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La antropología y los pueblos
indígenas en México.- 30/10/05
 
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La
antropología y los pueblos
indígenas en México[1]
Por
Gilberto López y Rivas [2]
Si la antropología como ciencia
nace con el pecado original de
haber estado estrechamente
ligada al colonialismo y a los
esfuerzos por imponer en el
ámbito mundial las relaciones
capitalistas, en México la
disciplina antropológica surge
de su relación fundamental con
el llamado indigenismo. El
indigenismo tiene sus orígenes
más cercanos en los momentos
posteriores al movimiento armado
revolucionario de 1910 a 1917,
cuando la escuela mexicana de
antropología, encabezada por
Manuel Gamio, comienza a
elaborar los marcos de
referencia conceptual que
permitieran darle contenido a la
política del Estado para con los
diversos pueblos indígenas que
se distribuyen en todo el
territorio nacional.
Gamio expresaba los
planteamientos ideológicos de
una burguesía ya apuntalada como
la fuerza hegemónica de ese
proceso revolucionario y la
necesidad de darle coherencia a
un proyecto de nación acorde con
los intereses de esa clase.
Para este padre fundador de la
antropología mexicana, la nación
no se consolidaría como tal en
tanto siguiera persistiendo el
carácter heterogéneo de su
composición, expresada en al
menos sesenta "pequeñas
patrias", con sus respectivas
lenguas y culturas, planteando
la necesidad de lograr la
incorporación del indígena a la
vida nacional.
Para Gamio, la marginalidad de
los indígenas se debía al
estancamiento provocado por la
diferenciación lingüística, por
lo que la solución para el
problema era la conveniente
intervención del Estado para
establecer una política que
pretendía ir en auxilio del
indígena, pero que en los hechos
busco su asimilación a la
nacionalidad dominante y la
homogeneización cultural y
lingüística de la nación
mexicana.
Estas ideas tenían un consenso
en el ámbito latinoamericano,
como puede inferirse de la
siguiente resolución adoptada en
la VIII Conferencia Panamericana
de Educación que tuvo lugar en
Lima en 1938, en la que se
declaró que los indígenas
"tienen un preferente derecho a
la protección de las autoridades
públicas para suplir la
deficiencia de su desarrollo
físico y mental" por lo que los
gobiernos debían "desarrollar
políticas tendientes a la
completa integración de aquellos
en los respectivos medios
nacionales".
Así, a partir de un primer
Congreso Indigenista
Interamericano que tiene lugar
en Pátzcuaro, Michoacán, en
abril de 1940, el indigenismo
integracionista se afianza no
sólo como la política del Estado
mexicano para con los indios
sino que se extiende a escala
latinoamericana a partir de su
adopción por muchos países, como
Perú, Ecuador, Guatemala,
Bolivia, con el establecimiento
de organismos de asuntos
indígenas, llamados desde
entonces institutos nacionales
indigenistas, que toman la
función de idear y poner en
práctica las bases para la
acción indigenista de los
Estados. En este Congreso se
acuerda la creación del
Instituto Indigenista
Interamericano, en el cual
participan en la actualidad 17
Estados (Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú y
Venezuela).
Cabe destacar el papel
protagónico que jugaron los
antropólogos en la elaboración
de estas políticas, desde el
momento en que Gamio definió a
la antropología como "la ciencia
del buen gobierno", iniciándose
un maridaje entre los
antropólogos y el Estado
mexicano que no fue roto en
parte sino hasta el movimiento
estudiantil - popular de 1968
que creó las condiciones para
que las corrientes críticas
antropológicas se manifestaran y
denunciarán el papel de
complicidad de nuestros colegas
en los procesos etnocidas
iniciados hace varias décadas.
El desarrollo del indigenismo de
Estado ha pasado por diversas
fases y sus características
ideológicas han ido adaptándose
a las transformaciones de las
sociedades latinoamericanas,
persistiendo, sin embargo, la
esencia definitoria que le dio
vida: el indigenismo es una
política de unos para otros;
esto es, una política de un
Estado criollo - mestizo para
con los pueblos o etnias
indígenas y, en consecuencia, el
indigenismo en todas sus
variantes es por naturaleza
autoritario y verticalista. Los
renovados discursos no logran
anular este carácter. El
indigenismo constituye un
sistema teórico-práctico que se
impone a las etnias desde los
aparatos burocráticos de los
Estados latinoamericanos, como
una fuerza objetivamente
opresiva, manipuladora y
disolvente.
Esto es importante reiterarlo
por que, como todo lo que tiene
que ver con nuestro país, el
Estado mexicano ha sido lo
suficientemente hábil en el
ámbito internacional como para
encubrir su naturaleza real, de
tal forma que muchos
antropólogos europeos o
estadounidenses no son
conscientes del contenido
profundandamente antiindígena de
las prácticas del indigenismo.
Desde sus inicios, el
indigenismo asumió un
relativismo cultural restrictivo
como uno de sus componentes, de
tal manera que se consideró que
en las culturas indígenas había
"aspectos" que merecían ser
conservados, y que merecían
respeto y protección por parte
de los Estados, y otros
"negativos" que debían ser
eliminados por no ser
compatibles, ya sea con la
modernidad o con los sistemas
jurídicos vigentes.
De esta manera, la burocracia
indigenista se convertía en
"seleccionadora" en el destino
que tendrían los procesos de
"incorporación" del indígena a
la sociedad nacional, sin tomar
en cuenta los derechos de estos
grupos a decidir su propio
rumbo. El indigenismo se
caracterizó desde entonces por
el uso de una retórica de
respeto a las lenguas y
costumbres indígenas, con una
práctica de destrucción de las
estructuras étnicas de los
pueblos indios. Baste mencionar
que casi el 90% de las
resoluciones de los Congresos
Interamericanos no se han
cumplido desde la fundación del
Instituto Indigenista
Interamericano, para darnos
cuenta del contraste entre la
teoría y la práctica del
indigenismo.
Uno de los argumentos más
característicos del indigenismo
como política de Estado es
precisamente conceptualizar lo
"étnico" como parte del
"atraso", por lo que al
eliminarlo, de hecho -según este
punto de vista- se logra la
incorporación del indio a la
sociedad nacional y su arribo a
la modernidad.
El fundamento de esta posición
es una especie de evolucionismo
unilineal a partir de lo cual lo
"étnico" es la contrapartida del
desarrollo histórico, el "fardo
cultural" que impide que los
indios pasen de una situación de
"casta" con respecto a la
sociedad "mayor", o con respecto
a las sociedades "complejas" o
"nacionales", a una situación de
"clase". Esta última idea fue
expresada por una antropólogo
mexicano, Gonzalo Aguirre
Beltrán, quien fue una
personalidad fundamental en la
elaboración teórica del
indigenismo, y para quien la
plena integración de los
indígenas al capitalismo
constituía la completa
realización sociohistórica de
sus estructuras étnicas y, en
consecuencia, toda acción
indigenista se justificaba en
aras de alcanzar esa meta
culminante.
De esta manera, la política de
los Estados para con las etnias
o pueblos indios de América
Latina se ha fundamentado en el
integracionismo. Sin embargo,
ésta no ha sido la única
corriente indigenista. El
etnopopulismo tomo su lugar a
partir del desgaste del
indigenismo integracionista y la
necesidad de los Estados por
contrarrestar la fuerza del
movimiento indígena
independiente en favor de sus
derechos y reivindicaciones.
Esta perspectiva expresa, en sus
inicios, las posiciones de los
intelectuales de la pequeña
burguesía indígena y mestiza de
contraponerse al integracionismo
a partir de una crítica que
nunca pudo superar su evidente
estadolatría, y su incapacidad
para recurrir al marco clasista
en el análisis de las relaciones
entre los pueblos indios y las
sociedades nacionales. Esta
inconsistencia metodológica y
política en la crítica llevó a
muchos de sus principales
ideólogos a procesos de
cooptación por parte del Estado
que, de esa manera, los
incorpora a dirigir los aparatos
indigenistas, o a servir como
asesores para la elaboración de
las nuevas políticas de
"participación" o "etnodesarrollo".
El etnopopulismo parte de una
concepción de apoyo radical a
los grupos étnicos y se
representa así mismo como el
auténtico vocero de sus
intereses. Otorga un valor
absoluto a lo étnico como una
esencia suprahistórica anterior
a las clases y a las naciones y,
por tanto, sobreviviente a las
mismas en el futuro. El
etnopopulismo recurre con
frecuencia a la idealización de
la comunidad étnica, como
viviendo en armonía con la
naturaleza y en el interior de
sus propias estructuras, en las
cuales la solidaridad y la ayuda
mutua imperan. Esto ha sido muy
impactante para algunos sectores
intelectuales que a partir del
etnicismo han creado un
movimiento muy extendido en
México, llamado de "la
mexicanidad", que se plantea la
restauración de los preceptos y
las creencias que se supone
corresponden a la época
prehispánica, introduciendo
cultos, rituales, indumentarias,
cantos y formas de organización
muy en boga entre una clase
media en busca de soluciones
individuales a sus problemáticas
existenciales.
Curiosamente este movimiento
promueve, en el terreno de lo
político, las posiciones de no
participar en los partidos u
organismos de oposición al
gobierno e, incluso, ha sido muy
hábil para obtener ayuda estatal
para muchos de sus proyectos.
Partiendo de la independencia de
las luchas indígenas con
respecto a movimientos
oposicionistas de los pueblos
mestizos o ladinos, el
etnopopulismo plantea que el
proyecto de los indios no se
realizara a partir de proyectos
nacionales contrahegemonicos,
sino al margen de los mismos,
con el evidente propósito de
dividir a los explotados en su
conjunto, aislar al movimiento
indígena de las luchas populares
e introducir la idea del
exclusivismo étnico, el dualismo
y la pasividad políticas.
Paradójicamente, estas
posiciones otorgan una gran
importancia al papel que el
Estado puede jugar en favor del
proyecto etnicista, ya que nunca
llega a plantearse la naturaleza
antiindígena del mismo; por el
contrario, se considera
necesario actuar "desde el
Estado" para lograr las
modificaciones y los cambios
pertinentes en favor de los
pueblos indígenas, justificando
de esa manera la presencia de
connotados etnicistas en el
gobierno como en el caso
paradigmatico del "ministro"
Arturo Warman.
Paralela a la acción indigenista
en sus diferentes modalidades,
los Estados latinoamericanos han
hecho uso del genocidio contra
los pueblos indígenas, cuando ha
sido necesario, no hay que
olvidar que en Guatemala se
siguió una política de tierra
arrasada que incluyó una
represión permanente por más de
treinta años, la creación de
grupos paramilitares con los
propios indígenas para controlar
desde adentro a los pueblos, los
polos de desarrollo o aldeas
estratégicas, los bombardeos con
napal y otras bombas
incendiarias y desfoliadoras.
Estas políticas de exterminio se
siguieron también en el Perú,
con el pretexto de la lucha
contra Sendero Luminoso, y en
algunos lugares de la selva
amazónica del Brasil, en los que
se pretende expulsar a las
poblaciones indígenas con objeto
de apoderarse de sus tierras y
recursos naturales.
Así mismo, los pueblos indios
han sido objeto de prácticas
permanente de violación a los
derechos humanos, tanto en lo
que se refiere a los
individuales como a los que les
corresponden como etnias.
Stavenhagen considera que "el
indio es más vulnerable y está
expuesto a que sean violados sus
derechos, precisamente porque es
indígena".
Por su parte, los sectores más
recalcitrantes del gobierno de
Estados Unidos han utilizado
varias estrategias para
controlar y mediatizar a los
pueblos indios. La principal de
éstas ha sido la penetración
religiosa a través del llamado
Instituto Lingüístico de Verano,
desde la década de los treinta,
y la actual labor de numerosas
denominaciones religiosas entre
los pueblos indios.
El ILV fue estudiado por
nosotros tanto en sus postulados
ideológicos como en sus acciones
concretas, publicándose un libro
del Colegio de Etnólogos y
Antropólogos Sociales de México,
La Declaración Mariategui, y
lográndose, a partir de una
movilización de más de dos años,
la cancelación del convenio
entre el ILV y el gobierno
mexicano en 1978.
El ILV trabajaba a partir de una
organización dividida en tres
secciones: una religiosa
encargada de darle ese contenido
a las campañas de penetración
entre las poblaciones indígenas,
así como de conseguir los fondos
necesarios entre compañías
petroleras, iglesias
fundamentalistas y otros
organismos de carácter
"gubernamental"; una de
lingüistas que tenía en sus
manos el aspecto "técnico" de la
conversión religiosa en la
lengua "nativa", quienes a su
vez eran, en realidad,
misioneros preparados para vivir
dentro de las comunidades,
aunque con una conveniente
modernización de su hábitat; y
una tercera sección de aviadores
y técnicos de radio que
constituían el aparato logístico
de comunicación y transporte
para la labor "religiosa".
La verdadera labor del ILV se
inscribía en una gran variedad
de trabajos de espionaje,
contraespionaje,
contraguerrilla, control y
manipulación ideológica de
poblaciones, todo ello en favor
de los intereses del gobierno y
las transnacionales
estadounidenses. Los
sacrificados e inocentes
misioneros documentaban las
formas locales para sobrevivir
en la selva, la etnobotánica,
los cruces de ríos en épocas de
crecida, las ramificaciones o
redes de comunicación entre las
comunidades, el liderazgo, los
recursos naturales,
particularmente de los
estratégicos (tenemos, por
ejemplo, el traslape casi exacto
de los mapas de las zonas
petroleras de Colombia y
Ecuador, coincidiendo con los
asentamientos ocupados por la
acción misionera del ILV).
Las cartillas de alfabetización
de la Biblia del ILV introducían
el individualismo, rompían todo
sentimiento de lazos comunales o
colectivos, planteaban
abiertamente su lucha contra el
comunismo, o contra la oposición
al gobierno, apoyaban la acción
de los gobiernos locales, aún
cuando éstos actuaran sobre la
base de la represión,
estimulaban una conciencia
pragmática, puritana, de
arribismo individual, de ruptura
de la familia extensa,
proyectando la imagen de un
modelo o ideal de sociedad que
se concretaba en Estados Unidos.
Se practicaba una política de
asistencialismo para los
conversos, con las sobras de la
sociedad de consumo, y la
conveniente promoción de los más
fanáticos y representativos de
los reclutas entre las etnias de
América Latina.
Actualmente, el ILV es uno de
los centenares de organismos
religiosos, científicos,
asistencialistas o de ayuda
humanitaria que actúan en las
etnorregiones de América Latina
en forma abierta o encubierta,
algunos de los cuales expresan
el carácter neocolonial de la
política de Estados Unidos en
América Latina. Esta penetración
neocolonial es apoyada por los
gobiernos de los países
respectivos ya que también aquí
se expresan las alianzas
estratégicas que las clases
dominantes mantienen con su
contraparte en Estados Unidos.
En la comunidad de antropólogos
de los inicios de los años
ochenta, si bien había surgido
una corriente crítica a la
política indigenista de Estado,
y al etnopopulismo, no había
anclado la investigación
antropológica, desde la
perspectiva de la cuestión
étnico-nacional, en torno a los
problemas teóricos y prácticos
de los procesos de libre
determinación y autonomía de los
pueblos indígenas y sobre
proyectos específicos de
carácter jurídico y político
orientados a la solución de la
cuestión étnica en México.
En los inicios de los ochenta, a
partir de un seminario sobre la
cuestión nacional que se
organizó en la Escuela Nacional
de Antropología e Historia (ENAH),
surge el Consejo Latinoamericano
de Apoyo a las Luchas Indígenas
(CLALI), que se funda con base
en un documento suscrito por más
de un centenar de antropólogos y
algunos dirigentes indígenas,
como Rigoberta Menchú. Este
documento, publicado en varios
países de América Latina, como
"La cuestión étnico -nacional en
América Latina", expresa la
oficialización de la ruptura que
se venía dando en el seno de la
disciplina antropológica
mexicana con el indigenismo como
política de Estado. Asimismo,
esta "Declaración" asentaba un
compromiso de acompañamiento de
los antropólogos a las luchas de
los pueblos indígenas en el
marco de los procesos de
democratización general de las
naciones latinoamericanas.
Sin embargo, fue la rebelión
zapatista del 1 de enero de 1994
la que cuestionó de manera
profunda las perspectivas
antropológicas que se venían
desarrollando al margen de las
luchas de los pueblos indios. El
diálogo de San Andrés entre el
EZLN y el gobierno federal se
transformó en una tribuna
nacional de reflexión sobre la
cuestión étnica y en el ámbito
de gestación de una propuesta de
autonomía resultado del consenso
entre los distintos sectores del
movimiento indígena.
Nunca hubieran imaginado los
creadores de la política
indigenista que el "problema
indígena" se transformaría en un
problema nacional a finales del
siglo, a través de una rebelión
armada de los pueblos y
comunidades de Chiapas. Desde
los años treinta, cuando se
definió la política de la
revolución mexicana para con los
indios y se establecieron las
bases de lo que sería el
indigenismo de Estado, la
naturaleza pluriétnica de la
nación y los derechos de los
pueblos no habían sido
preocupación de pensadores y
políticos. En el mejor de los
casos, los indígenas aparecían
recurrentemente como
sujetos-víctimas, objetos de
explotación y de políticas
peternalistas. Aún en el marco
de los análisis marxistas, los
indígenas y los campesinos no
fueron percibidos como sujetos
de liberación. Criticando la
perspectiva de los pensadores
socialistas, de los años veinte
sobre la revolución mexicana,
Leopoldo Mármora identifica el
etnocentrismo en su esquema de
clases, en el que los "únicos
sujetos sociales posibles y
necesarios de todo cambio real
de la situación interna", eran
la burguesía liberal y el
proletariado moderno, mientras
los indígenas y campesinos, la
"sustancia" misma de la nación
mexicana, quedaban fuera de sus
utopías.
Un paralelo que expone las
profundas raíces del pensamiento
evolucionista, intrínsecamente
etnocéntrico, es el que
establece Rodolfo Stavenhagen
entre las perspectivas
neoliberales y las del marxismo
ortodoxo sobre la cuestión
indígena en América Latina, a
pesar de originarse en distintas
tradiciones intelectuales y en
diferentes análisis e
interpretaciones de la dinámica
social y económica. En ambos
casos, los pueblos indios son
vistos como obstáculos para el
desarrollo y destinados a
desaparecer por la vía de la
aculturación y la modernización.
Es la rebelión zapatista la que
empieza a desestructurar estas
ideologías y perspectivas
teóricas, que sitúan a los
pueblos indios fuera del
acontecer histórico, como
rémoras del pasado que niegan su
potencial político en procesos
revolucionarios, todavía
ancladas en prácticas sociales
discriminatorias y con formas
discursivas estigmatizantes.
De hecho, fue en la mesa de
derechos indígenas, durante las
negociaciones de San Andrés
Larráinzar, Chiapas, cuando más
claramente se revelaron los
intereses de las clases en el
poder, sus prejuicios hacia los
indios, y la resistencia a
pensar formas nuevas de
construcción de la nación -como
formación social- y del Estado
-como estructura
jurídico-política.
Como reivindicación central, la
autonomía en sus connotaciones
actuales aparece recientemente
en el movimiento indígena a la
luz de tres acontecimientos
sociopoliticos relevantes: la
promulgación de un régimen de
autonomía regional en Nicaragua
en 1987, en el marco de las
transformaciones de la
revolución sandinista; el
desarrollo de mayores niveles de
organización y autoconciencia de
las organizaciones indígenas
ante la contracelebración del
quinto centenario de la invasión
europea al continente americano,
y la lucha por la presencia de
los pueblos indios en la
Constitución de la República,
como expresión de la
multiculturalidad de la nación
mexicana.
En todo caso, la antropología
actual pretende privilegiar en
el análisis las determinaciones
objetivas y subjetivas que
originan los conflictos étnicos
y nacionales contemporáneos que
se extienden a casi todas las
regiones del mundo - los cuales
están asociados, precisamente,
con la ausencia de derechos de
Estados que han fincado su
conformación en la
homogeneización y asimilación de
las entidades socioétnicas
diferenciadas, así como la
refundación de nuevas
concepciones del Estado y su
relación con la nación, y las
políticas que podrían impulsar
los estados nacionales
multiétnicos.
Llegamos así al final del ciclo
de una relación peligrosa entre
el Estado mexicano y los
antropólogos. Bueno, al menos de
ese sector de los antropólogos
que ha decidido acompañar a sus
"objetos de estudio" en el reto
de reconstruir una nación
democrática y multiétnica.
[1] Conferencia en la
Universidad de Viena, enero de
2003.
[2] Doctor en Antropología por
la Universidad de Utah, Estados
Unidos. Profesor investigador
del INAH, México. Colaborador de
La Jornada.
Gentileza: Guillermo C. Cohen-Degovia
[
cohen_degovia@hotmail.com ]
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