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Crewdson señala que en 1995 un petrolero fletado
por Mitsubishi para el transporte de productos
derivados del petróleo para su transformación en
el extranjero aprovechó para cargar unos seis o
siete millones de litros del agua de Eklutna con
destino a Japón. Piensa que esto puede haber
sido el primer traslado de agua por petrolero de
EE.UU. y cuando se supo la noticia, recibió
llamadas de empresas interesadas en hacer
negocio en Nueva York, en la ciudad de
Washington y en Charleston, Carolina del Sur.
Crewdson añade que se puede hacer más dinero con
la exportación de agua a granel que con la
embotellada.
Un empresario decidido a enriquecerse con la
exportación del agua de Alaska, ha dedicado gran
parte de su carrera a ejercer su influencia en
la acuñación de las políticas del sector público
sobre el agua. Ric Davidge, presidente de la
Arctic Ice and Water Exports, trabajó en el
Ministerio del Interior de los EE.UU. como
presidente del grupo de Política de las Tierras
Federales y ejerció como asesor clave tanto para
el gobierno federal como para el del estado de
las operaciones de limpieza de la marea negra
producida por el Exxon Valdez. En su calidad de
director de recursos hídricos de Alaska, Davidge
se ocupó de iniciar la comercialización del agua
del estado y estableció el marco político que
permitió la exportación del agua. Poco después
de haber puesto en movimiento las ruedas de la
exportación, pasó a trabajar en el sector
privado empezando una compañía de exportación de
agua. Ahora se le conoce como el "zar del agua
de Alaska."
En el curriculum de Davidge se puede leer que
provee una "amplía gama de servicios de asesoría
a las empresas nacionales y extranjeras deseosas
de desarrollar la exportación de agua de Alaska,
ya sea a granel o embotellada." Entres sus
clientes figuran empresas de Arabia Saudí.,
Taiwan, Alaska, Washington, Canadá, Corea del
Sur, Tanzania, Japón, México, California y
Nevada.
Hay quién afirma que la exportación de agua a
granel es demasiado costosa para ser
económicamente viable, sugiriendo que el futuro
está en la desalación o potabilización del agua
marina. El Banco Mundial recuerda no obstante
que el mundo ya ha gastado sus reservas de agua
asequibles y fácilmente accesibles; los costes
financieros y medioambientales que supone la
obtención de nuevos suministros, cualquiera que
sea la forma en que se desarrolle, serán de dos
a tres veces mayores que los de las inversiones
actuales, pero por onerosa que sea esta
propuesta, la demanda estará allí.
Aunque algunos países terminarán recurriendo a
la desalación, se trata de un procedimiento
extremadamente costoso, y que precisa de un gran
volumen de carburantes fósiles. Los únicos
países en medida de contemplar proyectos de
desalación o potabilización masiva serían los
que disponen de abundantes fuentes de energía,
sin olvidar que estos proyectos recrudecerían el
calentamiento del planeta - que es justamente la
crisis que está siendo agravada por la penuria
de agua dulce.
Davidge recuerda que el precio del agua a dólar
unidad ya es más alto que el de la gasolina una
vez refinada. "La carestía promete ser total,
desde las bebidas gaseosas al vino francés
pasando por los microchips cuyos precios se
dispararán a medida que las reservas de agua
potable se irán agotando." Aduce que es más
oneroso y más destructivo para el medio ambiente
producir agua potablizada que transportar agua a
granel en petroleros y sacos de agua.
El empresario de Quebec Paul Barbeau de
Aquaroute, Inc., compañía "dedicada al
transporte de agua corriente" está de acuerdo
con este punto de vista. Afirma que el agua se
puede exportar facilmente por petrolero casi sin
previo aviso. Informa que en su empresa
anterior, Enercem Tankers, convirtió un
petrolero en un navío de transporte de agua que
fue usado para trasladar agua del Canadá a las
Bahamas. "Captar el agua es tárea fácil. Basta
que una embarcación a flote bombee lo que se
puede declarar como lastre. Esto se hace todos
los días en cualquier embarcación que circula
por la costa o en alta mar o aún más
sencillamente para cualquiera de los remolques
que ya navegan por los Grandes Lagos. Ya
disponemos de las herramientas necesarias para
la exportación del agua a flote. Lo que nos
falta es que se legifere esta actividad con
precisión para impedir prácticas piratas."
Algunos ecologistas han llegado a creer que la
reificación y el comercio del agua resulta
inevitable. Según Allerd Stikker, "es muy
probable que a principios del siglo XXI, el agua
potable empiece a convertirse en una gran
mercancía regional e interregional, que se
produzca y se negocie en volumenes impensables
hoy día."
Sobre todo a la luz de la mundialización
económica, el pensar que los traslados
transfronterizos masivos de agua no es
económicamente viable, es un mito. La única
diferencia entre éstos y otros megaproyectos
estriba en que el agua se convierte en un
producto que se traslada de un lado de la
frontera a otro. El propósito de estos
megaproyectos es idéntico al de los proyectos de
agua doméstica y se rigen por el mismo análisis
económico. No hay motivo para pensar que los
subsidios masivos que el gobierno concede a las
actividades industriales y agropecuarias se
vayan a acabar en un futuro próximo. Las grandes
multinacionales que se dedican a industrias que
exigen muchos recursos hídricos esperararán de
sus gobiernos respectivos que encuentren y
financien los suministros de agua que necesitan
antes de tomar decisiones relativas a las
inversiones y a la producción.
El Agua Embotellada se Convierte en un Gran
Negocio
Allí donde existe una demanda para el comercio
transfronterizo del agua, el negocio está en
plena marcha. El comercio del agua embotellada
es una de las industrias de mayor expansión (y
de las menos reglamentadas) del mundo. En los
años 70, el volumen anual alcanzaba los 900
millones de litros. En los 80, esta cifra hizo
más que doblar, colocándose en unos 1900
millones de litros, y para finales de la década,
el mundo estaba consumiendo seis mil millones de
litros de agua embotellada cada año. Pero estas
cifras se quedan cortas en comparación con la
explosión de las ventas de agua embotellada de
los últimos cinco años - que aumenta a un ritmo
anual superior al veinte por ciento. En el año
2000 se embotellaron y comercializaron más de
24.000 millones de litros en el mundo, de los
cuales un noventa por ciento en recipientes
plásticos no retornables o reciclables.
En Canadá, la cantidad de agua extraída por los
embotelladores ha crecido en más de cincuenta
por ciento en menos de una década; los
embotelladores, que no pagan tarifa alguna por
el agua que obtienen, tienen el derecho legal de
extraer unos 30.000 millones de litros al año -
o sea, mil litros por cada habitante del país.
Casi la mitad de este agua se exporta a los
EE.UU.
A medida que se va deteriorando cada vez más el
agua dulce que existe en el mundo, los que
pueden permitirse el agua embotellada están a
favor de esta fórmula, pese al hecho de que el
agua embotellada no es sometida a unas pruebas y
normas de pureza tan rigurosas como las del agua
de grifo. Un estudio realizado en marzo de 1999
por el Consejo de Defensa de Recursos Naturales
(NRDC) de los EE.UU., halló que buena parte del
agua embotellada es igual de segura o insegura
que el agua de grifo, y en algunos casos lo es
bastante menos. Un tercio de las 103 marcas de
agua embotellada que fueron objeto de este
estudio estaban más o menos contaminadas,
encontrándose indicios de arsénico y de E. coli;
el estudio determinó asímismo que al menos en
una cuarta parte de los casos, el agua
embotellada no resulta más que ser agua de
grifo.
Junto con los colosos de la industria, tales
como Perrier, Evian, Naya, Poland Spring,
Clearly Canadian, La Croix y Purely Alaskan,
existen literalmente miles de pequeñas compañías
que se dedican a este negocio. Además empiezan a
pegar fuerte las grandes empresas de bebidas
gaseosas. La Pepsi ha lanzado su gama Aquafina y
Coca-Cola acaba de lanzar la versión
norteaméricana de su marca internacional Bon
Aqua, bajo el nombre de Dasani. Coca-Cola
predice que su agua embotellada, que no es más
que agua de grifo depurada y que es más cara que
la gasolina, terminará dando mayores beneficios
que sus bebidas gaseosas antes de que acabe la
década.
Estas empresas no escatiman esfuerzos en seguir
buscando nuevas fuentes de agua para calmar el
insaciable apetito del negocio y se dedican al
comercio del agua que se transporta en
petroleros, y a comprar los derechos de aguas de
los agricultores. En las localidades rurales de
todo el mundo, las empresas están comprando
tierras agrícolas para tener acceso a los pozos
y abandonarlos en cuanto se secan. En América
del Sur las empresas hídrográficas extranjeras
están adquiriendo grandes pedazos de naturaleza
salvaje e incluso sistemas hidrográficos
integrales que pretenden guardarse en la manga
para desarrollo futuro.
A veces ocurre que estas empresas agotan por
completo no sólo los sistemas de su propio
terreno sino que también los de la región
circundante. Un acalorado debate ha estado
teniendo lugar en Tillicum Valley, pintoresca
región de huertos y viñas de Columbia Británica.
Es evidente que la Canadian Beverage Corp. ha
estado explotando el agua subterránea de la
región de manera tan incansable que los
habitantes y los hortelanos del lugar dicen que
la compañía está "dejándoles secos."
Por supuesto, las diferencias en los ingresos
mundiales se reflejan en un acceso desigual al
agua embotellada. El NRDC informa que algunas
personas gastan hasta 10.000 veces más por cada
tres litros de agua embotellada que para el agua
del grifo. Por el mismo precio que el de una
botella de este artículo de lujo, se podría
abastecer a los hogares 3.000 litros de agua de
grifo, según la American Water Works
Association. Paradójicamente la mismísima
industria que contribuye a destruir las fuentes
de agua públicas - con objeto de abastecer agua
"pura" a la élite mundial en plástico no
reciclable - presume de tener un producto que no
hace daño a la naturaleza y que forma parte de
un estilo de vida sano.
El Fracaso de los Gobiernos
Medidas Tan Escuetas Como Inoportunas
Los gobiernos en todo el mundo han coincidido en
no saber reconocer la crisis que padecían los
recursos hídricos del mundo y en su falta de
planificación para tomar medidas en previsión
del estado de urgencia que se avecina.
Es cierto que los países industrializados se han
apuntado algunos éxitos en el saneamiento de los
ríos, lagos y estuarios que se habían convertido
en verdaderas alcantarillas y focos de
contaminación industrial. El río Hudson en los
EE.UU había sido dado por muerto, y ahora rebosa
de vida. Los ciudadanos y los gobiernos han
trabajado para prohibir el vertido de las peores
toxinas tales como el DDT en nuestra aguas, y en
diciembre del 2000 se firmó un tratado histórico
prohibiendo la presencia de los agentes
contaminantes orgánicos de mayor persistencia.
Se obligó asímismo a la limpieza parcial de los
flujos industriales tales como los desechos de
las fábricas de pasta de papel.
Por ejemplo, los científicos del mundo entero
están estudiando la manera de sanear los Grandes
Lagos al menos parcialmente, en un esfuerzo
conjunto de las provincias y de los Estados que
los rodean. Allá por 1972, al descubrirse que su
estado de deterioro se debía en gran parte a la
presencia de fósforo en sus aguas, los gobiernos
de Canadá y de Estados Unidos firmaron el
Acuerdo sobre la calidad del agua de los Grandes
Lagos, que impidió radicalmente que el fósforo y
las alcantarillas municipales fueran a parar a
los Lagos.
Los esfuerzos de conservación en Europa y
Norteamérica han resultado asímismo en una
reducción del consumo del agua utilizada en los
hogares y en el sector industrial, ayudando a
aminorar la marcha del agotamiento de las capas
acuíferas. El consumo de agua ha llegado a bajar
en algunas regiones y sectores industriales en
EE.UU. de un 10 hasta un 20 por ciento desde
1980, según el Instituto geológico de los
EE.UU., la United States Geological Survey. En
la última década, los gobiernos han mantenido
encuentros de manera regular para intentar
solucionar los diversos factores que componen la
crisis: empobrecimiento, contaminación,
saneamiento e igualdad de las condiciones de
acceso.
Las Naciones Unidas dieron a los años ochenta el
nombre de Década Internacional del
Abastecimiento y Saneamiento del Agua Potable y
lograron importantes avances en lo que se
refiere a proveer infraestructuras y agua
potable a algunas de las localidades en que el
problema era más acuciante. Pero la ONU se
lamenta que la falta de fondos está poniendo
esta campaña en grave peligro y que, al ritmo
actual, el mundo tendrá que esperar hasta el año
2100 para poder contar con una cobertura
completa de los servicios.
Una conferencia mantenida en Irlanda en el año
1992 dió por fruto una declaración de principios
- la Declaración de Dublín sobre el Agua y el
Desarrollo Sostenible. Este instrumento sirvió
de fundamento al capítulo sobre el agua de
Acción 21, el plan de acción mundial que se
desarrolló con motivo de la Cumbre de la Tierra
celebrada en Río de Janeiro en 1992. Estos
principios reconocen la necesidad de proteger
los ecosistemas acuáticos y lanzan un
llamamiento a los gobiernos para que planifiquen
a más largo plazo las medidas de protección de
sus recursos de agua dulce. La Comisión de las
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible
emprendió por su parte una valoración exhaustiva
del agua dulce existente en el planeta. El
informe, presentando ante la Asamblea General de
1997, subraya los campos en que se imponen
medidas urgentes, y ruega a la Organización que
facilite el dialogo entre los gobiernos para una
acción concertada a favor del desarrollo
sostenible.
Por muy significativas que sean estas medidas,
distan de ser lo bastante suficientes o
coordinadas como para poder hacer contrapeso a
los otros tipos de acción, o mejor dicho,
inacción por parte de los gobiernos. Como dijo
Klause Topfer del Programa de Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente con motivo de una
conferencia sobre el agua mantenida en París en
marzo de 1998, "La fragmentación de los poderes
sobre el agua que se reparten entre una
infinidad de sectores y ministerios tanto a
escala nacional como internacional, ha resultado
en la ausencia de una visión común sobre el
consumo sostenible de este recurso vital."
La ONU hace resaltar la poca prioridad que tanto
los gobiernos de los países industrializados
como los de los países en desarrollo otorgan a
las cuestiones relativas al agua y a las
instituciones que se ocupan del tema; los fondos
destinados a la investigación y a la búsqueda de
soluciones en este campo son totalmente
insuficientes. La gestión del agua dulce se
encuentra aún en pañales y, desgraciadamente, en
el mundo entero se observa una falta de
compromiso político y de concienciación del
público.
Mientras tanto, los gobiernos y la industria
siguen con sus prácticas destructivas. Como
muchos gobiernos del Norte han prohibido la
venta y el uso de toxinas como el DDT dentro de
sus fronteras, ciertas multinacionales con sede
en estos países siguen dedicándose a la
fabricación de estos productos químicos harto
tóxicos, sólo que lo hacen en el extranjero, con
lo cuál su uso está en plena expansión en el
tercer mundo. Se pueden detectar rastros de
estas toxinas en los ecosistemas de
prácticamente todos los países del planeta,
inclusive en las tierras supuestamente vírgenes.
Los pesticidas, herbicidas, fungicidas y las
hormonas son de uso corriente en la agricultura
del mundo entero. Mientras que la voz de algunos
grupos ecologistas y los colosales costes
financieros han entumecido el entusiasmo por los
megaproyectos como la construcción de presas y
de estaciones hidroeléctricas en algunos países,
otros no cejan en sus esfuerzos por introducir
la megatecnología moderna.
Los gobiernos están dejando en en el tintero
otra importante causa de la pérdida de agua: la
que se escapa de las infrestructuras municipales
y de los canales de irrigación. Estos problemas
son particularmente graves en el tercer mundo,
debido a que sus gobiernos se han empobrecido
aún más trás la fusión financiera mundial. El
Banco Mundial informa que en estos países, se
desperdicia al menos 50 por ciento del agua
municipal por estos escapes. Por ejemplo en
Manila, Filipinas, el 57 por ciento del agua
municipal se pierde por motivo de estos escapes
y por robo. En los países en desarrollo, informa
World Resources, de 60 a 75 por ciento del agua
destinada a la irrigación no llega jamás a su
destino.
En los países industrializados, que disponen de
toda suerte de tecnologías y de recursos para
introducir mejoras, los gobiernos están
efectuando recortes en los gastos de obras
públicas y destripando las leyes
medioambientales en nombre de la competitividad
mundial. Las canalizaciones ya medio podridas de
los barrios bajos del primer mundo van
deteriorándose cada vez más. En Inglaterra, por
ejemplo, el Worldwatch Institute calcula que una
cuarta parte del agua que pasa por los canales
de distribución se pierde debido al mal estado
de las cañerías y a otros problemas de esta
índole. Hasta que decidió ocuparse de este
problema, la ciudad de Boston, Massachusetts,
perdía casi un 40 por ciento annual de sus
abastecimientos municipales, por abandonarlos a
su suerte.
Los Canadienses derrochan el agua sin
contemplación alguna. El hogar medio gasta unos
500.000 litros al año, de los cuáles la mitad se
desperdician lavando automóviles o dejando
gotear los grifos. El gobierno canadiense
calcula que tendrá que desembolsar unos 80 mil
millones de dólares canadienses para reparar las
infraestructuras hidrológicas en vías de
deterioro.
Bastarían diez años y un esfuerzo concertado por
parte de los gobiernos del mundo para dar un
giro de 180 grados a esta pauta de desperdicio.
Con las tecnologías y los métodos de los que se
disponen hoy día, se puede calcular sin temor a
equivocarse que la agricultura podría cortar sus
exigencias de agua en un 50 por ciento, las
industrias de un 50 a un 90 por ciento, y las
ciudades en un tercio, sin sacrificar en lo más
mínimo el nivel de vida o la producción
económica. Lo que hace falta es una voluntad y
una visión política.
Por otra parte, millones de personas mueren cada
año por el agua contaminada porque los gobiernos
no permiten a las localidades que administren
sus propios recursos. Un estudio realizado en
marzo de 1999 conjuntamente por el Banco Mundial
y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo hace resaltar que los programas de
ayuda internacional canalizan demasiado dinero a
través de los gobiernos y organismos, y no dejan
que las localidades administren sus propios
sistemas, ya que no se fían de ellas. El informe
también acusa a los gobiernos y a los organismos
internacionales de obligar a las localidades a
abrazar las nuevas tecnologías, aún cuando éstas
no tienen medios para ocuparse de su
mantenimiento. Como ejemplo ilustrativo de una
medida que puede funcionar, señala el proyecto
piloto que se ha llevado a cabo en Uttar
Pradesh, el estado más poblado y menos
desarrollado de la India, en que los habitantes
de los pueblos escogen sus propios comités de
administración de las aguas y controlan el
correspondiente presupuesto público. Estos
proyectos piloto han venido a costar dos
terceras partes menos que los que dependían del
consejo gubernamental de administración de las
aguas.
A los gobiernos también se les puede achacar el
subsidio masivo del sistema de transporte
mundial que soslaya la mundialización económica
del planeta. Valga como ejemplo el comentario de
Victor Menotti que recuerda que si el coste del
transporte ida y vuelta de los bienes de consumo
expedidos a traves de los mares para su
transformación se reflejera en el precio de
venta al público, retrocedería de manera
significativa el volumen de los intercambios
comerciales en el mundo.
Los gobiernos financian el sector de la alta
tecnología de muchas maneras, y recordemos que
este sector consume muchísima agua. La ciudad de
Austin, Texas, no sólo concede incentivos
fiscales a las empresas del sector (ejemplos más
recientes: 125 millones de dólares a Samsung y
56 millones a Sematech), sino que también les
ofrece tarifas reducidas en lo que se refiere al
pago del abastecimiento de agua. Las tarifas que
paga el sector industrial en Austian son dos
terceras partes inferiores a las que pagan los
residentes. Hace poco, Intel recibió un
incentivo fiscal por valor de ocho mil millones
de dólares para su fábrica de Río Rancho en
Nuevo México, en forma de obligación pagadera
mediante sus ingresos industriales, y otros 250
millones de dólares en forma de deducciones
fiscales y otras subvenciones. La Southwest
Network y la Campaign for Responsible Technology
indican en su informe Sacred Waters (Aguas
Sagradas), que "La mayor forma de exteriorizar
el coste del agua...reside en la reducción de
las tarifas del agua, los subsidios destinados a
las infraestructuas de abastecimiento y
depuración del agua, y el acceso restringido al
agua de los consumidores de pocos ingreos que
tradicionalmente utilizaban el agua debido a su
uso masivo en el sector industrial."
Además, y debido a la ausencia de legislación, o
tan siquiera de debate en la mayoría de los
países, la privatización del agua y de los
servicos de alcantarillado aumenta
progresivamente. Merced a los consorcios
formados entre el sector público y privado, las
municipalidades de muchos países están logrando
hacer que las líneas que dividen los intereses
de las compañías privadas y los gobiernos
democráticamente elegidos, se vuelvan confusas.
Estos "consorcios" a menudo no son más que el
primer paso hacia la privatización integral. Y
como muchas de las empresas proveedoras de estos
servicios son las mismísimas que terminarán
dedicándose a la exportación masiva de agua a
granel, a la construcción de presas y al desvío
de los cursos de los ríos, los gobiernos les dan
acceso a los recursos hidrícos por la puerta de
atrás.
La Compra y el Comercio del Derecho de Aguas
Los intercambios comerciales del agua se
encuentran en expansión en muchas partes del
mundo, generalmente con el visto bueno y la
bendición de los gobiernos. En Chile, donde la
privatización es una meta del gobierno, las
compañías de agua están comprando el derecho de
aguas de los agricultores para venderlos a las
ciudades. En el tercer mundo, son moneda
corriente los intercambios amistosos y de poca
monta entre los agricultores. Mientras que estos
intercambios se realicen entre los granjeros y
las localidades, el sistema puede funcionar de
manera justa. Pero en el momento que esta
práctica quede desreglamentada, puede servir a
disparar el precio del agua suministrada a los
pobres, como a menudo suele ocurrir. Cuando las
grandes empresas entran en el juego, suelen
comprar el derecho de aguas en bloque, agotar
los recursos de la región, y pasar a otra.
Una práctica parecida ya es habitual en la
industria de la pesca. Las grandes empresas
están comprando las licencias de pesca otorgadas
por el gobierno, licencias conocidas como cuotas
individuales transferibles - título que puede
ser alquilado o vendido, permitiendo al titular
capturar determinada cantidad de peces.
Concebido en un principio por los gobiernos para
controlar la sobrepesca, estas licencias están
logrando ahora concentrar la industria pesquera
en manos de un puñado de gigantescas pesquerías
que fomentan las prácticas de pesca destructivas
y están ahogando a las pequeñas localidades.
Como dijo un pescador de Terranova que se quedó
sin trabajo, "por primera vez en la historia,
los peces tienen propietario antes de
convertirse en pescado."
En California, el comercio del derecho de aguas
se está convirtiendo en un negocio de lo más
lucrativo. En 1992, el Congreso de los EE.UU.
aprobó un proyecto de ley que permitía a los
agricultores, por primera vez en la historia del
país, a vender su derecho de aguas a las
ciudades. En 1997, el Secretario del Interior
Bruce Babbitt anunció planes para abrir un
importante mercado de agua a los consumidores
del río Colorado. El nuevo sistema permitiría la
venta entre estados del río Colorado y los
consumidores del sur, es decir Arizona, Nevada y
California.
Wade Graham (del Harper's Magazine) define esta
medida como "la mayor desregulación de un
recurso nacional desde la promulgación de la ley
de concesión de territorios (Homestead act) de
1862" y añade que lo único que faltaba era la
privatización de todas las tierras federales de
los EE.UU. Babbitt cuenta con que el mercado
libre consiga lo que los políticos y los
tribunales nunca lograron hacer - servir de
árbitro en las numerosas demandas relativas al
agua del río Colorado.
Los tratos serán seguramente de poca monta al
principio (Nevada ya ha tomado disposiciones
para pagar a Arizona por el almacenamiento del
agua para uso futuro), pero a la larga, las
regiones en plena expansión donde se concentra
la industria de la alta tecnología, podrán
obtener enormes cantidades de agua a precios
razonables de una fuente por así decir
inagotable. A modo de advertencia, Graham
recuerda el fracaso del experimento de
privatización del agua en el Valle de Sacramento
a principios de los años 90.
Por primera vez, ya nada impedía que las
ciudades y los agricultores del sur de
California compraran su agua directamente de los
granjeros del norte de California, para
acarrearla y venderla en el mercado abierto. Los
explotadores a gran escala se autosirvieron
enormes cantidades de agua que almacenaron en el
Banco de Agua en previsión de futuras sequías,
aguardando el momento en que el precio subiera
lo bastante para justificar su venta. Un pequeño
puñado de vendedores se marcharon con enormes
beneficios en el bolsillo, mientras que otros
agricultores se encontraron con que sus pozos se
habían deshidratado por primera vez en su vida.
Los resultados fueron desastrosos; la capa
acuífera bajó de nivel llegando a hundirse la
tierra en algunos lugares.
Graham compara este incidente con la tragedia de
Owens Valley a principios de siglo. Dicho valle,
que rezumaba agua y fertilidad en tiempos
pasados, se fue desangrado hasta secarse por
completo cuando los funcionarios de la
Administrción de las Aguas de Los Angeles
imaginaron un plan para desviar las aguas de
Owens Valley hacia el sur de California. "El
escándalo de Owens Valley demuestra que aunque
únicamente unas pocas personas o entidades
empresariales tienen la titularidad oficial del
derecho de aguas, la comunidad entera depende de
ese derecho… El agua en California es sinónima
de prosperidad, y cuando el derecho legal a
utilizarla puede ser privatizado y traspasado de
esta manera, se traspasa al mismo timpo la
prosperidad de la comunidad."
Empero, y no obstante las advertencias sobre la
tormenta que se avecina, el comercio del derecho
de aguas sigue floreciendo en California. En
1993, la multimillonaria empresa Bass brothers
de Texas compró discretamente 40.000 acres de
las tierras ágricolas del Valle Imperial con
vistas a vender el agua a la ciudad de San
Diego, California. El proyecto, y nunca mejor
dicho, se fué al agua cuando se descubrió que la
tierra pertenecía al distrito y no a los
agricultores. En Enero de 1999, la U.S. Filter
Corp. compró un rancho y unos diecisiete
millones de metros cúbicos de agua al norte de
Reno, Nevada, que pretendía desviar y hacer
llegar por un conducto a Reno para su venta. La
localidad afectada del condado de Lassen se
lamenta de que la van a dejar sin la sangre que
fluía por sus venas.
La empresa Samda de Santa Mónica tiene intención
de bombear el agua de los pozos en el rancho de
2.000 acres que tiene en Fremont Valley al norte
de Mojave para canalizar el agua hacia Los
Angeles. La empresa north Stockman Water Co. ha
recibido por su parte la luz verde Parker,
California para bombear el agua del Valle de San
Luis hacia Denver, Colorado
A principios del año 2001, la Administración
delas Aguas del Distrito Metropolitano de Los
Angeles, firmó un contrato para la compra de
hasta 140 billones de litros de agua de la
compañía agrícola más importante del estado,
Cadiz Inc. Esta iniciativa siembra gran
inquietud entre los ecologistas, que temen
asistir a la repetición de lo que ocurrió en
Owens Valley, ya que el agua será bombeada de
una capa acuífera que se encuentra en las
profundidades bajo el desierto de Mojave. Tony
Coelho, poderoso ex-congresista del Partido
Democrático que formó parte del equipo encargado
de la campaña presidencial de Al Gore, dice que
esta fuente de agua es tan valiosa, que no se le
puede poner precio. "Las carreras en el mundo de
la política de las aguas tan pronto se
construyen como se derrumban, y lo mismo reza en
este caso. ". Y añade Keith Brackpool,
empresario británico que administra Cadiz, "Si
supiéramos sumar, veríamos el precio de nuestra
agua subir hasta el cielo."
Nadie se puede sorprender ante la afirmación del
gobernador de California Gray Davis que dice "el
agua es más valiosa que el oro." En un mercado
privado, el poder adquisitivo superior de las
grandes ciudades como Los Angeles y de las
compañías como Intel, pudiera forzar una
situación en que el coste del agua será lo
bastante alto como para eliminar del mercado a
los granjeros, a las pequeñas localidades y a
los pueblos indígenas.
Tratos a Puerta Cerrada
Estas compañías están a la espera de cosechar
colosales beneficios mientras que los gobiernos
en todo el mundo, que han permitido la caída de
las infraestructuras municipales, ahora están
entregando el mercado del agua al sector
privado. Y lo hacen con la participación y visto
bueno incondicional de organismos
gubernamentales internacionales tales como la
ONU y el Consejo Mundial del Agua.
En julio del año 2000, la ONU anunció un pacto
comercial mundial con destacadas
multinacionales, com son Nike, Shell Oil y la
Suez Lyonnaise des Eaux. Muchas ONG se
sorprendieron y quedaron profundamente
consternadas ante el hecho que la ONU diera su
bendición a empresas que se habían forjado una
notoria fama internacional, todo ello a cambio
de obtener su cooperación en la adopción de un
puñado de directrices puramente facultativas.
Pero este hecho se inscribe como anillo al dedo
en la postura a favor de la privatización que la
ONU viene adoptando desde hace unos años.
En una conferencia mantenida en París en marzo
de 1998, la Comisión sobre Desarrollo sostenible
del Consejo económico y Social de Naciones
Unidas propuso que los gobiernos se giraran
hacia las "grandes multinacionales" para obtener
los capitales y los conocimientos técnicos
necesarios y lanzó un llamamiento para la
creación de un "mercado abierto" del derecho de
aguas así como para que el sector privado
desempeñara un papel más extenso en este ámbito.
La ONU prometió movilizar fondos privados para
las enormes inversiones que hacen falta para
asegurar las redes y las fábricas de depuración
así como para la tecnología necesaria para
asegurar el abastecimiento futuro del agua.
Las Naciones Unidas, junto con el Banco Mundial
y la Asociación Internacional de Recursos
Hídricos, es también miembro fundador del
Consejo Mundial del Agua, que en sus propias
palabras, constituye la olla en la que se cuecen
por excelencia las ideas en torno a la política
del agua. Dicho Consejo cuenta entre sus 175
grupos afiliados a las principales asociaciones
profesionales, las grandes empresas mundiales de
agua, los ministerios encargados de los recursos
hídricos, y grandes instituciones financieras
internacionales. Uno de sus dos vicepresidentes
es René Coulomb de la Suez Lyonnaise des Eaux.
El Consejo mantuvo su primer foro mundial sobre
el agua en Marrakesh, Marruecos, en 1997, y el
segundo en La Haya en Marzo del 2000, que fue
presidido por el vicepresidente del Banco
Mundial Ismail Serageldin, y en el que se dieron
cita unos 5.700 participantes del mundo entero.
Mientras que el foro parecía lanzar un
llamamiento para que se aunaran todos los
interesados para intentar solucionar la crisis
mundial, en lugar de eso fue utilizado como
feria de muestras por las multinacionales
dedicadas al suministro de agua y de energía e
incluso por las grandes compañías de
alimentación tales como Nestlé y Unilever para
el fomento de la privatización y de la
recuperación de los costes integrales como única
solución para la escasez del agua en el mundo.
La mayoría de los paneles y talleres fueron
presididos por el Banco Mundial y por
importantes ejecutivos que también conformaron
la mayor parte de los panelistas. Durante los
cinco días que duró la conferencia, tan solo fue
invitado a tomar la palabra un sólo
representante sindical del sector público.
Se permitió la asistencia de las ONG, pero el
coste prohibitivo de la tarifa de inscripción y
del alojamiento permitió asegurar que tan sólo
asistiría un reducido grupo de estas
organizaciones. En la conferencia participaron
los funcionarios de los gobiernos de más de 160
países pero su papel fue limitado al de
observadores y se recabó su aprobación del
informe final del foro, que se rehusó a
denominar el agua como derecho humano,
llamándolo en su lugar una "necesidad húmana." A
lo largo de este proceso, los gobiernos y el
Banco Mundial fueron dejados al margen, mientras
las empresas resultaron ser las protagonistas
estrella en la escena del agua mundial.
En 1996, se asistió a la creación de un nuevo
organismo internacional del agua, que se
componía más o menos de los mismos actores. El
Global Water Partnership (GWP) se describe a sí
mismo como una "red encaminada a la acción" de
organismos interesados en cuestiones relativas
al agua y cuya misión consiste en encontrar las
"herramientas necesarias en la práctica" para
resolver los problemas del agua, sobre todo en
los países del Tercer Mundo. Entre sus afiliados
figuran numerosas ONG, organizaciones
gubernamentales (tales como la Agencia de
Desarrollo Internacional del Canadá, cuya
ex-presidenta Margaret Catley-Carlson acaba de
ser nombrada presidenta del GWP ), bancos
multilaterales y el sector privado). René
Coulomb de la Suez Lyonnaise des Eaux forma
parte del consejo de administración, en el qu
también figuran representantes del Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo
Sostenible, con sede en Suiza, y del Banco
Mundial. Otro representante de la Suez Lyonnaise
des Eaux, Ivan Cheret, forma parte del Comité
Consultivo Técnico del GWP.
La organización tiene por principio que el agua
es una "mercancía económica" que tiene un "valor
económico en todos sus usos competitivos", y
sirve para asentar las bases de la prioridad que
concede el GWP a la privatización de los
servicios de abastecimiento de este recurso. Por
ejemplo, en Noviembre de 1997, este grupo
consultivo mantuvo una reunión en Vitoria,
Brasil, en colaboración con la Asociación
Brasileña de Recursos Hídricos y el Banco
Interamericano del Desarrollo. Entre las
cuestiones que se sometieron a consideración
figuraban los "consorcios entre el sector
público y privado para la administración de las
aguas." Debido a su presencia en este Comité, la
Suez Lyonnaise des Eaux se encuentra en una
posición privilegiada para ofertar por estos
contratos de "consorcio", contando con un "sello
de aprobación por buena administración casera"
por parte de los gobiernos del mundo y de
Nacions Unidas.
Resulta evidente que las multinacionales del
agua están lanzando una ofensiva en varios
frentes para tomar las riendas de los programas
internacionales de desarrollo sostenible y
moldearlas en su propio interés, y que los
dirigentes políticos, el Banco Mundial y
Naciones Unidas no ocultan su complicidad. Su
camino ha sido facilitado por el lamentable
fracaso de los gobiernos de todo el mundo en lo
que se refiere a proteger su patrimonio
hídrografico. El sector privado argumenta que ya
es hora de darle la oportunidad de administrar
este valioso recurso e no faltan los ecologistas
que abrazan este punto de vista por haber
perdido su fé en los gobiernos.
Los gobiernos están de hecho y por defecto
perdiendo su derecho de proteger el patrimonio
hidrográfico. La mayoría de los gobiernos tienen
muy pocas leyes o reglamentos relativos a los
sistemas hidrográficos. La mayoría ni tan
siquiera han empezado a ocuparse de las
cuestiones de privatización, de
comercialización, y de comercio del agua. Sin
embargo, mientras dejan sus recursos hídricos
sin protección legislativa, sí están haciendo
prueba de dinamismo en lo que se refiere a la
negociación y conclusión de acuerdos
internacionales sobre comercio e inversión que
tienen precedencia sobre las leyes nacionales.
Estos tratados incluyen el comercio del agua y
en algunos casos otorgan explicitamente el
derecho de aguas al sector privado. El ejemplo
más flagrante es el del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte TLCAN, firmado por
Canadá, EE.UU. y México en 1993.
La Amenaza de Los Acuerdos Internacionales de
Libre Comercio e Inversión
El Agua, el TLCAN y el ALCA
El capítulo III del TLCAN formula las
obligaciones relativas al intercambio de
mercancías. Se inspira en la definición que de
"mercancía" hace el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (AGAAC, más
conocido como GATT) que se refiere claramente a
las aguas inclusive las naturales, artificiales
y las aireadas, y añade una nota explicativa
indicando que se incluyen asímismo las aguas
naturales de todo tipo (a excepción del agua de
mar). El capítulo XII describe con harto detalle
el regimen necesario para gobernar los
intermcambios e inversiones en el sector de los
servicios incluyendo los que se refieren al
agua. El capítulo XI establece por su parte una
amplía gama de derechos del inversionista,
inclusive en el ámbito de los bienes y servicios
relativos al agua. Así pues, de acuerdo con el
TLCAN, el agua es una mercancía comercial, un
servicio y una inversión.
El TLCAN contiene tres importantes dispocisiones
que suponen una amenaza para el agua. La primera
se refiere al "trato nacional" mediante el cual
ningún país puede "hacer uso de discriminación",
para favorecer su propio sector privado en el
uso comercial de sus recursos hídricos. Por
ejemplo, si una municipalidad decide privatizar
su servicio de abastecimiento, se vería obligado
a permitir que las conpañías de abastecimiento
de otros paíse signatarios del TLCAN participen
a la oferta pública. De la misma manera, una vez
que se le otorga una licencia a una compañía
nacional para exportar el agua, las empresas de
los otros países signatarios del TLCAN deben
tener un derecho idéntico al de las compañías
nacionales en lo que se refiere a establecer el
uso comercial de las aguas del país interesado.
Por ejemplo, si una empresa canadiense obtuviera
el derecho a exportar el agua de su país, las
empresas internacionales estadounidenses
tendrían el derecho de autoservirse y tomar toda
el agua canadiense que quieran.
La segunda disposición clave se encuentra bajo
el artículo 315, que contiene la cláusula de
"proporcionalidad", en virtud de la cual el
gobierno de un país del TLCAN no puede reducir o
restringir la exportación de un recurso a otro
país signatario una vez que se haya autorizado
la exportación. El artículo 309 indica que
"ninguna parte podrá adoptar o mantener
prohibición o restricción alguna sobre la
exportación o vender de cara a la exportación
cualquier producto destinado al territorio de
otra parte" y esta disposición incluye la
prohibición de imponer impuestos sobre la
exportación. Esto quiere decir que si comenzara
la exportación de agua entre los países del
TLCAN, habría que dejar que corrieran los
grifos. Las exportaciones de agua estarían
garantizadas a un nivel idéntico al adquirido en
los 36 meses precedentes; cuanto más agua se
exporte, más se precisará para la exportación.
Estas exigencias serían inamovibles, incluso si
se obtuvieran pruebas de que el acarreo masivo
de agua resultara nocivo para el medio ambiente.
La tercera disposición que nos ocupa es la
relativa a la solución de conflictos ente el
inversionista y el estado (capítulo XI) que
permite a cualquier empresa de un país del TLCAN
entablar una demanda contra el gobierno de otro
país signatario en concepto de indemnización en
caso de rehusársele sus derechos de trato
nacional o si el país adopta una legislación que
"expropie" la compañía de sus beneficios
futuros. Unicamente una empresa "con sede en el
extranjero" puede entablar una demanda
acogiéndose al capítulo XI; las empresas
nacionales deben respetar las leyes nacionales y
no pueden demandar a su propio gobierno para
obtener una indemnización en virtud del TLCAN.
Como resultado de ello, hemos podido asistir a
un sinfin de procesos en Norteamérica que
desafiában la legislación de los tres países en
materia de medio ambiente, salud y seguridad.
El capítulo XI podría aplicarse al agua de dos
maneras. Si cualquier país, estado o provincia
perteneciente al TLCAN intentara acaparar para
su sector nacional la prestación de servicios
hidrográficos o la exportación comercial del
agua, las empresas de las otras partes tendrían
derecho a obtener una indemnización financiera
en concepto de "discriminación". De hecho,
cualquier intento por parte de un gobierno para
poner un alto a las exportaciones del agua
automáticamente convierte al agua en una
mercancía comerciable. Los derechos que el TLCAN
concede a los inversionistas extranjeros,
entrarían en vigor en virtud de la mismísima ley
que los excluyó, y podrían exigir
indemnizaciones financieras en compensación por
las oportunidades perdidas.
Y también en virtud del capítulo XI, los cambios
en la política de gobierno podrían dar lugar a
una demanda. Por ejemplo, si el estado de Alaska
cambia de política y decide prohibir la
exportación de agua o modificar su ley de manera
que únicamente las empresas de Alaska pudieran
exportar su agua y mantener así los empleos en
casa, el gobierno de los EE.UU. podría verse
expuesto a una importante demanda en virtud de
la cláusula sobre la solución de controversias
entre el inversionista y el estado. La Global
Water Corp. de Columbia Británica espera
conseguir muchísimo dinero de su contrato con
Alaska. Pero como se trata de una compañía
canadiense y no estadounidense, la Global
tendría derechos que los EE.UU. no podrían
conceder a sus propias empresas en semejante
situación.
El primer juicio en el que se invocó el capítulo
XI del TLCAN tuvo lugar en el otoño de 1998. La
Sun Belt Water Inc. de Santa Bárbara,
California, presentó una demanda contra el
gobierno canadiense porque perdió un contrato
para exportar agua a California cuando la
provincia canadiense de Columbia Británica
prohibió la exportación de agua a granel en
1991. La Sun Belt alegaba que esta prohibición
quebrantaba las disposiciones del TLCAN y
buscaba obtener 10.000 millones de dólares USA
en concepto de indemnización. "Debido al TLCAN,
nos hemos convertido en partes interesadas en la
política nacional canadiense relativa al agua",
declaró el PDG de la Sun Belt Jack Lindsay.
Todas estas disposiciones favorables a las
empresas - y más - están recogidas en el Area de
libre comercio de las Américas (ALCA), que en
este momento se está tramitando entre 34 países
de las Américas. Aunque se inspira en el modelo
del TLCAN, el ALCA va mucho más allá en cuanto a
su alcance y poder.
El ALCA, tal y como se le conoce en este
momento, introduciría en el hemisferio
occidental unas nuevas y concretísimas
disposiciones sobre los servicios, que, junto
con el capítulo 11, crearían una nueva sede de
poder comercial que dispondría de una autoridad
arrasadora sobre el más mínimo aspecto de la
vida en Canadá y las Américas. La combinación de
sendos poderes en un solo acuerdo otorgaría unos
derechos totalmente inéditos a las grandes
multinacionales del hemisferio, permitiéndoles
competir e incluso poner en entredicho cualquier
servicio financiado por los fondos públicos,
inclusive en lo que se refiere al capítulo de la
protección del agua y del medio ambiente.
El ALCA propuesto contiene asímismo nuevas
disposiciones sobre la política que rige la
competencia, las adquisiciones del gobierno, el
acceso al mercado y la resolución de
controversias que, si se añaden a las relativas
a los servicios e inversiones, pudieran dejar a
los gobiernos de las américas sin potestad para
crear o mantener leyes, normas y reglamentos
encaminados a proteger la salud, la seguridad y
el bienestar de sus ciudadanos y del medio
ambiente que comparten. Por otra parte, los
negociadores del ALCA parecen haber decidido
imitar la OMC más bien que el TLCAN en las
cuestiones relativas al dictado de normas y a la
solución de controversias, campos en los que la
OMC tiene reglas más rigurosas.
El Agua y la OMC
El TLCAN no es el único acuerdo sobre libre
comercio que pone el agua en peligro. La
Organización Mundial del Comercio (OMC), se creó
en 1995 a raíz de la conclusión de la ronda de
Uruguay del GATT con vistas a consolidar este
acuerdo y otros. Los 134 países miembros de la
OMC trabajan para eliminar las últimas barreras
arancelarias y no arancelarias que quedan en
orden a fomentar el movimiento transfronterizo
de capitales, bienes y servicios. La OMC no
contiene las normas minimamente necesarias para
proteger los derechos laborales, los programas
sociales, el medio ambiente o los recursos
naturales.
La esencia de la OMC reside en la deregulación;
está diseñada para dificultar la labor de los
países que desean implantar controles o
condiciones sobre los productos exportables,
inclusive los recursos naturales. Al mercado se
le concede el derecho preeminente de determinar
el curso del desarrollo de los recursos y las
reglas establecidas por la nación-estado no
pueden ser desalentadoras para el comercio o los
beneficios. Las rigurosas leyes sobre medio
ambiente pueden ser cuestionadas por los países
miembros ante la OMC, aduciendo que se trata de
barreras no arancelarias al comercio. Por lo
tanto, se protegen las normativas nacionales
siempre y cuando sus exigencias no superen las
que se establecen de media en el mundo; las que
sí las superan, se convierten en clarísimos
blancos para las demandas. Cada vez que un
jurado de arbitraje de la OMC emite un fallo, se
requiere la conformidad mundial. Los países
están obligados a harmonizar sus leyes en
función de las normas de la OMC para no verse
expuestos a pagar sanciones o indemnizaciones.
La autoridad de la OMC se extiende al agua
también, e incorpora la misma definición de
mercancía que el TLCAN copió del GATT. Aunque la
OMC aún no comprende la claúsula del
inversionista-estado, de alguna manera se puede
decir que representa un peligro mayor para la
protección del agua que el TLCAN. Esto se debe
al hecho de que, contrariamente a cualquier otra
instritución mundial, la OMC dispone tanto del
poder legislativo como judicial para poner en
entredicho las leyes, políticas y programas de
los países miembros que no se conformen a la
normativa de la OMC, y tiene el poder de anular
estas normas si se demuestra que imponen alguna
restricción al comercio.
Hay una disposición de la OMC que amenaza el
agua de manera más señalada. El artículo 11
prohibe especifícamente el uso de controles
sobre la exportación para cualquier efecto y
elimina las restricciones cuantitativas sobre
importación y exportación. Esto quiere decir que
las cuotas o la prohibición de exportar el agua
impuestos por motivos medioambientales podrían
ser puestos en entredicho como una forma de
proteccionismo. Hechos como el fallo del GATT
que obligó a Indonesia a levantar su prohibición
sobre la exportación de troncos de madera o como
el que el TLCAN dictaminó por una práctica
similar en Canadá no auguran nada bueno para el
derecho de una nación a proteger sus recursos
naturales.
Por otra parte, la OMC obliga a las naciones a
renunciar a su capacidad de discriminar contra
las importaciones en función de sus prácticas de
consumo o de producción. El artículo I sobre la
"nación más favorecida" y el artículo III -
"Trato Nacional", exigen que todos los países
afiliados a la OMC, traten los productos
"idénticos" exactamente de la misma manera a
efectos de intercambios comerciales, ya sean o
no producidos en condiciones ecológicas. Si se
descubriera que el comercio del agua resulta
destructivo para los cauces, la OMC podría
impedir que los países impongan restricciones
sobre su comercio debido a su inquietud por el
medio ambiente.
Los partidarios de la OMC aducen que una
"excepción" incluída en el GATT servirá para
proteger el medio ambiente y los recursos
nacionales. En virtud del artículo XX, los
países miembros pueden seguir adoptando las
leyes "necesarias para proteger la vida o la
salud humana, animal o vegetal… En relación con
la conservación de recursos agotables siempre
que dichas medidas entren en vigor conjuntamente
con las debidas restricciones sobre la
producción o el consumo nacionales." Sin
embargo, existe un elemento que viene a rematar
el artículo XX, mediante el cual el artículo en
cuestión tan solo se puede aplicar de manera "no
discriminatoria" y no puede constituir una
barrera disfrazada contra el comercio. En los
conflictos presentados ante la OMC para poner a
prueba estas "medidas de protección", resulta
que este remate lleva la batuta en lo que se
refiere al artículo XX. Dicho de otro modo, la
OMC siempre se las ha arreglado para hacer que
los derechos comerciales prevalezcan sobre los
de la protección del medio ambiente
Asímismo, las medidas de protección deben de ser
interpretadas de manera que resulten "lo menos
restrictivas para el comercio". Además, la OMC
no reconoce la autoridad de los acuerdos
multilaterales sobre medio ambiente y amenaza
con contrarrestar acuerdos tales como la
Convención sobre el Comercio Internacional de
las especies de fauna y de flora en peligro de
extinción (CITES). Como señala el periódico
estadounidense Public Citizen, "La
jurisprudencia emergente...muestra que la OMC
sigue poniendo a la abogacía en contra de las
leyes medioambientales." Si se toman como
indicio los fallos del jurado hasta la fecha,
está claro que el agua se halla en gran peligro
bajo la OMC, pese a la supuesta "excepción".
Un nuevo acuerdo de la OMC, el Acuerdo General
sobre Comercio y Servicios (AGCS) amenaza
gravemenete a su vez la soberanía y la
conservación del agua. El AGCS se estableció en
1994, al terminar la ronda de Uruguay del GATT,
y fue uno de los acuerdos comerciales que se
decidieron incluir en la OMC cuando se formó
esta organización en 1995. Las negociaciones
debían empezar cinco años más tarde en vista de
"aumentar el grado de liberalización
progresivamente." Estas discusiones empezaron
tal como previsto, en febrero del año 2000, y
deberían culminar en un acuerdo general de aquí
a diciembre 2002.
El AGCS se considera un "acuerdo marco
multilateral", lo cuál quiere decir que su
amplio cometido se definió en el momento de su
creación, y que se le irán añadiendo después
nuevos sectores y nuevas normas mediante
negociaciones permanentes. En resumidas cuentas,
el AGCS tiene por mandato restringir las medidas
gubernamentales relativas a los servicios, a
través de un conjunto de restricciones legales
obligatorias que están apoyadas por las
sanciones comerciales que la OMC tiene el poder
de aplicar. Su propósito esencial es el de
restringir a todos los niveles de gobierno en la
prestación de servicios y facilitar el acceso de
las multinacionales a los contratos del gobierno
en toda suerte de campos, entre los que figuran
los servicios relativos al agua y al medio
ambiente.
El AGCS cubre cientos de tipos de servicios
relacionados con el agua - alcantarillado,
abastecimiento de agua potable, saneamiento de
los desechos liquidos, protección de la
naturaleza y del paisaje, construcción de
canalizaciones y cañerías, vías marítimas,
petroleros, evaluación del agua subterránea,
irrigación, presas, augua embotellada, y
servicios de transporte del agua, entre otros.
Lo que no hay que olvidar es que el propósito de
las disciplinas del AGCS no se refiere a los
servicios en sí, sino a las medidas, iniciativas
y reglas gubernamentales relativas a dichos
servicios que limitan el derecho del sector
privado a brindar sus servicios a las
industrias. Hasta la fecha, ningún otro acuerdo
ha intentado tan honda ingerencia en la
jurisdicción política de los gobiernos (aunque
el acuerdo del ALCA sobre servicios se inspire
del modelo del AGCS).
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