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Docentes entrerrianos rechazan
la propuesta salarial del
Gobierno.- 14/08/05
 
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Docentes entrerrianos rechazan
la propuesta salarial del
Gobierno
Los congresos de los
distintos sindicatos de la
educación de Entre Ríos
rechazaron la propuesta del
gobierno y realizaron un paro de
48 hs que comenzó ayer y culmina
hoy. También rechazaron la
conciliación obligatoria dictada
por la Dirección Provincial de
Trabajo por considerarla
inconstitucional.
Como en todos los conflictos
salariales del último tiempo lo
que se dirime entre los docentes
entrerrianos y el gobierno,
además del aumento que exigen
los trabajadores, es que el
mismo se sume al básico y que se
blanqueen los salarios sumando
las sumas en negro también al
básico.
El gobierno ofreció elevar el
básico de 204,5 a 264,5 y
aplicar una serie de sumas fijas
sobre el adicional de
antigüedad. Luego del paro de 72
hs de los días 2,3 y4 de agosto,
el gobierno ofreció no descontar
los días de paro y retirar la
idea de dar clases los sábados,
a cambio de que los maestros
aceptasen el ofrecimiento
salarial y se comprometiesen a
no hacer más paros hasta el
final del ciclo lectivo.
Los docentes afiliados a AGMER,
AMET, UDA y SADOP, rechazaron en
los congresos realizados entre
el 9 y 10 de agosto la propuesta
gubernamental y ratificaron el
paro de 48 hs. para ayer y hoy.
Conciliación obligatoria
inconstitucional
La Dirección del Trabajo
Provincial, dictó la
conciliación obligatoria; pero
ayer al mediodía los abogados de
los sindicatos docentes
presentaron en forma conjunta
una demanda de
inconstitucionalidad, que se
basa en el texto de la ley de
paritaria docente. Esta ley
prevé en su artículo 16º que
ante el fracaso de las
negociaciones con el Estado en
medio de un conflicto sindical,
“cualquiera de las partes podrá
pedir al Juzgado de Trabajo en
turno de la ciudad de Paraná que
disponga la conciliación
obligatoria, ordenando a las
partes suspender las medidas que
se hubieren dispuesto con
relación al conflicto”.
Intentos reaccionarios
El gobierno está atacando por
dos frentes a los docentes. En
ambos se apoyan en la mentira y
en la tergiversación de los
hechos.
El director de Trabajo de la
provincia, Oscar Balla, aseguró
que “sancionaremos a los gremios
con nuestra legislación”, e
indicó que “elevaremos el
conflicto al Ministerio de
trabajo de la Nación para que
éste resuelva y analice la
posibilidad de quitar la
personería gremial a quienes no
cumplieron con lo acordado”.
Balla reconoció que la dirección
provincial no es competente para
resolver el conflicto, pero
aclaró que “la resolución
conciliatoria está decretada y
los gremios no la acataron, cosa
que esta mal, porque ellos
aceptaron la intervención de la
dirección de Trabajo, al afirmar
que éste era el ámbito genuino
de sentarse a discutir todo lo
relacionado al tema”.
El desparpajo de este
funcionario puede llenar una
enciclopedia. Y el secretario
adjunto de Agmer, Sergio Elizar,
se encargó de aclarar que: “es
la Justicia y no la Dirección de
Trabajo, quien tiene facultad
para dictar una conciliación
obligatoria. Ya se lo habíamos
dicho al Gobierno. Podemos
iniciar un diálogo con la
patronal, teniendo como ámbito a
la Dirección de Trabajo, pero
sería irresponsable aceptar una
conciliación dictada por un
funcionario que no tiene
competencia y atribución. Sería
sentar un peligroso
antecedente”. Pero la sinrazón
de Balla no tiene límites y
cuestiona que las direcciones
sindicales siguen los mandatos
de sus congresos de base. El
director dijo estar enojado
porque “en la audiencia ellos se
mostraron conformes con el texto
de la conciliación; es más,
modificamos algunas palabras
para que se encuentre en
condiciones y luego nos
enteramos que rechazaron la
intervención de la Dirección. No
hay códigos por parte de estos
gremialistas que no tienen poder
de decisión, ya que tuvieron que
consultar al Congreso”. Es
decir, cuando una dirección
sindical actúa democráticamente
consultando a sus bases, el
gobierno entrerriano la
cuestiona.
El otro caso de eo lo produjo,
el defensor de Pobres y Menores
del Superior Tribunal de
Justicia (STJ), Arsenio
Francisco Mendoza, que estaba
trabajando en un escrito que
tenía previsto enviar a las
autoridades del Consejo General
de Educación (CGE) para que le
informen qué resguardo legal
existe para que se garantice el
libre ejercicio de los alumnos a
recibir educación. Mendoza dice
que se trata de un derecho que
garantizan las constituciones de
Entre Ríos y de la Nación, y,
entre otros tratados, citó
también a la Convención
Internacional por los Derechos
del Niño.
Según Mendoza su presentación es
similar a la que se realizó en
Buenos Aires en el conflicto del
Hospital Garrahan donde el juez
Lucas Aón hizo lugar a un
planteo de una defensora de
Menores que actuó en
representación de una beba de
seis meses cuya cirugía de
cráneo habría sido suspendida a
raíz de la huelga de los
empleados del hospital. Lo que
no dice este pobre defensor, es
que ya se comprobó que la
cirugía se suspendió porque la
beba estaba resfriada y que su
resfrío nada tenía que ver con
el paro.
Cuando desde el poder se usan
armas de tal bajeza para
enfrentar las demandas de los
trabajadores, sólo se puede
asegurar que esos funcionarios y
los que los sostienen no tienen
ninguna legitimidad para
continuar en su función, aunque
se agarren a los sillones con
uñas y dientes.
Agencia
Walsh
Fuentes: AIM, El Diario
Gentileza:: Rodolfo Walsh [agenciawalsh@yahoo.com.ar]
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