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Iniciativa de ley a modos de la
burocracia cultural . - 25/10/05
 
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Iniciativa de ley a modos de
la burocracia cultural
Con
posterioridad al Parlamento
Nacional de Cultura (organizado
por el Congreso de la Unión para
supuestamente "consultar a la
comunidad cultural") y
violentando el criterio de
prelación de las 40 iniciativas
de ley en materia de cultura
presentadas en las dos cámaras
desde 1999, el Ejecutivo federal
pretende que sea dictaminada en
este periodo la controvertida
iniciativa de ley de fomento y
difusión de la cultura, que un
conocido bufete jurídico
considera más bien como "ley de
defensa y justificación del
Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes" (CNCA).
El tiempo y la forma de la
presentación de dicha iniciativa
-a posteriori de todas las
discusiones sostenidas también
en el Parlamento Alternativo de
Cultura y en contra de la
opinión de la academia y de la
comunidad artística del
Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) y
el Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA) - expresan el
desprecio de la burocracia
cultural, encabezada por Sara
Bermúdez, a los procesos
legislativos democráticos que
toman en cuenta a la sociedad y
a los especialistas.
La iniciativa ha provocado todo
tipo de críticas desde diversas
disciplinas y perspectivas.
Jurídicamente se considera que
centraliza aún más las
atribuciones y competencias que
de facto el CNCA ha venido
usurpando tanto del INAH como
del INBA. En la eventualidad de
su aprobación, se incurriría en
una violación de la
Constitución, ya que se estarían
delegando en el presidente del
consejo funciones que
corresponde ejercer en forma
directa e indelegable al
secretario de Educación Pública
(como el nombramiento y remoción
de los directores de los
institutos mencionados, por
ejemplo).
También debido a que el CNCA es
un órgano desconcentrado, sin
personalidad jurídica ni
patrimonio propio, creado por
decreto presidencial de Carlos
Salinas, no puede coordinar a
instituciones de largos
alientos, bien constituidas y
definidas por ley, como el INAH
y el INBA.
A juicio de prestigiados
abogados, la iniciativa mantiene
y legitima el status quo (¡qué
horror!); estructuralmente se
presenta como un híbrido
jurídico, ya que se define como
ley federal, pero con mecanismos
de ley general; su fundamento
operativo es más económico que
cultural, más administrativo que
sustantivo; su ámbito personal
de validez se dirige
principalmente al gobierno
federal, no al ciudadano; los
órganos colegiados de
coordinación institucional y con
las entidades federativas que se
proponen son una cobertura para
legitimar decisiones
unilaterales de la burocracia
cultural e, igualmente, no crea
mecanismos concretos de
participación social, claros en
la designación de miembros y
vinculantes en la toma de
decisiones. En suma, y en
opinión de diferentes
jurisconsultos, la iniciativa es
autoritaria, antidemocrática,
más semejante a un decreto
administrativo que a una ley, un
verdadero adefesio jurídico que
debiera presentarse en las
facultades de derecho como
ejemplo de pésima técnica
legislativa.
En el ámbito de las ciencias
sociales, la iniciativa ha
provocado un repudio que, siendo
generalizado, no se puede
considerar unánime. Néstor
García Canclini manifestó su
apoyo a la iniciativa y
consideró a quienes se oponen a
la misma como una izquierda
anclada en el pasado, aferrada a
un marco jurídico "anterior al
video, a Internet y a las formas
recientes de globalización del
turismo y de las inversiones
trasnacionales en cultura"; una
izquierda que no se ha percatado
de que México y el mundo han
cambiado (¡es bueno saberlo!).
Paradójicamente, después de que
la discusión sobre legislación y
políticas culturales lleva más
de 10 años desarrollándose
dentro y fuera del INAH, en
múltiples coloquios, mesas
redondas, congresos y
publicaciones, García Canclini
declara el debate inexistente,
lo considera un "no debate".
Señala que "en los últimos años
se ha desvanecido la discusión
sobre qué políticas culturales
necesitamos en México".
Tal vez García Canclini no se
percató de la extraordinaria
discusión pública que se dio
hace pocos años, con motivo de
la presentación el 28 de abril
de 1999 de la iniciativa del
senador Mauricio Fernández Garza
para reformar la fracción XXV
del artículo 73 de la
Constitución Política, misma
que, al igual que ahora,
violentaba el espíritu y la
letra de la Carta Magna,
promovía la privatización del
patrimonio cultural, poseía una
concepción de patrimonio
cultural limitada y elitista,
había sido elaborada sin tomar
en cuenta a la comunidad
científica, desmantelaba al INAH
y al INBA y creaba incertidumbre
laboral en estos organismos,
promoviendo una reforma
constitucional superficial,
ociosa e intrascendente.
Gracias a la movilización de los
gremialistas trasnochados, la
reforma fue derrotada con
argumentos y discusiones que
trascendieron los ámbitos
legislativos. A Canclini le
parece un no espacio el
Parlamento Alternativo, al grado
de entrecomillarlo.
Si hubiera leído las ponencias
presentadas en ese "foro de la
izquierda" y las que en un
número superior a la centena se
presentaron en el cuarto
Congreso de Investigadores del
INAH (muchas sobre los temas
que, según él, "la izquierda"
desconoce o pasa por alto) se
daría cuenta de que el debate
está vivo y que las críticas a
una iniciativa en particular -la
de Bermúdez, la de la burocracia
buscando legitimarse y
legalizarse, la que exhibe una
desmedida ambición por
posesionarse de la política
cultural del país para beneficio
de los industriosos empresarios-
están basadas en evidencias que
deben rebatirse no con
disquisiciones generales y
descalificaciones a modo, sino
en un análisis riguroso de las
características de esta
iniciativa de ley y del sector
de clase que la sustenta.
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Gentileza: Guillermo C.
Cohen-Degovia [
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