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Batallón N° 13: Comenzaron a
aparecer restos
Pit-Cnt cuestiona la ausencia de
la justicia en la investigación
Hace hoy exactamente un mes que
los científicos de la
Universidad de la República
comenzaron la prospección
geológica y arqueológica en los
terrenos del Batallón Nº 13
donde se ha denunciado existió
un cementerio clandestino. Según
informa hoy el diario EL
OBSERVADOR, ya al tercer día de
iniciados los trabajos se
encontraron restos óseos. Por su
parte, la Comisión de Derechos
Humanos del PIT-CNT solicitó
saber si la investigación en
curso es en cumplimiento del
artículo 4° de la Ley de
Caducidad, y si los peritos
trabajan para el Poder Ejecutivo
o la Justicia.
El integrante de dicha comisión
de la central sindical, Raúl
Olivera, manifestó su malestar
por la ausencia de
representantes del Poder
Judicial: "Es insólito que se
esté diligenciando una prueba
que tiene que ver con una causa
penal (la desaparición de Elena
Quinteros, por la que está
siendo procesado el ex canciller
Juan Carlos Blanco) y no sea
dirigida por el juez", dijo al
citado periódico.
Olivera agregó: "Yo no conozco
que haya una resolución de una
investigación administrativa y
que se haya designado
instructor. Hasta este momento
no hay artículo 4º. No sabemos
qué se está buscando en el
Batallón Nº 13, si la prueba del
cuerpo de delito en el caso de
Elena Quinteros, o si se está
investigando la operación
zanahoria que (Julio María)
Sanguinetti no quiso
investigar".
De acuerdo a los informantes de
la publicación, el equipo de
científicos ya entregó a la
Presidencia de la República para
su análisis en laboratorios
científicos al menos media
docena de objetos hallados en el
predio militar. Entre esos
objetos se cuentan varios restos
óseos, a los que fue ordenado
efectuarles un estudio de ADN.
Los investigadores también
constataron remociones de tierra
que datan de cuatro o cinco años
atrás, las fechas por las que la
Comisión para la Paz comenzó a
investigar el destino de los
detenidos desaparecidos.
Cada vez que los científicos
encuentran un objeto
presuntamente valioso para la
investigación, se debe llamar a
una escribana para que
certifique el hallazgo. Luego,
se "parte" la prueba en dos
mitades, una de las cuales queda
guardada en un frasco mientras
la otra es enviada a la
secretaría de la Presidencia de
la República para su análisis.
La central sindical uruguaya
analiza la posibilidad de hacer
un planteo formal ante las
autoridades por la forma en que
el gobierno está manejando el
tema y las investigaciones. El
PIT-CNT considera que no se está
aplicando el debido proceso -una
investigación administrativa con
un instructor a su cargo- y
cuestionan que la Justicia no
controle in situ los trabajos
que los peritos realizan en el
Batallón Nº 13, y cuestiona el
hecho de que no se haya tomado
ninguna iniciativa, ni en el
ámbito judicial ni en el
político, para investigar las
recientes denuncias de
enterramientos en otras unidades
militares y en terrenos
privados.
Raul Olivera también señaló que
el país ha ratificado varios
convenios internacionales que
tienen supremacía sobre la Ley
de Caducidad. Esos convenios
permiten que los militares
responsables de violaciones a
los derechos humanos durante la
dictadura sean investigados y
condenados. Por otro lado,
recordó que si la investigación
se va a limitar a aplicar el
artículo 4º de la Ley de
Caducidad, muchos casos quedarán
sin esclarecerse. Es que la ley
establece que para que el
destino de un
detenido-desaparecido pueda ser
investigado debe de existir
denuncia penal previa, y ello
sólo es así en el 50% de los
casos.
Además, Olivera adelantó a EL
OBSERVADOR que el PIT-CNT
evaluará una iniciativa
tendiente a que, en los procesos
penales o civiles con relación a
derechos humanos, exista la
figura del denunciante o
querellante que tenga una
participación activa en el
proceso. "Si los derechos
humanos protegen a los
ciudadanos de las
arbitrariedades del Estado,
resulta incongruente que la
parte defensora de los derechos
humanos sea el mismo Estado (los
fiscales)", explicó.
Gentileza: Koeyu Latinoamericano
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