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= = = = = = Anterior
En lo esencial, y de la manera en que se propone
redactar el acuerdo de momento, los gobiernos se
verían en la obligación de tener que demostrar
que toda medida o regla relativa al agua (y a
otros servicios, tales como la sanidad y la
educación) es "necesaria", que se inspira de
"criterios transparentes y objetivos", que
cumple con las "normas internacionales
pertinentes" y que es la menos restrictiva para
el comercio de entre todas las que se hubiera
podido adoptar. Por ejemplo, para defender las
normas relativas al agua potable ante un jurado
de la OMC, un gobierno tendría que probar que ha
analizado hasta la última posibilidad concebible
de mejorar la calidad del agua, que su propuesta
fue sometida a una evaluación de su impacto
sobre el comercio internacional de los servicios
de aguas, y que terminó optando por el mecanismo
que resultaba menos restrictivo para los
proveedores privados extranjeros.
Por otra parte, el AGCS aún no ha adoptado la
debil excepción del artículo XX del GATT
relativo a la conservación, lo cuál equivale a
un clarísimo y deliberado intento de subordinar
las metas de conservación a las de la
liberalización del comercio. Como lo hace
constar el especialista en comercio canadiense
Steven Shrybman en su opinión jurídica de marzo
2001 sobre el AGCS: "Están en peligro la
propiedad pública de los recursos hídricos, los
servicios de agua del sector público, y la
autoridad de los gobiernos en lo que se refiere
a regular las actividades empresariales por
motivos de protección del medio ambiente, de
conservación o de salud pública."
El Agua y Los Tratados Internacionales Sobre
Inversión
Además de los acuerdos anteriores, los países
del mundo entero están firmando tratados
bilaterales de inversión que, en su mayoría,
dejan sus sectores de los recursos naturales
abiertos a las inversiones incondicionales por
parte de las empresas del otro país signatario.
En este momento existen 1.720 acuerdos
bilaterales y su número aumenta cada año. La
mayoría de estos tratados bilaterales contienen
disposiciones parecidas a las del capítulo XI
del TLCAN, permitiendo así a los países
signatarios demandar a los gobiernos y obtener
indemnizaciones en concepto de "expropiación".
Este es el camino escogido por Bechtel en su
proceso contra el gobierno boliviano.
Los tratados bilaterales sobre inversiones toman
por modelo el Acuerdo Multilateral sobre
inversiones (AMI), tratado propuesto por los
países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
que fue rechazado en el otoño de 1998 debido a
la oposición internacional. Redactado por la
Cámara Internacional de Comercio, el AMI
contenía los mismos derechos
inversionista-estado que el TLCAN, pero los
aplicaba a una serie más extensa de sectores y
empresas. Un "inversionista" de cualquier país
mimebro podía reclamar el acceso a los recursos
naturales de cualquier otro país
indiscriminadamente y tendría el derecho de
presentar una demanda en concepto de
indemnización si le era negado este derecho. El
AMI definía claramente las reglas de
privatización de los bienes públicos, inclusive
de los recursos naturales.
Estos acuerdos internacionales sobre comercio e
inversiones están teniendo cada vez más poder y
alcance. Sin embargo son muy pocos los
ciudadanos del mundo que saben de su contenido o
tan siquiera de su existencia. Ningún plan para
la protección del agua se puede permitir
encogerse de hombros e ignorarlos; constituyen
un peligro tan presente como inequívoco para la
administración de las aguas y deben de ser
profundamente reformados o sencillamente
abolidos.
La Necesidad de Adoptar Principios Comunes
"Las aguas forman familias que reparten su
intimidad anidando en distintas capas. En la
mayor escala posible, la red hidrológica es
semejante al de toda la humanidad - Serbios,
Rusos, Indios Koyukon, Amish, los miles de
millones de habitantes de la República Popular
China - y tiene muchísimos problemas, pero es
dificil saber en que manera se les puede ayudar.
A medida que se va avanzando río arriba hacia el
hogar, la relación se hace cada vez más intima.
El gran río es como el país de cada uno y anda
algo desbocado. El lago es su primo. El arroyo
su hermano. El estanque su hijo. Y, para bién o
para mal, en la salud y en la enfermedad, usted
está casado con su fregadero."
- Michael Parfit, National Geographic
Ante este nuevo milenio, el mundo se dispone a
tomar decisiones cruciales y posiblemente
irrevocables sobre el agua. Aparte de aquellos
que deliberadamente están buscando beneficiarse
de la crisis mundial del agua y de aquellos que
siguen contaminando los sistemas fluviales aún
sabiendo a ciencia cierta los daños que han
causado, el daño que se le ha hecho al agua
hasta la fecha ha sido sobre todo sin intención
y más bien de tipo reactivo - un cóctel de
negligencia, de ambición y de ignorancia
benignas, exigencias harto excesivas sobre un
recurso limitado, de contaminación descuidada y
de desvíos sin tón ni són. La raza humana ha
dado por sentado que el agua le pertenecía y en
general no ha sabido juzgar la capacidad que
tienen los sistemas fluviales de la tierra para
regenerarse y recobrarse de nuestros actos
inconscientes. Aunque ahora nos toque responder
ante el enorme daño que hemos ido causando,
quizás sea justo recordar que nadie trazó un
plan deliberado para crear la escasez mundial
del agua o acabar con el agua dulce del planeta.
No obstante, la ausencia de malicia ya no sirve
de excusa. Sabemos demasiado. Ya se han
establecido fuerzas que quisieran que el agua se
convierta en una mercancía privada que pueda ser
vendida e intercambiada en el mercado abierto,
controlada por grandes multinacionales y
garantizada para el mejor servicio de los
inversionistas y de los sectores privados a
través de los acuerdos mundiales sobre comercio
e inversiones. Este es el futuro del agua si nos
quedamos de brazos cruzados.
La Ética del Reparto del Agua
Para poder empezar a desarollar una ética del
agua exhaustiva y sostenible, es necesario
empezar por reconocer que existe una profunda
injusticia humana en lo que se refiere al acceso
del agua potable en todo el mundo. Los
habitantes que carecen de este recurso viven
casi exxlusivamente en el tercer mundo; los que
tienen agua de sobra viven el el primero, donde
los gobiernos y las empresas se han enriquecido
por la colonización de las mismísimas regiones
que ahora padecen escasez. Reconocemos en esta
situación un trágico dilema. Se podría decir que
los países industrializados tienen la obligación
moral de compartir el agua con las regiones en
las que escasea, aún cuando esto pudiera agravar
el estado de ecosistemas que ya van camino de
deteriorarse.
Los que opinan que el agua es una mercancía
afirman que el agua que desemboca en el mar o
que se encuentra en lo que el PDG de una empresa
de forestería denomina a la "naturaleza
decadente", no es útil para la gente o para la
economía y que constituye así pues una mercancía
desperdiciada. Los ecologistas advierten sin
embargo que este es un análisis simplista. Entre
otras cosas, el agua de los lagos no se puede
exportar o desviar a menos que decidamos
desecarlos. Las únicas fuentes de agua potable
realmente disponibles son el agua que fluye en
los ríos hacia el mar o que se extrae de las
capas acuíferas. Por ejemplo, aunque Canadá
posee casi una cuarta parte del agua dulce del
mundo, gran parte de ella se encuentra en los
lagos o sistemas fluviales que fluyen hacia el
norte. El hecho de acarrear cantidades
voluminosas de este agua causaría enormes
deterioros en los ecosistemas del país.
Los científicos advierten que la extracción de
cantidades masivas de agua de los cauces podría
destruir los ecosistemas. La bajada de los
niveles de agua puede crear agujeros y secar los
pozos. El movimiento del agua a gran escala
acarrearía tremendos costes energéticos; una
versión del proyecto del Canal GRAND exigía la
construcción de una serie de plantas nucleares a
lo largo de la ruta para proveer la energía
necesaria para el traslado de tan descomunales
volúmenes de agua. Existen proyectos
hidroeléctricos y de desvíos de las aguas que
están causando fenómenos locales relacionados
con el cambio climático, la reducción de la
biodiversidad, el envenenamiento por mercurio,
la deforestación, y la destrucción de los
pantanos y del habitat de los peces. No nos
queda más que imaginar el deterioro que un mega
proyecto como el Canal GRAND podría causar.
Los estudios científicos muestran que la
extracción de agua a gran escala afecta no sólo
los sistemas vecinos sino también los
ecosistemas que se encuentran a lo lejos. "Este
trabajo demuestra más allá de toda duda que el
agua no se desperdicia por el hecho de
desembocar en el mar. Sugiere que los efectos
acumulados de la extracción de agua de los
lagos, ríos y arroyos para su exportación en
petroleros podrían tener repercusiones de gran
escala en el entorno del litoral y del mar,"
afirma el especialista hidrográfico canadiense
Jamie Linton.
Richard Bocking compara el hecho de desviar los
ríos a una apuesta de tipo faustiano. "Para
obtener energía hidroeléctrica o para la
irrigación, estamos dispuestos a intercambiar
gran parte de la vida de un río, de sus valles y
sistemas biológicos, e incluso el modo de vida
de la gente que se encuentren en el camino. A
medida que se va concretando el coste de
cincuenta años de construcción de presas, ya no
podemos albergarnos en la excusa de que
desconocemos las consecuencias de tratar
nuestros ríos y lagos como vulgares sistemas de
fontanería."
¿Qué decir sin embargo del argumento humanitario
que aduce que en un mundo en que el agua se
reparte de manera injusta, las regiones más
acaudaladas tienen la obligación de compartir su
abastecimiento con los demás? Quizás convenga
hacer la distinción entre un planteamiento a
corto y a largo plazo. La importación del agua
no es una solución recomendable a largo plazo ni
para los ecosistemas ni para las personas de las
regiones donde el agua escasea. El agua es tan
necesaria a la vida que nadie debería de
depender de los abastecimientos extranjeros que
pudieran interrumpirse por motivos políticos o
ecológicos.
También conviene distinguir ente comercio del
agua y reparto del agua. Cuando se trata de un
intercambio comercial, los que realmente
necesitan el agua serán ineludiblemente los
últimos en recibirla. Unicamente podrán disponer
del agua acarreada sobre largas distancias por
los petroleros los ricos, y sobre todo las
grandes empresas. Importar el agua únicamente
para los que pueden permitírselo reduciría el
cáracter acuciante de los esfuerzos y de las
presiones políticas para hallar soluciones
auténticas, sostenibles y justas para resolver
los problemas de escasez que conocen algunos
países.
George Wurmitzer, Alcalde de Simitz, pequeña
localidad de los Alpes austriacos, describe la
diferencia entre el reparto y el comercio del
agua al manifestar su inquietud en relación con
las exportaciones de agua a gran escala a partir
de su localidad:
"Yo entiendo que es un deber sagrado ayudar al
sediento. Pero me parece un pecado trasladar el
agua únicamente para que las personas puedan
tirar de la cadena de sus inodoros y lavar sus
automóviles en regiones desérticas…No tiene
sentido y es una locura ecológica y económica."
Como dice Linton , " puede que el argumento más
poderoso contra la exportación [comercial] del
agua reside en que únicamente serviría para
perpetuar el problema principal que inicialmente
causó la crisis del agua - la creencia que para
satisfacer las exigencias cada vez mayores de la
gente por el agua bastaría con aumentar el nivel
de abastecimiento. Este modo de pensar es el que
ha llevado al drenaje de los lagos, al
agotamiento de las capas acuíferas y a la
destrucción de los ecosistemas acuáticos en todo
el mundo
Si consiguiéramos no obstante mantener el
control público sobre el agua, podría ser
posible compartir el abastecimiento a corto
plazo entre países en tiempos de crisis. En
tales casos, el hecho de compartir el agua
debería de ir surtido con unos plazos y
condiciones rigurosos de suerte que la región
beneficiaria deje de depender de estos
suministros lo antes posible. De esta manera, el
agua serviría para fomentar la recuperación de
los sistemas fluviales. Empero, este tipo de
resolución es inconcebible mientras que la
privatización del agua del mundo siga sin
cuestionarse; las empresas no permitirían el
establecimiento de un sistema de traslado de
agua con fines no lucrativos.
La Ética de la Tarificación del Agua
De la misma manera, el llamamiento para
otorgarle un valor económico real al agua - que
cada vez más lanzan los ecologistas para señalar
como corresponde que en muchos países
acaudalados en agua el suministro de este
recurso se da por sentado y se desperdicia de
mala manera - debe de entenderse en un contexto
político. El planteamiento consiste en que, si
se le impone un valor económico al agua, la
gente estaría más dispuesta a conservarla. Pero
en el clima que reina actualmente, subsisten
graves inquietudes que han de plantearse a
propósito de la tarificación del agua.
En primer lugar, la tarificación del agua
acentúa la falta de igualdad que existe en el
mundo en relación con el acceso al agua. Como
sabemos, los países que padecen duras penurias
de agua son aquellos en que residen las personas
más desfavorecidas de la tierra. El hecho de
cobrarles por un abastecimiento escaso de
entrada es una receta segura para agudizar las
diferencias en el reparto.
La cuestión de la tarificación del agua ahondará
por lo tanto las diferencias entre Norte y Sur.
El nerviosismo en torno a la escasez mundial del
agua conlleva un sobreentendido. Casi todos los
artículos sobre el tema empiezan recordando la
explosión demográfica y los lugares donde
ocurre. Lo que se sobreentiende es que "estas
personas" son las culpables de la crisis del
agua que se expande sin tregua. Pero apenas doce
por ciento de la población mundial consume el 85
por ciento del agua, y da la casualidad que el
doce por ciento en cuestión no reside en el
Tercer Mundo.
La privatización de este escaso recurso generará
un mundo que funcionará a dos velocidades - los
que pueden permitirse el agua y los que no.
Obligará a millones de personas a escoger entre
necesidades tales como el agua y los cuidados
médicos. En Inglaterra, las tarifas elevadas
obligaron a las personas a escoger entre
enjuagar sus hortalizas, tirar de las cadenas de
sus inodoros o bañarse.
En segundo lugar, y en virtud de los acuerdos
comerciales existentes, el agua tarificada se
convierte en una mercancía privada. Unicamente
si el agua se mantiene como servicio público,
como un producto suministrado y protegido por
los gobiernos, podrá escapar de la onerosa
aplicación de las medidas impuestas por estos
acuerdos de libre comercio. Los acuerdos son
tajantes: si el agua se privatiza y sale al
mercado abierto, acabará en manos de los que se
lo pueden permitir y no en las de los
necesitados. Según lo dictaminan las reglas y
condiciones de estos acuerdos, una vez que se
abrá el grifo, ya no se podrá volver a cerrar.
El Banco Mundial afirma que subvencionará el
suministro de agua a los pobres. Cualquiera que
esté al tanto de los problemas del estado de
bienestar, particularmente en el tercer mundo,
sabe que este tipo de caridad resulta punitivo
en el mejor de los casos, e inexistente en la
mayoría de ellos. El agua es un derecho
fundamental humano que se encuentra garantizado
en el Convenio Internacional de la ONU sobre
Derechos Humanos. La distribución gratuita del
agua no es lo que los artífices de esa grandiosa
declaración tenían en mente.
En tercer lugar, la tarificación del agua, tal y
como se plantea por ahora, no tendrá demasiado
impacto. Se admite por regla general que el
consumo de agua en los centros urbanos se divide
de la manera siguiente: 70 por ciento para el
sector industrial; 20 por ciento para el sector
institucional; y de 6 a 10 por ciento para uso
doméstico. Sin embargo la mayoría de los debates
en torno a la tarificación del agua giran
alrededor del consumo individual. Como ya es
notorio, los grandes usuarios empresariales
logran escabullirse del coste del agua.
Por último, en un sistema de oferta pública por
el agua, ¿quién será el que la compre en
beneficio del medio ambiente y de las
generaciones futuras? A lo largo de este debate
sobre la privatización y la tarificación, apenas
se menciona el mundo natural y las demás
especies. Esto se debe a que el medio ambiente
no forma parte de la ecuación comercial. Si
perdemos el control público de nuestros sistemas
hidrográficos, ya no quedará nadie habilitado a
reclamar esta fuente de vida para la tierra.
Pero la necesidad de dejar de desperdiciar el
agua es acuciante. El diálogo sobre la
tarificación del agua es crucial; sin embargo,
debe de desarollarse en un marco más extenso. En
honor a la eficacia y a la justicia, cualquier
consideración seria relativa a la tarificación
del agua debe de tener en cuenta tres factores:
la pobreza de algunos países; el agua como
derecho humano y el agua en la naturaleza.
Para ocuparse del primer factor, la pobreza de
algunos países, los gobiernos podrían tomar
varias medidas desde ya mismo. Entre ellas
figuran la cancelación de la deuda del Tercer
Mundo, el aumento de los presupuestos dedicados
a la ayuda extranjera hasta alcanzar sus níveles
anteriores (siete por ciento del PIB), y la
implantación de un impuesto de tipo Tobin
(nombre de un ministro canadiense) sobre
especulación financiera que permitiría pagar por
infraestructuras hidrográficas y servicios de
abastecimiento universales.
Para tratar de la cuestión del agua como derecho
humano, los países deben adoptar constituciones
como la de Africa del Sur, que garantiza el agua
ante todo para la gente, en segundo lugar para
la naturaleza, y tercero para la economía. A
cada habitante de Africa del Sur se le garantiza
el agua suficiente para cubrir sus necesidades
fundamentales; y la tarificación no entrá en
juego hasta que estas necesidades estén
cubiertas.
Para asegurar que la supervivencia del
ecosistema sea un elemento clave de cualquier
nuevo sistema que pudiera incluir la
tarificación, las recetas obtenidas deben de
servir para proteger el medio ambiente, sanear
los pantanos, hacer respetar las normas
relativas al agua potable y proceder a la
reparación de las infraestructuras defectuosas
que en este momento están causando grandes
desperdicios del recurso.
Por otra parte, el acento debe de ponerse en los
que más abusan del agua - es decir las grandes
industrias y las actividades agropecuarias. Los
gobiernos deben recordar la primacía de la ley a
aquellas empresas que se dedican a contaminar y
a malgastar tan preciado recurso. Pueden
asímismo recurrir a la implantación de un
regimen impositivo más justo que capte algunos
de los miles de millones imponibles que las
grandes empresas consiguen eludir. Estos
ingresos podrían ser muy útiles para sanear los
sistemas hidrográficos agonizantes del planeta.
El acento debe manifiestamente ir colocado en
los que más utilizan el agua comunitaria para
luego cosechar los beneficios del uso de este
bién común, de este mandato público, máxime en
una era en que proliferan las fusiones y las
grandes multinacionales. El sector empresarial
no tiene derecho a privar a nadie de sus
derechos humanos inalienables; si tal es el
precio del beneficio, el precio resulta
demasiado elevado.
Sin embargo, ninguna de estas condiciones se
pueden dar si el agua no es controlada en
beneficio público. Si se permite que el agua sea
comercializada y controlada por las empresas, el
principio lucrativo seguirá imperando. En tal
caso, la tarificación del agua se convertiría en
una herramienta de mercado, en lugar de un medio
que sirva de incentivo para la conservación y
para asegurar que el agua siga siendo un derecho
fundamental para todos los habitantes de la
tierra.
La Protección del Agua: Diez Principios
Para que todos los níveles del gobierno y las
localidades del mundo entero puedan tomar el
tipo de medidas que se imponen, es urgente que
lleguemos a un acuerdo sobre los principios y
valores que deben guíar nuestros actos. A
continuación proponemos unos principios para
entablar el diálogo:
1.El agua pertenece a la tierra y a todas las
especies.
El agua, al igual que el aire, es necesaria para
la vida. Sin agua, los humanos y otros seres
morirían y sería el fin de los sistemas
hidrográficos de la tierra. La sociedad moderna
ha perdido el respeto por el lugar sagrado que
le corresponde al agua en el ciclo de vida, así
como sus afinidades espirituales con el preciado
liquido. Esta falta de respeto por el agua ha
permitido que abusáramos de ella. Para poder
enderezar el mal que hemos causado, tenemos que
empezar por redefinir nuestra relación con el
agua y reconocer su lugar esencial y sagrado en
el seno de la naturaleza.
Como el agua pertenece a la tierra y a todas las
especies, los dirigentes políticos deben
representar los derechos y las necesidades de
otras especies en todas sus decisiones. Las
generaciones venideras también son partes
interesadas que requieren representación en las
decisiones que se tomen sobre el agua. La
naturaleza, y no el hombre, está en el centro
del universo. A pesar de toda nuestra brillantez
y nuestros grandes logros, somos una especie
animal que necesita el agua por las mismas
razones que las demás. Contrariamente a otras
especies, sin embargo, únicamente los humanos
tenemos el poder de destruir ecosistemas sobre
los cuales dependen todas y por lo tanto, los
humanos tenemos la urgente necesidad de
redifinir nuestra relación con el mundo natural.
Jamás se debe tomar decisión alguna sobre el
consumo de agua sin antes tomar enteramente en
cuenta las repercusiones que puede tener sobre
el ecosistema.
2.El agua debe dejarse donde está en la medida
de lo posible.
La naturaleza ha puesto el agua en el lugar que
le pertenece. Jugar con la naturaleza acarreando
grandes cantidades de agua de los cauces puede
causar la destrucción de los ecosistemas. La
extracción y desvío de las aguas a gran escala,
afecta no solo los sistemas circundantes, sino
también los que se encuentran a lo lejos. El
agua que desemboca en el mar no se
"desperdicia". Los efectos acumulados de la
extracción del agua de los lagos, ríos y arroyos
tiene impactos desastrosos a gran escala para el
entorno del litoral y del mar así como para los
pueblos indígenas de la región así como para
otras personas cuyo modo de vida depende de los
recursos naturales del lugar.
Aunque pueda haber una obligación de compartir
el agua en tiempos de crisis, tal como se hace
para los alimentos, no es una solución
recomendable a largo plazo que los ecosistemas o
los habitantes de ninguna región del mundo
empiecen a depender de los abastecimientos
extranjeros para esta fuente de vida. El hecho
de importar una necesidad tan fundamental podría
crear una relación de dependencia que no es
acertada para ninguna de las partes. Al aceptar
este principio, aprendemos a conocer la
naturaleza de los límites del agua y a convivir
con ellos, y empezamos a girar la vista hacia
nuestras propias regiones, localidades y hacia
nuestros propios hogares buscando medios para
satisfacer nuestras necesidades mientras
respetamos el lugar del agua en la naturaleza.
3.El agua debe ser conservada para todos los
tiempos.
A cada generación le toca asegurarse que sus
actividades no redunden en un empobrecimiento de
la abundancia y de la calidad del agua. La única
manera de resolver el problema de la escasez
mundial estriba en un cambio radical de nuestras
costumbres, especialmente en lo que se refiere a
la conservación del agua. Los habitantes de los
países acaudalados deben de cambiar sus hábitos
de consumo, sobre todo en las regiones fértiles
donde prolifera la bioversidad. De no actuar de
manera más ahorrativa, estos países tampoco
tendrán derecho a mostrarse reticentes a la hora
de compartir el agua - aún por motivos
ecológicos y éticos - sopena de exponerse a
críticas enteramente justificadas.
La clave para mantener fuentes sostenibles de
agua subterránea reside en asegurar que el ritmo
de extracción no supere el del tiempo que
necesita para realimentarse. Parte del agua
destinada a las ciudades y a las actividades
agropecuarias tendrá que ser restituida a la
naturaleza. Hay que preservar extensos tramos de
los sistemas fluviales; y los gobiernos deben de
llegar a un consenso y fijarse una meta mundial.
Los grandes proyectos de construcción de presas
deben de aplazarse hasta nueva orden, o
cancelarse del todo, y algunos de ríos que han
sido desvíados, deben de volver a encauzarse de
manera que su fluir esté en mayor consonancia
con la naturaleza y las estaciones.
Las mejoras infraestructurales deben de
convertirse en una prioridad para los
gobernantes de todo el mundo de manera a poner
fin a las tremendas pérdidas de agua debidas a
la antigüedad y al estado de deterioro de las
canalizaciones. Los gobiernos deben dejar de
fomentar con subsidios las prácticas
derrochadoras de las empresas. De esta manera,
lograrán hacer pasar el mensaje que el agua no
abunda y que por lo tanto no se puede malgastar.
4.El agua contaminada debe ser recuperada.
La raza humana ha contribuido colectivamente a
la contaminaciòn del agua en el mundo y por lo
tanto, debe responsabilizarse colectivamente de
la labor de saneamiento. La escasez de agua y la
contaminación vienen causadas por valores
económicos que propician un consumo abusivo y
muy poco rentable de este recurso. Estos valores
están equivocados. Una resolución para el
saneamiento del agua contaminada es un acto de
autopreservación. Nuestra supervivencia así como
la de todas las especies dependen de la
recuperación de los ecosistemas que funcionan al
són de la naturaleza.
Los gobiernos de todos los niveles y las
localidades de cada país deben de proceder al
saneamiento de los sistemas fluviales
contaminados y poner fin, en la medida de lo
posible, a la destrucción de los pantanos y de
los entornos acuáticos. Hace falta adoptar leyes
e instrumentos de ejecución rigurosos para
tratar de resolver la contaminación que proviene
de la agricultura, de las alcantarillas
municipales y de los contaminantes industriales,
que son las principales causas del deterioro del
agua. Los gobiernos deben de volver a tomar el
control sobre las grandes empresas de minería y
forestería cuyas prácticas incontroladas siguen
causando incalculables daños a los sistemas
hidrográficos.
La crisis del agua no puede ser percibida al
margen de otras importantísimas cuestiones
ecológicas como son el arrasado de los bosques y
los cambios climáticos imputables a la actividad
humana. La destrucción de lagos y ríos debida al
arrasado de los bosques daña muy seriamente el
habitat de los peces. Los cambios climáticos
acabarán causando condiciones extremas. Las
inundaciones subirán de nivel, las tormentas
serán más fuertes, las sequías se harán más
largas. Y cada vez irá en aumento la demanda de
agua dulce. El saneamiento del agua contaminrada
exigirá un compromiso internacional capaz de
reducir radicalmente el impacto del ser humano
sobre el clima.
5.La mejor forma de proteger el agua es dejarla
en su entorno natural.
El futuro para un mundo que pueda garantizar el
agua reposa en la necesidad de residir en las
"bioregiones", es decir en el entorno natural de
las cuencas de los ríos. El bioregionalismo es
la práctica de vivir adaptándose a los límites
de un ecosistema natural. Las características de
las aguas superficiales y subterráneas de cada
cuenca constituyen un conjunto de parámetros
fundamentales que gobiernan casi por entero la
vida de determinada región; otros elementos,
tales como la flora y la fauna, están ligados a
las condiciones hidrológicas de la región. Por
tanto, si vivir dentro de los límites ecológicos
de una región es un factor clave para el
desarrollo de una sociedad sostenible, las
cuencas son un excelente punto de partida para
establecer prácticas bioregionales.
Una ventaja de pensar que las líneas divisorias
empiezan y acaban donde se encuentran las
cuencas, es que el agua no conoce fronteras
entre países o estados. La gestión de las
cuencas permite un planteamiento más
interdisciplinario de la protección del agua, y
es una manera de romper las jaulas en las que se
han encerrado los gobiernos tanto a escala
internacional, nacional local y tribal, que
llevan tantísimo tiempo erosionando la política
del agua en el mundo entero. La delimitación de
las cuencas, y no las líneas divisorias
políticas o burocráticas llevará a una forma de
protección y de toma de decisiones más
cooperativa.
6.El agua es un mandato público por el que todos
los niveles de gobierno deben velar.
Ya que el agua, al igual que el aire, pertenece
a la tierra y a todas las especies, nadie tiene
el derecho de apropiarse o de sacar provecho de
ella a costa de otros. El agua constituye así
pues un mandato público que debe de ser
protegido por todos los niveles de gobierno y
todas las localidades del mundo.
Por lo tanto, el agua no debe ser privatizada,
reíficada, comercializada o exportada a granel
para fines comerciales. Los gobiernos de todo el
mundo deben de tomar medidas sin más tardar para
declarar que las aguas de sus territorios son un
bien público y deben poner en pie sólidas
estructuras de reglamentación para protegerlas.
El agua debe ser exonerada inmediatamente de
todo acuerdo internacional, bilateral y de libre
comercio e inversiones, existente o futuro. Los
gobiernos deben de prohibir los proyectos de
comercio del agua a gran escala.
Aún reconociendo que los gobiernos han fracasado
miserablemente en lo que se refiere a proteger
su patrimonio acuático, hay que recordar que
esta situación tan solo puede ser enderezada a
través de las instituciones democráticas. Si el
agua se convierte en una mercacía que ha de ser
claramente controlada por el sector privado, las
decisiones a su respecto obedecerán
exclusivamente a sus fines lucrativos.
Cada nivel de gobierno debe proteger el agua que
ha sido confiado a su cuidado: las
municipalidades deben de dejar de hacer redadas
sobre los sistemas fluviales de las localidades
rurales. La cooperación dentro de una misma
cuenca redundará en la protección de sistemas
fluviales y lacustres de mayor envergadura. La
legislación nacional e internacional prevalecerá
de cara a las grandes multinacionales y pondrá
fin a las prácticas empresariales abusivas. Los
gobiernos determinarán los adecuados níveles
impositivos sobre el sector privado y estos
impuestos servirán para la reparación de las
infraestructuras. Todos los niveles de gobierno
aunaran sus esfuerzos para fijarse una meta
encaminada a preservar la naturaleza acuática
del mundo.
7.Disponer de agua potable suficiente es un
derecho fundamental.
Todas las personas del mundo tienen derecho a
disponer de agua potable y de sistemas
sanitarios en condiciones, donde quiera que
vivan. La mejor manera de asegurar este derecho
es manteniendo los servicios de abastecimiento y
alcantarillado en el sector público, regulando
la protección de las aguas y fomentando el
consumo sensato del agua. Las personas que viven
en las regiones donde escasea el agua únicamente
podrán disponer del agua potable que necesitan
mediante el fomento de la conservación y
protección de sus recursos locales.
Los pueblos indígenas tienen derechos inherentes
especiales en relación con sus territorios
tradicionales, incluyendo el agua. Estos
derechos ancestrales les pertenecen por el uso
de posesión de la tierra y del agua de sus
territorios y en virtud de sus antiguos sistemas
sociales y jurídicos. El derecho inalienable de
la autodeterminación de los pueblos indígenas
debe ser reconocido y codificado por todos los
gobiernos; la soberanía sobre el agua es un
factor crucial para proteger estos derechos.
Los gobiernos de todo el mundo deben de hacer
suya la frase "la caridad bien entendida empieza
por uno mismo", e implantar una política
preferente para proteger los derechos
fundamentales de sus ciudadanos a disponer de
agua. La legislación que exige que todos los
países, localidades y bioregiones protegan los
recursos hídricos locales, y que busquen nuevas
fuentes locales antes de tornarse hacia otras
regiones conseguirá muchísimo en lo que se
refiere a poner fin a la práctica antiecológica
de trasladar el agua de una cuenca a otra. Este
principio quiere decir que las gentes y los
granjeros del lugar tienen la preferencia. Las
actividades agropecuarias y la industria, sobre
todo las grandes multinacionales, deben de
adaptarse a esta política preferente y
conformarse con el segundo lugar sopena de verse
clausuradas.
Esto no quiere decir que el agua ha de ser
"gratuita" o que no hay más que autoservirse.
Sin embargo, una política de tarificación que
respete este principio ayudaría a conservar el
agua y a preservar los derechos de todos los que
tienen acceso a ella. La tarificación del agua y
los "impuestos verdes" (que aumentan las recetas
del gobierno a la vez que enfrían el consumo de
recursos y su contaminación) deberían de ser más
fuertes para las actividades agropecuarias y la
industria que para los ciudadanos, y los
ingresos correspondientes deben servir para
proveer agua para todos.
8.Los mejores defensores del agua son las
localidades y sus ciudadanos.
Las administraciones locales, que no las
empresas privadas, las tecnologías prohibitivas
o inclusive el gobierno, son la mejor garantía
de protección del agua. Los únicos que pueden
hacerse una idea del efecto acumulado de la
privatización, la contaminación, la extracción y
el desvío de las aguas de una localidad, son sus
ciudadanos. Son los únicos que conocen los
efectos de las pérdidas de empleo o de las
granjas debido a que las grandes empresas toman
las riendas o desvían el agua para usarla en
lugares lejanos. Hay que comprender que los
ciudadanos y las localidades en las que residen,
son los "guardianes" en primera línea de los
ríos, lagos y de los sistemas de los cuales
dependen su vida y sus quehaceres.
Para que las soluciones a la escasez sean
asequibles, sostenibles y justas, deben de
inspirarse y fundamentarse en las localidades.
Los proyectos de saneamiento que funcionan a
menudo se deben a organizaciones ecológicas y
cuentan con la intervención de todos los níveles
de gobierno, y hasta a veces con donativos
privados. Pero estos proyectos no serán víables
o sostenibles si no van guíados por el sentido
común y la experiencia de las comunidades
locales.
En las regiones donde escasea el agua, se están
volviendo a considerar con cierta urgencia el
recurso a las tecnologias indígenas ancestrales,
tales como el compartir el agua y sistemas de
captación de la lluvia, que habían sido
abandonados para abrazar las nuevas tecnologías.
En algunas regiones, las gentes del lugar se han
reponsabilizado enteramente de las
canalizaciones y han establecido fondos a los
que deben de contribuir los consumidores de
agua. Estos fondos se utilizan para abastecer a
toda la comunidad.
9.El público debe participar a partes iguales
con el gobierno para proteger el agua.
Un principio fundamental para salvaguardar el
agua de cara al futuro es que el público debe de
ser consultado e invitado a participar a partes
iguales con los gobiernos en la formulación de
las políticas relativas al agua. Hace demasiado
tiempo que los gobiernos y las organizaciones
económicas internacionales como son el Banco
Mundial, la OCDE y los burócratas del libre
comercio se dejan guiar por intereses
comerciales. Inclusive en las rarísimas
ocasiones en que se las invita a tomar asiento
en la mesa de negociaciones, las organizaciones
no gubernamentales (ONG) y los grupos ecológicos
no suelen tener ni voz ni voto. Las empresas que
dedican importantes fondos al apoyo de campañas
políticas suelen obtener contratos
ultrapreferentes para el dominio de los recursos
hídricos. A veces incluso ocurre que los grupos
empresariales que hacen presión en los pasillos
terminan redactando el enunciado de los acuerdos
y tratados que adoptan los gobiernos. Esta
práctica ha dejado en entredicho la legitimidad
de los gobiernos en todas partes.
Se deben de crear procesos mediante los cuales
los ciudadanos, los trabajadores y los
representantes ecológicos sean tratados como
socios a partes iguales a la hora de determinar
las políticas relativas al agua y sean
reconocidos como los verdaderos herederos y
guardianes de los principios indicados.
10.El agua no será un recurso sostenible si
prevalecen as políticas de mundialización
económica.
Los valores de la mundialización económica, es
decir el crecimiento ilimitado y la expansión
del comercio mundial son totalmente
incompatibles con la búsqueda de soluciones para
resolver la escasez del agua. Concebida para
recompensar al más fuerte y al menos
escrupuloso, la mundialización económica pone
fuera de juego a las fuerzas de la democracia
local que tan desesperadamente hacen falta para
asegurar el futuro del agua. Si aceptamos el
principio que para proteger el agua debemos
esforzarnos por vivir dentro de nuestros propios
cauces, se debe renunciar a la práctica de
percibir al mundo como un sólo, único y
perfectísimo mercado de consumo.
La mundialización económica perjudica a las
comunidades locales por el hecho de facilitar el
movimiento de los capitales y permitir el robo
de los recursos locales. La liberalización del
comercio y de las inversiones permite a algunos
países vivir por encima de sus medios ecológicos
y de los recursos hídricos de los que disponen;
otros abusan de sus fuentes limitadas de agua
para irrigar los cultivos que destinan a la
exportación. En los países ricos, las ciudades e
industrias nacen y crecen en un abrir y cerrar
de ojos en los desiertos. Una sociedad que lucha
para que el agua sea un recurso sostenible, se
opondría a este tipo de prácticas.
Sólo se podrá alcanzar un futuro sostenible, si
buscamos una mayor autonomía regional, que no
menor. El construir nuestras economías sobre la
base de los sistemas hidrográficos locales es la
única manera de integrar políticas
medioambientales sensatas con la capacidad
productiva de la gente, a la par que proteger
nuestras aguas.
Conclusión
El mundo acaba de celebrar el cincuenta
aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948).
Esta declaración señaló un momento clave en la
larga epopeya internacional en pos de afianzar
la supremacía de los derechos del ser humano y
del ciudadano por encima de todo tipo de tiranía
política o económica. Junto con el Convenio
Internacional sobre Derechos Económicos Sociales
y Culturales y el Convenio Internacional sobre
Derechos Civiles y Políticos, dicha declaración
viene a ser La Carta Magna del siglo XX. Aparte
de otorgar los plenos derechos humanos a todas
las personas de la tierra, cualquiera que sea su
raza, su religión, su sexo y muchos otros
criterios, la Declaración incluye los derechos
del ciudadano, y los servicios y protecciones
sociales que todo ciudadano tiene el derecho de
exigir de su gobierno.
Estos derechos incluyen la seguridad social, la
salud y el bienestar de la familia, el derecho
al trabajo, a una vivienda decente y a cuidados
médicos. Los convenios obligan a los gobiernos a
aceptar la obligación moral y jurídica de
proteger y fomentar los derechos humanos y
democráticos señalados en la Declaración y
contienen las medidas necesarias a su
implantación. Los derechos y responsabilidades
indiviuales los ciudadanos, tal como quedan
establecidos en la Declaración, junto con los
derechos y responsabilidades colectivas de las
naciones-estado, tal como quedan establecidos en
los convenios, constituyen las piedras angulares
de la democracia del mundo moderno.
Pero medio siglo después, la falta de acceso al
agua potable quiere decir que se le deniega a
más de mil millones de personas un derecho
garantizado en la Declaración de las Naciones
Unidas. En el transcurso de estos cincuenta
años, los derechos de los capitales privados han
aumentado en proporción, mientras que los
derechos de los pobres han desaparecido del mapa
político. No es ninguna casualidad que el
deterioro y el empobrecimiento de los sistemas
hidrográficos del mundo coincidieran en un
momento en que las grandes multinacionales
incrementaban su poder y que se creaba un
sistema financiero mundial en el que las
localidades, los pueblos indígenas y los
agricultores se han visto privados de sus
derechos.
El papel del estado se ha alterado profundamente
en las últimas décadas. Tal como lo explica el
escritor y activista Tony Clarke, "las empresas
sin identidad estatal están consiguiendo
transformar a las naciones-estado y amoldarlas
de acuerdo con sus intereses relativos a las
inversiones y a la competividad a nivel
mundial." Parece ser que los gobiernos y las
instrituciones gubernamentales, inclusive las
Naciones Unidas, han decidido hacer caso de
estas fuerzas empresariales en el peor de los
casos, y en el mejor, resultan incapaces de
hacerles frente. El ciudadano se encuentra con
que tiene que luchar y defender sus intereses
por sí sólo.
En los últimos años, se ha constituido un
movimiento internacional de trabajadores, de
defensores sociales, de grupos de derechos
humanos y de organizaciones ecológicas que
intenta conseguir que las cuestiones humanas y
ecológicas vuelvan a formar parte del programa
político. Están formando poderosas alianzas
entre ellas para influir sobre la política
gubernamental en sus propios países y en todo el
mundo, con vistas a desmantelar o al menos
reformar las instituciones mundiales que obran
en su contra. Los educadores públicos mantienen
encuentros para iniciar el asalto encaminado a
concienciar al público. Los ecologistas aunan
sus esfuerzos para aminorar la marcha de los
acuerdos internacionales de libre comercio. Los
activistas internacionales que luchan contra la
pobreza mantienen encuentros regularmente para
forjar un nuevo "contrato social" internacional
que propondrán a sus gobiernos.
Otros grupos de esta índole están procurando
crear lazos entre ellos y tomar medidas directas
para proteger el agua. El Proyecto Planeta Azul
(Blue Planet Project) es una iniciativa
internacional lanzada por el Consejo de los
canadienses (Council of Canadians), para
sustraer el agua dulce del mundo a la sombra
cada vez más amenazadora del libre comercio y de
la privatización. Durante el foro mundial sobre
el agua mantenido en marzo del año 2000 en La
Haya, los activistas del Canadá y de más de una
docena de otros países organizaron la oposición
al programa de privatización del foro y crearon
una red internacional para proteger el agua como
recurso común y derecho humano fundamental. El
Proyecto Planeta Azul, que es un movimiento de
la sociedad civil a nivel popular, pretende
convertirse en una fuerza dinámica en todos los
países y localidades del mundo.
Ha llegado el momento de adoptar una postura
clara, con principios bien definidos, para poner
alto a la devastación sistemática de los
sistemas hidrográficos del mundo. A largo plazo,
las naciones-estado tendrán que disponer de
nuevas herramientas para establecer la normativa
y las protecciones necesarias para salvar sus
sistemas hidrográficos. Se debe desarrollar un
derecho internacional que reconozca las
obligaciones sociales del capital mundial en lo
que se refiere a los intereses de los bienes
comunes acuáticos del mundo, y que tenga el
poder ejecutorio necesario. Pero si queremos
salvar el planeta tierra, lo más fundamental es
que sus ciudadanos empiecen a movilizarse sin
perder ni un segundo más.
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Maude Barlow es Presidenta Voluntaria del
Council of Canadians, el grupo de propugnación
más amplio de Canadá. Es miembro fundador del
Foro Internacional sobre la Mundialización (IFG)
e integra su junta directiva. Conocida como
oradora, organizadora y comentarista, Maude
Barlow desempeñó un papel crucial en el
movimiento internacional de ciudadanos que puso
fin a las negociaciones de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con
respecto al Acuerdo Multilateral sobre
Inversiones (MAI).
Es autora de 12 títulos, todos de gran acogida,
sobre los efectos del libre comercio y la
mundialización en los programas sociales, la
educación, los medios de comunicación y el medio
ambiente.
Edición revisada
Primavera 2001
Autora: Maude Barlow
Presidenta nacional del Council of Canadians
(Consejo de los Canadienses)
Presidenta del Comité sobre mundialización del
agua del IFG
El Ceibo T.B. -Trabajo Barrial
Paraguay 4742 - Cod. 1425
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Cristina Lescano - Fernando Ojeda
ceibotb@arnet.com.ar
elceiborsu@yahoo.com.ar
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