inversión anual casi
equivalente al promedio nacional
y en la actualidad, la mitad de
sus edificios escolares está en
pésimo estado. (1)
Argentina viene sufriendo un
proceso creciente de retroceso
en su nivel de inversión en
educación en relación al resto
de los países del mundo con los
que otrora competía. Si en el 47
Argentina ocupaba el principal
lugar en el mundo por número de
escuelas primarias por habitante
y una de las mayores
inversiones, hoy estamos 5
puntos por debajo del promedio
de gasto por alumno respecto de
la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico): El promedio de
Argentina de gasto educativo por
alumno respecto del PBI por
habitante (%) en los niveles
inicial y primario es de 13%
contra
18% en la OCDE y en secundario
de 19% contra 26%
respectivamente. (ver cuadro 31)
De manera que una propuesta que
rediscuta la situación del
presupuesto educativo debería
atacar los dos problemas, el
total de fondos que se invierten
y la forma de su distribución
para revertir la actual
desigualdad.
El reencauzamiento de la Reforma
El Ministerio de Educación
señala como un cambio en la
política de su gestión el hecho
de que entre el 2002 y el 2005
se incrementó en casi un
110% el presupuesto que
administra. (de $ 2.146.millones
a $4.779 millones).
Esta cifra esconde sin embargo
tres cuestiones: La primera es
que se trata de valores
absolutos debiéndose dar cuenta
de una inflación en el período
de casi el 68% según el IPC
(tomando como base el 99). La
segunda es que ese incremento no
ha significado una mejora
equivalente de los recursos de
las escuelas ya que desde la Ley
Federal este es un Ministerio
sin escuelas y sin docentes. Sus
fondos alimentan una
superestructura monstruosa de
técnicos, mecanismos de control
y evaluación, proyectos que
están por fuera del Sistema
Educativo Formal, libros cuya
compra se define centralmente, y
becas cuya distribución también
se destinan centralmente. Todos
estas, inversiones que permiten
una mayor centralización del
sistema, de control ideológico y
político de la educación que
está pasando a constituir una de
las variables de construcción de
poder de la era K.
La tercera es que esas cifras
como todas las que se muestran
en el ministerio en su página
www.me.gov.ar toman como punto
de partida de las comparaciones
el 2001-2 escondiendo que aún no
se ha recuperado ni siquiera en
valores absolutos la inversión
que existía antes de la crisis.
Por ejemplo en el 2001 la
inversión consolidada (nación y
provincias) era $12.699,7
millones, equivalente al 4.9 %
del PBI y en el 2.002 bajó a
$8.160,7 millones, sólo el 4%
del PBI. (Cuadro 29 y 30).
Un fiscal sin responsabilidades
De acuerdo a lo previsto en el
presupuesto del 2006, sin
necesidad de que medie la
sanción de la supuesta Ley de
Financiamiento, las cifras
destinadas a Educación
aumentarían a 6.054.805 $. Es
decir el Ministerio tendrá más
plata. y ha decidido ponerle
precio a su derivación a las
provincias: Les exigiría a ellas
también un incremento de la
inversión según una tabla de
índices establecida y su
sujeción a determinados
criterios como requisito para
recibirlo. El Estado Nacional
cierra así una genial ingeniería
que combina la descentralización
en la responsabilidad efectiva
de la educación que seguirá
estando en manos de las
provincias y una centralidad
inédita en los mecanismos de
control ideológico y político de
lo que se enseña a través de los
libros, del cómo se enseña a
través de los organismos
evaluadores, equipos de
capacitación, y de la perla del
proyecto: el ajuste de los
estatutos docentes
jurisdiccionales a un convenio
marco acordado con CTERA-UDA,
AMET y SADOP que analizaremos
más adelante. (2)
Digamos que Filmus-K aprendieron
del FMI y de los organismos
internacionales que monitorean y
controlan las reformas que se
implementan a través de los
mecanismos de crédito. Por
ejemplo el programa de Promoción
de la Reforma Educativa para
América Latina y el Caribe (PREAL)
establece políticas educativas a
partir de los informes de sus
centros locales de información
como REDUC (Red ?Latinoamericana
de Información y Documentación
en Educación). Estos a su vez
actúan en acuerdo con el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) que logra imponer esas
políticas diseñadas mediante la
presión de los créditos que
además de invertirse en lo que
esos organismos deciden son otro
de los motores de generación de
deuda externa. (3) El PREAL, que
tiene como uno de sus
coordinadores al actual Ministro
Filmus, elaboró un informe en el
99 señalando la insuficiencia de
las medidas tomadas en el
proceso de la Reforma en América
Latina. Los Programas de
Descentralización y Mejoramiento
de la Educación Secundaria (PRODYMES)
celebrados con créditos
acordados por el BIRF (Banco
Internacional de Reconstrucción
y Fomento) fueron parte de estos
mecanismos de dependencia y
control.(4)
En este sentido, es interesante
advertir lo que dice el punto 43
del documento final de la Cuarta
Cumbre de las Américas, reunida
recientemente en Mar del Plata:
?...Tomamos nota con
satisfacción de la sugerencia de
los Ministros de Educación para
que nuestros gobiernos, con las
instituciones financieras
internacionales otras formas
innovadoras de incrementar el
financiamiento para la
educación, tales como el canje
de deuda por inversión en
educación?. Para dejar claro el
alineamiento imperial; en los
fundamentos del proyecto de
presupuesto 2006 de educación
dice: ?... realizar gestiones
tendientes a promover los
procesos de canje de deuda
externa por educación desde los
documentos y declaraciones de
los Organismos Internacionales,
y desde las declaraciones de
nivel ministerial, de las
Cumbres de las Américas...?.
El proyecto de Ley de
Financiamiento propone una
especie de fiscalía que controle
a las provincias a través de los
mecanismos financieros sin ser
responsables efectivos de la
educación que estas brindan
realmente. ¡Llegan incluso a
amenazar con sanciones
consistentes en suspensión de
partidas a aquellas que no se
avengan a las pautas que la
Nación establezca! Este
mecanismo ha sido resistido por
los senadores de diversas
provincias que cuestionan que
con los escasos presupuestos que
poseen no pueden aceptar los
mecanismos de sanciones que
pretende el gobierno nacional
para determinar sus inversiones
locales. Pero no nos
equivoquemos: los senadores
lejos de proteger los intereses
de sus provincias, intentan
evitar los reclamos de otros
sectores también postergados. Es
decir, protegen la
?gobernabilidad?
del sistema.
En 1905, hace 100 años
exactamente, ante la incapacidad
financiera de las provincias
para satisfacer la demanda de
construcción de escuelas, el
Estado Nacional se hizo cargo
sancionando la Ley Lainez. Creó
la mayoría de las escuelas cuyos
edificios aún sobreviven y
sostuvo de sus fondos la
expansión del sistema.
En el 2005, Filmus-K no vuelven
para atrás la Reforma Educativa
en sus líneas centrales. No
asumen la responsabilidad de
afrontar con el superávit fiscal
nacional, producto de las
mayores exportaciones, la
revisión de la desigualdad
educativa existente entre las
provincias. Simplemente se
proponen ?reforzar? las
inversiones según un índice que
se establece de acuerdo a la
matrícula y otros parámetros, y
en base a una relación entre
ambas jurisdicciones que
quedaría establecida en 40% para
nación y 60% para las
provincias. Para algunas
provincias que ya están en
esfuerzos de inversión
equivalentes al 30% de sus
presupuestos provinciales, el
mecanismo propuesto es difícil
de cumplir pues no sólo no
podrían aumentar más su
inversión en educación sino que
el incremento pretende
condicionarla en los fondos de
coparticipación federal
previstas para el año entrante.
Para que sea más claro, la
relación en educación entre el
gasto consolidado nacional en
educación, y el presupuesto
total nacional (provincias más
nación), es de alrededor del
14%. O sea que de cada cien
pesos que el estado nacional y
las provincias gastan, sólo 14
se destinan a educación (Cuadro
30). Sin embargo esta cifra es
un promedio. Para algunas
provincias con presupuestos muy
pobres el esfuerzo financiero
como se dijo anteriormente este
esfuerzo es cercano al 30% o sea
más del doble de la media
nacional.
Dicho todo esto, estamos
afirmando que si se desea
realmente afrontar la crisis
educativa se debería
renacionalizar el sistema
educativo en su cuestión
financiera para que sea el
Estado Nacional quien afronte la
inversión en educación del mismo
modo que en su momento se hizo
con la ley Lainez.
El PBI no puede ser la
referencia
Establecer las metas de gasto en
base al PBI es un criterio que
impusieron los organismos
internacionales en las últimas
décadas y tiene sus riesgos no
sólo porque cada gobierno varía
los criterios de contabilizar el
mismo sino porque los propios
PBI oscilan marcadamente como
pasó en nuestro país. Por
ejemplo en nuestro país el PBI
por habitante bajó de 7.616
dólares en el 92 a 4.080 en el
2002 y a 3.810 dólares en el
2005. (Fuente Banco Mundial).
El proyecto de financiamiento de
Filmus-CTERA establece que su
meta es pasar del 4% del PBI
actual al 6% en el 2.010. En
apariencia el proyecto
promovería un incremento del 50%
en 5 años. Sin embargo como ya
dijimos antes esto desconoce
primero que ya estábamos en el
4,9 en el 2001 durante el
gobierno de De La Rúa y que por
lo tanto hemos retrocedido un
punto. Pero además, que el
propio PBI bajó. Medir en
términos de PBI es lo mismo que
decir que los salarios deberían
estar ajustados a la
productividad de una empresa sin
tener en cuenta que las personas
necesitan una canasta familiar
para sobrevivir.
Del mismo modo que en materia
salarial reclamamos la canasta
básica (1.800$) nos parece que
deberíamos reclamar una ?canasta
educativa? o gasto por alumno
medio nacional al que se debería
llegar como meta. Por ejemplo
decir que la media nacional es
hoy cercana a los 3,5 $ por día
por alumno (1.318$ anuales por
alumno) es bastante ilustrativo
de la pobreza de nuestro
sistema. Si al mismo tiempo
decimos que en algunas
provincias esto baja a 2$ o sea
casi a la mitad también.
La propuesta es justamente
discutir del mismo modo que el
INDEC establece la canasta
familiar, cual es el gasto por
alumno necesario para garantizar
el derecho a la educación y esa
nos parece sería una tarea de
los docentes y sus
organizaciones.
Esta propuesta sería una
herramienta más convincente que
simplemente un porcentaje de
aumento del presupuesto.
Dime quién te apoya y te diré...
Es sorprendente los apoyos que
ha cosechado este proyecto de
financiamiento entre los
empresarios, la iglesia y las
conducciones gremiales. Es que
Filmus es sociólogo y sabe hacer
las cosas bien con quienes
constituyen resortes de poder.
Veamos
¿Por qué están tan contentos los
empresarios de la Unión
Industrial Argentina, de la
Cámara de Comercio, de la
Asociación Empresaria Argentina,
de la Sociedad Rural, de IDEA,
es decir, del conjunto del arco
empresarial, y hasta el propio
Llach, ex ministro de Educación
de De La Rúa que cayó sin
alcanzar a imponer su plan (una
versión del famoso proyecto
Sofía de la Banca Boston?
Es que este proyecto junto a la
Ley de Educación Técnica
pretenden un giro hacia una
mayor vinculación de la
educación con las necesidades de
las empresas capitalistas. Si
durante el uno a uno importar
hasta los repuestos supuso
desatender la formación técnica,
con la devaluación vuelve a ser
rentable producir algunas
auto-partes en el país y los
empresarios descubren que ¡No
hay técnicos capacitados para
satisfacer sus demandas!
Pero lejos de pensarse en la
formación integral de esos
jóvenes, dentro de lo cual la
formación técnica vincule teoría
y práctica, las empresas imponen
capacitaciones restringidas a la
medida de sus necesidades que
bien podrían brindarla gratis en
sus propias empresas, pasantías
que significan simples manos de
obra barata, y todo atado a
planes de exención impositiva.
¿Y la iglesia? ¿Cómo se explica
que la iglesia apoye al mismo
gobierno que promueve el control
anticonceptivo? Es que a la hora
de la plata la iglesia no tiene
problemas religiosos. Durante la
Reforma, la educación privada
vio incrementar sus beneficios.
La relación de inversión del
estado por alumno privado con
respecto a la inversión por
alumno de escuelas estatales
pasó de
0,45 en el 94 a 0,59 en el 2000.
(cuadro 51) Aumentó el 30 %.
Filmus la mantuvo.
Pero esto no es todo. Cada año
aumenta el número de escuelas ?conveniadas?
o ?cogestionadas? o ?charters?.
Este también constituye un
diseño promovido por el PREAL
que por ejemplo en su informe nª
17 revindica las escuelas EDUCO
en el Salvador o las PRONADE en
Guatemala que ?administradas por
asociaciones de padres, reciben
financiamiento para el
mantenimiento de instalaciones y
contratación de docentes?.(5)
Este mecanismo permite el
control creciente de sectores
particulares de la matrícula de
las escuelas otrora públicas que
sin embargo el estado financia
al 100%. Así mientras las
estatales públicas tienen grados
de 40 alumnos, las ?conveniadas?
realizan selección de matrícula
excluyendo de su seno a la
marginalidad creciente de
nuestra sociedad y restringen el
ingreso a 15! (6)
El consenso con los sindicatos
nacionales
El estilo de gobierno de Filmus-Kirchner
forma parte de un prolijo diseño
de ingeniería social y política
que incluye en el gobierno a las
cúpulas de los sindicatos
docentes.
El proyecto prevé que CTERA-UDA-AMET-SADOP
además de seguir recibiendo
suculentos subsidios para
capacitación de docentes, lo que
significa participar de la
creciente privatización de la
formación docente, serían
reconocidas como interlocutoras
nacionales para la redacción de
un nuevo estatuto. Entre los
considerandos, el proyecto
establece con claridad que una
parte del salario estará
ajustada a desempeño y
capacitación. En el artículo 10
dice que serían estas entidades
las que negociarían el convenio
marco al que luego se deberían
ajustar los estatutos
juridisccionales. La provincia
que no se atenga a éste, se
quedaría sin fondos nacionales.
El PREAL vuelve a tallar sobre
el tema. En su diseño y
promoción de las escuelas
conveniadas señala como dato
significativo de la conveniencia
de las mismas que en esas
escuelas se otorga un 25% de
plus salarial como recompensa
por asistencia del docente y de
sus alumnos. En realidad estamos
ante la reedición de los
proyectos de flexibilización
laboral que durante el menemismo
se impusieron al movimiento
obrero y que ahora pretenden
extenderse a la educación. Como
antesala de estos avances
señalemos el uso de planes
trabajar con salarios en negro
de 150$ para la realización de
tareas de auxiliares en las
escuelas de varias provincias y
su extensión a tareas docentes
en cargos de preceptores y
bibliotecarios en Santa Fe. (7)
Pero en el caso de la educación,
proponer salario atado a
desempeño o productividad es una
perversión no sólo laboral sino
pedagógica. Ya no se trata sólo
de un derecho del docente como
trabajador que ve amenazado su
salario por enfermarse o tener
un hijo. Entra en perjuicio la
relación docente-alumno que
estaría sometida a los avatares
y presiones que podría sufrir el
docente. En vez de territorio de
?práctica de libertad? la
relación ?dialógica?
docente-alumno pasaría a estar
teñida de cuestiones económicas
y el perjuicio se haría
extensivo al propio alumno/a.
La propuesta del gobierno es
apoyada por CTERA y UDA-SADOP.
El Congreso Educativo de CTERA
de septiembre tuvo como eje de
discusión organizar una campaña
para lograr la aprobación de
este proyecto.
¿Por qué el carro antes que el
caballo?
No deja de llamar la atención
que esta ley se proponga antes
del supuesto debate para la
sanción de una nueva ley federal
que estaría programando el
gobierno nacional y la misma
CTERA para el 2006 ante el
fracaso de la actual Reforma.
¿Qué sentido tendría entonces
sancionar una ley de
financiamiento a sólo pocos
meses que supuestamente se
defina el nuevo diseño de
educación? Lo lógico sería abrir
ese debate, ir a fondo en el
balance del por qué del fracaso
de la Reforma de los 90,
convocar a toda la población al
mismo, superando el estrecho
marco de las instituciones de
gobierno y aún de los docentes y
hacer que participe toda la
población en verdaderas
asambleas educativas en todo el
país. Entonces de ese rediseño
nacional del sistema educativo
podría luego definirse el
esquema de financiamiento. Al
revés, supone dejar constituido
como válido el actual sistema
fragmentado y luego convocar a
un debate acotado que sólo
retocaría la actual estructura.
La plata a las escuelas..... y
asamblea educativa para una
nueva ley de Educación
Con media sanción de senadores,
diputados se apresta a sancionar
este proyecto como carta de
cambio al escándalo que
significa la aprobación de
9.000 millones de dólares para
el pago de la deuda externa.
Proponemos, frente a esto, que
se discuta el problema de los
recursos al calor de una nueva
Ley de Educación que rediseñe el
sistema educativo a nivel
nacional.
El incremento anual ya previsto
para el 2006 demuestra que no se
necesita una ley especial y que
el proyecto en cuestión en vez
de financiar lo que pretende es
controlar.
Es necesario poner en cuestión
toda la Reforma Educativa que
heredamos de la década
neoliberal y abrir el debate en
la población y no sólo en las
escuelas. Es necesario convocar
en todo caso, desde las escuelas
a ese debate. La educación no
puede ser mero receptáculo que
contenga la crisis de la
juventud sin salida para impedir
que no ocurra la disgregación y
el ?indisciplinamiento? a la
francesa. Rechazamos el nuevo
rol de contenedor de la crisis
que los estados van diseñando
para la escuela pública y la
consolidación de las formas de
fragmentación educativa acordes
a la fragmentación social
aceptada y consentida.
Por eso proponemos el no pago de
la deuda externa y en cambio el
destino inmediato de esos fondos
a educación así como el rediseño
de un sistema nacional de
educación que contemple un
presupuesto único nacional
equitativo entre todas las
provincias. Proponemos terminar
con la existencia de un
ministerio rico y escuelas y
docentes pobres: que todos los
incrementos de presupuesto
educativo vayan para mejorar en
forma directa los recursos de
las escuelas y no para
incrementar las terribles
estructuras de control,
supervisión, evaluación y
construcción de poder del
Ministerio de Educación.
Al mismo tiempo, empecemos a
convocar a asambleas educativas
que instalen el debate para una
nueva ley, buscando sus sentidos
en los cambios que queremos para
nuestro país.
Buenos Aires, diciembre 2005
Firmantes: AMSAFE (Rosario); AGD
? UBA; Miembros de CD de ADEMYS;
Lista Roja y Negra AGMER (Entre
Ríos); Lista Bordó de Moreno (Pcia.
de BsAs); Opción Unidad y Lucha;
Vientos del Pueblo,
Construyendo. Red de Encuentro
Social (RedES).
Notas:
1) Informe AMSAFE Rosario.
Relevamiento sobre la situación
de las escuelas del Departamento
de Rosario. Octubre 2005
2) ver art. 10 del proyecto de
Ley de Financiamiento.
3) Balvidares, Darío. La novela
educativa. Bs. As., Redes
Cultura, 2005.
pag. 45
4) idem pag. 47
5) En el anexo 2 de este
artículo se podrá apreciar el
informe sobre las escuelas
conveniadas en Tierra del Fuego
que hoy representan el 23% de
las escuelas del Estado aunque
sólo abarcan al 2,6% de la
matrícula.
6) AMSAFE Idem informe
7) Apuntes Nº 35 Setiembre 2005.
Unión de Trabajadores de la
Educación UTE-CTERA pág. 8 y 9
NUESTRA
AMERICA
nuestramerica-subscribe@yahoogroups.com
http://mx.groups.yahoo.com/group/nuestramerica/
Gentileza: Adolfo Manuel Calvo
[admacalvo@hotmail.com]
|
|
|
|
Ir al principio,
|
|
Noticias, opinión, política, derechos humanos, movimientos sociales, informes, latinoamerica |
|
|
