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Año I Nro 159 diciembre 28 de 2001
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"Una buena Educación pública es la mejor inversión para el desarrollo nacional"
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Resoluciones del Consejo Superior de la UNLu
En su sesión de ayer, jueves 27 de diciembre, el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján resolvió mantenerse en estado de alerta, ante la crítica situación por la que atraviesa nuestro país. Como adelantara este medio en la edición pasada, el Cuerpo se mantendrá en alerta durante el mes de enero
La Resolución, aprobada por unanimidad, declara al H. Consejo Superior en sesión permanente durante enero, atento a la situación de crisis por la que atraviesa nuestro país y que puede afectar al sistema universitario nacional en su conjunto; establece que, para el caso de la declaración en sesión permanente, los Consejeros que asistirán a las reuniones podrán ser indistintamente el titular o el suplente, pudiendo producirse el reemplazo en cualquier momento de la reunión, y que las citaciones a la sesión permanente podrán ser realizadas con 24 horas de anticipación, utilizándose aquellos medios disponibles que permitan una rápida comunicación. En su Artículo 4º establece que el Cuerpo queda autoconvocado para reunirse el día viernes 4 de enero de 2002, a las 13,00 horas a fin de analizar la evolución de los acontecimientos en relación al sistema universitario nacional.
Complementando este Documento, el Cuerpo emitió otra Resolución, estableciendo los detalles de la medida de alerta resuelta anteriormente. A los efectos de posibilitar una presencia efectiva de la comunidad en la Universidad, expresó que se "establece que la Sede Central de la Universidad debe permanecer abierta a la comunidad universitaria durante el receso del mes de enero de 2002 a fin de facilitar un sitio de encuentro de docentes, estudiantes, no docentes, gremios y centros de estudiantes con el objeto de abordar y organizar actividades que demanden las situaciones y consecuencias derivadas de la crisis institucional que afecta a la Nación; asimismo que, a dichos efectos, deberán mantenerse disponibles las instalaciones de la Dirección de Gestión del H. Consejo Superior en el horario de 9,00 a 13,00 horas, hasta el día 4 de enero de 2002 en que volverá a reunirse este Cuerpo. Finaliza encomendando al Rectorado de la Universidad que analice la implementación de aquellas medidas que permitan hacer extensivo lo resuelto en el artículo 1º a los Centros Regionales de la Universidad.
Los Considerandos de la Resolución
En el texto de la Resolución, que establece el estado de alerta, el Consejo Superior expresa "Que al inicio de la sesión el Director Decano del Departamento de Educación, Prof. Rubén Cucuzza, dio lectura a la nómina de muertos producto de los hechos de violencia acontecidos los días 19 y 20 de diciembre en todo el país, cuyos nombres se transcriben a continuación: Albero Márquez; Diego Lamagna; Marcelo Riva; Víctor Enrique; Roberto Gramajo; Julio Flores; Damián Ramírez; Ariel Maximillian Salas; Gustavo Benedetto; Gastón Rivas; Diego Rancagua; Carlos Almirón; Pablo Marcelo Guias; Rominal Turain; Rosa Paniagua; Claudio Lepretti; Graciela Acosta; Juan Alberto Delgado; Yanini García; Rubén Pereira. Que los graves hechos ocurridos la semana pasada, que provocaran el recambio presidencial, dejan planteados una serie de interrogantes respecto de futuras decisiones que las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional puedan adoptar en relación al sistema universitario. Que en los anuncios realizados hasta el momento no se hace mención a la continuidad del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación con ésa jerarquía. Que el Consejo Interuniversitario Nacional ha gestionado una entrevista con el Presidente de la Nación a fin de lograr información fehaciente respecto de las políticas a aplicar a las Universidades Nacionales. Que dicha entrevista aún no se ha concretado. Que resulta necesario establecer un mecanismo ágil de convocatoria y constitución del Cuerpo a fin de reunirse en forma urgente en caso de que la situación institucional así lo requiera."
No se pagarán aportes y contribuciones
El Consejo Superior resolvió en la misma sesión, dejar pendiente de pago los aportes y contribuciones correspondientes a noviembre de 2001. En nota enviada al Secretario de Administración General, Lic. Marcelo Busalachi, el Cuerpo expresa que se modifica la parte correspondiente a la resolución adoptada el día 18 de diciembre sobre este punto en particular.
Tareas no rentadas por parte de los agentes jubilados
Ante la presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján por la que solicita que se dicte la reglamentación para desempeñar tareas no rentadas por parte de los agentes jubilados alcanzados por el Decreto reglamentario del PEN Nº 894/01 artículo 2º inciso a); y tras considerar que el tema ha sido tratado en varias oportunidades en el seno de la Comisión Asesora Permanente de Administración, Economía y Finanzas y que resulta necesario generar un ámbito que permita un análisis exhaustivo de la propuesta, el Cuerpo decidió constituir una comisión ad-hoc, encargada de analizar el dictado de una reglamentación para desempeñar tareas no rentadas por parte de los agentes jubilados alcanzados por el Decreto reglamentario del PEN Nº 894/01 artículo 2º inciso a). Dicha comisión estará integrada por dos representantes de cada claustro más aquellas personas que manifiesten su intención de participar. La resolución establece que dicha comisión será coordinada por el Consejero por la Lista 35, Daniel Marcos VILLA, con la participación del Director Decano del Departamento de Ciencias Básicas, Lic. Mario OLORIZ. El resto de los integrantes serán propuestos a través de la Dirección de Gestión. Por último, la medida establece que el dictamen que se emita deberá ingresar a consideración del Cuerpo en la primer sesión ordinaria del año 2002.
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noticias en los medios
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Los rectores contra la provincialización de la Universidad
Ante las versiones de que el Gobierno podría provincializar el sistema universitario, los rectores le reclamaron ayer al Presidente por la permanencia de las casas de estudios en el ámbito nacional y por la resurrección del Ministerio de Educación. Las autoridades académicas esperaban ser recibidas ayer por Adolfo Rodríguez Saá, pero debieron conformarse con una reunión con el hermano presidencial, Alberto.
Destacaron la necesidad de contar con un ministerio u organismo similar para validar y homologar títulos, acreditar carreras en el país y el Mercosur, distribuir el presupuesto, y para “la centralización y ejecución de una política nacional de Educación superior”. “Una eventual descentralización de esta política nacional –advirtieron– implicaría una seria y quizás incontrolable dispersión de los esfuerzos institucionales y de los recursos debido a los evidentes desequilibrios y asimetrías en el desarrollo regional relativo”.
La audiencia que los rectores iban a tener con el Presidente se postergó y, anoche, al cierre de esta edición, eran recibidos por Alberto Rodríguez Saá. En el encuentro transmitían, además, su inquietud porque aún no se han librado los fondos para pagar los sueldos de diciembre, ni el medio aguinaldo, ni las partidas destinadas a gastos de financiamiento, que no son giradas desde agosto pasado.
Contra la posible provincialización
(Página/12)- La desaparición del Ministerio de Educación del nuevo mapa de gobierno levantó más de un fantasma en las universidades nacionales. Tanto los rectores como los profesores y los estudiantes, desde diversos sectores políticos, ya anticiparon su oposición conjunta a la descentralización del sistema educativo superior. “Los rectores de todos los colores políticos estamos preocupados por el desguace del Ministerio de Educación y por las versiones sobre la provincialización de las universidades”, admitió ayer el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el radical Mario Marigliano, rector de la Universidad Nacional de Tucumán.
Aunque todavía no hay planes concretos, la eliminación de la cartera educativa fue leída en la comunidad universitaria como un indicio de que el nuevo gobierno impulsará la provincialización de las casas de estudios nacionales. Repetidamente impulsado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para los países deudores, el afán descentralizador pretende, en el caso de las universidades, hacerlas depender de los presupuestos provinciales. Ya durante el derrumbado gobierno aliancista, desde diversos sectores del establishment y del PJ se impulsó la idea de provincializar las universidades como una vía para ajustar el gasto nacional (el presupuesto universitario anual es de 1800 millones) y engrosar las arcas provinciales. Al evidente riesgo de que los fondos –ya escasos– no lleguen a las unidades académicas (sobre todo en las provincias más pobres), se suma el peligro de que el sistema se disgregue y se vuelva aún más irracional que en la actualidad.
“Lo único que sabemos es que hay una idea de algunos gobernadores de eliminar gastos suprimiendo ministerios –dijo Aníbal Jozami, rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero–. Pero, más allá de cómo se llame, si ministerio o secretaría, es necesaria una instancia nacional encargada de coordinar la Educación básica y el sistema universitario, sobre todo para solucionar las desigualdades que existen entre las provincias”, opinó el ex secretario de Políticas Universitarias del último gobierno menemista.
Para el rector de la Universidad Nacional del Litoral, el radical Mario Barletta, hay “una clara decisión del nuevo gobierno de no asumir responsabilidades y trasladar la definición de políticas educativas a las provincias”.
Tampoco entre los estudiantes hay apoyo para la virtual provincialización. “La Educación pública debe ser una prioridad nacional y, por eso, no tendría que bajar de rango. Provincializar sería generar universidades de primera y de segunda, de acuerdo con la provincia en que queden. Todo eso no tendería a fortalecer los vínculos regionales, sino sólo a cerrar las cuentas de la Nación –dijo el presidente de la Federación Universitaria Argentina, Manuel Terrádez (Franja Morada)–. Además, hay trascendidos de que se buscaría el autofinanciamiento de las universidades. Eso implica el arancelamiento de los estudios. Y nosotros nos oponemos totalmente. Por ahora estamos alerta y a la expectativa”, avisó.
Los gremios docentes se sumaron también al rechazo. “No conocemos el programa del gobierno para la transición, pero nos preocupan todas estas versiones sobre provincializaciones, que ya en otra etapa fueron proyectos del menemismo en el poder y que rechazamos”, recordó José Luis Molina, secretario general de la Conadu “Histórica”. “La Educación superior tiene que ser una herramienta para el desarrollo nacional, para lograr un proyecto de país. Necesariamente debe enmarcarse en una política nacional”, dijo la titular de la Conadu, Anahí Fernández.
Crecimiento de la investigación en ciencias sociales y humanidades
Las áreas de humanidades y ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fueron las que experimentaron un mayor crecimiento en los últimos años tanto de investigadores como de proyectos científicos, pese a que este año 20 % de las iniciativas aprobadas no pudieron ser financiadas por falta de presupuesto.
No obstante, en términos comparativos, los proyectos e investigadores de las llamadas ciencias experimentales tales como exactas y naturales, tecnológicas, de la salud y agrícolas, continúan con su supremacía histórica, la cual es constante desde hace 15 años.
El crecimiento en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales "fue de 80 % promedio, llegando este año a 1.011 investigadores y 205 proyectos sólo para el área de humanidades, lo que representa un crecimiento de 76,1 y 80,9 %, respectivamente, comparado con 1987", de acuerdo con un informes sobre los últimos 15 años de investigación científica en la UBA. En tanto, para el área de las ciencias sociales, la cantidad de investigadores trepó de 168 en 1987 a 898 este año, lo que representa un incremento de 81,2 %, mientras que en proyectos aprobados la cantidad fue de 40 a 207 para los mismos años, cffiw que significan un incremento de 80,6 %.
Alicia Fernández Cirielli, secretaria de Ciencia y Técnica de la UBA, explicó que "no hay una razón especifica ni un hecho determinante que explique el incremento del interés de investigadores por las áreas de humanidades y ciencias sociales, sólo podemos decir que la universidad no discriminó ningún proyecto y promovió todos por igual”.
Indefinición en el área de Educación
(La Nación)- Urgido por la cuestión económica y ayudado por la falta de conflictos docentes por las vacaciones de verano, hasta anoche el oficialismo no había definido quién se hará cargo del área. Tampoco si efectivamente el Ministerio de Educación quedará reducido a un área de coordinación nacional o si se transformará, como mínimo, en una secretaría. Fuentes allegadas al gobierno entrante y al saliente afirmaron que la incertidumbre que provocó preocupación entre especialistas, académicos y los gremios podría tener hoy algún tipo de definición.
Los ministros de Educación provinciales del PJ se reunirán en el Palacio Pizzurno para analizar la situación e impulsar la idea de una coordinación nacional. También el personal del ex ministerio nacional prepara su ofensiva: mañana, a las 10, habrá un abrazo simbólico al Palacio Pizzurno.
Pero más allá de quién será el sucesor de Andrés Delich, la desaparición del Ministerio de Educación –y como consecuencia, su falta de participación dentro del gabinete nacional– despertó críticas y temores.
Especialistas consultados dijeron que la ausencia de una cartera en el nivel nacional podría redundar en una falta de planificación de políticas para mejorar la calidad educativa, así como la falta de planes de equidad para balancear las diferencias económicas y sociales entre las provincias. “Es un retroceso para la Argentina –dijo Guillermina Tiramonti, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)–. Simbólicamente, la destrucción del ministerio es fuertísima”, agregó. Para la especialista, “es riesgoso para una idea de nación que en el futuro se renuncie a establecer pautas generales que orienten la socialización de las nuevas generaciones”.
El rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Horacio Sanguinetti, no salía ayer de su asombro: “No puedo creer que esto sea definitivo –dijo–. Debo decir que es un poco descorazonador que el área educativa, que es la estrategia más importante para salir de la crisis moral y social en la que estamos, desaparezca”.
Por otro lado, el politicólogo Roberto Cortés Conde sostuvo que la función del Estado nacional es buscar una mejora de la calidad educativa, con equidad, pero que eso “no necesariamente se tiene que hacer desde un Ministerio de Educación”. Advirtió que se debería evitar que el aparato burocrático nacional se repita en 24 jurisdicciones provinciales.
“Creo que hay que suprimir el exceso de burocracia, pero no el ministerio –afirmó el ex ministro de Educación de Carlos Menem, Antonio Salonia–. La definición de la política educativa debe ser una responsabilidad compartida con las provincias.” En este sentido, el ex funcionario afirmó que el Consejo Federal de Educación (CFE), que reúne a los ministros de educación provinciales, debería adquirir un nuevo rol, de mayor relevancia.
Alfredo van Gelderen, de la Academia Nacional de Educación, prefirió no opinar sobre medidas que el Gobierno aún no terminó de definir. Pero sí recordó que la existencia del Ministerio de Educación figura en la ley federal de Educación y en la ley de Educación superior. “Creo que las normas vigentes, que marcan las funciones con respecto al control de la calidad, la administración y la distribución de los recursos, señalan deberes que la Nación debe cumplir”, dijo Van Gelderen.
El secretario general del CFE, Sergio Palacio –que hasta ahora, aunque con un mandato independiente, dependía del Ministerio de Educación–, afirmó que ese organismo de concertación debería tener ahora “una resignificación”.
En el medio de la discusión quedaron atrapados varios programas impulsados por Delich que necesitan definición urgente para no desaparecer. Entre ellos figuran la licitación para conectar escuelas a Internet, la provisión de energía eléctrica a 1700 establecimientos del país, el fondo de garantías para el pago de salarios docentes y créditos que se gestionaban en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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(Radio Universidad Nacional de Luján)
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