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Editor Responsable: Lic. Guillermo Dell´Inmagine. Coordinador: Gabriel Impaglione.
Año I Nro 118 octubre 3 de 2001 

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Edición Especial 
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Consejo Interuniversitario Nacional

Manifiesto por la Educación pública. Argentina 2020"

También publicamos el Proyecto de Ley de Protección de la Educación

El Manifiesto del Consejo Interuniversitario Nacional declara "Una buena Educación pública es la mejor inversión para el desarrollo nacional." Así comienza el "Manifiesto por la Educación Pública. Argentina 2020", elaborado por los rectores de las universidades públicas del país. 
El texto plantea enfáticamente la necesidad de fortalecer la Educación pública, la distribución del conocimiento y la "autonomía tecnológica" del país, ante el riesgo de generar "la desaparición virtual de cientos de miles de personas del mundo del trabajo, la participación democrática y la creación artística. Los rectores están invitando a adherir a quienes comparten estas ideas. 

En esta edición especial de e-@genda, publicamos íntegramente el Manifiesto, como así también el Proyecto de Ley de Protección de la Educación que, en forma unánime, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó en la Comisión de Educación de Diputados y que incluye a todos los niveles del sistema educativo. La intención de los rectores es que el Congreso lo trate en la primera semana de noviembre, antes del cierre de las sesiones legislativas. En siete artículos, la propuesta legislativa establece que el gasto público en educación debe ser incrementado a partir del 2002 para que, en cinco años, alcance "por lo menos un 50 % acumulado de crecimiento respecto del valor registrado en el 2000". Los rectores proponen que el aumento sea gradual, en cinco incrementos anuales de igual valor, o mediante un aumento porcentual del PIB.


Manifiesto 

Argentina 2020, Manifiesto por la Educación Pública 


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Una buena educación pública es la mejor inversión para el desarrollo nacional. Una buena educación básica es la puerta de entrada a la educación a lo largo de toda la vida. Los maestros y profesores que van a enseñar en el año 2020 hoy están aprendiendo o enseñando ya en las aulas y dudando de su vocación y de su futuro. Los investigadores, tecnólogos y filósofos del futuro se deben estar formando hoy, ya están entre nosotros y muchos de ellos pensando en emigrar. Todos ellos requieren políticas públicas que los estimulen en lugar de disuadirlos, porque el país parece sumido en la desesperanza y sin rumbo.

Es pues urgente fortalecer, no debilitar más, la vocación por aprender y por enseñar, por investigar y pensar, por resolver problemas complejos, por sentirse corresponsables de construir un país próspero y justo. Una buena educación pública renovada y abierta a todos y todas, como la que hizo crecer y distinguió a este país en el contexto latinoamericano y aún mundial, es la única que puede darnos la fuerza para encaminarnos hacia un desarrollo integrador que nos entusiasme y movilice nuestras energías. El gobierno y la clase política son responsables de tomar la decisión de invertir en el edificio que sostendrá nuestra sociedad y de superar una situación de permanente emergencia. Y nosotros, los educadores e investigadores, somos responsables de realizar esa inversión con eficiencia y perspectiva estratégica.

En el año 2020 la Argentina tendrá 50 millones de habitantes. Los niños y niñas que hoy estàn naciendo tendrán entonces veinte años. Los jóvenes que hoy están en edad de entrar a la universidad tendrán cuarenta. Esos jóvenes y esas personas adultas podrán vivir en un país dependiente, con una historia alecccionadora de fracaso, un ingreso per cápita de 5000 dólares y 35 milllones de pobres, o en un país de 20.000 dólares per cápita y cero pobreza, con escolarización secundaria universal y la mitad de su población adulta con educación superior. Un país que exporte de igual a igual productos con alto valor agregado, combinando los resultados de la industrialización de sus recursos naturales, la creatividad de sus artistas, trabajadores y empresarios. La pregunta es: ¿qué país queremos construir? No invertir hoy en educación e investigación es condenarnos a convertir esta recesión en un retraso cultural estructural.

El mundo atraviesa una revolución tecnológica que basa la producción y la calidad de vida en el conocimiento científico, la creatividad y la capacidad de reflexión y comunicación inteligente de las personas y sus organizaciones. El conocimiento y la información serán cada vez más el principal recurso productivo y el principal producto. La distribución de ese recurso, de las capacidades requeridas para pensar creativamente, inventar, participar, comunicarse, aprender y seguir aprendiendo de la propia práctica y de las experiencias de otros, determinará el grado de equidad y democratización de la sociedad argentina y de su posición en el mundo.

El principal camino para acceder a ese preciado recurso ha sido, es y seguirá siendo la educación. El derecho a educarse está consagrado en la Constitución argentina y debe ser garantizado por el Estado. Ese bien público, que beneficia a quien lo recibe y a la vez a toda la sociedad, sólo lo puede garantizar una fuerte presencia de la educación pública. El sector privado de educación juega un papel significativo y complementario. Sin embargo, ningún país desarrollado ha privatizado su educación. Esto parecen ignorarlo o desestimarlo quienes llevaron a nuestro país a la desindustrialización, la desocupación y el empobrecimiento, y propugnan hoy la privatización de la educación y de los centros de investigación científica y tecnológica que todavía nos distinguen en América Latina.

La educación universitaria es vista hoy como el último nicho de mercado que todavía controla el Estado, como tajada jugosa de negocios y fuente de ahorros públicos para seguir cebando al insaciable capital financiero. Lejos de invertir demasiado, hoy Argentina invierte por alumno universitario el 80% de lo que invierte España y la mitad de lo que invierte Francia, cuando nuestro retraso histórico requeriría una inversión aún mayor para lograr los estándares que hoy se requieren de los graduados.

En una Argentina con 15 millones de pobres, privatizar la educación o acabar con su gratuidad equivale a excluir del estudio a cientos de miles de ciudadanos. Si hoy sentimos el impacto de la ausencia de los 30 mil desaparecidos hace 20 años, pensemos cómo se sentirá, dentro de 20 años, la desaparición virtual de cientos de miles de personas del mundo del trabajo, de la participación democrática, de la creación científica y artística. La Argentina debe contar con un amplio sector de educación pública que asegure que ese 50% de niños y niñas que hoy nacen en hogares pobres, y los centenares de jóvenes que, desalentados, ni estudian ni buscan trabajo, puedan salir de la pobreza, integrarse al estudio, a la creación cultural, al trabajo dignificante y a la participación ciudadana, y hacer viable y competitiva a la producción nacional.

Desde la educación inicial y básica hasta los niveles superiores de formación y capacitación, escuelas, colegios, institutos y universidades públicas deben no sólo ser suficientes sino tener alta calidad para alcanzar el perfil educativo que hoy requiere el sistema global. Nuestros científicos y tecnólogos necesitan contar con el apoyo estatal para realizar las investigaciones básicas y aplicadas que requieren las empresas nacionales que deben reindustrializar al país, conocimientos que hoy tenemos que pagar a altos precios cuando los compramos llave en mano o incorporados en productos importados.

El país necesita una política firme de defensa de su autonomía tecnológica. Las universidades y los institutos de investigación pública son hoy la principal rama de inversión para el desarrollo moderno. El grueso de esa inversión sólo puede garantizarlo el Estado, porque en general la investigación privada es inducida por las demandas de corto plazo antes que por el desarrollo estratégico del país, y porque la educación librada al mercado genera escuelas y universidades buenas sólo para los ricos y otras, pobres, para los pobres. La educación pública es condición de la cohesión e integración social, del pluralismo y del pensamiento democrático. Hay muchos desafíos que enfrentar: ser más eficientes y más pertinentes; abrir las escuelas y las universidades a la sociedad y sus necesidades: revolucionar la pedagogía para adecuarla a las otras revoluciones que experimentamos; entrar en un círculo virtuoso con la producción y la gestión pública.

Las universidades nacionales no pretendemos eludir la crítica situación por la que atraviesa nuestra sociedad, no podemos salvarnos sino trabajando con la sociedad para superar juntos las causas y las consecuencias de un programa de aniquilamiento de nuestra identidad histórica y de los derechos humanos que supimos conseguir. Tenemos que esforzarnos y nos esforzaremos. Tenemos que ser austeros y lo seremos. Tenemos que enfrentar problemas que venimos arrastrando por el predominio del cortoplacismo y la falta de una planificación estratégica que nos permita reestructurarnos internamente y articularnos cooperativamente dentro de un sistema integrado y eficiente. Tenemos que trabajar más y generar la disposición de los diversos actores educativos y científicos para acelerar los tiempos del cambio que nos exige la sociedad. Cambios que no son para gastar y educar menos sino mejor. No se trata de volver atrás sino de dar un salto hacia adelante, continuando con los procesos de autoevaluación y evaluación crítica de nuestros pares y de la sociedad, para superarnos y energizarnos con el desafío de construir un país en el que vuelvan a contagiarnos la confianza y la esperanza.



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Ley de protección de la Educación Pública 

(Proyecto) 

ARTÍCULO 1º - La presente ley tiene por objeto garantizar el funcionamiento y sostenimiento de los servicios educativos estatales. 

ARTÍCULO 2º - El gasto público de la Nación en educación será incrementado a partir del año 2002 mediante un aumento gradual distribuido en cinco incrementos anuales de igual valor, hasta alcanzar, en el término de 5 años, por lo menos un 50% acumulado de incremento respecto al valor registrado en el año 2000, o mediante un aumento porcentual similar al estimado de incremento del PIB, lo que sea mayor. 

ARTÍCULO 3º - En ningún caso el presupuesto destinado a educación de un año podrá ser inferior al del año anterior. 



ARTÍCULO 4º - Establécese que las universidades nacionales no podrán ser desnacionalizadas ni privatizadas en forma total o parcial, ni modificada su autarquía. 

ARTÍCULO 5º - Los fondos incrementales para el sistema universitario serán distribuidos según pautas objetivas entre las ya consolidadas y atendiendo a los requerimientos de crecimiento de las nuevas universidades. En todos los casos serán vinculados a programas monitoreables de planificación estratégica de desarrollo del sistema.

ARTÍCULO 6º - La diferencia entre estas metas de cumplimiento obligatorio y los recursos que determine el presupuesto nacional será financiada con impuestos directos que tomen en cuenta la mayor capacidad contributiva. 



ARTÍCULO 7º - Se invita a las Provincias a adherirse a esta Ley para alcanzar, en conjunto con la Nación, un incremento equivalente en el gasto consolidado o el 6% del PIB. 



FUNDAMENTO



Señor Presidente: 

Por medio de la Ley 24.195 la Nación se comprometió a llevar el porcentaje del PIB invertido en educación (Gasto Público Consolidado) al 6% o a duplicar dicho gasto a partir de la base de 1992, lo que fuera mayor, en el plazo de cinco años. Sin embargo, en 1997 la proporción del Gasto Consolidado en Educación sólo llegaba al 3.9% del PIB, lo que implicó un subfinanciamiento sólo en ese año de 5.895 millones de pesos. Si se acumula la brecha en la inversión educativa respecto a lo dispuesto por el Congreso en la Ley Federal, solamente durante el período 1997-2000 se acumula un total de recursos no transferidos para esa función de 18.537 millones de pesos, con el evidente impacto en la dotación de personal, los salarios, las becas, la infraestructura y la capacidad de generar proyectos de renovación de la educación y la investigación. A la vez, la matrícula educativa continuó aumentando: sólo entre 1994 y el 2000, para los niveles inicial, primario, medio y superior no universitario aumentó en más de un millón de inscriptos (17%). En cuanto al nivel universitario, acompañando las tendencias mundiales, la demanda por educación pública se incrementó aproximadamente un 45% entre 1992 y 2000. 

En consecuencia, en 2000 el sector estatal cubría una matrícula total de todos los niveles de alrededor de 8.300.000 ciudadanos lo que arrojaba un gasto promedio por alumno de menos de 1600 pesos. Las Provincias seguían extendiendo la obligatoriedad del nivel medio pero la tasa de escolarización de jóvenes entre 14 y 17 años era aún del 69 % (en Chile ya superaba el 80%) y los indicadores de aprendizaje, sobreedad, repetición y deserción mostraban serios problemas de regresión educativa. Encarar esta cuestión requiere un proceso de reestructuración con un aumento significativo de la inversión educativa del sector público. 

Asimismo, por Ley 24.521 de Educación Superior se establece en su art. 58 que “corresponde al Estado Nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines.” Esto requiere no sólo atender a la demanda de acceso sino estimularla y volverla eficiente, garantizando la actualización y mejoría en la calidad de la educación impartida. 

Como parte del Proceso de Cumbres de las Américas, Argentina ha asumido la coordinación, junto con México y Chile, del Plan de Acceso Universal a la Educación en todos sus niveles, y ello nos obliga adicionalmente a volver a ser ejemplares en esta materia. 

Argentina tiene hoy más de 16 millones de niños y jóvenes en edad escolar (desde la educación inicial hasta el nivel de posgrado) así como 15 millones de personas que conforman su población económicamente activa. Como jóvenes o como trabajadores reclaman educación y capacitación para integrarse con el país y su economía en la sociedad global del conocimiento y la información. En el año 2020 serán respectivamente 20 millones de niños y jóvenes en edad de cursar estudios básicos o superiores y 22 millones de ciudadanos activamente buscando trabajo, educación y capacitación continua. Su futuro depende de las decisiones que tomemos ahora. 

Aunque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permitirán en el futuro que tramos significativos de la educación y la capacitación puedan hacerse a distancia, su formación fundamental como ciudadanos y como personas hábiles para aprender se forjará en su formación presencial previa, en relación directa con sus profesores y sus compañeros. De la calidad de esa educación dependerá no sólo su trayectoria vital, sino la calidad de nuestra democracia, de nuestra sociedad y de la competitividad de nuestra economía en el mundo. 

En toda sociedad avanzada la inversión en educación, ciencia y tecnología es prioritaria y el Estado juega un papel predominante. Al final de la década pasada, en Estados Unidos, cada 1000 habitantes, 54 cursaban estudios universitarios, en Canadá 50, en Francia 27 y en Argentina 24. Así, nuestra sociedad manifiesta desde ahora su decisión de estudiar, pero mientras en Estados Unidos el Estado invierte 8700 dólares por alumno universitario, en Francia 3000, en Canadá 5200 y en Alemania 4000, en Argentina solo se invierten 1600 dólares (lo mismo que para el promedio de todos los niveles), lo que afecta la calidad y la eficiencia de la educación científica y profesional. 

Como indica el informe presentado el año pasado por James D. Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial: “La calidad del conocimiento generado dentro de las instituciones de educación superior, y su disponibilidad para la economía más amplia, se está convirtiendo cada vez más en crítico para la competitividad nacional (...) la participación en la economía del conocimiento requiere un nuevo conjunto de habilidades humanas. La gente necesita tener mayores calificaciones y ser capaz de una mayor independencia intelectual”. 

La Comisión Delors ha manifestado que “...en un momento en que las políticas de educación son objeto de vivas críticas o son relegadas, por razones económicas y financieras, a la última categoría de prioridades (...) el mejoramiento del sistema educativo obliga al político a asumir plenamente su responsabilidad.” 

En momentos de gran incertidumbre social y económica, nuestro sistema educativo debe ser un espacio de integración social y un punto firme de apoyo para las expectativas de la sociedad y en particular de los niños y jóvenes que serán los adultos del mañana. Esto requiere transformaciones profundas y estrategias de largo plazo que es urgente impulsar con una clara decisión política de invertir en la educación para el futuro.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto. 



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El Plan Fénix

La Universidad tiene la responsabilidad de contribuir a pensar el país en el marco del escenario mundial, para contribuir a lograr una competitividad compatible con la elevación de la calidad de vida del conjunto de la poblaciónb y la consolidación de la democracia.

Recientemente la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires ha lanzado una iniciativa conocida como "Plan Fénix", dirigida a elaborar un plan abarcativo e integrador, para el desarrollo del país, a partir de la cual se ha convocado a contribuir con ideas y proyectos.

El CIN, entendiendo que esta iniciativa constituye una oportunidad para sumar esfuerzos, desde todas las regiones del país donde esté presente el sistema universitario, ha resuelto llamar a las instituciones universitarias que lo integran a sumarse, y está buscando formas de coordinar esta participación, que serán dadas a conocer a todas las universidades nacionales.

Sobre este tema, e-@genda publicó en su edición 113 del 30 de septiembre pmo.pdo. la Charla impartida el lunes 24 de septiembre en nuestra Universidad ante un Seminario de Trabajo Social, por la Lic. Cristina N. Gutierrez Dipróspero.

Acciones Regionales y Nacionales

Por Acuerdo Plenario Nº 403/01, el CIN resolvió convocar a los sectores productivos, profesionales, organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales, además de todos los componentes del sistema educativo y de ciencia y tecnología de las distintas regiones del país, para construir acuerdos conducentes de acción conjunta para encarar esos desafíos. Se aprovechará para ello la organización regional de los CEPRES- Consejos Regionales de Planificación de Educación Superior. A partir de esa convocatoria, se propondrá una metodología de trabajo continuo que garantice resultados en el corto plazo para establecer las necesidades y recursos en cada región, y los cambios necesarios en los sistemas en materia de articulación, control de calidad, pertinencia y eficiencia que siente las bases para una planificación estratégioca participativa a nivel regional para el mediano y largo plazo. Igual convocatoria y propuesta se hará a nivel nacional, considerando temas tales como control de calidad de graduados, formación continua, regímenes de regularidad, generación de recursos y asignación presupuestaria según pautas objetivas.



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El CIN El CIN 
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Preside el Consejo Interuniversitario Nacional el Ing. Carlos Brotto. El Comité Ejecutivo está integrado por el Lic. Jorge Bettaglio (Comisión de Asuntos Académicos), Lic. Daniel Malcom ( Comisión de Posgrado), Contador Mario Marigliano ( Comisión de Ciencia, Técnica y Arte), Lic. Daniel Martínez ( Comisión de Extensión), Lic. Antonio Lapolla ( Comisión de Relaciones) y Contador Ricardo Suárez (Comisión de Asuntos Económicos). La Secretaría Técnica está a cargo de la Dra. Norma Beatríz Costoya.

El Consejo Interuniversitario Nacional, fue creado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 20 de diciembre de 1985. Desde entonces nuclea a las Universidades Nacionales que voluntariamente y en uso de su autonomía se adhirieron a él, como organismo coordinador de políticas universitarias. La ley de Educación Superior, sancionada en el año 1995, lo reconoce como órgano de consulta obligada en la toma de decisiones de trascendencia para el sistema universitario, ampliando su integración con los Institutos Universitarios Nacionales y las Universidades provinciales reconocidas por la Nación.


Para obtener mayor información se puede visitar en la Web la dirección: http://www.cin.edu.ar/ 

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e-@genda. la-uni@mail.unlu.edu.ar  (Radio Universidad Nacional de Luján).